Las Entidades de Gestión consideran que Industria no defiende los intereses del sector de la creación de contenidos
16/07/2007
El retraso en la actualización de los importes del canon digital, incumpliendo los plazos establecidos por la Ley, demuestra la dependencia de este Ministerio de las empresas tecnológicas.
Las últimas declaraciones públicas del ministro de Industria, Comercio y Turismo sobre el retraso en la regulación del canon digital, que deberían haber establecido los Ministerios de Industria y Cultura en el mes de marzo, confirma el nulo interés que el Sr. Clos y su Departamento muestran hacia el sector de la creación de contenidos, que representa un 4% del PIB y genera más de un millón de puestos de trabajo en nuestro país.
La demora en la fijación del canon digital que ahora parece auspiciar el Sr. Clos perjudica seriamente a los titulares de derechos, incumpliendo la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada por las Cortes Generales hace un año. Por el contrario, este retraso favorece los intereses de los socios de AETIC y demuestra, una vez más, la dependencia de este Ministerio de esa asociación empresarial
Las Entidades de Gestión recuerdan al Sr. Clos que los plazos de regulación finalizaron hace casi cuatro meses y que las responsabilidades de su Ministerio en la actualización de los importes de la copia privada no pueden tomarse más vacaciones.
Las medidas tecnológicas que el Sr. Clos defiende como “cambio de negocio” se han demostrado completamente ineficaces, provocando un enorme daño a los titulares de derechos de propiedad intelectual, a los que hay que compensar equitativamente de acuerdo con la legislación española y la europea.
La Sociedad de la Información se fomenta no sólo potenciando el sector tecnológico, sino también, y de manera esencial, impulsando y protegiendo los contenidos y sus correspondientes derechos de propiedad intelectual.
Las Entidades de Gestión exigen al Ministro que cumpla con su obligación de actuar con el equilibrio y diligencia que la ley de propiedad intelectual ha encomendado al Gobierno, sin olvidar que su Ministerio también debe velar por los derechos de la industria de la creación de contenidos y no únicamente por el beneficio de las empresas multinacionales tecnológicas.
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