Infortelecom

Noticias de venezuela

23-06-2018 | Fuente: abc.es
Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami y otros cabecillas de las bandas criminales que componen la cúpula del régimen socialista bolivariano de Venezuela están desde ayer un poco más cerca de un banquillo de la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI). La cúpula de la dictadura fue acusada en Ginebra de graves crímenes por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra?ad al Hussein. Este pidió a la CPI que «se implique» en la investigación de gravísimos casos de violencia de las fuerzas de seguridad del Estado que se cometen con «impunidad generalizada» contra la población. El informe relata diversas prácticas criminales habituales por parte de policía, grupos parapoliciales y militares y documenta ejecuciones sumarias, asesinato de reclusos, torturas y tratos crueles e inhumanos, detenciones arbitrarias y prácticas para aterrorizar a la población civil. Lentamente se acumulan los cargos por los que es de esperar que algún día habrán de responder Maduro y sus cómplices por haber sojuzgado, destruido y saqueado Venezuela en una labor de devastación prácticamente sin parangón en la historia. Estas denuncias son también un mensaje a unas Fuerzas Armadas cómplices, algunos de cuyos mandos podrían evitar compartir la suerte de Maduro si colaboran para acabar con la pesadilla del socialismo chavista. Ni el régimen cubano fue tan devastador en tan poco tiempo. En tres lustros ha llevado al país más rico de Iberoamérica, con las mayores reservas de petróleo del mundo, a niveles de miseria de Haití. Para ello ha contado con una especial colaboración de políticos comunistas españoles. Es de desear que cuando caiga el régimen y Maduro y sus sicarios se sienten en el banquillo en La Haya les acompañen sus cómplices españoles que, a cambio de paquetes de dólares, ayudaron a sembrar terror, hambre y muerte en aquel querido país hermano.
23-06-2018 | Fuente: abc.es
La ONU denuncia los asesinatos y torturas impunes en Venezuela
La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estrechó este viernes, aún más, el cerco sobre el régimen de Venezuela. En un informe demoledor, urge tanto al Gobierno de Nicolás Maduro como a la comunidad internacional a tomar «medidas inmediatas» ante las «graves violaciones de los derechos humanos» por las autoridades bolivarianas, entre las que incluye desde homicidios a torturas, pasando por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, detenciones arbitrarias y malos tratos. A ello suma la negativa del Gobierno a reconocer la magnitud de la crisis sanitaria y alimentaria en el país y a adoptar reformas para atajar la crisis económica y social. «Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia» aseguró el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra?ad Al Hussein, en un comunicado. Así mismo, Al Hussein recomendó al Consejo de Derechos Humanos que se ponga en marcha una comisión de investigación sobre Venezuela. La Fiscalía de la CPI ya abrió el pasado febrero un «examen preliminar» sobre la situación en Venezuela por el empleo de «fuerza excesiva» por la Policía en las protestas contra el régimen y los «graves abusos» cometidos sobre los detenidos. Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó a finales del pasado mes de mayo que existen indicios suficientes para llevar al propio Maduro ante la Corte, con sede en La Haya, por crímenes de lesa humanidad. El pronunciamiento ahora de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU pone al día las violaciones de derechos humanos que ya había denunciado en un informe anterior sobre Venezuela en agosto de 2017. Testimonios «impactantes» Entonces se centró en el uso excesivo de la fuerza y presuntas ejecuciones extrajudiciales durante las protestas, y en este caso documenta también testimonios «creíbles e impactantes» sobre ejecuciones extrajudiciales en el curso de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), presuntas actuaciones contra el crimen desde 2015. El informe apunta que entre julio de 2015 y marzo de 2017, la Fiscalía General venezolana registró la muerte de 505 personas a manos de las fuerzas de seguridad, que según testimonios seguían un patrón: incursiones en barrios pobres para detener «criminales» sin orden judicial, muerte de jóvenes que correspondían a cierto perfil, en ocasiones en sus propios hogares, y manipulación del escenario de los hechos para simular que las muertes habían sido fruto de intercambios de disparos. De acuerdo con el informe, las autoridades «no han investigado de manera oportuna y eficaz los casos de uso excesivo de la fuerza y de muertes de manifestantes tras la acción de las fuerzas de seguridad». Tampoco pasa por alto los comicios presidenciales del 20 de mayo, en los que salió reelegido Nicolás Maduro y en los cuales, señala la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, «dos importantes partidos de oposición habían sido inhabilitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), coalición de partidos de oposición, había sido invalidada por el Tribunal Supremo de Justicia». El alto comisionado para los derechos humanos insta al Gobierno de Venezuela y a la comunidad internacional a «tomar medidas inmediatas para evitar un mayor deterioro» de la situación de los derechos humanos, que califica de «sombría». «Cuando una caja de pastillas para la hipertensión cuesta más que el salario mínimo mensual, y la fórmula de leche para bebés, más de dos meses de salario, pero protestar contra una situación tan desesperante puede llevar a la cárcel a quien protesta, la extrema injusticia de tales circunstancias se manifiesta con toda su violencia», advirtió Zeid Ra?ad Al Hussein. El Gobierno de Maduro rechazó anoche el informe por considerarlo «arbitrario» y emplear, a su juicio, una «metodología altamente cuestionable».
22-06-2018 | Fuente: abc.es
España entregará a EE.UU. a un antiguo directivo de la petrolera venezolana Pdvsa
El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha aprobado la entrega a Estados Unidos del venezolano Rafael Ernesto Reiter, antiguo director de Seguridad y Prevención de Pérdidas de la compañía pública estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) para su enjuiciamiento por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. Los hechos por los que Rafael Reiter es reclamado por Estados Unidos para su enjuiciamiento se produjeron entre 2011 y 2013. Según la acusación que pesa sobre él, en esos años se asoció con un grupo de funcionarios de alto nivel de la petrolera para solicitar sobornos a vendedores y empresas que hacían negocio con ésta a cambio de condiciones ventajosas en las licitaciones y cobro en las facturas durante la crisis de liquidez venezolana. Blanqueo inmobiliario Las ganancias obtenidas fueron blanqueadas mediante una serie de complejas transacciones financieras internacionales y, en algunos casos, con inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Entre las empresas afectadas por esta práctica delictiva figuran algunas radicadas en el estado de Texas. El reclamado fue detenido en Madrid el 27 de octubre de 2017 junto a un ex alto cargo del Gobierno de Hugo Chávez y tres antiguos directivos de empresas públicas venezolanas y está actualmente en prisión provisional. Reiter forma parte de un grupo de ciudadanos venezolanos detenidos a comienzos por la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial acusados de blanquear grandes cantidades de dinero en España procedentes de la petrolera Pdvsa, que fue quien denunció los hechos. Entre los arrestados se encontraba también José Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate afincado en Estados Unidos Roberto Enrique Rincón Fernández, envuelto en ese país en un proceso judicial relacionado con las mismas actividades delictivas.
22-06-2018 | Fuente: abc.es
La ONU pide a la Corte Penal Internacional que se «implique» más contra los abusos en Venezuela
La Oficina de Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha publicado este viernes un nuevo informe sobre Venezuela, en el que denuncia cientos de muertes, torturas y detenciones arbitrarias a manos de las fuerzas de seguridad y la «impunidad» con que se cometen, al tiempo que denuncia que el gobierno de Nicolás Maduro ignora la magnitud de la «crisis alimentaria» en el país, donde la mayoría sufre «pobreza extrema». En este sentido, Zeid Ra'ad al Hussein, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recomienda que la Corte Penal Internacional (CPI) «se implique» en el caso de los graves abusos cometidos en Venezuela dada la inacción del Estado. «Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia», afirmó Zeid en un comunicado. El documento, titulado «Violaciones de los Derechos Humanos en la Republica Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin», es el segundo informe a distancia sobre la situación en Venezuela que publica la Oficina de Alto Comisionado, después del publicado en agosto del pasado año. En el informe, denuncia la «impunidad» que reina en Venezuela, donde las fuerzas de seguridad llevan años supuestamente cometiendo abusos sin que el Estado rinda cuentas por ello. La Oficina del Alto Comisionado subraya que las autoridades venezolanas no detiene a los autores de graves violaciones de los derechos humanos, que incluyen asesinatos, uso excesivo de la fuerz contra los manifestantes, detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura. Con este nuevo documento, la ONU pone al día las denuncias de violaciones realizadas en agosto, en aquella ocasión centrado en el uso excesivo de la fuerza y supuestos asesinatos extrajudiciales en el contexto de las manifestaciones. Ahora pone el foco en informes convincentes e impactantes de asesinatos extrajudiciales en el transcurso de supuesetas operaciones contra el crimen llevadas a cabo desde 2015, llamadas de Liberación del Pueblo (OLP). Desde julio de 2015 a marzo de 2017, la entonces fiscal general, Luisa Ortega, había registrado el asesinato de 505 personas por las fuerzas de seguridad en esas operaciones, indica el informe de la ONU. De acuerdo con testimonios que menciona, el patrón que se repite consiste en incursiones en barrios pobres para detener ?criminales? sin orden judicial; el asesinato de jóvenes que encajan en el perfile, en algunos casos en sus propias casas, y finalmente alteración del escenario de los hechos para que los asesinatos parezcan haber ocurrido en un intercambio de fuego. «El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de seguridad por las violaciones tan graves de derechos humanos que se han perpetrado, sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela», afirmó en el comunicado Zeid Ra'ad Al Hussein. «Desde hace años se vienen menoscabando las salvaguardas y los equilibrios institucionales, así como el espacio democrático en Venezuela, lo que deja un escaso margen para hacer rendir cuentas al Estado. La impunidad debe terminar», añadió.
22-06-2018 | Fuente: elpais.com
La ONU pide investigar ?las graves violaciones de los derechos humanos? en Venezuela
Naciones Unidos publica un informe en el que denuncia homicidios, torturas y detenciones arbitrarias a manos de las fuerzas de seguridad
21-06-2018 | Fuente: abc.es
Maduro aumenta los salarios para compensar la hiperinflación
En menos de un mes el presidente Nicolás Maduro tuvo que decretar un aumento del salario mínimo integral de 5.196.000 bolívares (2 dólares al cambio paralelo) del 103% y de 4.200.000 bolívares igual a 200% para las pensiones y jubilaciones porque la hiperinflación se tragó el ajuste anterior. La locura que vive Venezuela con la hiperinflación ha superado todos los pronósticos hechos por el Fondo Monetario Internacional de 13.000% para este año. Pues el índice anualizado va por 25.000% según la Asamblea Nacional que proyecta una inflación de 200.000% para este año. El Parlamento ha informado que la inflación de mayo fue de 100% y la de junio será de 200% por el incremento salarial. Estas cifras alucinantes y sin precedentes en la historia de Venezuela y de América Latina ha obligado a Maduro a hacer un ajuste en el salario mínimo integral (incluye el básico más el cesta ticket o food stamp) y las pensiones que se han quedo rezagados ante el acelerado incremento de los precios, de un día para otro. Antes del 20 de mayo, Maduro incrementó el salario básico y ofreció un bono electoral para los que fueran a votar por él, sin embargo, se quedó corto porque en menos de un mes tuvo que lanzar otro aumento duplicando el anterior porque la hiperinflación, que él mismo ha causado, no lo perdona. Los ajustes galopantes que van en dos bandas, la salarial y la de los precios de consumo, no dan tiempo de asimilar porque no son sincronizados. El incremento de los precios va más rápido que el de los salarios, lo que ha irritado a los venezolanos que han salido a la calle a protestar. Ayer miércoles los trabajadores sanitarios de Portuguesa, situado al centro de Venezuela, de la Misión Barrio Adentro, regentado por los médicos cubanos, protestaron el ajuste salarios decretado porque no les alcanza para comprar comida ni medicinas. Pero en Caracas los trabajadores sanitarios protestaron en las puertas del Ministerio de la Salud, que dirige Luis López, para manifestar su descontento con sus bajos salarios y exigir un aumento salarial acorde con la inflación real, que el régimen de Maduro no reconoce. Los médicos expresan su descontento con la gestión del ministro de Salud, Luis López, y piden su renuncia. El decreto del incremento fue anunciado por Maduro durante un acto con motivo de la clausura del Congreso Ideológico de la Clase Obrera. Maduro explicó que el nuevo monto que recibirán los pensionados será de 3.000.000 bolívares más el bono de guerra económica el cual asciende de 400.000 a 1.200.000 bolívares (cambio paralelo de 2.600.000 bolívares). El 19 de junio, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas FVM) señaló que, en mayo, la Canasta Alimentaria Familiar se ubicó en 220.138.620,81 bolívares (84,66 dólares). Es decir, se requerirían al menos 42 salarios mínimos integral al mes para poder cubrir la Canasta. El nuevo salario mínimo integral alcanzaría para adquirir un kilo de café, que de acuerdo con el Cendas, se ubica en 4.531.891 bolívares, y un kilo de azúcar, cuyo precio registrado a finales de mayo fue de 642.878 bolívares, en promedio. Algunos precios establecidos en el mercado en cuanto a los rubros de la Canasta Alimentaria Familiar son: el bistec, en 4.549.265 bolívares; el kilo de pollo, en 2.045.312 bolívares; la margarina, en 1.052.833,33 y el kilo de queso blanco que se sitúa en 2.289.000 aproximadamente.
21-06-2018 | Fuente: elpais.com
Estos son los tres escenarios que se discutirán en la reunión de la OPEP
Moscú propone un aumento de producción de 1,5 millones y el Brent cae a los 73 dólares Venezuela y Libia, junto con Teherán, prefieren mantener los precios altos
21-06-2018 | Fuente: abc.es
El ala radical del chavismo impone a Maduro el regreso de Cabello
El exnúmero dos del régimen parece recuperar su poder en el Gobierno de Nicolás Maduro. El ala más radical del chavismo ahora presidirá la «ilegítima» Asamblea Nacional Constituyente (ANC) bajo las órdenes de Diosdado Cabello. Alejado durante más de tres años de cargos importantes, manteniéndose únicamente como vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y en su escaño como diputado de la Asamblea Nacional -y después en la Asamblea Constituyente-, Maduro lo acaba de rescatar para la primera fila. Así el martes fue nombrado presidente de la Constituyente, en sustitución a Delcy Rodríguez, que fue aupada a la vicepresidencia de la República la semana pasada. Durante la ceremonia en el Palacio Federal Legislativo, Diosdado Cabello, acompañado de su esposa Marleny Contreras, recién designada ministra de Obras Públicas, y su hija, Daniela Cabello, fue presentado como candidato único y contó con el absoluto respaldo de los más de 500 parlamentarios chavistas para ocupar la presidencia de la junta directiva de la ANC, repitiendo así la liturgia de su gran referente «su hermano pueblo de Cuba». El debate, que duró casi dos horas, se tornó en una efusiva manifestación de elogios al dirigente oficialista. Este nombramiento sitúa a Cabello en una situación de superioridad sobre el propio Ejecutivo venezolano. «Cuando ellos crearon esta instancia, ilegal e inconstitucional, Maduro se presentó como un subordinado de la Constituyente. Y el PSUV lo reafirmó, diciendo que para el partido la ANC era el órgano máximo», explica a ABC David Smolansky, exalcalde opositor inhabilitado y en el exilio. Smolansky, destituido por la ANC y con orden de arresto en Venezuela, asegura que es una transacción de poder interna del partido oficialista. «Hay una parte del chavismo que está molesto con las decisiones que ha tomado Maduro a partir de las elecciones, por eso tuvo que ceder poder a Cabello», enfatizó. Mitos y leyendas Para otros expertos el regreso del exnúmero dos al poder lo que persigue es demostrar la unidad del régimen, sobre todo en el PSUV, y generar estabilidad ante toda la información publicada sobre el destierro de uno de los hombre más poderosos del chavismo. Carlos Raúl Hernández, doctor en ciencias políticas, argumenta que «la utilidad de la decisión del gobierno de recuperar a Diosdado es acabar con los mitos y las leyendas de una confrontación entre Maduro y Cabello. Él ha ocupado todos los cargos importantes; está ahí ahora para cumplir con las arbitrariedades del régimen». Por su parte, la abogada defensora de Derechos Humanos, Tamara Sujú, manifestó en su cuenta de Twitter que la designación de Cabello «es un premio por la incautación de dinero por parte de Estados Unidos». Sobre el papel, Diosdado Cabello ocupa el segundo cargo de mayor poder de Venezuela después del Ejecutivo de Nicolás Maduro. La Constituyente le arrebató el pasado 9 de agosto de 2017 las funciones a la Asamblea Nacional, vigente, pero deslegitimada por el Tribunal Supremo al dictar en desacato al órgano lesgilativo con mayoría opositora. En su primer discurso como presidente de la Constituyente, Cabello juró hacer «lo que tenga que hacer» para cumplir con su labor. Asimismo pidió el apoyo para salir adelante y para que la ANC pueda ponerse a la altura de las expectativas del pueblo. El cambio de liderazgo genera cierta inquietud en la oposición, ya que supone una radicalización en el régimen, a lo que se suma el temor de que la principal función de Cabello sea la de poner en marcha una nueva Constitución para Venezuela, a la medida de Nicolás Maduro. El nuevo presidente del Parlamento «ilegítimo» ya participó en el proceso Constituyente de Hugo Chávez en 1999. Recientemente el Tesoro de Estados Unidos acusó y sancionó a Cabello de diversos cargos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos. Además, señaló que junto a su esposa y a su hermano, José David Cabello formó una «red de corrupción». Además de las sanciones aplicadas por la UE.
20-06-2018 | Fuente: elpais.com
Venezuela libera a 17 presos políticos
El grupo de estudiantes opositores excarcelados son los primeros en obtener la libertad plena
20-06-2018 | Fuente: abc.es
Estados Unidos se ha retirado este martes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un órgano muy criticado por el Gobierno de Donald Trump, en una decisión que fue calificada de «decepcionante, pero no sorprendente» desde la ONU. En una rueda de prensa sin preguntas en Washington, la embajadora de este país ante la ONU, Nikki Haley, ha anunciado que «Estados Unidos se retira oficialmente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU». La representante ha justificado esta decisión por las posturas en el organismo de países como China, Venezuela, Cuba o la República Democrática del Congo, ya que, a su juicio, «no respetan» los derechos humanos. Por este motivo y por el «prejuicio crónico» del Consejo contra Israel, de acuerdo con palabras de Haley, este órgano «no es digno de su nombre». Aun así, la embajadora, que ya amenazó el año pasado con retirar a Estados Unidos del Consejo con sede en Ginebra, explicó que durante los últimos meses ha tratado de resolver «de buena fe» los problemas de ese organismo reuniéndose con representantes de más de 125 países miembros. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que también ha estado presente en esta declaración a los medios, ha aplaudido la figura de Haley como embajadora frente a la ONU y ha tildado al Consejo de órgano «hipócrita». «No dudamos de que su creación fue con buena fe, pero tenemos que ser honestos: el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un pobre defensor de los derechos humanos», ha apuntado Pompeo. La retirada de Washington es el último rechazo de Estados Unidos a sus compromisos multilaterales después de que en los últimos meses haya abandonado la Unesco, el Acuerdo Climático de París y el pacto nuclear con Irán. Sin embargo, Pompeo ha asegurado que el Ejecutivo de Trump no se opone a trabajar con instituciones multilaterales, aunque, ha advertido, «no será cómplice» del Consejo de Derechos Humanos. «Estados Unidos lidera el mundo en asistencia humanitaria; no tomará lecciones de hipócritas», ha añadido Pompeo. «Decepcionante, no sorprendente» Desde la ONU, las reacciones no se han hecho esperar y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, ha calificado la decisión de «decepcionante, aunque no realmente sorprendente». «Dado el estado de los derechos humanos en el mundo actual, Estados Unidos debería estar dando un paso al frente, no un paso atrás», ha afirmado en un mensaje publicado en Twitter por su oficina. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, «hubiera preferido que Estados Unidos permaneciera el Consejo de Derechos Humanos», ha subrayado su portavoz, Stéphane Dujarric. La Administración de Donald Trump ya había avisado el pasado año de que iba a tratar de impulsar reformas en el funcionamiento del Consejo y que, si no se aceptaban, no dudaría en retirarse. Entre otras cosas, Estados Unidos critica que ese organismo sirva de plataforma a países como China, Venezuela y Cuba, y denuncia que tiene un «sesgo» contra Israel. El Gobierno israelí, precisamente, no ha tardado en dar la bienvenida a la decisión de Washington y ha defendido que el Consejo es «enemigo de quienes realmente se preocupan por los derechos humanos». «Estados Unidos ha demostrado, una vez más, su compromiso con la verdad y la justicia y su negativa a permitir que el odio ciego contra Israel en instituciones internacionales continúe sin contestación», ha remarcado en un comunicado el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon. Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) ha lamentado la retirada de Estados Unidos del Consejo y ha destacado que supone dar la espalda a las víctimas de abusos en todo el mundo. «El presidente Trump ha decidido que 'Estados Unidos primero' significa ignorar en las Naciones Unidas el sufrimiento de civiles en Siria y de minorías étnicas en Birmania», ha dicho en un comunicado el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth. Este anuncio llega un día después de que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunciara la separación de cientos de niños inmigrantes de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos en los últimos meses. Los activistas de derechos humanos temen que una retirada de Estados Unidos afecte a los fondos del Consejo, dado que Washington hace aportaciones para que sus mecanismos de investigación y supervisión en el mundo puedan operar.
1
...