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Noticias de protestas sociales

20-12-2021 | Fuente: abc.es
Chile arriesga con Boric el mejor cuadro macroeconómico de Sudamérica
El Gobierno del conservador Sebastián Piñera traspasará el poder a la izquierda dejando Chile en las mejores condiciones macroeconómicas de los países de su entorno: las estimaciones del FMI le señalan como el de mayor crecimiento económico de Latinoamérica en 2021. El temor a que eso sea puesto en riesgo por el presidente electo, Gabriel Boric, que llega a la presidencia del brazo del Partido Comunista, no ha servido para inclinar finalmente la balanza a favor del derechista José Antonio Kast. El alza del precio del cobre, producto que supone la mitad de las exportaciones de Chile, explica parte de la rápida recuperación chilena tras la crisis por la pandemia y eso no depende precisamente del color del Gobierno. Sin embargo, las políticas económicas que inicialmente prometió Boric suponen un cambio estructural respecto al modelo económico ?exitoso en gran medida? vivido por el país en los últimos cincuenta años. De partida, Boric se encuentra en minoría en el Parlamento: coincidiendo con la primera vuelta presidencial, en las legislativas de noviembre su coalición electoral obtuvo 4 senadores y 37 diputados, frente a los 13 senadores y 68 diputados de la derecha. Serán los parlamentarios que se encuentran «en medio» ?democristianos y socialdemócratas (8 senadores y 37 diputados)? los que deberán permitir o obstaculizar las reformas de Boric. Aunque en la segunda vuelta de las presidenciales pidieron el voto para el candidato procedente de la extrema izquierda y previsiblemente se inclinarán por reformas sociales que se creen exigidas por las protestas sociales de 2019, apoyar un completo giro de modelo económico iría en contra de lo que defendieron cuando ellos estuvieron en el Palacio de la Moneda. No obstante, dada la reestructuración política que está viviendo Chile, caben redefiniciones de las coaliciones existentes. Si damos por válida la expresión «es la economía, estúpido», puede imaginarse una creciente incomodidad de Boric respecto a sus compañeros comunistas y un acercamiento mutuo con el ala izquierda de los partidos que, sin estar integrados en su coalición, pidieron el voto por él. Pero eso puede ocurrir en un marco de inestabilidad política, en un contexto además de elaboración de una nueva Constitución cuya aprobación sigue siendo incierta. Alabanza del FMI Chile tuvo una caída del PIB en 2020 del 5,8%, menor que el resto de los países latinoamericanos salvo Brasil y Paraguay. El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que en 2021 habrá experimentado el mayor crecimiento, que será del 11%. El paro registrado, que alcanzó el 10,8% en 2020, puede haber descendido en 2021 al 9,1% y en 2022 bajar al 7,4%, una tasa similar a la que existía antes de la pandemia. El déficit público, que por los paquetes de rescate sociales llegó en 2020 al 7,3% del PIB y en 2021 a un estimado 8,1%, se habrá reducido al 1,8% en 2022, si la nueva variante de Covid-19 no rompe las previsiones. La deuda pública, aunque se ha elevado como en todos los países del entorno, llegando al 61,2% del PIB este año y al 64,1% el próximo, previsiblemente comenzará a descender a partir de entonces. En su último informe sobre Chile, de principios de diciembre, el FMI destacó que los «shocks gemelos» de los disturbios sociales de finales de 2019 y la crisis provocada por el Covid-19 fueron «hábilmente manejados, gracias a respuestas masivas y bien coordinadas en materia de supervisión y política fiscal, así como a un apoyo de liquidez sin precedentes por parte del Banco Central de Chile».
06-12-2021 | Fuente: abc.es
Once menores cubanos, acusados de sedición por participar en el 11-J
De los al menos 44 menores de 18 años que resultaron detenidos por participar en las protestas sociales del 11 de julio (11-J) en Cuba, catorce continúan en prisión; de ellos, once se enfrentan cargos de ?sedición? y altas peticiones fiscales, según ha denunciado la ONG Cubalex. Otros nueve menores de edad se encuentran en espera de juicio bajo medidas cautelares de libertad bajo fianza o reclusión domiciliaria, según notificó el grupo de trabajo ?Justicia 11-J?. Además de ?sedición?, se les imputan, indistintamente, los delitos de ?desórdenes públicos?, ?atentado?, ?hurto?, ?instigación a delinquir?, ?desacato? y ?sabotaje?. Las peticiones fiscales oscilan entre los cuatro y los 23 años de privación de libertad. El grupo de trabajo, en el que se incluyen periodistas, activistas y abogados, informó además que, desde el 11-J, 29 menores de edad han sido excarcelados, resaltando los casos de Amanda Hernández Celaya, Gabriela Zequeira y Katherine Martín quienes, con apenas 17 años, fueron procesadas en juicios sumarios, resultando la primera absuelta, y las otras dos condenadas a un año de privación de libertad, medida que fue cambiada en apelación a trabajo correccional. En los últimos meses, bajo la etiqueta #LibertadParaLosNiñosDel11J, se ha desarrollado una amplia campaña de denuncia y visibilización en redes sociales. Ello ha llamado la atención del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef); el 19 de noviembre la organización manifestó, a través de Twitter, su preocupación «por los presuntos casos de detenciones de niños y niñas en Cuba» e hizo «un llamamiento a las autoridades cubanas para que proporcione información adicional verificada sobre los niños y niñas presuntamente en esta situación». Asimismo, señaló la importancia de poner fin a la detención de los niños en el mundo, «incluso mediante reformas legales para elevar la edad de responsabilidad penal». Aunque la edad de responsabilidad penal en Cuba es a partir de los 16 años de edad, según lo establecido en el Código Penal cubano, al menos dos de los menores que continúan tras las rejas tienen 15 años de edad. Se trata de Leosvani Giménez Guzmán y Rubén Alejandro Parra Ricardo, cuyas peticiones fiscales se desconocen. Por vestir de blanco ?Justicia 11-J? resalta igualmente el caso de Reniel Rodríguez González, joven de 15 años que fue detenido e internado varios días en la Escuela de Formación Integral (EFI), en Matanzas, un centro de reeducación para menores con «problemas de conducta». En su caso, este problema surgió a raíz de su salida a las calles vestido de blanco el 15 de noviembre (15-N), sumándose de esta manera a la convocatoria de la Marcha Cívica por el Cambio hecha por el grupo Archipiélago. Más de seis meses después de las protestas del 11-J, el régimen cubano no ha proporcionado la cifra oficial de detenidos ni procesados. La ONG Cubalex reporta 1.292 personas detenidas, de las cuales al menos 673 continúan retenidas, 91 han sido puestas en libertad con multas, 314 tienen peticiones fiscales de entre 1 y 30 años de privación de libertad (122 por cargos de sedición), y 24 han sido ya procesadas en juicios ordinarios. Hasta el mes de agosto, según cifras oficiales, otras 67 personas habían sido condenadas en juicios sumarios. Cubalex ha denunciado además las pésimas condiciones en las que viven las personas privadas de libertad en Cuba: alimentos descompuestos, golpizas, reclusos durmiendo en el piso, sometimiento por parte de otros reclusos, tortura, condiciones precarias de higiene, obligados a gritar consignas del gobierno, falta de asistencia médica adecuada y violaciones sistemáticas de derechos. Por su parte, la organización Prisoners Defenders estima entre 6.000 y 8.000 los ciudadanos cubanos que resultaron arrestados tras el 11-J en la isla.
21-09-2021 | Fuente: elmundo.es
El ex secretario de organización de Podemos desafía al Tribunal Supremo: "Este proceso no va a finalizar aquí"
Sostiene que ha vivido un "calvario judicial" debido a que la Policía "criminaliza" las protestas sociales en nuestro país. 
23-07-2021 | Fuente: abc.es
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia la represión en Cuba y pide a la UE sanciones individuales
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha denunciado la represión que se está viviendo en la isla. Alejandro González Raga, director ejecutivo de OCDH, ha empezado su intervención denunciando al régimen y ha explicado que las autoridades cubanas solo han reconocido una víctima durante las protestas. Asimismo, ha declarado que la situación es insostenible y ha defendido el derecho a manifestarse. «Los cubanos pedían reclamos que el propio Gobierno debería haber garantizado. Sin embargo, ordenó la caza de las personas que participaron en las protestas, usando además todos los instrumentos disponibles de represión ya que incluso ha llegado a estrenar nueva tecnología para conseguir reprimir a los cubanos». El director también ha informado de que los manifestantes detenidos han sido llevados a cárceles que no estaban siendo utilizadas y que se han abierto y se han habilitado específicamente para esto. González Raga cifra las personas detenidas en las protestas en 757, según ha podido recoger el OCDH hasta esta madrugada. De ellas, 600 son hombres y 157 mujeres, además de 13 menores que se han podido documentar hasta ahora. Asimismo, Raga hace hincapié en que hay que tener en cuenta que estas cifras se han recabado en medio de apagones digitales. «Se están juzgando a personas por delitos como la transmisión de la epidemia» El miembro de OCDH ha informado de que todas las personas que han sido juzgadas en el marco de las protestas sociales en La Habana han sido detenidas por delitos contra el orden público. «Pero también se están juzgando a personas por delitos como la transmisión de la epidemia», denuncia Raga, y explica que «el gobierno también ha convocado marchas que en nada se diferencian de las que hicieron estas personas, pero a ellos no se les está juzgando». «El gobierno sigue reprimiendo, sigue encarcelando y sigue deteniendo a personas sin especificar su destino. Esto es desaparición forzosa porque no se está informando a los familiares donde están las personas, ni porque están detenidas. Esto es tortura, detencion arbitraria y desaparicion forzosa» , ha finalizado el director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. «Nosotros esperamos de la UE, en especial del señor Borrell, que esté a la altura de las circunstancias» Yaxys Cires, director de Estrategias de OCDH, ha aclarado que detrás de las protestas no hay ninguna potencia extranjera: «La causa de las protestas es el fracaso político, económico y social de un régimen que lleva más de 60 años. La gente no salió a protestar contra la política de otro país. Protestaron porque querían derechos y medicamentos. Se están quejando del transporte público, pero también se quejan porque quieren cambios políticos». Cires ha querido destacar que la palabra que más se repitió en las protestas fue «libertad». También afirma que los cubanos pidieron «claramente un cambio de régimen político». Asimismo, Cires hace un llamamiento a la Unión Europea. «Nosotros esperamos de la UE, en especial del señor Borrell, que esté a la altura de las circunstancias porque, lamentablemente, las declaraciones no lo han estado». También ha pedido a la Comisión que siga el ejemplo de EE.UU. e imponga sanciones individuales: «La comisión, y en especial Borrell, debe condenar de manera clara la represión del régimen, de hecho, no debe descartar la imposición de sanciones individuales para violadores de derechos humanos. Aquellos que torturen a los cubanos deben estar sujetos a sanciones individuales por parte de la UE, como anunció ayer EE.UU.» y ha solicitado a la UE que pida «una transición hacia la democracia. El pueblo pidió un cambio político y la élite cubana no escucha al pueblo, por ello la UE debe reclamar una transición hacia un régimen de derechos humanos». El papel de las mujeres en Cuba Elena Larrinaga, de la plataforma Red Femenina de Cuba, ha denunciado en este mismo acto que la violencia institucional sigue golpeando a las familias cubanas. «El papel de la mujer ha sido muy difícil, la crisis económica, política y social es responsabilidad directa del gobierno». «A pesar de la represión, de la violencia, nosotras, las mujeres cubanas, somos contrarias a la violencia» Asimismo, ha querido hacer hincapié en la fortaleza de las mujeres cubanas, que por primera vez les han dicho a sus hijos que «salgan a la calle porque nosotras no hemos sido capaces de darles un mundo mejor» y ha leído una carta que les han hecho llegar desde Cuba: «A pesar de la represión, de la violencia, nosotras, las mujeres cubanas, somos contrarias a la violencia. Queremos una transición. Seguiremos luchando para que el pueblo cubano salga de esta crisis». En busca de apoyo internacional, Larrinaga también ha declarado que la pelea cubana es desigual y ha denunciado que hay fuerzas externas que buscan que la situación se mantenga sin cambios: «No peleamos solo contra el Gobierno cubano. Nuestra lucha es doblemente grave: luchamos contra el gobierno y contra las fuerzas externas que no quieren que todo esto cambie. Necesitamos apoyo internacional para que esto cambie. Es lo único que queremos de los países del mundo: el apoyo y el reconocimiento a nuestros derechos. Con un cordón sanitario ganaríamos muchísimo». Respuesta ante las declaraciones internacionales Finalmente, y en referencia a las posiciones internacionales sobre la crisis cubana, Elena Larrinaga ha querido advertir de la situación actual. «Los partidos socialistas europeos se equivocan en no condenar el régimen de Cuba como una dictadura. Detrás de estos medios de apoyo hay otros intereses. El gobierno debe mirar por el déficit que tiene Cuba con España, es entendible. Pero esa no es la vía. No van a conseguir nada porque el gobierno cubano está quebrado». «El Covid fue la gota que colmó el vaso, aunque el vaso ya estaba lleno» Alejandro Gónzalez advierte de que Pedro Sánchez conoce la situación de Cuba y ve como «una tomadura de pelo» que el presidente defienda que esto es un problema que surge del Covid-19. «El Covid fue la gota que colmó el vaso, aunque el vaso ya estaba lleno. Hay una serie de cosas en cuba que Sanchez las conoce, que Sánchez diga «que esto es el problema del covid» es una tomadura de pelo. Es cuestión de una pandemia, sí, la pandemia del gobierno cubano».Larrinaga complementa las declaraciones del director y defiende que «el sistema falló»e insta a recordar que la crisis sanitaria «ha llegado a todo el mundo». Yaxys Cires ha hecho un llamamiento a Pedro Sánchez, que debe escoger entre la élite que lleva en el poder 60 años o «una nueva generación de cubano que es la cuba del presente y la del futuro». Independencia judicial: Alejandro González ha informado de que ya se han juzgado diez casos sin derecho a defensa. «Tenemos un abogado en Cuba que nos informa de que tener un letrado de oficio es como no tener abogado». Asimismo, y para entender la situación judicial de la isla, ha explicado que «el que te acusa, el que te defiende y el que te mete preso es la misma cosa» y ha declarado que las sentencias no se pueden evitar. «Nosotros no podemos hacer nada, los sancionaran un año -lo acordado por el régimen- los defienda quien lo defienda. Yo estuve preso cinco años en cuba, esto funciona así» Yaxys Cires denuncia que el derecho más violado en Cuba «es el de tener un proceso judicial con garantías». En este caso concreto, esto se agrava porque el régimen está aplicando un procedimiento penal que se conoce como ?atestado directo?, «que incluso Naciones Unidas y el propio Tribunal Supremo del régimen han advertido sobre las pocas garantías que tiene». Cires explica que este procedimiento permite que la persona sea enviada al tribunal sin conocer de qué se le acusa, sin un abogado preparado -ya que incluso llegan a tener acceso al expediente tan solo 20 minutos antes de que sean juzgados- y con testigos inventados a falta de pruebas reales. El director de Estrategia de OCDH ha recordado que «es un absurdo llevar a una joven por haber gritado Patria y Vida. Lo que están haciendo desde el punto jurídico es indignante». «Los policías nos llamaban gusanos solo por manifestarnos pacíficamente. Se reían de ti» Un abogado que ejerce en la isla, cuya identidad es desconocida para evitar las represalias del régimen, ha informado a Alejandro González de que hoy serán los juicios sumarios en la sala especial donde se llevan a cabo los procesos por delitos contra la Seguridad del Estado. El abogado ha confirmado que este lunes se hicieron dos juicios, uno a 12 personas y otro a 3, lo que significa que se están produciendo juicios masivos. El abogado le escribe que «al que pillen indagando, lo meten preso». Para entender la gravedad de la situación, el director ha compartido un audio de un detenido por el régimen cubano a causa de las manifestaciones en el que se pueden oír sus declaraciones: «Había mucha gente vestida de militar, con perros, nos pasaban a un pasillo y luego a un cuarto donde nos pusieron frente a la pared, hombro con hombro con otros detenidos. Los policías nos llamaban gusanos solo por manifestarnos pacíficamente. Se reían de ti, recibimos muchas ofensas, te golpeaban, se reían si llorabas, si te meabas. No te enteras cuando te llevan a otro sitio porque te dan un golpe en la cabeza». Elena Larrinaga ha denunciado que «los testimonios de los detenidos son desgarradores, solo se ven en las películas» y ha denunciado que el régimen está «sacando a los menores -en Cuba la mayoría de edad está fijada en los 16 años- de sus casas, obligados, para que den golpes a su propios vecinos. El gobierno cubano está en guerra con su pueblo», ha sentenciado.
13-07-2021 | Fuente: abc.es
¿De dónde viene la crisis económica de Cuba?
Algunos analistas atribuyen las protestas sociales que han sacudido Cuba desde el día 11 a un «cóctel de factores» integrado, entre otros, por la transición post-castrista en el gobierno, el avance de la pandemia y la crisis económica que atraviesa el país. Sin restar importancia a los dos primeros factores, que la tienen y son de responsabilidad directa del gobierno, la crisis económica que atraviesa el país podría dar lugar a una interpretación inexacta de lo que está ocurriendo en Cuba. Porque en efecto, hay una crisis económica grave, profunda e intensa que comenzó a finales de 2019 cuando los ingresos por el turismo flexionaron a la baja fruto de una pésima política turística. También algunos pensamos que la crisis arrancó de 2016, cuando Venezuela dejó de enviar los suministros acordados con el régimen comunista cubano. Incluso, la crisis provocada por la pandemia a lo largo de 2020 dejó a Cuba sin divisas por el descenso simultáneo del turismo, las inversiones extranjeras y las exportaciones. En cierto modo, el país vive en crisis económica desde hace un lustro. Sin embargo, la actual se muestra intensa y compleja, y su origen en 2021 se tiene que identificar con la aplicación de la denominada Tarea Ordenamiento, una «aventura» del régimen comunista, tal vez la última, que le ha salido francamente mal. La crisis económica que vive Cuba, y que ha sacado a la gente a protestar en las calles, arranca del 1 de enero, cuando el gobierno acordó el comienzo de la Tarea Ordenamiento con la unificación monetaria y cambiaria de las dos monedas que venían funcionando en la Isla hasta entonces. Y no conformes con ello, aplicaron una serie de medidas poco relacionadas entre sí, como una severa reducción a las gratuidades y subsidios, un incremento de los salarios sin referente en la productividad y permitieron una cierta flexibilidad en la fijación de precios. Los resultados se sintieron de forma inmediata. El tipo de cambio del peso cubano con el dólar y las principales divisas se derrumbó, a pesar de la devaluación en el sector empresarial de un 2.300% una de las más intensas de la historia económica mundial. Sin embargo, las exportaciones no repuntaron al alza, ni siquiera las realizadas por los emprendedores privados. Después, apareció la inflación, según algunos analistas, de tres dígitos que arrastró a la baja las ganancias salariales, empobreciendo a la población como nunca antes. La producción agroalimentaria se derrumbó, vaciando los comercios. La crisis económica no ha surgido de forma espontánea, sino que, en el caso de Cuba, viene como consecuencia de la Tarea Ordenamiento, que fue un empeño político e ideológico comunista por adoptar acuerdos que se tenían que llevar cumplidos al congreso. Sin tener en cuenta la coyuntura, ni las necesidades del país. Se endurecieron las condiciones de vida, más todavía de lo que estaban, y la gente reaccionó. Así de fácil. Este estallido social se venía anticipando desde el mes de enero.
13-07-2021 | Fuente: abc.es
El asesinato de Moise y la Operación Gedeón contra Maduro: semejanzas y diferencias
Con un año de diferencia, dos operaciones armadas ?integradas cada una por una veintena de exsoldados de un país sudamericano y dos estadounidenses, partiendo en ambos casos desde Colombia? han tenido como objetivo eliminar a un presidente caribeño. El 3 y 4 de mayo de 2020, la Operación Gedeón fracasó en las costas de Venezuela, lejos del Palacio de Miraflores, residencia de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El 7 de julio de 2021, un comando de mercenarios asesinó en la sede presidencial de Puerto Príncipe a Jovenel Moïse e hirió de gravedad a su mujer. ¿Por qué una conspiración logró cumplir su propósito y la otra no? Sobre los sucesos en Haití siguen existiendo incógnitas importantes. Diríase, no obstante, que tuvo que darse la implicación de algún agente dentro del sistema de poder haitiano. Un haitiano adinerado con residencia intermitente en Miami y con aspiraciones presidenciales ha sido detenido en Puerto Príncipe, pero además este habría necesitado cómplices bien situados en la capital. Aquí radicaría la clave para el distinto resultado de ambas operaciones. Mientras en Haití, posiblemente hubo una infiltración en el entorno presidencial, en Venezuela fue el régimen el que infiltró a sus hombres entre los conspiradores. En el primer caso, el objetivo podía malograrse por algún contratiempo, pero en el segundo nunca hubo posibilidad de éxito. No obstante, seguro que Maduro ha tomado buena nota de lo ocurrido en Haití. La guardia personal de Maduro es cubana Cuando primero Hugo Chávez y después Maduro decidieron entregar su seguridad personal a los cubanos lo que querían evitar era precisamente algo como lo sucedido en Puerto Príncipe. No solo los cubanos constituyen un anillo hermético imposible de horadar por parte de algún agente contrario a La Habana, sino que, dada una situación de ataque, su resistencia se supone que sería más eficaz que la presentada por el retén de Moise. Algunas conjeturas apuntan a la posibilidad de que fuera la guardia presidencial, o elementos de ella, la que se encargó del magnicidio haitiano, en cuya ejecución el comando de mercenarios podía haber tenido solo una función de tapadera. Algunos mensajes previos a las familias de los 26 colombianos que participaron, la mayor parte de ellos exmilitares, junto con dos estadounidenses de origen haitiano, parecen aludir a un engaño: que fueron a una misión no secreta y de pronto se vieron implicados en una acción que no se les había explicado. En cualquier caso, ya en febrero se produjo una situación semejante, días después de que estallaran revueltas callejeras pidiendo la dimisión de Moise. Media docena de mercenarios llegó de Estados Unidos ?dos antiguos miembros de los Navy Seal, un antiguo contratista de la empresa de seguridad Blackwater y dos serbios residentes en EE.UU.? atendiendo una llamada presidencial: debían acudir al Banco Central para custodiar a un ayudante de Moise mientras realizaba una transferencia electrónica de 80 millones de dólares desde una cuenta pública relacionada con Petrocaribe (la sociedad venezolana que sirve petróleo a sus vecinos a un mínimo interés) a otra cuenta a la que solo tenía acceso el presidente. Moise justificaba la transferencia por el desacuerdo con el uso de los fondos con su entonces primer ministro. Cuando trascendió públicamente la presencia de ese comando, sus integrantes fueron detenidos, pero enseguida lograron volver a EE.UU., donde explicaron que el propio entorno de Moise los había contratado. El presidente negó cualquier implicación, pero la rápida puesta en libertad de los hombres apunta en esa dirección (ahondando además las sospechas de corrupción con los fondos de Petrocaribe). Nacionales infiltrados En esos dos operativos, en febrero y ahora en julio, parece seguirse un patrón similar: alguien con cierto poder en Haití quiere hacer un trabajo sucio y encarga la operación a un comando de mercenarios extranjeros. Esa alta conexión puede explicar que los mercenarios pudieran entrar en el país sin problemas, quizás también con las armas. En febrero lo hicieron directamente desde EE.UU., y ahora en vuelos fraccionados (parte del comando desde Florida y parte haciendo la ruta Bogotá-Ciudad de Panamá-Santo Domingo-Puerto Príncipe) que probablemente buscaban cierto camuflaje, pero una vez en la capital haitiana se alojaron sin problemas en el barrio de villas donde se encuentra la residencia presidencial. La Operación Gedeón, al no contar con ninguna conexión de poder en Venezuela, tuvo el problema de cómo penetrar en el país. Compuesto por unos 23 venezolanos y dos estadounidenses, al grupo le era complicado entrar en Venezuela sin levantar sospechas, tratándose en su mayoría de militares prófugos. De ahí que estos evitaran los puestos fronterizos e intentaran llegar en botes a puntos discretos de la costa (en Macuto y Chuao). Infiltrados durante los preparativos, pues públicamente era conocido que militares venezolanos que habían salido de Venezuela se entrenaban en Colombia, los combatientes fueron sorprendidos incluso antes de tocar tierra: ocho de ellos murieron y 17 fueron detenidos. Las bandas armadas se vuelven contra el régimen Moise ha muerto cuando sus pasos políticos permitían a la oposición compararlo con Maduro, pues en 2016 había ganado unas elecciones consideradas por muchos como fraudulentas, desde hacía más de un año estaba gobernando sin el Parlamento y estaba promoviendo una nueva Constitución con la que podía aspirar a seguir teniendo el poder. En cualquier caso, entre los rasgos parecidos de Moise y Maduro está el uso de las bandas callejeras armadas, que tanto uno como el otro han usado en momentos decisivos. En el caso venezolano, el chavismo ha utilizado a los «colectivos» para amedrentar a la oposición y confrontar las manifestaciones ciudadanas. En Haití, el asesinado presidente logró cierto pacto con la organización conocida como «G9 y Familia», que presuntamente aseguró votos para Moise y ha enfrentado algunas protestas sociales. Pero la paz del Gobierno haitiano con la organización liderada por el pandillero Jimmy Chérizier, alias «Barbacoa», se había roto y los actos violentos en la capital, ya normalmente altos, se habían disparado las últimas semanas. En Venezuela, Maduro se encuentra estos días en una lucha directa con varias bandas. Después de haber enviado al Ejército a combatir una de las guerrillas colombianas que antes protegía, ahora Maduro ha enviado tanques contra la banda del «Koki», que domina la zona de Caracas conocida como Cota 905; además ha ofrecido altas recompensas por varios cabecillas de colectivos.
23-10-2020 | Fuente: abc.es
Hariri vuelve a ser designado primer ministro libanés un año después de su dimisión
Después de un año de fuertes protestas sociales para exigir cambios en el sistema y de una explosión que dejó doscientos muertos y destrozó medio Beirut, los partidos libaneses volvieron a respaldar a Saad Hariri como nuevo primer ministro. El mismo líder que tuvo que dejar el poder ante la ira de las calles el pasado octubre, regresa en un contexto político y económico más complicado que el que le obligó a marcharse, con la moneda hundida y la inflación y el desempleo disparados. «Trabajaré para formar un gobierno lo antes posible porque se nos acaba el tiempo, y esta es la única y última oportunidad para el país», declaró Hariri a los medios tras conocer su designación. La urgencia se basa en la necesidad de poner en marcha las reformas financieras exigidas por la comunidad internacional para ayudar al país a salir de la crisis, y su plan pasa por buscar ministros de un perfil técnico, no político, capaces de llevar adelante los cambios. El líder de la comunidad suní libanesa obtuvo el voto de 65 de los 120 diputados, y, a sus 50 años, si logra formar gobierno, afrontará su cuarto mandato al frente del Ejecutivo desde que diera el salto a la política en 2009, tras el asesinato de su padre. «Digo a los libaneses, que están desesperados por la dureza de la situación, que me comprometo a trabajar para frenar el colapso que amenaza a nuestra economía, sociedad y seguridad», fue el primer mensaje de Hariri a una población resignada a ver siempre las mismas caras. Esa resignación se convirtió en impotencia entre los activistas que se alzaron en octubre de 2019 y que ven a Hariri como «el clímax de la contrarrevolución. Representa todo contra lo que nos levantamos: es un pilar del sistema, un multimillonario vinculado a los bancos y los intereses extranjeros y un símbolo de la ineficiencia y la corrupción», según las declaraciones de Nizar Hassan, miembro del grupo independiente Li Haqqi, a la cadena Al Jazeera. La calle respondió con indiferencia, no hubo movilizaciones de protesta. Silencio e impotencia ante una situación gatopardiana en la que nada cambia pese a la grave situación que sufre el país. Fracasos de Diab y Abib En el sistema sectario que rige en Líbano desde el final de la guerra civil, el presidente del país es un cristiano; el jefe del Parlamento, un musulmán chií, y el primer ministro debe ser musulmán suní. Desde el mismo día de su dimisión, el nombre de Hariri estaba sobre la mesa, pero en estos doce meses Líbano ha conocido otro primer ministro, Hassan Diab , y un candidato como Mustafa Adib, ex embajador en Alemania, que fue incapaz de formar gobierno. Diab presentó su dimisión tras la brutal explosión en el puerto del 4 de agosto. Llegó al poder con la promesa de cambios y de acabar con la corrupción, y terminó abandonado el cargo ante el shock causado por la explosión. Tanto él, como el presidente, Michel Aoun , sabían que en el almacén 12 del puerto se guardaban 2.700 toneladas de nitrato de amonio, pero no hicieron nada para llevar esa mercancía a un lugar seguro.
22-10-2020 | Fuente: abc.es
Los sondeos prevén el apoyo a una nueva Constitución en Chile, con participación ciudadana
Miles de pequeños actos a lo largo de Chile cerraron este jueves la campaña electoral para el plebiscito del domingo próximo, cuando casi quince millones de electores concurrirán a las urnas para decidir el destino de la Constitución vigente desde hace 40 años, cuando fue promulgada por el régimen dictatorial de Augusto Pinochet. Las manifestaciones más vistosas, masivas y extendidas geográficamente fueron las que apoyan la opción «Apruebo», en la que se agrupa toda la oposición al Gobierno de Sebastián Piñera, y parte de los ministros integrantes del gabinete del gobernante, así como sectores de todos los partidos oficialistas, incluidos parlamentarios y alcaldes, como el más probable candidato de las derechas, Joaquín Lavín. La oposición a Piñera es un amplio arco de partidos que gobernaron la transición con presidentes como los demócratas cristianos Patricio Aylwin y Eduardo Frei, y los socialdemócratas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, al que se han sumado el Partido Comunista y el izquierdista Frente Amplio. Pero es una oposición dividida que durante esta campaña se organizó en cuatro comandos, que solo acordaron tener veedores (apoderados) en las casi 45.000 mesas de votación a la lo largo del país. Hubo solo un acto unificado: este jueves todos los comandos por el «Apruebo» realizaron un «banderazo» frente al palacio presidencial de La Moneda. La derecha, dividida La derecha gobernante, en tanto, se dividió la misma noche del 15 de noviembre del año pasado, cuando un sector intentó una férrea defensa de la Constitución vigente, mientras se imponía en los hechos el sector que «entregó» la Carta Magna de Pinochet como medio para aplacar las protestas sociales y la violencia en las calles que comenzaron masivamente días antes, el 18 de octubre, con la quema del metro de Santiago, saqueos y barricadas en todo el país. Los partidarios del «Rechazo» se han refugiado en los sectores acomodados de Santiago y han sido muy pocos los registros de sus salidas a las calles en las ciudades de regiones. Todas las encuestas de opinión coinciden en que los partidarios de mantener la actual Constitución sufrirán una fuerte derrota, las diferencias están sobre el porcentaje de ventaja que obtendrá la opción «Apruebo». Los sondeos también dan ventaja a la opción «Convención Constitucional» sobre la «Convención Mixta», la primera es paritaria e integrada por delegados elegidos por la ciudadanía, mientras la segunda incluye a la mitad de los parlamentarios en ejercicio. Cualquiera que sea el resultado, el proceso en sí es inédito. Por primera vez en su historia, Chile tendrá una Constitución que será redactada con participación ciudadana; con dos plebiscitos, uno de «entrada» (este domingo) que consulta por el cambio, y uno de «salida» que ratificará la nueva carta elaborada por un cuerpo constituyente paritario, inédito en el mundo, previsto para 2022. Las medidas sanitarias para la votación serán estrictas, cada elector deberá portar mascarilla, un bolígrafo de tinta azul y alcohol. Las personas mayores de 65 años tendrán horario diferenciado y el proceso durará doce horas, dos más que en elecciones anteriores. El número de locales de votación ?cuya seguridad estará a cargo de militares- creció un 25 por ciento, hasta llegar a 2.750 con el objetivo de dispersar a los votantes y facilitar la distancia física. Las cifras de contagio no bajan de los mil casos diarios. En este plebiscito también podrán votar 360.000 extranjeros habilitados, mientras en el exterior podrán votar unos 60.000 chilenos que previamente se han inscrito en los consulados de Chile en sus respectivos países de residencia.
13-09-2020 | Fuente: abc.es
Líbano: El ocaso de la antigua Suiza de Oriente Medio
«Esto es peor que la guerra», es la frase que más repite Gaby Jammal a la hora de analizar la situación que vive Líbano un mes después de la brutal explosión en el puerto de Beirut, que mató a 192 personas y arrasó media ciudad, y a falta de unas semanas para el primer aniversario de la «revolución del 17 de octubre», la oleada de protestas sociales anticorrupción que recorrió todo el país. Veterano de la guerra civil, Jammal forma parte de la ONG Combatientes por la Paz en la que decenas de exmilicianos de distintas facciones, que pelearon entre ellos durante la guerra civil, se han unido para que nuca se repita la lucha armada entre libaneses. «Durante la guerra no había seguridad, pero la calidad de vida era mejor que hoy, que vivimos en paz. Podías encontrar vida normal lejos de la línea del frente, pero ahora nada es normal», sentencia Jammal, quien alerta de la situación de «locura en la que nos encontramos muchos libaneses que hemos visto cómo en los treinta años de paz nuestros políticos han destrozado el país, ¿qué nos han hecho?». Líbano despierta poco a poco de la pesadilla del 4 de agosto, cuando reventaron 2.700 toneladas de nitrato almacenadas de manera incomprensible en el puerto, aunque esta semana un nuevo mega incendio en el almacén donde la Cruz Roja Internacional guardaba cerca del puerto la ayuda humanitaria volvió a despertar de nuevo los fantasmas del desastre. La explosión de agosto fue la guinda final de una crisis económica y política que se destapó en octubre cuando los libaneses se echaron a las calles para protestar por la subida de los precios y contra la corrupción endémica de un sistema basado en el reparto de poder por sectas, un sistema implantado hace treinta años para poner fina a la guerra civil. El malestar se agravó con el confinamiento impuesto para frenar la expansión del coronavirus y todo saltó por los aires con la catástrofe del puerto. En un país que durante sus años de esplendor fue bautizado como «la Suiza de Oriente Medio», se estima que hoy el 50 por ciento de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. El valor de la lira ha caído un 80 por ciento desde octubre y el sueldo medio de un funcionario no llega al equivalente a los 500 dólares. Los precios, que llevaban meses subiendo debido a la enorme inflación, se han disparado tras la explosión y por ello «el coste de los materiales básicos necesarios para reconstruir hogares y negocios esta fuera del alcance de miles de personas que ya estaban luchando por sobrevivir antes de la explosión. Si bien el salario mínimo es poco menos de 380 euros al mes, el coste de reemplazar una ventana ahora es de casi 422 euros y una puerta de hasta 844 euros», señaló Bachir Ayoub, portavoz de Oxfam en el Líbano. «La crisis nos une a todos, seamos de la confesión o el partido que seamos. La libra libanesa se ha hundido, los precios se han disparado y la gente no tiene para comer, ¿cómo va a tener para reparar sus viviendas?», se pregunta Jammal con amargura. Este excombatiente podría optar por emigrar, como lo están haciendo los miles de libaneses que colapsan el aeropuerto internacional Rafik Hariri cada día, pero ha decidido quedarse porque «de estas ruinas nacerá un Líbano nuevo y quiero trabajar para conseguirlo». La importancia de la reconstrucción Carmen Gea opina como Jammal y se queda. La vida de esta profesora de Administración Pública la Universidad Americana dio un giro radical el 4 de agosto y desde entonces compagina la tarea docente con su labor de activista en Khaddit Beirut. Esta iniciativa social nació 24 horas después del desastre y Gea considera que «estos primeros seis meses son clave porque debemos ser capaces de liderar nosotros la reconstrucción, no podemos permitir que las organizaciones y empresas vinculadas al sistema sectario corrupto que nos gobierna sean las responsables de los proyectos porque eso hará más difícil cualquier cambio en el futuro». El grupo se ha enfocado en ofrecer cobertura médica a las víctimas, garantizar la educación, apoyar al pequeño negocio y cuidar el medio ambiente y vigila la llegada de la ayuda internacional para intentar evitar que caiga en manos equivocadas. «Apoyar al Estado no es malo, pero hay que exigir responsabilidad, somos conscientes de que no se puede reconstruir una ciudad solo con activistas, las instituciones son fundamentales, pero las que tenemos deben cambiar mucho y para eso es importante la presión internacional», piensa Gea. Sin dinero y sin electricidad Como el resto de libaneses, esta profesora ha visto cómo su sueldo en moneda nacional ha ido menguando con la subida del dólar y «ya no llego a final de mes y eso que soy soltera y no tengo hijos, ¡no entiendo cómo pueden sobrevivir las familias!» A los problemas financieros se suman los energéticos ya que los cortes de luz son permanentes y no hay dinero para comprar combustible para los generadores. El panorama puede complicarse aun más sin el Banco Central ejecuta su plan de retirar los subsidios a la gasolina y medicamentos. Según los datos de Acción Contra el Hambre (ACH), el precio de la cesta de la compra alcanzó en agosto un precio récord, con una subida de 336 por ciento respecto a agosto del pasado año. «Además de la necesidad apremiante de cubrir las necesidades básicas en términos de alimentos, agua y saneamiento y refugio para quienes se han visto afectados por la explosión, estamos viendo cómo muchas personas han perdido su empleo y no pueden comprar alimentos cada vez más caros, lo que va a tener un efecto a corto y medio plazo, sobre todo en términos de seguridad alimentaria», explica Aurélie du Châtelet, coordinadora de ACH en Líbano.
14-08-2020 | Fuente: abc.es
Una ley fija el 18 de octubre como fecha tope para las elecciones en Bolivia
El Parlamento y el Gobierno interino de Bolivia se pusieron por una vez de acuerdo este jueves para aprobar una ley que respalde el 18 de octubre como fecha tope para las elecciones, en un intento de acabar con doce días de protestas sociales que piden que sean en septiembre como estaba antes previsto. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó la ley poco después de que la aprobara la Asamblea Legislativa, cuando en ocasiones anteriores se había negado a sancionar normas que emanan de un Parlamento de mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales. Áñez compareció acompañada de representantes de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia católica, entre otros, para mostrarse respaldada en lo que calificó de «segunda pacificación» en Bolivia tras las crisis que atravesó el país el año pasado a raíz de los fallidos comicios de octubre. Manifestantes al grito de «guerra civil» La mandataria transitoria dijo que esta vez militares y policías no intervinieron para acallar las protestas, pese a los «gritos perdidos» de manifestantes coreando «guerra civil». «Ahora sí, guerra civil», fue un grito que ya se escuchó en noviembre pasado en el país, durante la crisis que entonces provocó al menos 36 muertes violentas, muchas por disparos en operativos militares y policiales aún bajo investigación judicial según denuncian entidades de derechos humanos de dentro y fuera del país. La presidenta interina comentó en el acto de promulgación en el palacio de Gobierno en La Paz que la ley «confirma» el 18 de octubre como fecha de la votación, pero el texto dice que los comicios pueden ser «hasta» ese día como máximo y el órgano electoral es en Bolivia el que decide sobre la jornada electoral. La ley sale precisamente de un acuerdo entre el Tribunal Supremo Electoral y el Parlamento, con ese mismo espíritu de dar un margen para la fecha y contribuir con ello a acabar con la crispación. Una similar rapidez que Legislativo y Ejecutivo interino para firmar el texto legal tuvieron los principales convocantes de las movilizaciones para responder que la ley no es suficiente. Ya no solo piden que se respete la anterior fecha electoral del 6 septiembre, sino además reclaman que renuncie Áñez. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, advirtió de que esta organización y el Pacto de Unidad, principales convocantes, no se dan por vencidos. Las elecciones generales estaban previstas para el pasado 3 de mayo, pero se pospusieron por la pandemia de la Covid-19, primero a septiembre y luego a octubre. Doce días de protestas Las protestas comenzaron hace doce días tras anunciar el órgano electoral ese nuevo aplazamiento y tanto el Ejecutivo transitorio como los manifestantes se culpan mutuamente de los problemas de suministros médicos y de alimentos que sufre el país. Al menos cuarenta enfermos murieron por falta de oxígeno medicinal, denuncia el Gobierno transitorio, mientras quienes protestan aseguran que permiten el paso de transportes para el sistema de salud, conscientes de la situación en el país por la Covid-19. En medio de unos y otros, un grupo de avicultores botó pollos muertos y estrelló huevos en el piso en la plaza principal de la ciudad de Cochabamba, para llamar la atención de las pérdidas millonarias que sufren al no poder vender la producción mientras en otras partes del país escasean alimentos o suben de precio. Las elecciones para elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores están pendientes desde la anulación de las celebradas en octubre pasado, en las que Morales fue declarado vencedor entre denuncias de fraude a su favor, aún bajo investigación judicial. El entonces mandatario anunció su renuncia denunciando que era forzado por un golpe de Estado en medio de presiones de militares y policías, entre otras, para privarlo de su cuarta victoria electoral consecutiva y sacarlo del poder tras casi catorce años al frente del país. Respaldo de la UE: «Contribuye a la pacificación» La Unión Europea ha aplaudido este viernes la ratificación en Bolivia de la ley que fija las elecciones presidenciales para el próximo 18 de octubre, asegurando que «contribuye a la pacificación del país». Así lo ha expresado en una nota conjunta la delegación de la UE en Bolivia junto a Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal boliviana, informa Ep. «Recibimos con beneplácito la grata noticia de la aprobación de la Ley que refrenda la fecha del 18 de octubre como el plazo final para la realización de las elecciones generales 2020», reza el comunicado, que insiste en que ahora se dan las condiciones «para que todos los sectores retomen el camino de la convivencia pacífica, respetuosa y exenta de violencia».
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