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Noticias de proceso judicial

13-03-2019 | Fuente: elpais.com
Excarcelado el periodista hispanovenezolano acusado de instigar un sabotaje eléctrico
Luis Carlos Díaz, que está imputado por instigación a delinquir, enfrenta el proceso judicial tras haber estado casi 24 horas arrestado por la policía política
11-03-2019 | Fuente: abc.es
Condenada en Irán a 33 años de cárcel y 148 latigazos la abogada pro DD.HH. Nasrín Sotudé
La destacada abogada pro Derechos Humanos Nasrín Sotudé ha sido sentenciada a una pena de 38 años de cárcel y 148 latigazos por los casos abiertos contra ella, según ha afirmado este lunes su esposo, Rezan Jandan, en un mensaje publicado en su cuenta en Facebook. Jandan ha señalado que Sotudé ha sido condenada a cinco años de prisión por uno de los casos y a «33 años de cárcel y 148 latigazos por el segundo», sin dar más detalles al respecto. La semana pasada, el Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) indicó que un tribunal del país la había declarado culpable de crímenes contra la seguridad nacional, al tiempo que denunció las irregularidades del proceso. La sentencia ha sido anunciada días después de que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, nombrara al ultraconservador Ebrahim Raisi como jefe del aparato judicial del país. Sotudé fue juzgada en rebeldía el 30 de diciembre de 2018 tras negarse a comparecer ante el tribunal porque se le negó el derecho a elegir a su abogado y quería protestar contra el proceso judicial, según desveló su esposo. El propio Jandan, quien fue detenido en septiembre en su vivienda en la capital, Teherán, fue sentenciado en enero a seis años de cárcel junto a Farhad Meysami por respaldar las protestas contra la obligatoriedad del velo. Jandan había participado en una campaña para reclamar la liberación de su esposa desde su arresto el 13 de junio. En la actualidad se encuentra encarcelada en la prisión de Evin. Sotudé, que ha representado a activistas opositores iraníes, fue condenada a seis años de cárcel en 2010 y se le prohibió ejercer tras ser condenada por propagar propaganda y conspirar para dañar a la seguridad del Estado. Su caso atrajo la atención internacional en 2012, cuando se embarcó en una huelga de hambre durante 50 días contra la prohibición de viajar dictada contra su hija. Estados Unidos y organizaciones como Amnistía Internacional criticaron a Irán por el caso y Sotudé fue liberada en septiembre de 2013, antes de la asistencia del presidente, Hasán Rohani, a la Asamblea General de la ONU y poco después de ganar las elecciones. Sotudé había representado recientemente a varias mujeres que se quitaron sus pañuelos o hiyab en público para protestar contra el código de vestimenta obligatorio para las mujeres en Irán, según el Centro para los Derechos Humanos en Irán, una organización con sede en Nueva York.
11-03-2019 | Fuente: abc.es
Condenada en Irán a 38 años de cárcel y 148 latigazos la abogada pro DD.HH. Nasrín Sotudé
La destacada abogada pro Derechos Humanos Nasrín Sotudé ha sido sentenciada a una pena de 38 años de cárcel y 148 latigazos por los casos abiertos contra ella, según ha afirmado este lunes su esposo, Rezan Jandan, en un mensaje publicado en su cuenta en Facebook. Jandan ha señalado que Sotudé ha sido condenada a cinco años de prisión por uno de los casos y a «33 años de cárcel y 148 latigazos por el segundo», sin dar más detalles al respecto. La semana pasada, el Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) indicó que un tribunal del país la había declarado culpable de crímenes contra la seguridad nacional, al tiempo que denunció las irregularidades del proceso. La sentencia ha sido anunciada días después de que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, nombrara al ultraconservador Ebrahim Raisi como jefe del aparato judicial del país. Sotudé fue juzgada en rebeldía el 30 de diciembre de 2018 tras negarse a comparecer ante el tribunal porque se le negó el derecho a elegir a su abogado y quería protestar contra el proceso judicial, según desveló su esposo. El propio Jandan, quien fue detenido en septiembre en su vivienda en la capital, Teherán, fue sentenciado en enero a seis años de cárcel junto a Farhad Meysami por respaldar las protestas contra la obligatoriedad del velo. Jandan había participado en una campaña para reclamar la liberación de su esposa desde su arresto el 13 de junio. En la actualidad se encuentra encarcelada en la prisión de Evin. Sotudé, que ha representado a activistas opositores iraníes, fue condenada a seis años de cárcel en 2010 y se le prohibió ejercer tras ser condenada por propagar propaganda y conspirar para dañar a la seguridad del Estado. Su caso atrajo la atención internacional en 2012, cuando se embarcó en una huelga de hambre durante 50 días contra la prohibición de viajar dictada contra su hija. Estados Unidos y organizaciones como Amnistía Internacional criticaron a Irán por el caso y Sotudé fue liberada en septiembre de 2013, antes de la asistencia del presidente, Hasán Rohani, a la Asamblea General de la ONU y poco después de ganar las elecciones. Sotudé había representado recientemente a varias mujeres que se quitaron sus pañuelos o hiyab en público para protestar contra el código de vestimenta obligatorio para las mujeres en Irán, según el Centro para los Derechos Humanos en Irán, una organización con sede en Nueva York.
11-03-2019 | Fuente: abc.es
Condenada en Irán a 38 años de cárcel y 148 latigazos la abogada Nasrín Sotudé
La destacada abogada pro Derechos Humanos Nasrín Sotudé ha sido sentenciada a una pena de 38 años de cárcel y 148 latigazos por los casos abiertos contra ella, según ha afirmado este lunes su esposo, Rezan Jandan, en un mensaje publicado en su cuenta en Facebook. Jandan ha señalado que Sotudé ha sido condenada a cinco años de prisión por uno de los casos y a «33 años de cárcel y 148 latigazos por el segundo», sin dar más detalles al respecto. La semana pasada, el Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) indicó que un tribunal del país la había declarado culpable de crímenes contra la seguridad nacional, al tiempo que denunció las irregularidades del proceso. La sentencia ha sido anunciada días después de que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, nombrara al ultraconservador Ebrahim Raisi como jefe del aparato judicial del país. Sotudé fue juzgada en rebeldía el 30 de diciembre de 2018 tras negarse a comparecer ante el tribunal porque se le negó el derecho a elegir a su abogado y quería protestar contra el proceso judicial, según desveló su esposo. El propio Jandan, quien fue detenido en septiembre en su vivienda en la capital, Teherán, fue sentenciado en enero a seis años de cárcel junto a Farhad Meysami por respaldar las protestas contra la obligatoriedad del velo. Jandan había participado en una campaña para reclamar la liberación de su esposa desde su arresto el 13 de junio. En la actualidad se encuentra encarcelada en la prisión de Evin. Sotudé, que ha representado a activistas opositores iraníes, fue condenada a seis años de cárcel en 2010 y se le prohibió ejercer tras ser condenada por propagar propaganda y conspirar para dañar a la seguridad del Estado. Su caso atrajo la atención internacional en 2012, cuando se embarcó en una huelga de hambre durante 50 días contra la prohibición de viajar dictada contra su hija. Estados Unidos y organizaciones como Amnistía Internacional criticaron a Irán por el caso y Sotudé fue liberada en septiembre de 2013, antes de la asistencia del presidente, Hasán Rohani, a la Asamblea General de la ONU y poco después de ganar las elecciones. Sotudé había representado recientemente a varias mujeres que se quitaron sus pañuelos o hiyab en público para protestar contra el código de vestimenta obligatorio para las mujeres en Irán, según el Centro para los Derechos Humanos en Irán, una organización con sede en Nueva York.
07-03-2019 | Fuente: abc.es
EE.UU. ordena a los agentes de Inmigración que discriminen a quienes hablan español
Los agentes de inmigración norteamericanos han comenzado a discriminar a los peticionarios de asilo que hablan español o proceden de América Latina y están devolviéndolos en caliente a México mientras su solicitud se decide en los juzgados, según varios memorandos internos que revelan un profundo cambio en el trato a los inmigrantes hispanos en EE.UU. De las últimas comunicaciones del Gobierno estadounidense se desprende que los agentes tienen orden de enviar a aquellos que hablen español a México, cuyo Gobierno, según se sabe ahora, colabora plenamente con la administración de Trump e impide activamente el cruce de la frontera a cientos de inmigrantes en situación irregular. Esta nueva política afecta tanto a aquellos que se presentan ante las autoridades para solicitar asilo como a aquellos inmigrantes que son detenidos y se encuentran en EE.UU. de forma irregular. Hasta ahora, los agentes de fronteras norteamericanos no discriminaban a los inmigrantes en función del idioma que hablan o su procedencia nacional. Normalmente, se les permitía permanecer en EE.UU. mientras sus solicitudes se decidían en los juzgados. Se calcula que en EE.UU. hay más de 10 millones de inmigrantes en situación irregular, aunque Trump ha dicho en varias ocasiones que cree que la cifra real supera los 20 millones. Devoluciones en caliente Según unas nuevas directrices sobre cómo atender a los peticionarios de asilo y a los inmigrantes ilegales, cuya existencia ha revelado la agencia Associated Press, los agentes tienen la obligación de devolver en caliente a México a quienes hablen español o procedan de Centroamérica o Sudamérica, con contadas excepciones. Quedan exentos mujeres embarazadas, personas enfermas y homosexuales. En diciembre, la muerte de dos niños centroamericanos cuando se encontraban bajo custodia de las autoridades migratorias de EE.UU. llevó al Gobierno norteamericano a revisar sus políticas para evitar que casos como esos se repitan. El miércoles la secretaria de Interior norteamericana, Kirstjen Nielsen, dio explicaciones sobre la política migratoria de la Casa Blanca en una vista en la Cámara de Representantes, que controlan los demócratas. Estos le preguntaron por la detención de niños, separados de sus padres, en jaulas, una medida que provocó críticas y denuncias por parte de la oposición. Nielsen respondió: «No son jaulas, son partes de las instalaciones que tenemos en la frontera que están aisladas para ofrecer a aquellos que se encuentran en EE.UU. seguridad y protección». Preguntada sobre si el gobierno norteamericano discrimina a los inmigrantes por origen o raza, Nielsen dijo que «no». El diputado demócrata de Texas Al Green respondió que la Administración Trump está practicando una política migratoria discriminatoria. «Hay quienes piensan que ya hay demasiada gente de color en este país», dijo. «Y estas personas, una de las cuales es el presidente, están dispuestas a adoptar políticas que impedirán a la gente de color entrar en este país. A los niños blancos no se les trataría como usted trata a los niños de color, señora secretaria. Este es un problema de color, de raza». Máximo histórico A pesar de las restrictivas medidas migratorias de Trump, el número de cruces ilegales de la frontera ha llegado a máximos históricos. El mes pasado los agentes detuvieron a 66.450 sin papeles que habían entrado en EE.UU. de forma irregular. En total, fueron 76.100 los inmigrantes que cruzaron ese mes, según cifras que ha hecho públicas la Casa Blanca. Es un máximo histórico y se trata de un incremento intermensual del 31%. Quienes entran y son detenidos se encuentran con que sus casos entran en un proceso judicial lento, con 800.000 casos aún sin resolver. Atendiendo a estas cifras, el presidente de EE.UU. ha declarado el estado de emergencia en la frontera con México y ha movilizado fondos militares para acabar de construir el muro. De ese se han erigido 1.000 kilómetros, de los 3.000 de su extensión total. Trump mantiene que con esta medida acabará de una vez por todas con los cruces ilegales. Mientras, el nuevo Gobierno de México ha dado un giro radical a su política migratoria y según la Casa Blanca colabora plenamente con las autoridades norteamericanas, impidiendo el cruce a EE.UU. de inmigrantes centroamericanos y aceptando sin reparos las devoluciones en caliente. Según Judy Rabinovitz, abogada del grupo Unión Americana de Libertades Civiles, nunca antes el Gobierno de EE.UU. había discriminado de esta manera a un grupo étnico en los trámites de la concesión de asilo. «Sabemos que su prioridad es devolver a centroamericanos, pero que lo hayan expresado de una forma tan clara y por escrito es realmente dañino para el sistema», asegura.
07-03-2019 | Fuente: abc.es
Huawei demanda a EE.UU. por prohibir sus productos y le acusa de robar correos
El fabricante de equipos de telecomunicaciones Huawei anunció hoy una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos por haber prohibido sus productos en medio de las acusaciones de espionaje contra la compañía china, que acusa a Washington de hackear sus servidores. El presidente rotativo de Huawei, Guo Ping, informó hoy en una rueda de prensa sobre las acciones judiciales tomadas por la compañía con el objetivo de impugnar la sección 889 del Acta de Autorización de Defensa Nacional (NDAA por sus siglas en inglés) que impide a las agencias gubernamentales adquirir productos de Huawei. «Esta prohibición no solo es ilegal, sino que también restringe a Huawei de participar en una competencia justa y, en última instancia, perjudica a los consumidores estadounidenses», aseveró Guo en la ciudad suroriental china de Shenzhen, sede de la compañía. Según denunció, la sección 889 es «un abuso del proceso de la ley de Estados Unidos, excluye a Huawei del debido proceso judicial, viola la separación de poderes, rompe las tradiciones legales de Estados Unidos y va en contra de la naturaleza de la misma Constitución». Ante esta situación, explicó, el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones y el segundo de teléfonos inteligentes del mundo se ha visto obligado a presentar una demanda ante un tribunal de Texas, donde está localizada la sede central de Huawei en Estados Unidos. La demanda se produce tras la detención de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, en Canadá el pasado 1 de diciembre a petición estadounidense tras ser acusada de violar las sanciones comerciales impuestas por Washington contra Irán. «El congreso de Estados Unidos ha fallado repetidamente en presentar pruebas para apoyar sus restricciones sobre los productos de Huawei», indicó Guo. En medio de esta crisis, la diplomacia estadounidense está presionando a países aliados y a sus proveedores de internet y servicios inalámbricos para que eviten a Huawei, argumentando que Pekín podría forzarle a espiar o desactivar sus redes. «Dado que EE. UU. nunca ha presentado ninguna prueba para justificar sus alegaciones de seguridad, cuestionamos su intención de no dejar que otros países utilicen los productos de Huawei», manifestó Guo, que criticó que el Gobierno liderado por Donald Trump «no escatima esfuerzos en manipular a la opinión pública para desprestigiar a Huawei». Las acusaciones sobre la seguridad de la tecnología 5G que desarrolla la empresa china siempre han sido rechazadas por la compañía, que insiste en que no cuenta con «puertas traseras» para acceder a cualquier dispositivo y controlarlo sin conocimiento del usuario. «Tampoco permitiremos que otros lo hagan con nuestros equipos», advirtió Guo, y acusó públicamente a las autoridades estadounidenses de haber atacado los servidores de la compañía. «El Gobierno de EE. UU. ha calificado a Huawei desde hace tiempo como una amenaza. Ha 'hackeado' nuestros servidores, y robado nuestros correos y nuestros códigos», aseguró el directivo ante los periodistas. A su juicio, Washington «teme que otros países lo sobrepasen al adoptar las tecnologías más avanzadas del 5G» y «cree erróneamente que se beneficiaría de la represión contra Huawei». Así, alertó de que, al restringir la presencia de Huawei en el desarrollo de las redes 5G de Estados Unidos y de otras naciones, está perjudicando sus propios intereses. «Si esta ley se anula, como debería ser, Huawei podría proporcionar más avances tecnológicos a EE. UU. y ayudar a construir las mejores redes 5G», añadió. La decisión de demandar a Estados Unidos se produce después de que la compañía haya sido acusada en el país norteamericano de 13 cargos, entre ellos espionaje industrial y fraude bancario. A raíz de las acusaciones de Washington, algunos países como Australia o Nueva Zelanda han mostrado recelos sobre los productos e infraestructuras ofrecidos por la compañía china. En opinión del jefe de asuntos jurídicos de Huawei, Song Liuping, «el ataque estadounidense contra Huawei es intencionado y político», por lo que exigió al tribunal que declare inconstitucional el veto a la compañía. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, su portavoz Lu Kang consideró este jueves que es «totalmente legítimo y comprensible» que Huawei «intente defender sus propios intereses», al tiempo que aseguró no tener constancia de posibles acciones legales al respecto por parte del Gobierno chino. Mientras, la directora financiera de Huawei, en libertad bajo fianza en Canadá, sigue a la espera de la vista de extradición a Estados Unidos, en un caso que, según su defensa, tiene motivaciones políticas y no legales.
28-02-2019 | Fuente: abc.es
Luis Carrión: «La situación casi desesperada de Maduro es una advertencia muy fuerte para Ortega»
Luis Carrión Cruz (Managua, 1952) es uno de los nueve comandantes que lideraron el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que combatió contra la dictadura de Somoza en los años 70. Lo hizo junto al ahora presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Durante el primer gobierno de este, Carrión ejerció los cargos de viceministro de Interior (1980-1987) y ministro de Economía (1988-1990). En 1995, decidió alejarse del sandinismo por discrepancias con el FSLN y la evolución del propio Ortega. Actualmente es una de las voces más críticas con el actual presidente que cree ha retomado las negociaciones por el miedo a las sanciones y la presión internacional que está sufriendo Nicolás Maduro en Venezuela. Después de diez meses de crisis -desde que comenzaron las protestas por la reforma de la Seguridad Social-, el saldo es dramático: 325 muertos desde abril de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cifra que algunas organizaciones humanitarias locales elevan a 561, y que el Gobierno de Ortega rebaja a 199. A este balance hay que añadir casi 800 detenidos por manifestarse contra el régimen sandinista. #PresosPolíticos | La cifra de presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en Nicaragua, no deja de crecer ?? https://t.co/akqS8t5npP pic.twitter.com/Hxl6crftK1? Confidencial.com.ni (@confidencial_ni) 26 de febrero de 2019Este miércoles se ha vuelto a reabrir el diálogo nacional, roto hace meses, entre la Alianza Cívica y el Gobierno de Ortega tras las presiones del sector empresarial (la crisis ha provocado una recesión de la economía, con una caída del PIB del 4% en 2018 y la pérdida de 300.000 empleos). Presión a la que se ha sumado la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo Consejo Permanente ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental. Representantes de la OEA visitaron el país hace unas semanas y solicitaron al gobierno la liberación de los presos políticos. Entre las condiciones que la Alianza Cívica (formada por distintos sectores de la oposición) planteó para reabrir la negociación, se encuentran tres: liberar a los presos políticos, el restablecimiento de libertades (entre ellas la de expresión: alrededor de 60 periodistas han tenido que exiliarse del país debido a la represión del gobierno), derechos y garantías; así como realizar reformas legales que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes. La principal demanda de los nicaragüenses es el adelanto de comicios, algo a lo que se niega Ortega, que quiere continuar en el poder hasta el año 2021, cuando concluye su segundo mandato. Este miércoles, horas antes de reunirse la Alianza Cívica y representantes del Gobierno fue liberado un centenar de personas, detenidas por manifestarse contra el régimen de Ortega. ¿Esto es una buena señal. Significa que las negociaciones comienzan con buen pie? Esta es una señal mixta. En primer lugar, están liberando a cien, aunque no está realmente confirmado. Por otra parte, en la última semana detuvieron a 31 personas, y en los últimos diez días hubo 65 detenidos. Por eso no es buena señal, si siguen deteniendo a gente en grandes cantidades. Lo que ha ocurrido demuestra que los presos para Daniel Ortega son rehenes. Fueron liberados, bajo no se sabe qué figura jurídica, durante unos días o semanas. A pesar de estar bajo el poder judicial, fueron liberados por el poder ejecutivo, del propio Ortega. Esto demuestra que todo está bajo las órdenes de Ortega. No se sabe bién en qué consiste su situación judicial: si lo s sueltan bajo la condición de casa por cárcel, los dejan como rehenes. El otro problema es que no hay garantías de seguridad para los presos. El clima de agresividad y de hostilidad que ha promovido el régimen de Ortega hacia muchos de estos presos ha hecho que se sientan muy inseguros. Al margen de esto, hay grupos de paramilitares, parapolicias y civiles armados, que están en la clandestinidad, algo que no da ningún tipo de garantía de seguridad a los presos que están siendo liberados. #LoÚltimo Abren proceso judicial en contra de la abogada de los presos políticos. Abogada de los presos políticos Yonarqui Martínez denunció que abrieron un proceso judicial en su contra. Llegó a los juzgados de Managua acompañada de su familia. @ReporteNi @NicaraguaBot pic.twitter.com/0O6FVFH67L? CANAL UNO - NICARAGUA (@canaluno1Nic) 27 de febrero de 2019 ¿Cuáles cree que han sido los motivos que han llevado a Ortega a reanudar el diálogo en estos momentos? La apertura de negociaciones se debe fundamentalmente ha que Daniel Ortega está tratando de evadir las sanciones que están imponiendo los EE.UU. y las amenazas de sanciones que vienen del Parlamento Europeo. Necesita revertir el deterioro de la situación económica que no solo afecta al gobierno al golpear severamente la recaudación fiscal, pero también a sus propios negocios. Es decir, el consorcio principal a través del cual capturaron el dinero que venía de Venezuela, Albanisa (Alba de Nicaragua S.A), resultó incluido en las sanciones que le impuso EE.UU. a Pdvsa. Sucede lo mismo con un banco que ellos tienen aquí, que se llama Bancorp.. Todos esos factores han creado una gran presión, a la vez no han logrado doblegar la resistencia del pueblo, a pesar de la represión incesante, y que no han dejado de producirse detenciones. El mejor ejemplo son los presos. Las mujeres presas han sido atacadas en varias ocasiones en el interior de las cárceles. Y otros los han golpeado por cantar el himno nacional en prisión. Todos estos factores han llevado llegado a Ortega a aceptar a regañadientes la negociación. Uno de los requisitos que ha exigido la Alianza Cívica es tener como garantes de estas negociaciones a la OEA y a la ONU.. Hay que intentar que haya garantes internacionales. Daniel Ortega no tiene ninguna crebilidad. Ya le mintió al secretario general de la OEA [Luis Almagro], al pueblo nicaragüenses, a los diputados.. Ortega miente de manera insistente. No hay confianza en un acuerdo bilateral que no tenga ninguna garantía. En el primer intento de diálogo, la Conferencia Episcopal actuó como mediadora. Ahora, sin embargo, no se han anunciado mediadores y la Conferencia solo aparece como observadora, ¿Ortega ha marginado a la Iglesia, que ha jugado un papel fundamental a la hora de intentar ayudar a resolver esta crisis? Así es. El gobierno rechazó a la Conferencia Episcopal como mediadora, y los obispos aceptaron eso, reduciendo su papel a testigos del diálogo. Han seleccionado a dos personas, al cardenal arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes; monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa. A ellos se ha sumado monseñor Waldemar Stanislaw, del nuncio apostólico en Nicaragua. Al inicio de este diálogo no se ha elegido ningún mediador.. Todavía no. La primera reunión es para definir las reglas del juego. La Alianza Cívica ha impuesto tres requisitos para negociar: liberar a los presos políticos, restablecer las libertades y realizar reformas legales que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes. ¿Incluyen también el anticipo de comicios, que rechaza Ortega? La agenda primero tiene la liberación de todos los presos políticos, no de una muestra; segundo, garantías y plenos restablecimiento de derechos políticos y ciudadanos. El cese de la represión, porque aunque suelten a presos, continúan las amenazas.. Que los presos liberados se sientan seguros y que los exiliados puedan regresar. Luego, se tiene que poder dar la libertad de expresión, de movilización, los derechos ciudadanos. Estos son claves básicas para que se dé una negociación, y de fondo están la condiciones para que haya unas elecciones libres y transparentes, sin posibilidades de fraude. ¿Usted cree que Ortega cederá a la hora de adelantar las elecciones, previstas para 2021? No lo puedo decir en este momento, pero creo que si la presión es suficiente va a haber la posibilidad de adelantar las elecciones. ¿Quién o quiénes tienen que ejercer esa presión? Obviamente, EE.UU. es un factor de presión muy importante. Lo que está pasando en Venezuela, y la situación casi desesperada en la que se encuentra Nicolás Maduro es una advertencia muy fuerte para Daniel Ortega. Si cae Maduro, entiende que su situación se vuelve muy, nuy precaria. Esto también pone presión. Hay que ver qué ocurre con la situación económica del país, que se está deteriorando, y si sigue así -algo que va a ocurrir si no hay una solución política-, supone otro factor muy importante de presión para que Ortega decida optar por adelantar las elecciones. Usted fue uno de los nueve comandantes que luchó en la revolución sandinista para terminar con la dictadura de Somoza. Participó en el primer gobierno de Ortega, pero luego se alejó.. Después de la derrota electoral del Frente Sandinista, en 1990, yo y otras personas vimos que, si bien habíamos perdido el poder, era una oportunidad para corregir una serie de políticas erróneas y comportamientos de corte autoritario, que habíamos tenido en el Frente Sandinista durante los años 80. Que debíamos abrazar la oportunidad de consolidar un ciclo democrático en Nicaragua, pero Daniel Ortega no era de esa opinión. Él se propuso gobernar desde abajo. Recurrió a la violencia, tranques, quema de gomas de llantas, bloqueo de carreteras.. La resistencia de Daniel Ortega a aceptar las reglas de juego democrático, y el uso que hizo de la violencia aunque no estuviera en el poder, fue lo que me llevaron a presentar mi renuncia en enero de 1995 a la dirección e incluso a mi afiliación del FSLN. ¿Qué sintió al ver pervertido el ideal de la revolución sandinista? Yo era muy consciente, incluso ante de que Ortega llegara al poder, de que se iba a convertir en un régimen dictatorial. Y después, cuando lo alcanzó, vi como iba controlando todas las instituciones del Estado, controlando todo bajo su voluntad. Su política de comunicación era inexistente: Ortega no toleraba las ruedas de prensa y no concedía entrevistas. Fui viendo como utilizaba la represión para aplastar las pequeñas protestas de sectores, pero nunca imaginé que fuera capaz de llegar a esta situación criminal. Es decir, matando a más de 300 personas, y deteniendo a más de 700. Es algo que me sorprendió y que me duele porque creo que la imagen histórica del sandinismo, que tiene luces muy importantes, que aportó valores muy importantes al país, ha quedado gravemente manchada y lesionada por el comportamiento de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Me siento muy mal, pero creo que hay que ir hacia adelante. Aquí lo que está en juego no es el mensaje de un movimiento histórico sino el futuro de Nicaragua. De que seamos capaces de construir, por fin, una sociedad democrática estable, sólida, que rompa el ciclo histórico que hemos vivido los nicaragüenses de dictaduras recurrentes.
28-02-2019 | Fuente: abc.es
Excomandante sandinista: «La situación casi desesperada de Maduro es una advertencia muy fuerte para Ortega»
Luis Carrión Cruz (Managua, 1952) es uno de los nueve comandantes que lideraron el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que combatió contra la dictadura de Somoza en los años 70. Lo hizo junto al ahora presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Durante el primer gobierno de este, Carrión ejerció los cargos de viceministro de Interior (1980-1987) y ministro de Economía (1988-1990). En 1995, decidió alejarse del sandinismo por discrepancias con el FSLN y la evolución del propio Ortega. Actualmente es una de las voces más críticas con el actual presidente que cree ha retomado las negociaciones por el miedo a las sanciones y la presión internacional que está sufriendo Nicolás Maduro en Venezuela. Después de diez meses de crisis -desde que comenzaron las protestas por la reforma de la Seguridad Social-, el saldo es dramático: 325 muertos desde abril de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cifra que algunas organizaciones humanitarias locales elevan a 561, y que el Gobierno de Ortega rebaja a 199. A este balance hay que añadir casi 800 detenidos por manifestarse contra el régimen sandinista. #PresosPolíticos | La cifra de presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en Nicaragua, no deja de crecer ?? https://t.co/akqS8t5npP pic.twitter.com/Hxl6crftK1? Confidencial.com.ni (@confidencial_ni) 26 de febrero de 2019Este miércoles se ha vuelto a reabrir el diálogo nacional, roto hace meses, entre la Alianza Cívica y el Gobierno de Ortega tras las presiones del sector empresarial (la crisis ha provocado una recesión de la economía, con una caída del PIB del 4% en 2018 y la pérdida de 300.000 empleos). Presión a la que se ha sumado la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo Consejo Permanente ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental. Representantes de la OEA visitaron el país hace unas semanas y solicitaron al gobierno la liberación de los presos políticos. Entre las condiciones que la Alianza Cívica (formada por distintos sectores de la oposición) planteó para reabrir la negociación, se encuentran tres: liberar a los presos políticos, el restablecimiento de libertades (entre ellas la de expresión: alrededor de 60 periodistas han tenido que exiliarse del país debido a la represión del gobierno), derechos y garantías; así como realizar reformas legales que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes. La principal demanda de los nicaragüenses es el adelanto de comicios, algo a lo que se niega Ortega, que quiere continuar en el poder hasta el año 2021, cuando concluye su segundo mandato. Este miércoles, horas antes de reunirse la Alianza Cívica y representantes del Gobierno fue liberado un centenar de personas, detenidas por manifestarse contra el régimen de Ortega. ¿Esto es una buena señal. Significa que las negociaciones comienzan con buen pie? Esta es una señal mixta. En primer lugar, están liberando a cien, aunque no está realmente confirmado. Por otra parte, en la última semana detuvieron a 31 personas, y en los últimos diez días hubo 65 detenidos. Por eso no es buena señal, si siguen deteniendo a gente en grandes cantidades. Lo que ha ocurrido demuestra que los presos para Daniel Ortega son rehenes. Fueron liberados, bajo no se sabe qué figura jurídica, durante unos días o semanas. A pesar de estar bajo el poder judicial, fueron liberados por el poder ejecutivo, del propio Ortega. Esto demuestra que todo está bajo las órdenes de Ortega. No se sabe bién en qué consiste su situación judicial: si lo s sueltan bajo la condición de casa por cárcel, los dejan como rehenes. El otro problema es que no hay garantías de seguridad para los presos. El clima de agresividad y de hostilidad que ha promovido el régimen de Ortega hacia muchos de estos presos ha hecho que se sientan muy inseguros. Al margen de esto, hay grupos de paramilitares, parapolicias y civiles armados, que están en la clandestinidad, algo que no da ningún tipo de garantía de seguridad a los presos que están siendo liberados. #LoÚltimo Abren proceso judicial en contra de la abogada de los presos políticos. Abogada de los presos políticos Yonarqui Martínez denunció que abrieron un proceso judicial en su contra. Llegó a los juzgados de Managua acompañada de su familia. @ReporteNi @NicaraguaBot pic.twitter.com/0O6FVFH67L? CANAL UNO - NICARAGUA (@canaluno1Nic) 27 de febrero de 2019 ¿Cuáles cree que han sido los motivos que han llevado a Ortega a reanudar el diálogo en estos momentos? La apertura de negociaciones se debe fundamentalmente ha que Daniel Ortega está tratando de evadir las sanciones que están imponiendo los EE.UU. y las amenazas de sanciones que vienen del Parlamento Europeo. Necesita revertir el deterioro de la situación económica que no solo afecta al gobierno al golpear severamente la recaudación fiscal, pero también a sus propios negocios. Es decir, el consorcio principal a través del cual capturaron el dinero que venía de Venezuela, Albanisa (Alba de Nicaragua S.A), resultó incluido en las sanciones que le impuso EE.UU. a Pdvsa. Sucede lo mismo con un banco que ellos tienen aquí, que se llama Bancorp.. Todos esos factores han creado una gran presión, a la vez no han logrado doblegar la resistencia del pueblo, a pesar de la represión incesante, y que no han dejado de producirse detenciones. El mejor ejemplo son los presos. Las mujeres presas han sido atacadas en varias ocasiones en el interior de las cárceles. Y otros los han golpeado por cantar el himno nacional en prisión. Todos estos factores han llevado llegado a Ortega a aceptar a regañadientes la negociación. Uno de los requisitos que ha exigido la Alianza Cívica es tener como garantes de estas negociaciones a la OEA y a la ONU.. Hay que intentar que haya garantes internacionales. Daniel Ortega no tiene ninguna crebilidad. Ya le mintió al secretario general de la OEA [Luis Almagro], al pueblo nicaragüenses, a los diputados.. Ortega miente de manera insistente. No hay confianza en un acuerdo bilateral que no tenga ninguna garantía. En el primer intento de diálogo, la Conferencia Episcopal actuó como mediadora. Ahora, sin embargo, no se han anunciado mediadores y la Conferencia solo aparece como observadora, ¿Ortega ha marginado a la Iglesia, que ha jugado un papel fundamental a la hora de intentar ayudar a resolver esta crisis? Así es. El gobierno rechazó a la Conferencia Episcopal como mediadora, y los obispos aceptaron eso, reduciendo su papel a testigos del diálogo. Han seleccionado a dos personas, al cardenal arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes; monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa. A ellos se ha sumado monseñor Waldemar Stanislaw, del nuncio apostólico en Nicaragua. Al inicio de este diálogo no se ha elegido ningún mediador.. Todavía no. La primera reunión es para definir las reglas del juego. La Alianza Cívica ha impuesto tres requisitos para negociar: liberar a los presos políticos, restablecer las libertades y realizar reformas legales que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes. ¿Incluyen también el anticipo de comicios, que rechaza Ortega? La agenda primero tiene la liberación de todos los presos políticos, no de una muestra; segundo, garantías y plenos restablecimiento de derechos políticos y ciudadanos. El cese de la represión, porque aunque suelten a presos, continúan las amenazas.. Que los presos liberados se sientan seguros y que los exiliados puedan regresar. Luego, se tiene que poder dar la libertad de expresión, de movilización, los derechos ciudadanos. Estos son claves básicas para que se dé una negociación, y de fondo están la condiciones para que haya unas elecciones libres y transparentes, sin posibilidades de fraude. ¿Usted cree que Ortega cederá a la hora de adelantar las elecciones, previstas para 2021? No lo puedo decir en este momento, pero creo que si la presión es suficiente va a haber la posibilidad de adelantar las elecciones. ¿Quién o quiénes tienen que ejercer esa presión? Obviamente, EE.UU. es un factor de presión muy importante. Lo que está pasando en Venezuela, y la situación casi desesperada en la que se encuentra Nicolás Maduro es una advertencia muy fuerte para Daniel Ortega. Si cae Maduro, entiende que su situación se vuelve muy, nuy precaria. Esto también pone presión. Hay que ver qué ocurre con la situación económica del país, que se está deteriorando, y si sigue así -algo que va a ocurrir si no hay una solución política-, supone otro factor muy importante de presión para que Ortega decida optar por adelantar las elecciones. Usted fue uno de los nueve comandantes que luchó en la revolución sandinista para terminar con la dictadura de Somoza. Participó en el primer gobierno de Ortega, pero luego se alejó.. Después de la derrota electoral del Frente Sandinista, en 1990, yo y otras personas vimos que, si bien habíamos perdido el poder, era una oportunidad para corregir una serie de políticas erróneas y comportamientos de corte autoritario, que habíamos tenido en el Frente Sandinista durante los años 80. Que debíamos abrazar la oportunidad de consolidar un ciclo democrático en Nicaragua, pero Daniel Ortega no era de esa opinión. Él se propuso gobernar desde abajo. Recurrió a la violencia, tranques, quema de gomas de llantas, bloqueo de carreteras.. La resistencia de Daniel Ortega a aceptar las reglas de juego democrático, y el uso que hizo de la violencia aunque no estuviera en el poder, fue lo que me llevaron a presentar mi renuncia en enero de 1995 a la dirección e incluso a mi afiliación del FSLN. ¿Qué sintió al ver pervertido el ideal de la revolución sandinista? Yo era muy consciente, incluso ante de que Ortega llegara al poder, de que se iba a convertir en un régimen dictatorial. Y después, cuando lo alcanzó, vi como iba controlando todas las instituciones del Estado, controlando todo bajo su voluntad. Su política de comunicación era inexistente: Ortega no toleraba las ruedas de prensa y no concedía entrevistas. Fui viendo como utilizaba la represión para aplastar las pequeñas protestas de sectores, pero nunca imaginé que fuera capaz de llegar a esta situación criminal. Es decir, matando a más de 300 personas, y deteniendo a más de 700. Es algo que me sorprendió y que me duele porque creo que la imagen histórica del sandinismo, que tiene luces muy importantes, que aportó valores muy importantes al país, ha quedado gravemente manchada y lesionada por el comportamiento de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Me siento muy mal, pero creo que hay que ir hacia adelante. Aquí lo que está en juego no es el mensaje de un movimiento histórico sino el futuro de Nicaragua. De que seamos capaces de construir, por fin, una sociedad democrática estable, sólida, que rompa el ciclo histórico que hemos vivido los nicaragüenses de dictaduras recurrentes.
25-02-2019 | Fuente: as.com
LaLiga se presentará como acusación particular por la pelea en Écija
Tebas aseguró que LaLiga se personará como acusación particular si se abre un proceso judicial contra los aficionados que iniciaron la pelea.
09-02-2019 | Fuente: abc.es
Un joven español lleva tres semanas detenido por el régimen de Maduro
Diego Alejandro Sánchez Díaz, un estudiante de Derecho de 19 años con doble nacionalidad ?española y venezolana?, fue detenido el pasado 23 de enero por la Guardia Nacional Bolivariana cuando regresaba a casa. Según su padre, había acudido a un «cabildo abierto» en la ciudad de Barquisimeto, la cuarta urbe del país, situada a unos 360 kms. de Caracas. Diego Alejandro, que obtuvo la nacionalidad española porque su madre y su abuela materna también la tenían, permanece retenido desde entonces. Su padre, Deibis Sánchez, un abogado opositor que se encuentra exiliado en Ecuador, ha contado a ABC que sufre torturas de manera habitual. Además de golpearle, acusa a los guardias de robarle su comida, escupirle las sobras y obligarle a comérselas para no volver a ser golpeado. Los hechos estarían ocurriendo en el Comando 121 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en Barquisimeto. «Ese destacamento lo bautizamos como el del terror por las historias que hemos recopilado de allí», asegura Andrés Colmenares, de Fundapaz, que confirma la situación del joven, informa Manuel Trillo. Junto a él se encontrarían otros dos jóvenes, y su padre teme que les trasladen a la prisión de Uribana, donde el miércoles murió otro joven de 20 años, o a Caracas: «La vida de mi hijo corre peligro». Amigos de la familia, dedicados a la abogacía, han conseguido recopilar información de la situación jurídica de Diego Alejandro realizando algunas gestiones, pero su padre denuncia que no les dan acceso a su expediente, «lo que es una violación a su derecho a la defensa y al debido proceso judicial». Sánchez asegura además que los cargos han variado conforme ha pasado el tiempo. En un primer momento se acusaba a su hijo de alteración del orden público, pero después el Tribunal de Control número 1 de Barquisimeto «modifica el acta policial», según el padre de Diego Alejandro, y le imponen también los cargos de «resistencia al arresto, asociación para delinquir, financiación del terrorismo, uso de menores para delinquir, agavillamiento -agresiones en grupo a otras personas- e incitación para delinquir». Acceder al territorio venezolano no es una opción para el padre de Diego Alejandro, puesto que podría ser detenido si lo hiciera, por lo que Sánchez recibe la ayuda del tío y de la abuela paterna del joven, que sí se encuentran en el país. Sin embargo, la comunicación con el arrestado es escasa, «a través de notas», aunque de vez en cuando «algún militar le permite hacer una llamada de un minuto». Su abuela logró visitarle tras, según Sánchez, ser vejada por los guardias: «Para poder verlo, la desnudaron completamente». Además, recibió burlas de forma verbal. Finalmente, pudo ver a su nieto durante solo dos minutos y con la presencia en todo momento de sus custodios, por lo que no pudo hablar de manera libre. El padre de Diego Alejandro se puso en contacto con Foro Penal, una organización sin ánimo de lucro formada por abogados que prestan sus servicios de forma gratuita «en la asistencia jurídica de personas detenidas arbitrariamente», según indican ellos mismos en su página web. Sánchez asegura que le ofrecieron apoyo en los primeros momentos, en la Audiencia de Garantías Constitucionales, pero que ahora mismo no tienen a ningún abogado ?salvo las amistades antes mencionadas?. ABC ha contactado con Foro Penal, pero por motivos de privacidad han preferido no difundir datos del caso. Petición de ayuda a España Sánchez también ha puesto la situación de su hijo en conocimiento de las autoridades españolas en Venezuela. Asegura que con lo que gana en Ecuador, vendiendo en la calle, manda dinero a su familia en Venezuela y no puede pagar los honorarios de un abogado. Pide a los representantes de España «ayuda jurídica, porque nosotros sabemos que sí se puede, que ellos pueden colaborar juridicamente para la defensa de Diego». La Cónsul General de España, Celsa Nuño, aseguró a este diario que «estamos informados y están activados todos los mecanismos». Afirma que han hablado con el padre, con abogados y también con los familiares que Diego Alejandro tiene en Venezuela: «Estamos haciendo seguimiento del caso». Nuño también ha indicado que «cada día los temas evolucionan y las situaciones evolucionan, pero no puedo dar mas información». Es importante destacar que las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela pasan por una situación delicada debido al reconocimiento del Gobierno de Pedro Sánchez a Juan Guaidó como «presidente encargado». Sin embargo, el padre de Diego Alejandro insiste en pedir ayuda a España: «Necesitamos que el Gobierno español, a través de la Embajada y su Consulado, haga acto de presencia. Ellos pueden ser la garantía de que no atenten contra la integridad física de Diego».
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