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Noticias de sociedad

01-01-1970 | Fuente: abc.es
El Vaticano rechaza la Constituyente de Maduro por «hipotecar el futuro»
El Vaticano ha expresado este viernes su preocupación y la del Papa Francisco por la situación que vive Venezuela y ha instado al Gobierno de Nicolás Maduro a suspender la Constituyente por fomentar «un clima de tensión» e «hipotecar el futuro». En un comunicado, la Secretaría de Estado del Vaticano ha lamentado la «radicalización y el agravamiento de la crisis» y ha señalado que el Papa «sigue de cerca» esta situación y «sus implicaciones humanitarias, sociales, políticas, económicas e incluso espirituales». «La Santa Sede pide a todos los actores políticos, y en particular al Gobierno, que se asegure el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como también de la vigente Constitución», se lee en la nota. La Secretaría de Estado, dirigida por el cardenal Pietro Parolin, antiguo nuncio en Caracas, ha pedido que «se evite o se suspendan las iniciativas en curso como la nueva Constituyente» pues, ha subrayado, «más que favorecer a la reconciliación y la paz, fomentan un clima de tensión y enfrentamiento e hipotecan el futuro». Asimismo, ha dirigido un «apremiante llamamiento» a toda la sociedad para que «sea evitada toda forma de violencia» y ha invitado «en particular, a las fuerzas de seguridad a abstenerse del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza». Escasez de alimentos y medicinas Dado el «grave sufrimiento del pueblo a causa de las dificultades para obtener alimentos y medicamentos, y por la falta de seguridad», ha pedido que «se creen las condiciones para una solución negociada» en virtud de las recomendaciones que hizo Parolin el pasado diciembre. En una misiva, el purpurado reclamaba al Gobierno la creación de un canal humanitario, el reconocimiento de la Asamblea Nacional, actualmente controlada por la oposición, la liberación de los presos políticos y un calendario electoral. La Asamblea Constituyente, integrada solo por los representantes afines al Gobierno de Nicolás Maduro elegidos en las elecciones del pasado domingo, tiene previsto iniciar sus tareas hoy, a pesar de las denuncias de fraude electoral sobre los comicios. La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) rechazó esta iniciativa del Ejecutivo de Maduro por considerarla «peligrosa para la democracia» y el presidente de los obispos venezolanos, Diego Padrón, alertó que podría derivar en una «dictadura militar». La Constituyente ha sido rechazada por países como México, España, Colombia, Estados Unidos, México, así como por la Unión Europea, mientras que ha sido reconocida por China, Rusia, Cuba, Bolivia o Nicaragua. El Vaticano, que impulsó el pasado año una negociación entre las partes que acabó fracasando, se suma de este modo al grupo de países que reclaman a Maduro que suspenda sus planes constituyentes.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
El Vaticano pide que se suspenda la Asamblea Constituyente de Maduro
La Santa Sede se suma a la estela de los países que piden la suspensión de la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. Así lo expresa a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Estado Vaticana en el que solicita que «se eviten o se suspendan las iniciativas en curso como la nueva Constituyente que, más que favorecer la reconciliación y la paz, fomentan un clima de tensión y enfrentamiento e hipotecan el futuro». Ante la creciente crispación social, la carestía de productos básicos, las detenciones con nocturnidad y alevosía y, sobre todo, las muertes de casi 130 opositores, el Vaticano manifiesta «su profunda preocupación por la radicalización y el agravamiento de la crisis en la República Bolivariana de Venezuela, por el aumento de los muertos, de los heridos y de los detenidos». El Papa Francisco está puntualmente informado de la situación pues la diplomacia vaticana, aunque silenciosa, es un potente aparato de comunicación tanto a través de los nuncios como, sobre todo, del clero local. La Iglesia venezolana, encabezada por sus obispos, ha clamado enérgicamente contra la votación de la Constituyente que tacharon de «inconstitucional, innecesaria, inconveniente y dañina». En constante comunicación con Roma, los prelados venezolanos incluso visitaron al Papa en el mes de mayo para dejar claro que la supuesta divergencia entre ellos y el Pontífice no era más que una maniobra propagandística del gobierno de Maduro. «El gobierno dirá que hemos venido a Roma para conspirar», aseguraba entonces el presidente de los obispos venezolanos, monseñor Diego Padrón. En mayo mostraron al Papa el listado de los fallecidos en la represión de las protestas, -entonces cerca de 70-, y un escandaloso informe de Cáritas sobre la situación de emergencia nutricional de los venezolanos. El comunicado emitido este viernes por la Santa Sede insiste en el hecho de que el Santo Padre cuenta con todos estos datos y está puntualmente informado del devenir de los acontecimientos «y sus implicaciones humanitarias, sociales, políticas, económicas e incluso espirituales». Y también sobre el riesgo para la integridad física de las personas. De ahí que el Vaticano invite, especialmente al gobierno de Maduro, a que «se asegure el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como también de la vigente Constitución». El mensaje de este viernes de la Santa Sede también recuerda que la solución debe ser dialogada y negociada de acuerdo a las condiciones que propuso en una carta firmada por el cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin y remitida el 1 de diciembre de 2016. Tales puntos se cifraban, principalmente, en la excarcelación de los presos políticos, la celebración de elecciones, la devolución de sus competencias a la Asamblea Nacional y la entrada en el país de asistencia sanitaria internacional. El comunicado de este viernes incide en la falta de alimentos, medicamentos y seguridad como un motivo más que suficiente para poner fin a esta situación «teniendo en cuenta el grave sufrimiento del pueblo». Un pueblo que desde abril se ha lanzado a la calle para decir «basta» y que como respuesta ha recibido la fuerza de las armas. Por eso, la Santa Sede hace «un apremiante llamamiento a toda la sociedad para que sea evitada toda forma de violencia» y, sobre todo, recuerda a las Fuerzas del orden que se abstengan «del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza». Ante la gravedad de la situación, el comunicado indica que el Santo Padre reza y que «invita a los fieles de todo el mundo a rezar intensamente por esta intención».
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Maduro agradece el «importante papel de la Guardia Nacional Bolivariana para la paz»
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha agradecido este viernes el «importante papel de la Guardia Nacional Bolivariana para la paz» en el marco del acto en conmemoración del 80 aniversario de la creación de uno de los cuatro componentes de las Fuerzas Armadas venezolanas. Durante el acto, que ha tenido lugar en el complejo militar Fuerte Tiuna, en Caracas, Maduro ha destacado el trabajo del cuerpo militar y ha expresado que este ha realizado una labor «clave» para la paz en el país. Asimismo, ha asegurado que «el pueblo tiene quien lo defienda porque tiene a la Guardia Nacional». El dirigente venezolano ha reconocido la «valentía» de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que «se ha convertido en blanco de las acciones violentas de la oposición», según ha afirmado. Maduro ha asegurado que más de 580 guardias nacionales han sido «víctimas» de ataques con «bombas explosivas, de gasolina, ataques de fusil y francotiradores» por parte de «paramilitares colombianos mandados por la oposición venezolana», según ha recogido el diario local 'El Universal'. «Su único delito ha sido salir a garantizar que las vías públicas están libres, cuidar de los negocios que la derecha mandó a quemar. Salir a resguardar la vida, la paz, la sociedad», ha manifestado. Maduro aprovechó la ocasión para celebrar la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuyas elecciones tuvieron lugar el pasado domingo 30 de julio. «La ANC está instalada. Tenemos constituyente para garantizar el futuro del país. La ANC va ser a la patria como la Guardia Nacional a la paz. Se van a abrir los caminos para que el país se libere de tanto ataque y asedio y pueda transitar décadas de paz», ha subrayado. Según el presidente, la primera acción de la Constituyente será la de establecer una Comisión de la Verdad y la Justicia. Durante el acto fueron condecorados la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maiker Moreno, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y la vice fiscal Katherine Haringhton.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
La Asamblea Nacional Constituyente funcionará durante al menos dos años
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), instalada ayer viernes para redactar una nueva Constitución en Venezuela, aprobó hoy por unanimidad que funcionará durante al menos dos años. El dirigente chavista Diosdado Cabello informó de que esta cámara -integrada por más de 500 representantes únicamente afines al Gobierno- aprobó extender su trabajo durante dos años «siempre y cuando se hayan cumplido las tareas encomendadas, las funciones para las cuales fue nombrada». «Pudiera ser menos, pero no nos vamos a limitar», matizó luego el política oficialista, primer vicepresidente del partido de gobierno, en declaraciones a periodistas durante un receso en la primera sesión de la institución, en el Palacio Federal Legislativo de Caracas. Destacó que las decisiones que se adopten en el seno de la Asamblea Constituyente no deben extrañar a la opinión pública por tratarse de un dictamen emanado de un organismo con poderes ilimitados e incuestionables. Cabello informó de que, por «aclamación y unanimidad», la ANC aprobó en su primer debate retirar del cargo a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, a quien acusa de la impunidad en el país, y designó en su lugar al defensor del pueblo, Tarek William Saab. El miembro de la Constituyente Hermánn Escarrá, quien asesoró al presidente del país, Nicolás Maduro, para impulsar esta iniciativa, aseguró a Efe en junio pasado que el trabajo de la ANC duraría doce meses, según estimaciones del Gobierno. Subrayó que las elecciones presidenciales están previstas para diciembre de 2018 y que estas no podrán ser cambiadas de fecha por mandato constitucional. Escarrá también consideró entonces que, una vez instalada la Asamblea, su trabajo sería «difícil los primeros días» debido a que deberá funcionar bajo el estatuto que rigió el proceso en 1999 -cuando se sancionó la actual Carta Magna- hasta que surja un nuevo esquema de trabajo. Las normas de 1999, explicó el jurista, contemplan que la ANC podrá «limitar, decidir, cesar y sustituir» de sus actividades a los titulares de todos los poderes públicos, pero, consideró, aplicar este apartado «en una sociedad polarizada como esta podría conflictuar más» el escenario político.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Investigan los pagos de Turquía al exasesor de Trump
El teniente coronel Michael T. Flynn, dimitido asesor de Seguridad Nacional del presidente Trump apenas diez días después de su toma de posesión, sigue siendo el primer objetivo de la investigación de la trama rusa. El fiscal especial Robert Mueller ha reclamado a la Casa Blanca documentos relacionados con los presuntos pagos que habría recibido Flynn del Gobierno turco en los últimos meses de la campaña presidencial. El que fuera uno de los asesores favoritos de Trump está bajo la lupa de Mueller como sospechoso de un enriquecimiento ilícito, mediante servicios a empresas aprovechando su condición de asesor en materia de inteligencia y seguridad. La investigación del fiscal especial se centra en el pago de 530.000 dólares que la compañía del exasesor, Flynn Intel Group, recibió del empresario turcoamericano Ekim Alptekin. Se trataba de una contraprestación por la labor de descrédito que la sociedad llevó a cabo en contra de un miembro de la oposición turca en el exilio, acusada de colaborar en el golpe militar de Turquía. Mueller intenta probar que detrás de ese pago estaba el Gobierno turco, encabezado por el presidente Erdogan. El cobro de dinero turco no supondría en principio una ilegalidad, pero se abre la posibilidad a presuntos delitos de felonía, en el caso de su registro como agente extranjero, o fraude, si se demuestra el uso de una empresa privada para ocultar que el dinero procedía de un Gobierno de otro país. La petición de documentos a la Casa Blanca a cargo del responsable del Consejo Especial no supone una reclamación formal, pero pretende dar continuidad al trabajo investigador realizado por agentes del FBI, que han entrevistado a diversos testigos relacionados con el caso. Aunque en este caso las pesquisas se centran en sus relaciones turcas, las múltiples relaciones de Flynn con empresas rusas están en el origen de una investigación que condiciona el mandato de Trump. Su exasesor tiene que responder a preguntas sobre pagos de estas sociedades que todavía están sin aclarar.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Japón se blinda contra la creciente amenaza 
de Corea del Norte y China
Con una treintena de misiles disparados desde el año pasado, Corea del Norte se ha vuelto algo más que un incordio de vecino para Japón, en cuyas aguas cayeron buena parte de dichos proyectiles. Para blindarse contra las constantes provocaciones del joven dictador Kim Jong-un, que ha endurecido su retórica belicista, el Gobierno nipón está reforzando sus sistemas defensivos por tierra, mar y aire. A la amenaza de Pyongyang se suman las tensiones territoriales con China, que reclama las islas Senkaku (Diaoyu en mandarín), y con Corea del Sur, con quien Tokio mantiene un contencioso por los islotes de Dokdo (Takeshima en japonés). Todo ello sin contar la disputa con Rusia por los Territorios del Norte, las cuatro islas en el extremo septentrional de Hokkaido tomadas por las tropas soviéticas cuando reconquistaron el archipiélago de las Kuriles al final de la II Guerra Mundial. Con todos estos frentes abiertos, y en medio del auge de China como superpotencia, el Gobierno nipón lleva aumentando sus gastos militares desde 2012, cuando el primer ministro Shinzo Abe recobró el poder. Para este año fiscal, el presupuesto del Ministerio de Defensa asciende a 4,9 billones de yenes (37.450 millones de euros) sin contar las partidas destinadas a la base estadounidense en la isla de Okinawa. Incluyéndolas, el gasto total alcanza los 5,1 billones de yenes (39.000 millones de euros). Entre los refuerzos de este año, que se entregarán en 2020, destacan la adquisición de seis cazas F-35A, cuatro aparatos V-22 Osprey de despegue vertical y tres aviones de transporte C-2, así como uno de repostaje en el aire (KC-46 A) y seis helicópteros Chinook CH-47 JA para el traslado de tropas y carga. Además de comprar tres aviones no tripulados RQ-4B Global Hawk y ordenar la construcción de un submarino, el ministerio de Defensa tiene previsto dotarse de un dragaminas de la clase Awaji y del tercer barco de vigilancia marina tipo Hibiki. Para protegerse de un ataque en sus islas más lejanas, Tokio comprará once vehículos anfibios AAV7 y nuevos misiles tierra-aire, al tiempo que desplegará un destacamento con entre 500 y 800 soldados en las islas de Amami y Miyako, próximas a las disputadas Senkaku. «Habrá cambios en la organización para mejorar la respuesta rápida y se establecerá la fuerza defensiva aérea del suroeste debido a los problemas en esa zona», explica a ABC Yuya Goto, subdirector de la División de Contabilidad del Ministerio de Defensa, refiriéndose a las disputas territoriales con Pekín. Junto a China, el otro frente es Corea del Norte. Para protegerse de sus misiles, Tokio doblará en 2020 sus cuatro destructores con sistemas de combate «Aegis», que protegen todo el espacio aéreo nipón y son capaces de interceptar los cohetes en mitad del vuelo. Para destruirlos en su fase final, Japón tiene por todo su territorio una veintena de baterías antimisiles Patriot (PAC 3), que aumentará hasta las 28 dentro de tres años. «Serán suficientes para proteger importantes zonas, pero es difícil blindar todo el país», reconoce Yosuke Nagata, subdirector de la Oficina de Política Defensiva. A su juicio, «no hace falta un escudo antimisiles Thaad como el desplegado en Corea del Sur, pero sí nuevas baterías SM-3 Block II A especiales contra cohetes con trayectoria muy vertical», como los dos últimos intercontinentales disparados por Pyongyang. Presión Con capacidad para llegar a EE.UU., dichos proyectiles han demostrado los progresos del programa militar norcoreano, que avanza más rápido de lo que se pensaba pese a las sanciones internacionales. «El lanzamiento del misil intercontinental norcoreano fue alarmante», confiesa un responsable del Ministerio de Exteriores. Aunque asegura que Abe coincide con el nuevo presidente surcoreano, Moon Jae-in, en la necesidad de hablar con Kim Jong-un, deja claro que «no es el momento del diálogo, sino de ejercer más presión sobre Corea del Norte». Pero, dos décadas después de empezar su carrera nuclear, Pyongyang sigue enrocado en su desafío a Occidente. «Con Corea del Norte no hay una solución a la vista, solo opciones», admite Tomohiko Taniguchi, consejero especial del Gobierno Abe. A su juicio, «hay que presionar con sanciones no solo a Corea del Norte, sino también a las empresas y particulares chinos que hacen negocios con el régimen para forzar una reacción en Pekín». A pesar de estas advertencias, las sanciones no están funcionando porque Kim Jong-un ha acelerado su programa militar y la economía ha mejorado sensiblemente en Corea del Norte, donde todo tipo de artículos siguen entrando desde China. «El régimen de Pyongyang es muy habilidoso sorteando las sanciones y sabe manejarse en el mercado ilegal», analiza Katsuhisha Furukawa, quien formó parte de un comité de la ONU para imponer sanciones a Corea del Norte. Para este experto, que sabe que las sanciones son muy difíciles de implementar, «hay que compaginar la presión con la diplomacia», ya que cree que «Pyongyang está listo para el diálogo». Pero critica a EE.UU. «porque no se ha preocupado por este problema en todo el tiempo» e insiste en que «la Administración Trump no tiene forma de hacer presión sobre Kim Jong-un», ya que «en realidad, Corea del Norte es un Estado nuclear desde hace varios años». Frente a la «paciencia estratégica» que pregonaba Obama, Trump empezó su mandato amenazando a Pyongyang con un ataque preventivo, lo que hizo saltar todas las alarmas en Asia. Pero Tetsuo Kotani, investigador del Instituto de Japón de Asuntos Internacionales, aclara que «la opción militar no está sobre la mesa, ni siquiera para Trump». Esgrimiendo estas amenazas, el primer ministro Abe busca una reforma de la Constitución pacifista de Japón que permita a sus Fuerzas de Autodefensa intervenir en el extranjero en ayuda de un aliado incluso aunque el territorio nipón no sea atacado. Mientras buena parte de la sociedad critica que este cambio del Artículo 9 es un paso más hacia el militarismo, Kotani descarta que las tropas niponas vayan a empezar una guerra y reivindica que «Japón debe ser un país normal».
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Duelo diario en las islas Senkaku
Cada día se repite el mismo duelo en alta mar. Tres o cuatro barcos de la Guardia Costera china se acercan a las islas Senkaku, controladas por Japón y reclamadas por el autoritario régimen de Pekín, que las denomina Diaoyu en mandarín. Para que no entren en aguas territoriales niponas, les cortan el paso otras dos o tres patrulleras de la Guardia Costera de Japón. Frente a frente, se pasan el día entero navegando alrededor de las Senkaku, donde el más mínimo incidente podría desatar un choque armado. En poder de Japón desde 1895, cuando fue incorporado a la prefectura de Okinawa, este diminuto archipiélago lo forman cinco islas y tres rocas, todas deshabitadas. Uotsuri, la mayor de ellas con casi cuatro kilómetros cuadrados, acogió desde 1896 hasta 1940 una planta de bonito y plumas de albatros del empresario japonés Tatsuhiro Koga que, en su momento de máxima actividad, llegó a albergar 248 trabajadores y 99 casas. Tras la derrota de Japón en la II Guerra Mundial (1939-1945), las Senkaku quedaron bajo la administración del Ejército de Estados Unidos, al igual que el resto de la prefectura de Okinawa, hasta su devolución a Japón en 1972. Pero, tras un informe de la ONU avisando de «su gran potencial de reservas submarinas de petróleo», Pekín empezó a reclamarlas en la década de los 70 y las ha convertido en una cuestión de orgullo nacional. A 330 kilómetros al este de China y 170 al nordeste de Taiwán, este archipiélago desierto es uno de los principales motivos de confrontación entre Pekín y Tokio, que las administra desde el municipio de Ishigaki, una bonita isla de 50.000 habitadas situada a 170 kilómetros que vive del turismo y la pesca. «Nos gustaría desarrollar las Senkaku para el turismo, con barcos que se acerquen a ellas sin desembarcar, y también llevar a cabo investigaciones científicas», explica a ABC el alcalde, Yoshitaka Nakayama. Aunque pertenece al partido del Gobierno, cree que «Tokio debería ser más fuerte en la reclamación del territorio nacional» y está convencido de que hay petróleo alrededor de las Senkaku. «Como China ha montado plataformas petrolíferas en la línea divisoria, Japón debería hacer lo mismo y explotar sus propios recursos», propone el alcalde. Según una responsable del Ministerio de Exteriores nipón, China tiene ya 16 plataformas en la zona, algunas dentro de las 200 millas náuticas que reclama Japón y otras justo fuera de su zona económica exclusiva. «De doce de ellas salen llamas, lo que indica que podría haber petróleo. Pero Japón no hace lo mismo para no alterar el statu quo», señala la funcionaria. Con esa misión, la Guardia Costera nipona mantiene tres patrulleras vigilando constantemente las Senkaku y otras 13 listas para zarpar en Ishigaki. «Ha habido disputas y escaramuzas en torno a estas islas y se teme que puedan desencadenar un conflicto», alerta Hiroaki Ohdachi, portavoz de la Guardia Costera. Al duelo diario de las patrulleras de ambos países se suma que, hasta julio, 63 barcos chinos habían entrado 17 veces en las doce millas náuticas de Japón. Ahora que se ha levantado la veda en China, Ohdachi teme la llegada masiva de barcos pesqueros chinos protegidos por sus guardacostas, como ocurrió en agosto del año pasado. «Los pescadores chinos son peligrosos porque van armados con arpones y se muestran muy agresivos», denuncia Kokichi Irabu, vicepresidente de la Cooperativa Pesquera de Ishigaki, junto a cinco marineros locales. Sin embargo, su mayor queja es contra un acuerdo de pesca con Taiwán en el que creen que «Japón ha cedido demasiado». Para compensarlos, el Gobierno les apoya con un fondo de 11.000 millones de yenes (84 millones de euros), que se destina entre otras cosas a abonarles diariamente 100.000 yenes (765 euros) a los barcos pesqueros que patrullen mientras faenan, grabando las incursiones de buques extranjeros en las zonas en disputa. «Aunque la situación ha mejorado desde 2014 y Pekín está más centrado ahora en el Mar del Sur de China, hay una posibilidad de que tome las islas si Japón baja la guardia», advierte Akio Takahara, profesor de la Escuela de Derecho y Política de la Universidad de Tokio. Para impedirlo, Japón está reforzando sus islas más remotas. «Cada vez se siente más la amenaza china», asegura Yoshiyuki Toita, secretario general de la Asociación para la Defensa de Yaeyama, grupo civil formado por 120 miembros y 40 empresas que fomenta el reclutamiento en las Fuerzas de Autodefensa. Actualmente, Toita está haciendo campaña a favor de la construcción de un cuartel en Ishigaki que tendría entre 500 y 600 soldados y baterías antimisiles, lo que ha dividido a la sociedad. «Ya hay una base de radares con 150 efectivos en la vecina isla de Yonaguni y el cuartel general estará operativo en Miyako a partir de 2020 con entre 600 y 700 militares», explica Toita. Mientras llegan estos refuerzos, sigue el duelo diario en las disputadas Senkaku.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Detienen a un hombre con un arma en las inmediaciones de la Torre Eiffel
Un hombre en posesión de un arma blanca fue detenido el sábado por la noche después de que intentara burlar los controles de seguridad para entrar en el Torre Eiffel, según ha informado la sociedad que se encarga de la gestión del monumento, la SETE, a través de un comunicado recogido por la prensa francesa. El incidente ocurrió en torno a las 23.30 horas, cuando las fuerzas de seguridad detectaron al sospechoso y «rápidamente le neutralizaron y arrestaron» sin que nadie, incluido el hombre, resultara herido. Pese a ello, las autoridades decidieron evacuar la Torre Eiffel a las 00.30, quince minutos antes de lo que es habitual, para «llevar a cabo un registro completo» y descartar posibles amenazas, de acuerdo con Europa Press. Se da la circunstancia de que anoche el monumento estaba iluminado de forma extraordinaria con los colores del club de fútbol Paris Saint-Germain (PSG) y de la selección brasileña debido a la presentación del futbolista Neymar con ese equipo. Francia está en estado de emergencia desde los atentados perpetrados el 13 de noviembre de 2015 en París, que dejaron más de 130 muertos. En estos años, se han producido nuevos ataques terroristas en suelo francés que han dejado decenas de víctimas.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Polonia estudia exigir nuevas reparaciones a Alemania por la II Guerra Mundial
El partido gobernante en Polonia, la formación nacionalista Ley y Justicia, quiere que Berlín pague nuevas reparaciones por los daños causados por la Alemania nazi durante la II Guerra Mundial, una reclamación que llevaba años olvidada y amenaza con enturbiar las relaciones polacogermanas. La polémica cuestión no ha quedado solo en palabras, sino que la oficina legal del Parlamento polaco se ha puesto manos a la obra y ultima un informe para determinar si existe base jurídica para plantear a Alemania una solicitud de indemnización por los daños causados. Aunque la exigencia no es nueva, días atrás el líder de Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, considerado como el hombre fuerte de Polonia en la sombra, aseguraba que el Gobierno polaco «se está preparando para una histórica contraofensiva», en relación a la exigencia de justicia histórica por la destrucción y el dolor sufridos por Polonia durante la II Guerra Mundial. «Estamos hablando de sumas de dinero enormes, pero también del hecho de que Alemania asuma al fin su responsabilidad por la II Guerra Mundial después», dijo Kaczynski. La demanda ha encontrado apoyo entre la cúpula de Ley y Justicia, y la semana pasada el ministro de Defensa, Antoni Macierewicz, afirmaba en el discurso conmemorativo del Alzamiento de Varsovia contra la ocupación nazi que los alemanes deben «pagar la terrible deuda que tienen con el pueblo polaco». La exigencia de reparación llega cuando se cumplen 73 años del inicio del Levantamiento de Varsovia de 1944, un acto de heroísmo de la resistencia polaca contra los ocupantes nazis que dejó alrededor de 200.000 civiles muertos y la ciudad casi destruida. Quienes respaldan esta demanda recuerdan que Alemania terminó de pagar en 2010 las reparaciones por la I Guerra Mundial a Francia y Bélgica. Sin embargo, y a diferencia de las gravosas reparaciones impuestas a Alemania en el tratado de Versalles de 1919, tras el final de la II Guerra Mundial los países vencedores decidieron exigir a Berlín condiciones menos onerosas, conscientes de que el malestar social causado por la crisis económica y el lastre de las indemnizaciones que generó la I Guerra Mundial fueron determinantes para el surgimiento y auge del nazismo. De hecho, en 1953 se acordó suspender las reparaciones por la II Guerra Mundial, aunque ese acuerdo se alcanzó sin contar con Polonia. Presionada por Moscú, en los cincuenta el Gobierno comunista polaco decidió renunciar a su derecho a exigir más indemnizaciones a Alemania, aunque para gran parte de la sociedad polaca esa renuncia no es válida ya que se hizo por imposición de la Unión Soviética, que quería librar a la recién nacida República Democrática Alemana del yugo económico de las reparaciones por la guerra. Posteriormente, y en un movimiento recíproco, Berlín decidió en 2004 que no apoyaría las demandas de indemnizaciones contra el Gobierno polaco presentadas por alemanes expulsados de Polonia tras la II Guerra Mundial, cuando se produjo un cambio de fronteras entre los dos países por la cual Alemania cedió territorios a Polonia y ésta, a su vez, entregó su franja oriental a la Unión Soviética. Pero para los críticos, el hecho de que precisamente ahora los políticos de Ley y Justicia hayan revivido la vieja demanda de más reparaciones por la guerra busca realmente servir de cortina de humo ante las fuertes críticas de la Unión Europea y Alemania contra el Gobierno polaco por sus polémicas reformas, consideradas como una amenaza para los valores democráticos de este país centroeuropeo. «Los hijos y los nietos de una generación de asesinos (en relación a Alemania) no son quienes para darnos lecciones de democracia», decía días atrás el diputado de Ley y Justicia Bartosz Kownacki, quien echaba así más leña al fuego a la difícil relación que mantienen Bruselas y Berlín con Varsovia desde la victoria en las elecciones de 2015 de Ley y Justicia. Pero lo cierto es que volver a la vieja exigencia de indemnizaciones por guerra no es nada nuevo, y ya en 2007, cuando también gobernaba Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski (entonces primer ministro) exigía cambiar el sistema de votación de la UE para tener en cuenta a los seis millones de polacos que murieron en la II Guerra Mundial. Polonia consideraba que si se cuentan los seis millones de polacos que murieron en esa guerra, provocada por Alemania, la población polaca ascendería hoy a 66 millones de habitantes y no a los 38 millones que el país tiene en la actualidad. De esta manera Varsovia esperaba salir compensada del reparto de votos que se incluyó en el nuevo tratado europeo, aunque finalmente la estrategia no le dio resultado.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
La Constituyente «investigará» a la oposición por los 120 muertos en las calles
La tensión en Venezuela no cesa y el desconcierto aumenta. En el limbo de las interpretaciones sobre la asonada frustrada del domingo, la Asamblea Nacional (Congreso elegido en las urnas) por un lado y la Constituyente por otro, se pusieron manos a la obra en direcciones opuestas. Los primeros para exigir explicaciones al actual escenario de confusión (militar) y, de paso, defender su espacio y atribuciones. Los segundos (en poder los primeros) se citaron para, entre cosas, «instalar la Comisión de la Verdad» que determinará la responsabilidad de los más de 120 muertos registrados desde abril en las manifestaciones. La Comisión de la Verdad podría convertirse en la espada de Damocles de la oposición a tenor del discurso oficial. El Gobierno ha apuntado en reiteradas ocasiones a la MUD (Mesa de Unidad Democrática) como la culpable de las víctimas mortales. Con matices esos fueron los argumentos que utilizaron para procesar y condenar a casi 14 años de prisión a Leopoldo López, de regreso en su casa desde el domingo. En esa Comisión pueden estar puestas las esperanzas del Gobierno para desactivar las candidaturas de los opositores más populares que concurran a las elecciones regionales que, presuntamente, se celebrarán en diciembre. Por la vía de la cárcel o de la inhabilitación, la oposición sospecha que Maduro intentará anularlos. «Si sucede -insiste Henrique Capriles- pondremos a otros candidatos y si siguen en la misma línea otros y así sucesivamente aunque tengamos que buscarlos en la calle». El gobernador de Miranda está convencido, como buena parte de la MUD, de que no se puede regalar el poder regional al Gobierno. «Además -añade- si nosotros concurrimos seguro que no se celebran pero si no lo hacemos se hacen fijo». El consenso en la MUD para presentarse a esas elecciones se impuso en las últimas horas. Aunque, algunos versos libres como María Corina Machado (Vente Venezuela) y otros grupos minoritarios, se resisten a lo que consideran «una traición» imperdonable después del fraude de la constituyente. Con vía libre para hacerse con el control de la Fiscalía General, Tarek William, el sustituto de Luisa Ortega Díaz, se acomodó en las instalaciones con los fiscales que fue reclutando en la sombra desde su nombramiento. El «desplazamiento» de Ortega, la exfiscal general destituida por la Constituyente (no reconoce su cese), volvió a abrir la caja de los truenos de las reacciones internacionales. La Unión Europea advirtió, a través de Federica Mogherini, que ese tipo de decisiones dificulta la vuelta pacifica al orden democrático en Venezuela. En un comunicado, recordó que la imposición de la Constituyente «ha incrementado la polarización de una sociedad muy dividida». Los diputados que, de momento, conviven con los constituyentes, se reunieron en la «Comisión consultiva» y determinaron continuar con las sesiones en periodo estival. Stalin González, jefe de la bancada parlamentaria de la MUD, aseguró que no se interrumpirá el periodo de sesiones legislativas.