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Noticias de sociedad

01-01-1970 | Fuente: abc.es
Polonia estudia exigir nuevas reparaciones a Alemania por la II Guerra Mundial
El partido gobernante en Polonia, la formación nacionalista Ley y Justicia, quiere que Berlín pague nuevas reparaciones por los daños causados por la Alemania nazi durante la II Guerra Mundial, una reclamación que llevaba años olvidada y amenaza con enturbiar las relaciones polacogermanas. La polémica cuestión no ha quedado solo en palabras, sino que la oficina legal del Parlamento polaco se ha puesto manos a la obra y ultima un informe para determinar si existe base jurídica para plantear a Alemania una solicitud de indemnización por los daños causados. Aunque la exigencia no es nueva, días atrás el líder de Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, considerado como el hombre fuerte de Polonia en la sombra, aseguraba que el Gobierno polaco «se está preparando para una histórica contraofensiva», en relación a la exigencia de justicia histórica por la destrucción y el dolor sufridos por Polonia durante la II Guerra Mundial. «Estamos hablando de sumas de dinero enormes, pero también del hecho de que Alemania asuma al fin su responsabilidad por la II Guerra Mundial después», dijo Kaczynski. La demanda ha encontrado apoyo entre la cúpula de Ley y Justicia, y la semana pasada el ministro de Defensa, Antoni Macierewicz, afirmaba en el discurso conmemorativo del Alzamiento de Varsovia contra la ocupación nazi que los alemanes deben «pagar la terrible deuda que tienen con el pueblo polaco». La exigencia de reparación llega cuando se cumplen 73 años del inicio del Levantamiento de Varsovia de 1944, un acto de heroísmo de la resistencia polaca contra los ocupantes nazis que dejó alrededor de 200.000 civiles muertos y la ciudad casi destruida. Quienes respaldan esta demanda recuerdan que Alemania terminó de pagar en 2010 las reparaciones por la I Guerra Mundial a Francia y Bélgica. Sin embargo, y a diferencia de las gravosas reparaciones impuestas a Alemania en el tratado de Versalles de 1919, tras el final de la II Guerra Mundial los países vencedores decidieron exigir a Berlín condiciones menos onerosas, conscientes de que el malestar social causado por la crisis económica y el lastre de las indemnizaciones que generó la I Guerra Mundial fueron determinantes para el surgimiento y auge del nazismo. De hecho, en 1953 se acordó suspender las reparaciones por la II Guerra Mundial, aunque ese acuerdo se alcanzó sin contar con Polonia. Presionada por Moscú, en los cincuenta el Gobierno comunista polaco decidió renunciar a su derecho a exigir más indemnizaciones a Alemania, aunque para gran parte de la sociedad polaca esa renuncia no es válida ya que se hizo por imposición de la Unión Soviética, que quería librar a la recién nacida República Democrática Alemana del yugo económico de las reparaciones por la guerra. Posteriormente, y en un movimiento recíproco, Berlín decidió en 2004 que no apoyaría las demandas de indemnizaciones contra el Gobierno polaco presentadas por alemanes expulsados de Polonia tras la II Guerra Mundial, cuando se produjo un cambio de fronteras entre los dos países por la cual Alemania cedió territorios a Polonia y ésta, a su vez, entregó su franja oriental a la Unión Soviética. Pero para los críticos, el hecho de que precisamente ahora los políticos de Ley y Justicia hayan revivido la vieja demanda de más reparaciones por la guerra busca realmente servir de cortina de humo ante las fuertes críticas de la Unión Europea y Alemania contra el Gobierno polaco por sus polémicas reformas, consideradas como una amenaza para los valores democráticos de este país centroeuropeo. «Los hijos y los nietos de una generación de asesinos (en relación a Alemania) no son quienes para darnos lecciones de democracia», decía días atrás el diputado de Ley y Justicia Bartosz Kownacki, quien echaba así más leña al fuego a la difícil relación que mantienen Bruselas y Berlín con Varsovia desde la victoria en las elecciones de 2015 de Ley y Justicia. Pero lo cierto es que volver a la vieja exigencia de indemnizaciones por guerra no es nada nuevo, y ya en 2007, cuando también gobernaba Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski (entonces primer ministro) exigía cambiar el sistema de votación de la UE para tener en cuenta a los seis millones de polacos que murieron en la II Guerra Mundial. Polonia consideraba que si se cuentan los seis millones de polacos que murieron en esa guerra, provocada por Alemania, la población polaca ascendería hoy a 66 millones de habitantes y no a los 38 millones que el país tiene en la actualidad. De esta manera Varsovia esperaba salir compensada del reparto de votos que se incluyó en el nuevo tratado europeo, aunque finalmente la estrategia no le dio resultado.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
La Constituyente «investigará» a la oposición por los 120 muertos en las calles
La tensión en Venezuela no cesa y el desconcierto aumenta. En el limbo de las interpretaciones sobre la asonada frustrada del domingo, la Asamblea Nacional (Congreso elegido en las urnas) por un lado y la Constituyente por otro, se pusieron manos a la obra en direcciones opuestas. Los primeros para exigir explicaciones al actual escenario de confusión (militar) y, de paso, defender su espacio y atribuciones. Los segundos (en poder los primeros) se citaron para, entre cosas, «instalar la Comisión de la Verdad» que determinará la responsabilidad de los más de 120 muertos registrados desde abril en las manifestaciones. La Comisión de la Verdad podría convertirse en la espada de Damocles de la oposición a tenor del discurso oficial. El Gobierno ha apuntado en reiteradas ocasiones a la MUD (Mesa de Unidad Democrática) como la culpable de las víctimas mortales. Con matices esos fueron los argumentos que utilizaron para procesar y condenar a casi 14 años de prisión a Leopoldo López, de regreso en su casa desde el domingo. En esa Comisión pueden estar puestas las esperanzas del Gobierno para desactivar las candidaturas de los opositores más populares que concurran a las elecciones regionales que, presuntamente, se celebrarán en diciembre. Por la vía de la cárcel o de la inhabilitación, la oposición sospecha que Maduro intentará anularlos. «Si sucede -insiste Henrique Capriles- pondremos a otros candidatos y si siguen en la misma línea otros y así sucesivamente aunque tengamos que buscarlos en la calle». El gobernador de Miranda está convencido, como buena parte de la MUD, de que no se puede regalar el poder regional al Gobierno. «Además -añade- si nosotros concurrimos seguro que no se celebran pero si no lo hacemos se hacen fijo». El consenso en la MUD para presentarse a esas elecciones se impuso en las últimas horas. Aunque, algunos versos libres como María Corina Machado (Vente Venezuela) y otros grupos minoritarios, se resisten a lo que consideran «una traición» imperdonable después del fraude de la constituyente. Con vía libre para hacerse con el control de la Fiscalía General, Tarek William, el sustituto de Luisa Ortega Díaz, se acomodó en las instalaciones con los fiscales que fue reclutando en la sombra desde su nombramiento. El «desplazamiento» de Ortega, la exfiscal general destituida por la Constituyente (no reconoce su cese), volvió a abrir la caja de los truenos de las reacciones internacionales. La Unión Europea advirtió, a través de Federica Mogherini, que ese tipo de decisiones dificulta la vuelta pacifica al orden democrático en Venezuela. En un comunicado, recordó que la imposición de la Constituyente «ha incrementado la polarización de una sociedad muy dividida». Los diputados que, de momento, conviven con los constituyentes, se reunieron en la «Comisión consultiva» y determinaron continuar con las sesiones en periodo estival. Stalin González, jefe de la bancada parlamentaria de la MUD, aseguró que no se interrumpirá el periodo de sesiones legislativas.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Bruselas critica la destitución de la fiscal general venezolana por el régimen de Maduro
La representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, afirmó hoy que la toma de posesión de la Asamblea Constituyente en Venezuela y la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega, dificultan la «vuelta pacífica al orden democrático». «La investidura de la Asamblea Constituyente y sus primeras acciones, incluyendo la remoción de Luisa Ortega de su puesto en el Ministerio Público, han debilitado más las perspectivas de una vuelta pacífica al orden democrático en Venezuela», destacó una portavoz de Mogherini en un comunicado. También «ha incrementado la polarización de una sociedad ya dividida», lamentó. La portavoz insistió en que «no hay alternativa al respeto de las instituciones legítimas, a la separación de poderes y al derecho de los ciudadanos a expresar libremente su opinión política». «El Gobierno de Venezuela tiene la responsabilidad de garantizar el respeto de la Constitución venezolana», enfatizó, y reiteró que la UE «llama a todos los actores en Venezuela a trabajar por instalar la confianza necesaria para una solución negociada de la crisis institucional». Pidió además al presidente Nicolás Maduro que «libere urgentemente a todos los prisioneros políticos y garantice el respeto del Estado de Derecho y los derechos humanos». La UE, destacó, «seguirá trabajando con todos los socios, nacionales e internacionales, para garantizar un apoyo adecuado a un retorno no violento al orden democrático y una solución a los apuros económicos y sociales« en los que se encuentra el pueblo venezolano. Maduro defendió este domingo que la decisión de la Asamblea Constituyente de remover a la fiscal general era «necesaria«, al tiempo que defendió la legalidad del órgano que reescribirá la Carta Magna venezolana. Las protestas de la oposición a Maduro que comenzaron en abril pasado han causado la muerte de al menos 120 personas.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Violan y destripan en una carnicería a una joven de 18 años en México
El nivel de brutalidad con el que a cada rato asoma la violencia en México no conoce límites, o al menos eso parece. Cada vez que ocurre un crimen extremadamente atroz, los mexicanos -aterrados- piensan que la crueldad ha tocado techo y se consuelan al creer que el salvajismo ya alcanzado no puede ir a más. Pero una vez más, la sangrienta realidad que azota el país les demuestra que están equivocados. Mariana Joselin Baltierra, de 18 años, fue hallada hace una semana muerta en una carnicería en México. La joven había sido violada y destripada como si se tratara uno de los animales del establecimiento. Sus órganos fueron encontrados esparcidos por el frío suelo de estar carnicería ubicada en Ecatepec, un municipio de un millón y medio de personas en el que en 2016 ocurrieron 39 feminicidios, unos tres al mes, según una ONG local. El sadismo con la que fue asesinada ha sido la gota que ha colmado la paciencia de los vecinos de Ecatepec, quienes en los últimos días están realizando varios actos de protesta para que las autoridades pongan freno a los numerosos homicidios de jóvenes como Baltierra Baltierra, quien fue descuartizada tras salir a comprar. La joven salió de su casa a las 9 de la mañana el día 27 de julio, recorrió los 200 metros que separan su casa de la carnicería y, al día siguiente, apareció desmembrada. La Policía ya trabaja en el caso para dar con el asesino y, por el momento, sospecha de uno de los empleados de la carnicería. No obstante, la elevada impunidad con la que operan los criminales en México hace que la sociedad se muestre escéptica sobre la capacidad de las autoridades para poner entre rejas al asesino. Y más en un caso de feminicidio. Sólo en una de cada cinco denuncias por violación en México hay sentencia de un tribunal, según la ONU. Ecatepec, capital del feminicidio Si existiera el deshonroso título de ?capital del feminicidio?, Ecatepec de Morelos -nombre completo del municipio- sería sin lugar a dudas una de las candidatas. Fueron unos 39 feminicidios los que contabilizó el Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género en esta población, la cifra más elevada dentro de los hasta 263 asesinatos de mujeres que ocurrieron en el Estado de México -Edomex-, la entidad federativa a la que pertenece. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística mexicano -Inegi- entre el año 2000 y 2015 han sido asesinadas casi 30.000 mujeres, una dramática cifra a la que hasta ahora no se le ha logrado poner freno en el país azteca. Los elevados niveles de impunidad de la que gozan los criminales, unido con la escasez de acciones desde las administraciones públicas por reducir esta lacra hace diversas que organizaciones internacionales no prevean una reducción de estas cifras en el corto plazo. Así, un informe de ONU señaló que dos de cada tres mujeres serán maltratadas en México por sus parejas a lo largo de sus vidas. La atroz ola de feminicidios que arrasa el país coincide con el repunte que ha vivido la violencia en México en 2017. En los primeros seis meses del año han ocurrido 12.155 homicidios, un 30% más que en el mimo periodo del año anterior. De hecho, el pasado junio fue el mes más sangriento jamás registrado en México en la historia, desde que en 1997 comenzaron a recogerse estas estadísticas.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Lo que se sabe del conato de golpe militar en Venezuela
Alrededor de las 5:00 AM del domingo comenzaron a registrarse choques violentos en el cuartel de Paramacay que se saldaron con una persona fallecida y otra herida de gravedad por arma de fuego. Una vez conocida la noticia del alzamiento, habitantes de Valencia salieron a la calle a manifestar su apoyo al golpe colocando barricadas por la calle, pero fueron rápidamente disueltos por los gases lacrimógenos de la policía. Aparte de los militares acuartelados, se ha reportado la presencia de tres helicópteros sobre volando las instalaciones militares durante los enfrentamientos, uno de ellos propiedad de la Fuerza Armada Nacional. Al final de la jornada, Nicolás Maduro en su programa de televisión dominical anunció que se habían registrado dos muertos («abatidos por fuego leal a la patria») y ocho detenidos, uno de ellos hospitalizado. La Fuerza Armada señaló también que «parte del grupo logró sustraer algunas armas y está bajo intensa búsqueda». ¿Dónde sucedió? El conato de alzamiento aconteció en el fuerte de Paramacay, en la ciudad de Valencia, la tercera del país, perteneciente al estado de Carabobo, al norte del país. Se trata de la base militar más importante del grupo de blindados del Ejército venezolano. Asimismo, medios venezolanos informaron de la colocación de controles militares en el Fuerte Tiuna (Caracas) tras conocerse lo que estaba sucediendo en Valencia. ¿Quién está detrás? El vídeo hecho público por los sublevados muestra a 15 personas con uniforme militar y portando armas largas. El cabecilla del grupo dice ser Juan Carlos Caguaripano Scott, un antiguo capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), que en 2014 hizo pública su oposición a la revolución bolivariana y sobre el que pesa una orden de busca y captura por otra intentona golpista. Las Fuerzas Armadas venezolanas han informado que, entre los ocho detenidos, se contaban tres oficiales de tropa de bajo rango (un sargento de la reserva de paracaidistas, un teniente que desertó hace tres meses de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un miembro de la Milicia Nacional Bolivariana) y cinco civiles. Al poco de ser sofocado el alzamiento comenzaron las especulaciones sobre una mano oculta tras los sublevados. Un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana asegura que « los sujetos capturados han confesado haber sido contratados en los estados Zulia, Lara y Yaracuy por activistas de la extrema derecha venezolana en c onexión con gobiernos extranjeros». Por su parte, el general Jesús Suárez Chourio, jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, declaró que el ataque fue «pagado por la derecha y sus colaboradores, pagado por el imperio norteamericano». ¿Por qué una intentona golpista? En el comunicado leído por los militares explica que «esto no es un golpe de Estado. Esta es una reacción cívica y mi militar para restablecer el orden constitucional. Pero más aún, para salvar al país de la destrucción total, para detener los asesinatos de nuestros jóvenes y familiares». El objetivo confeso de los sublevados era «restablecer el orden constitucional» una vez liquidado el Parlamento mediante la nueva Asamblea Nacional Constituyente ideada por Maduro. La versión del oficialismo es bien distinta, y tanto las Fuerza Armada Nacional Bolivariana como Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen, tildaron los sucesos de «ataque terrorista». Caguaripano, al que se le asocia con el ala más intransigente de la oposición, le ha pedido a los parlamentarios, de mayoría opositora, que den por concluidas las negociaciones con el régimen y «pasen por encima de las cúpulas corruptas que traicionan al pueblo». En la misma línea, ha advertido que aquellos cuarteles «donde se registre actividad hostil contra la población civil serán considerados objetivo militar y vamos contra ellos con todo el poder de fuego de nuestras fuerzas aliadas en todo el país». La oposición ha aprovechado la coyuntura para llamar la atención sobre un presunto cisma en el seno de las fuerzas armadas y el malestar generado en el país por las políticas de Maduro. Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, ha llamado al gobierno a «una profunda reflexión, pues la Fuerza Armada es un ejemplo de un país que quiere un cambio». En el mismo sentido, Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento, cree que lo sucedido en el cuartel de Paracamay refleja la sensación de hartazgo de la sociedad venezolana.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
«Abraza a un yihadista»: un programa de la policía de Dinamarca que pretende bajar los índices de terrorismo
En Aarthus, una ciudad danesa, la policía ha impulsado la campaña «Hug a terrorist» (abraza a un terrorista) o también conocida como «Hug a Jihadi» (abraza a un yihadista). El propósito es apoyar moralmente y acoger a los radicales al crear un contacto entre ellos y la ciudadanía, al hacerlos sentir parte de la sociedad y no aislarlos como si todos los inmigrantes musulmanes fueran criminales. Además de esto, se busca prevenir que más jóvenes se unan a los grupos radicales y encuentren oportunidades de trabajo en su ciudad, como también que los mismos daneses no sigan alimentando el estereotipo en contra de ellos. Aarthus, la segunda ciudad más grande de Dinamarca, es conocida por sus programas en contra de la radicalización ya que hay una gran población de migrantes sirios. Según lo dicho por Oussama El-Saadi, el director de una mezquita en Aarthus, a Dateline, para los inmigrantes musulmanes es muy dificil entrar en la sociedad y conseguir un trabajo por los estereotipos que han sido creados a través del tiempo. Además, según este mismo noticiero, la policía afirma que desde el 2016 nadie se ha ido de Aarthus a luchar en Siria.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Disidentes cubanos denuncian que la represión no ha disminuido sino que ha «mutado»
Los disidentes cubanos Juan Antonio Madrazo y Fernando Palacios han denunciado este viernes en Madrid que la represión en Cuba no ha disminuido sino que ha «mutado» porque el Gobierno ha «ajustado su aparato represivo» y está aplicando medidas como impedir las reuniones de disidentes y sus viajes al exterior o «retenciones» en sus viviendas, informa Ep «Hacia el exterior, el Estado cubano está mandando el mensaje de que aparentemente la represión en Cuba está mermando y eso no es real. El Estado ha estado mutando, ha estado reajustando su aparato represivo», ha declarado el presidente del Partido Liberal Nacional Cubano, Fernando Palacios, en una rueda de prensa celebrada en Madrid junto a Madrazo, que es el coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Desvían fondos de sanidad o educación para financiar el aparato represivo Palacios ha explicado que los sistemas públicos de sanidad o educación son «un desastre» en Cuba porque el Ejecutivo está desviando estos fondos para financiar «su aparato represivo y de vigilancia contra los ciudadanos». Antes, la Policía desplegaba «un gran aparataje represivo, montaba grandes operativos con patrullas perseguidoras» para evitar las reuniones de disidentes, según Palacios. «Sin embargo, hoy lo que hacen es interceptar a los activistas antes de que lleguen» a esos encuentros, ha señalado. Tanto Palacios como Madrazo han indicado que los métodos empleados por las fuerzas de seguridad consisten en «restringir los viajes sin dar explicaciones». Las retenciones se producen en los aeropuertos e incluso en las propias viviendas y duran el tiempo necesario para perder el vuelo de modo que las personas afectadas no puedan salir del país. Precisamente estos dos activistas afrodescendientes han viajado a Madrid «tras varios intentos de acudir a eventos internacionales frustrados por el régimen al ser detenidos camino al aeropuerto y advertidos de que "ninguno puede salir de Cuba hasta nuevo aviso"», según apuntó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) al convocar la rueda de prensa. Este tipo de medidas, han contado los dos disidentes, no van solamente dirigidas hacia activistas sino «hacia toda la población en general». Intelectuales de todos los campos, autónomos o periodistas son objeto de registros, confiscaciones y deportaciones. Peor desde la visita de Obama Madrazo ha denunciado que el «aumento de la criminalización de la sociedad civil, que ya se venía registrando desde el último periodo de la administración de (Barack) Obama», creció aún más «después» de su visita en marzo de 2016. Tras el deshielo de las relaciones entre ambos países, el «contacto pueblo a pueblo» ha aumentado el recelo de las autoridades, el «acoso» y la «vigilancia de los servicios de Inteligencia», ha señalado. En esta misma línea, ha afirmado que el aumento de la vigilancia se ha notado en la preparación de las elecciones para designar a los delegados municipales, en las que las «candidaturas independientes» han sufrido el «hostigamiento» de las autoridades, que pretenden, según estos dos disidentes, «desmovilizar el proceso». Para evitarlo, desde el Comité Ciudadanos por la Integración Racial se han lanzado campañas para dar a conocer la ley electoral cubana. Mismos métodos en Venezuela Palacios ha asemejado los métodos represivos del Gobierno cubano con los del Ejecutivo del presidente venezolano, Nicolás Maduro. «Quien gobierna Venezuela es el Gobierno cubano», ha aseverado Palacios, que ha alertado de que la crisis venezolana puede llegar a contagiar a la isla. Por último, sobre la próxima visita del Rey Felipe VI a Cuba, Madrazo ha indicado que es «muy esperada por los cubanos». Palacios ha compartido esa valoración y ha apuntado que la sociedad civil y los movimientos de disidencia no esperarán y continuarán trabajando al margen de las decisiones que se adopten durante esa visita.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Malawi, el país en que los albinos viven con miedo a ser torturados, asesinados y descuartizados
El 10 de enero de 2017, Madalitso Pensulo, un muchacho albino de 19 años, acudió a casa de un amigo que lo había invitado a merendar, en el pueblo malauí de Mlonda. Desde fuera, un transeúnte lo oyó gritar, pero el joven fue asesinado antes de que la Policía llegara. Un mes y medio más tarde, el 28 de febrero de 2017, encontraron el cadáver de Mercy Zainabu Banda, una mujer también albina de 31 años, en Lilongwe (capital de Malawi). Le faltaban una mano, el pecho derecho y el cabello. En lo que llevamos de año, denuncia la ONG Amnistía Internacional (AI), se ha advertido un aumento de asesinatos y ataques contra albinos en Malawi. Una tendencia que llevaba adormecida desde la segunda mitad de 2016, cuando no se produjo ningún crimen, y que ahora ha vuelto a resurgir. Además de los dos asesinatos, también se han registrado secuestros ?frustrados o logrados?, agresiones y amenazas. Desde AI se explica que al menos 20 albinos han sido asesinados en Malawi desde noviembre de 2014. [«La Différence», de Salif Keïta, «La Voz de Oro africana»; un reconocido cantante y compositor albino, originario de Malí. El tema habla de la situación de marginación a la que se enfrentan los albinos en buena parte de África por ser considerados diferentes] Mapa que muestra dónde se ubica MalawiPara Olatz Cacho, responsable de Amnistía Internacional sobre África, la razón de este repunte es la impunidad. «Había casos de personas que eran declaradas culpables y a las que condenaban a pagar el equivalente a 15 dólares estadounidenses. Desde que empezamos la campaña, el gobierno ha tomado medidas. Pero, como en el sistema judicial no ha habido suficientes avances, los crímenes, incluso casos muy conocidos, siguen sin haberse resuelto. La impunidad continúa siendo habitual». Esto hace que la violencia se multiplique y que los casos escabrosos aumenten. «Hace dos años, un grupo de gente en la frontera con Mozambique linchó y mató a dos personas que estaban presuntamente traficando con trozos de albinos. La impunidad crea esta justicia paralela», explica Cacho en la sede madrileña de AI. Venganza y justicia paralela Se vengan de casos «muy sangrantes», difíciles de asimilar, en que los niños son llevados a rastras de sus casas y, días después, son encontrados a kilómetros de allí, troceados; adultos son engañados y asesinados por sus seres queridos; mujeres son violadas con la creencia de que mantener relaciones con albinas puede curar el sida. El odio lo mueve una mezcla de superstición y afán por enriquecerse. Por un lado, buena parte de la sociedad no los ve cómo seres humanos, sino como espíritus a los que hay que matar y descuartizar para , luego, con las distintas partes de su cuerpo, hacer prácticas de brujería. La creencia popular dice que, con las pócimas hechas a partir de albinos, se logra atraer el éxito. Por otra parte, esto hace que se les considere objetos de lujo con los que comerciar: se los puede vender por seis millones de kwachas (10.000 dólares, casi 9.000 euros). Lo que mata a los albinos es el sol, su principal asesino . No tienen acceso a una cosa tan básica como es la crema solarOlatz Cacho, responsable de AI sobre África Además, entre 8.000 y 10.000 personas con albinismo en Malawi se enfrentan a otros problemas que van más allá del riesgo de ser asesinados. «Lo que los mata es el sol, su principal asesino. No tienen acceso a una cosa tan simple y básica aquí como es la crema solar. Solo hay dos hospitales en todo Malawi que tienen cremas solares. La estructura médica es bastante precaria: no saben cómo tratar un cáncer de piel, ni cómo prevenirlo», cuenta Cacho, quien insiste en que es necesario reforzar el sistema sanitario: «Incluso hay médicos que están tan mal formados que no son capaces diferenciar entre huesos humanos y animales. Esto hace que no se pueda tener un juicio; crea impunidad. Para que la Policía pueda generar pruebas que sirvan, se debe formar a los médicos. La formación es necesaria en muchos sitios. Hay que crear una armonía para que vaya a todas las áreas». Además de con la piel, los albinos también tienen problemas con los ojos. Por ello, «se caen del sistema educativo del país. No ven bien y no se les facilita que se integren en las clases. A veces, sufren discriminación y abusos por parte de los propios profesores», expone la responsable de AI para África. Sin embargo, asegura que «si se les pudiera incluir en el sistema educativo, se les facilitaría el acceso a trabajos muy concretos». Así se evitaría que se vieran avocados a trabajar al aire libre; exponiendo su piel al sol, quemándosela, arriesgándose para ganarse la vida. Castigos más duros Aunque poco a poco, el país reacciona. La gente empieza a condenar los crímenes, brutales, y sale a la calle a defender a sus vecinos albinos cuando es preciso; cuando los intentan secuestrar o asesinar. La clase política toma conciencia. Por una parte, el gobierno reforzó el código pena l el año pasado; los castigos por asesinar o tener en posesión tejidos corporales se han endurecido gracias a la irrupción de la ley de anatomía. Por otro lado, el Ejecutivo malauí «ha distribuido una especie de folleto entre la Policía donde vienen los cargos que se pueden aplicar según el delito cometido; está todo recogido en un bucle que se llama ?Para personas con albinismo?. Es formación muy básica, pero es un avance». Peter Mutharika, presidente del estado africano, también se ha involucrado. Algo que «es positivo: refuerza que los albinos son personas y no fantasmas», declara Cacho, quien informa de que «la mujer del mandatario [Gertrude Maseko] se ha hecho socia de la principal organización de albinismo de Malawi y organiza cenas de ?fundraising? para recaudar fondos». Se sigue persiguiendo a los albinos y, muchas veces, las autoridades no tienen los medios suficientes para evitarloOlaz Cacho, responsable de AI sobre África Aún así, «sigue habiendo muchas deficiencias». La responsable de AI cuenta que se sigue persiguiendo a los albinos y que, muchas veces, las autoridades no tienen los medios suficientes para evitarlo. No es raro que se dé un aviso en una aldea y que el coche de policía no pueda acudir porque esté haciendo otra tarea. Tampoco es extraño que no exista una documentación clara y completa a la que recurrir para estudiar estos casos: «No se están registrando informáticamente los delitos; y estos datos tampoco se comparten para que puedan acceder a ellos la Fiscalía y la Policía». La situación empeora si se habla de zonas rurales, donde la vida de los albinos se convierte en un verdadero infierno. En las ciudades, «la gente tiene más acceso a centros médicos, educación, medios de comunicación? está más informada», mientras que en las zonas rurales «está más extendido el prejuicio», vivir tranquilo es más complicado y moverse de un pueblo a otro es, muchas veces, casi una misión imposible. Cacho recuerda que hay casos en los que «una persona que quería acudir a un juicio para testificar pero que no contaba con los suficientes medios para trasladarse, al final, no ha podido ir». Esto refleja que, a pesar de los avances, existe aún un largo camino por recorrer.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Multitudinaria manifestación en Perú para rechazar la violencia de género
Miles de mujeres han manifestado en Lima y las principales ciudades de Perú para rechazar la violencia de género, que este año ha causado ya 59 víctimas mortales por feminicidio. Se trata de la segunda movilización «Ni una menos» organizada en el país por grupos sociales, feministas y colectivos de lesbianas y homosexuales. Los familiares de las mujeres desaparecidas en los últimos años en Lima, así como de las víctimas de la violencia durante el conflicto armado interno de Perú, entre 1980 y 2000, encabezaron la marcha en la capital peruana. Una de las mujeres símbolo de la primera marcha de 2016, Arlette Contreras, abogada que sufrió un intento de feminicidio en la ciudad de Ayacucho, participó también este año en la movilización tras haber sido galardonada en Estados Unidos con el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje. El agresor de Contreras, Adriano Pozo, fue liberado por la justicia a pesar de que su ataque quedó registrado por las cámaras de un hotel de Ayacucho. De enero a junio pasados se registraron 59 feminicidios en Perú, un 11 % más que en el primer semestre de 2016, y 123 tentativas de feminicidio, un número similar al de igual periodo del año pasado, según cifras oficiales. El 68 % de las mujeres peruanas ha sufrido alguna vez de violencia física, psicológica o sexual por parte de sus parejas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadistica e Informática. La marcha de la capital discurrió por varias avenidas del centro de Lima y concluyó en los exteriores del Palacio de Justicia, donde las activistas rechazaron la actuación de los jueces y fiscales ante los 48.489 casos de violencia familiar, sexual y de género registrados en Perú en lo que va de año. Entre las demandas de la movilización se planteó la despenalización del aborto, la promulgación de una ley de identidad de género e igualdad de derechos para las mujeres transexuales, así como el incremento de penas para los casos de feminicidio. Igualmente, el incremento del presupuesto para la prevención y atención de la violencia de género, y sancionar a los responsables de la violencia de género en las localidades de Manta y Vilca, en la región de Huancavelica, durante el conflicto interno. Perú sigue ocupando el tercer lugar entre los paises con mayor índice de casos de violación sexual a nivel mundial, y es a su vez el Estado sudamericano con mayor deserción escolar por embarazo adolescente, afirmaron los organizadores. De enero del 2009 a junio de 2017, se han registrado en su territorio 941 feminicidios, ocho de cada diez víctimas de esclavitud laboral o sexual en Perú son mujeres, y siete de cada 10 mujeres son víctimas de acoso callejero. Los organizadores de la marcha criticaron al colectivo civil y religioso «Con mis hijos no te metas» por fomentar la discriminacion a la mujer y contra la comunidad de lesbianas, gays y transexuales oponiéndose y obstaculizando las iniciativas legislativas a favor de estos grupos. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Choquehuanca, ha participado en la marcha de la ciudad de Arequipa, organizada por organismos sociales y feministas en esa urbe del sur peruano. A propósito de los casos de violencia contra la mujer, la ministra anunció que se descentralizará el Servicio de Atención Urgente (SAU) para atender de manera inmediata los casos graves de agresiones. «Voy a invocar a la empresa privada para poder conseguir más unidades móviles. Es muy importante porque los casos urgentes de violencia no solamente existen en Lima, sino en el Perú entero», indicó. Su colega Marilú Martens, ministra de Educación, afirmó que «la educación que promueve igualdad y respeto es el camino hacia una sociedad más segura y libre, sin violencia ni machismo», en un mensaje en Twitter en solidaridad con la movilización. «Las mujeres, con nuestros trabajo, esfuerzo y coraje, debemos hacernos escuchar cada vez más fuerte #NiUnaMenos», agregó Martens.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Cuatro años sin justicia para los muertos de Rabaa
El 14 de agosto de 2013, miles de personas se concentraban desde hacía 47 días en plazas de El Cairo para protestar contra la asonada militar que en semanas antes depuso al primer presidente elegido democráticamente en Egipto, el islamista Mohamed Morsi. Ese 14 de agosto, las cargas de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes tiñeron de sangre las plazas de Rabaa Al-Adawiya y Nahda: unas 1.000 personas murieron en lo que se convirtió en la peor masacre contra manifestantes civiles en un solo día de la historia reciente. Cuatro años después, ningún oficial de policía ni cargo del Ministerio de Interior o Defensa ha sido siquiera investigado o rendido cuentas por la desproporcionada violencia utilizada para dispersar las sentadas. «Mi hijo Mahmud fue a Rabaa y murió en lo que era una protesta legítima. Muchos jóvenes murieron, y ningún policía de los que dispararon contra gente desarmada ha sido juzgado.. ni va a serlo», lamenta Heba (nombre ficticio) cuatro años después de aquel día de confusión y miedo, en el que las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra los manifestantes. Según Human Rights Watch, al menos 817 personas murieron ese 14 de agosto, aunque la organización admite que las cifras estarían más cerca de las 1.000 víctimas. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad egipcio admite apenas 638 muertes, 595 civiles y 43 oficiales de policía. La carga comenzó a las 6 de la mañana, y para el final del día, Rabaa era un caos de fuego y sangre mientras los muertos se acumulaban en hospitales improvisados en mezquitas o en las calles, a veces con el rostro irreconocible quemado por el fuego. «Busqué a mi hijo al día siguiente. Tuve que ir mirando cara a cara, filas enteras; fue el peor momento de mi vida, una angustia de no saber si lo iba a encontrar, pero también de encontrarlo», explica. Ningún oficial de policía ni cargo de las fuerzas de seguridad ha sido juzgado por los casi 1.000 muertos De aquel día no faltan los testimonios, ni los vídeos, en los que se puede ver a oficiales de policía disparar a hombres desarmados y prender fuego a tiendas, pancartas y cuerpos. «Es una de las masacres contra manifestantes mejor documentadas de la historia: tenemos testimonios de las familias de las víctimas, de los sobrevivientes, los vecinos e incluso, 'off de record', declaraciones de altos cargos de las fuerzas de seguridad que admiten la fuerza desproporcionada, que de hecho "creían que se producirían incuso más muertes"», señala a este diario el coordinador para el Norte de África de HRW, Ahmed Benchemsi. Pese a toda esta evidencia, ningún oficial de policía ha sido investigado o juzgado. Sin embargo, el Gobierno sigue denegando cualquier responsabilidad en la masacre, justificando la actuación de las fuerzas de seguridad y calificando de «normales en la dispersión de una protesta» el número de muertes. Alimentada por los medios de comunicación locales afines al Gobierno encabezado por Abdelfatah Al Sisi tras la asonada militar, la narrativa oficial ha preferido señalar a las víctimas y manifestantes como «terroristas», mientras que la polarización del país en «si criticas al Gobierno eres uno de ellos» dificulta la solidaridad pública con los muertos de Rabaa. Ante las peticiones de decenas de organizaciones internacionales, el gubernamental Consejo Nacional para los Derechos Humanos condujo una investigación en 2015 sobre los sucesos en Rabaa, que concluyó resaltando la idea, sostenida por el Gobierno, de multitud de los manifestantes estaban armados. AI lo niega: «Aunque había personas que llevaban armas ligeras en la plaza (se requisaron apenas una veintena de pistolas tras la evacuación), la mayoría estaban desarmados. Las cifras lo demuestran, no hay proporcionalidad, unos 1.000 manifestantes muertos frente a 40 policías». HRW también critica los resultados del informe, que según Benchemsi se basó enteramente en testimonios de vecinos del área y no contó con las víctimas. Hoy día, la plaza ni siquera se llama Rabaa. En 2015 fue renombrada «plaza Hisham Barakat», en conmemoración del fiscal general que fue asesinado en junio ese mismo año un grupo terrorista. «Quieren borrar la memoria colectiva de que esto fue una masacre, no hay rendición de cuentas ni admisión de responsabilidad, y el Gobierno se refusa a admitir que se actuó desproporcionadamente», dice a ABC el investigador de Amnistía Internacional para Egipto, Ahmed Mohamed. Nuevas violaciones de derechos humanos «Este fracaso de presentar a alguien ante la justicia por la dispersión de las sentadas de Rabaa y Nahda se han convertido en un hecho definitorio que ha abierto la puerta a otras violaciones de los derechos humanos en Egipto, ya que las fuerzas de seguridad saben que no rendirán cuentas ante la justicia: desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales, persecución a las ONG y organizaciones de sociedad civil» asevera Mohamed. Además de la sistemática represión violenta de posteriores protestas contra el Gobierno de Abdelfatah Al Sisi y la detención generalizada de miles de egipcios, se estima que desde 2015 al menos 1.700 personas son «desaparecidos forzosos» , mientras aumentan las denuncias de ejecuciones extrajudiciales documentadas por organizaciones locales. «Todo esto es un legado de Rabaa», sostiene AI. Frente a la impasibilidad del Gobierno ante los abusos de las fuerzas de seguridad, más de 700 personas se enfrentan en un juicio colectivo masivo: el periodista Mahmoud Abou Zeid, más conocido como Shawkan, fue arrestado ese mismo 14 de agosto y desde entonces -junto a otros manifestantes y periodistas- permanece en detención preventiva a la espera de un juicio que ha sido retrasado por enésima vez.