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Noticias de poder judicial

17-05-2019 | Fuente: elpais.com
El Poder Judicial ratifica el refuerzo enviado al instructor del ?caso Villarejo?
La comisión permanente del CGPJ rechaza el recurso presentado contra el nombramiento del magistrado Abascal
09-05-2019 | Fuente: elpais.com
El Poder Judicial dictamina que el líder andaluz de Vox debe ser compensado
El CGPJ denegó el reingreso al juez Francisco Serrano, acuerdo que revocó el Supremo, por lo que pide 516.635 euros
09-05-2019 | Fuente: abc.es
El Tribunal Supremo de Venezuela sigue fiel a Nicolás Maduro
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, denunció ayer miércoles que EE.UU. pretenda «ejecutar acciones contra el gobierno de Venezuela», todavía controlado por Nicolás Maduro. Desde la sede del máximo tribunal, en Caracas, el chavista respondió a las amenazas del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, que dijo que sancionará a 25 magistrados que lideran el Poder Judicial venezolano si no se oponen a Maduro. «Rechazamos las declaraciones de Mike Pence. Pretende someter a altas autoridades judiciales a amenazas de violación de los principios de independencia. De manera infame propone a los altos administradores de la justicia ponerse al margen de la Constitución», dijo Moreno. Asimismo, el alto funcionario chavista alertó a la comunidad internacional de la «amenaza unilateral a este TSJ, el cual está integrado por 32 magistrados. Denunciamos ante el país que los EE.UU. intenta con este ultimátum que este poder se ponga al margen de la democracia y propicie un golpe de Estado», agregó. «Traición a la patria» Horas antes de que Pence se pronunciara, el TSJ acusó a siete diputados opositores de participar en el fallido levantamiento militar liderado por el presidente interino, Juan Guaidó, y por Leopoldo López, en el que se esperaba derrocar a Maduro con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional el pasado 30 de abril. Entre los parlamentarios señalado de «traicionar la patria» está Henry Ramos Allup, una figura de peso dentro de la oposición y expresidente de la Asamblea Nacional. «Bajo Maduro, el TSJ ha socavado su mandato constitucional de proteger los derechos individuales y el imperio de la ley, y se ha convertido en una herramienta política de un régimen que usurpa la democracia, enjuicia a prisioneros políticos y promueve el autoritarismo», dijo Pence durante la Conferencia sobre Las Américas realizada en Washington este martes. «Llegó la hora para que este cuerpo retorne a su propósito de fundación. Si el Tribunal no regresa a su mandato constitucional de hacer cumplir las leyes, EE.UU. va a responsabilizar a los 25 magistrados por sus acciones», advirtió una de las voces de la Casa Blanca más crítica con Maduro. Con esta escalada del régimen venezolano para perseguir a la dirigencia opositora, a través del TSJ, la diputada Mariela Magallanes, una de las siete acusadas, pidió refugio en la residencia del embajador de Italia, según confirmó el Ministro de Exteriores italiano, luego que se iniciara el proceso para allanarle la inmunidad parlamentaria. La decisión tomada el martes por el máximo órgano judicial provocó que el régimen venezolano se hiciera con el control de dos aeropuertos pequeños, ubicados a escasos minutos de Caracas, para evitar la fuga de varios opositores, luego que el TSJ asegurara que cometieron «actos ilícitos que comprometan la seguridad del país». Negociaciones El nombre de Maikel Moreno fue mencionado estos días por la prensa por haber participado en la negociación de la oposición con altos cargos chavistas para lograr el cese de la usurpación, uno de los objetivos que tiene Guaidó, y que le abriría el camino para instalar el gobierno de transición y posteriormente convocar elecciones libres. Las reuniones -en las que también participó Washington- comenzaron hace tres meses, y permitieron diseñar un pacto de 15 puntos. La ruta marcada establecía una salida «planificada» del presidente chavista y la instalación del gobierno de transición. Sin embargo, medios venezolanos filtraron que Moreno habría puesto exigencias sobre la mesa durante las negociaciones. Entre ellas que Estados Unidos levantara las sanciones económicas en su contra, ser el presidente de la junta (de transición), seguir en el TSJ, poner a su asistente clandestino en la Fiscalía General y nombrar al ministro del interior. Estos compromisos habrían enfriado el pacto entre Guaidó y los chavistas, en el que también habrían participado el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; Manuel Christopher Figueira, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), quien fue destituido por Maduro y que está en paradero desconocido, e Iván Hernández Dala, jefe de la Guardia de Honor presidencial.
08-04-2019 | Fuente: abc.es
El estancamiento de la crisis en Venezuela, envalentona a Daniel Ortega
Daniel Ortega y Nicolás Maduro parecen haber ido a la misma escuela, en la que aprendieron cómo erosionar las fuerzas de sus contrincantes. Ambos utilizan el arma del tiempo a su favor para disuadir, desgastar y desmoralizar los ánimos de la oposición. Y ambos utilizan el instrumento del diálogo, con falsas promesas, para entretener al contrincante y ganar tiempo. En Venezuela, parece que este ya se acabó para seguir dialogando, pero no así en Nicaragua, un país en crisis desde que comenzaron las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, el pasado 18 de abril, hace ya casi un año, en las que murieron más de 300 personas y otras casi 800 fueron detenidas. Con una economía en recesión y la sombra de las sanciones sobre el régimen y las fuerzas de seguridad que ejercen la represión, la solución parece dilatarse. Prueba de ello es la suspensión la semana pasada de la segunda ronda de negociaciones entre los representantes del Gobierno de Daniel Ortega y los de la oposición, a través de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -plataforma que reúne a representantes de diversos sectores de la sociedad civil-. Lo hizo tras haber firmado días antes unos acuerdos que incluían 18 puntos, según los cuales el Ejecutivo se comprometía a restablecer las garantías a los derechos ciudadanos -libertad de manifestación, de expresión, desarme de los paramilitares, libertad total a los presos políticos..- Unos acuerdos que fueron violados pocas horas después, cuando la policía orteguista reprimió una manifestación pacífica, deteniendo a más de un centenar de personas. Quedaban tan solo unos días para que se cumpliese la fecha límite -prorrogada hasta el 3 de abril- de esta segunda ronda de diálogo, en la que no participó la Conferencia Episcopal nicaragüense y de la que se apearon los estudiantes, y quedaba todavía un tema por tratar: el adelanto de elecciones para que Ortega desaloje el poder antes de 2021. Una línea roja para la Alianza Cívica, que el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, jefe negociador del Gobierno, aseguró durante unas declaraciones a un canal de televisión local «definitivamente» no se trataría en la mesa negociadora. «Nada de lo que se ha firmado hasta hora tendría validez si no se acuerdan unas elecciones anticipadas. Cómo ese asesino [Daniel Ortega] va a estar tanto tiempo en el gobierno». El que habla es Roberto Dávila, un exiliado nicaragüense ?que vive actualmente en España? que perdió a un hijo durante las protestas que comenzaron el 18 de abril en Nicaragua, y que tuvo que abandonar el país poco después para no ser detenido. «El pueblo no está de acuerdo con que Ortega esté en el poder hasta 2021. Tantos asesinatos no pueden quedar impunes», asegura a ABC Dávila, que perdió a uno de sus hijos, Kevin, un estudiante de veterinaria de 22 años, durante las protestas del pasado mes de abril. «Este señor cree que puede estar negociando como si no hubiera pasado nada, y su policías y matones igual. Tiene que haber justicia». Y cuestiona las garantías que se firmaron en los acuerdos alcanzados en la mesa negociadora el pasado 29 de marzo. «Ese mismo día la policía seguía hostigando a la gente. Están firmando y están violentando», señala. «Ese es el gran problema con Daniel Ortega. Dice una cosa y luego hace otra. Por eso no es creíble. Él es un dictador y no quiere dejar el poder. Quiere que pase el tiempo», insiste. «El pueblo no está de acuerdo con que Ortega esté en el poder hasta 2021. Tantos asesinatos no pueden quedar impunes», asegura Roberto Dávila Así mismo, Dávila se muestra reticente con los miembros de la Alianza Cívica que participaban en este segundo diálogo. «La mayoría son empresarios que miran por sus interes propios, no por el pueblo», señala. Canje de los presos políticos Edgardo Pinell, periodista nicaragënse que también tuvo que huir de su país -actualmente vive en España- por miedo a la represión de Ortega contra los medios y los informadores -más de sesenta tuvieron que dejar el país-, se muestra menos crítico con el trabajo de la Alianza Cívica. «Están haciendo un gran esfuerzo para canalizar una solución para alcanzar la democracia en el país», admite en declaraciones a ABC. Pero sí cuestiona la falta de un plantamiento unificado dentro de esta plataforma integrada por varios sectores de la sociedad civil: «Una cosa son los empresarios, que no son necesariamente políticos y no promueven decisiones muy efectivas en cuestiones de democracia y justicia«. Por otra parte, señala el problema estructural que existe en Nicaragua, ante la falta de organizaciones democráticas. «En este sentido no hay ninguna otra institución, tras haberse consolidado una dictadura en el país desde la llegada al poder de Ortega en 2007, que pueda servir para respaldar los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo». Con esto se refiere a la posición de desventaja de la Alianza Cívica frente a «la fortaleza de un puño unficado», respaldado por los organismos del país, que representa el Gobierno de Ortega. Algo que, en su opinión, «le da fortaleza al mismo Daniel Ortega». Pinell también señala como una de las causas del alargamiento de las negociaciones al contexto internacional. «Llama mucho la atención que la restauración del diálogo se da en el momento en que la crisis en Venezuela parecía tener arrinconado a Nicolás Maduro, y al mismo tiempo que la situación económica de Nicaragua se estaba desmoronando drásticamente». Transcurrido más de un mes desde el comienzo de la segunda ronda del diálogo, el periodista nicaragüense considera que «el estancamiento actual de la situación venezolana parece envalentonar a Daniel Ortega para no ceder más». Uno de los temas recurrentes durante esta segunda ronda de negociaciones ha sido la liberación de los presos políticos, casi 800 según la oposición desde el comienzo de las protestas -340 según el Gobierno de Ortega-. Durante este periodo, el Ejecutivo ha prometido la liberación de todos ellos en un plazo de 90 días (antes del 20 de junio). En los acuerdos del día 29 marzo, suscribió además que esta liberación sería «defnitiva», lo que implica la anulación de todos los procesos judiciales. A fecha de hoy, y como el propio régimen presumió este último viernes, han sido excarcelados 200 manifestantes, lo que no supone su liberación sino que se les ha dado casa por cárcel. «Los presos políticos son un canje para este gobierno», denuncia Pinell. «Las reclamaciones de los familiares y de asociaciones de defensa de los presos se han convertido en un terreno pantanoso y al mismo tiempo beneficioso para el gobierno. Es un tema que Ortega está estirando lo que sea necesario para ganar tiempo». Adelanto electoral Este asunto parece haber desplazado otra de las prioridades de la oposición: la exigencia de un adelanto electoral, al que se han negado de manera reiterada Ortega y su esposa, Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, «porque eso representa impunidad de lo que ha sucedido en el país. Cuanto más pase el tiempo más difícil es encontrar evidencias para buscar responsables». Pinell apela a la posibilidad de plantear una estrategia, que aunque larga podría ser efectiva, como la de convocar un referéndum, «algo que ya se hizo en Chile», para que el pueblo vote si quiere o no un adelanto electoral. «Esto permitiría no conformar partidos políticos, porque no sería necesario. La Alianza Cívica no se tendría que constituir como partido político. La elecciones sería más sencilla. La auditoría sería más rápida y también sería más fácil la observancia internacional». En su opinión, uno de los problemas es que no se han sabido vender las razones que respaldan un adelanto de las elecciones. «Los crímenes de lesa humanidad se solucionan con un adelanto electoral porque se acaba con la falta de institucionalidad democrática, que es la que ha permitido la concentración de poder que provoca el avasallamiento sin ningún punto de control, y ningún parlamento como contrapoder, ningún poder judicial que investigue de manera independiente». E insiste: «La única manera de garantizar justicia y reparación en Nicaragua es con un gobierno electo democráticamente». Justicia para las víctimas La justicia es otro de los obstáculos en la mesa de negociación, en referencia al punto denominado justicia, reparación y no repetición, cuyo objetivo es garantizar justicia para las víctimas de las protestas, y que el Gobierno de Ortega quiere que sea aplicada por la Policía, las instituciones del Estado y la denominada Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua, formado por miembros afines al régimen, algo que ha rechazado la Asociación de Madres de Abril (AMA) , formada por padres y familiares de las víctimas de las protestas. «Eso es algo irónico e insultante para los familiares de víctimas, para las personas que han sufrido torturas, las miles que han perdido su empleo, o las miles que hemos tenido que salir del país -afirma Pinell-. En Nicaragua no hay ningún poder del Estado ni ningún funcionario que escape de la influencia de Ortega. Eso es imposible. Esta medida es para facilitar su impunidad ante los crímenes que ha cometido». Entre los 18 puntos acordados el pasado 29 de marzo se encuentra uno en el que se asegura que aquellos que abandonaron el país debido a las protestas y la represión podrán regresar con todas las garantías. Algo que pone en cuestión Pinell -que no se plantea volver a Nicaragua de momento-, que asegura que el incumplimiento de estos acuerdos unas horas después de ser rubricados «es una forma de tantear la capacidad y liderazgo interno para contrarrestar los incumplimientos. Está tanteando a los garantes y a los mediadores». Esto ha demostrado, en su opinión, que la capacidad de reacción de la comunidad internacional «se ha ralentizado». ¿Y ahora, qué? Sobre qué es lo que va a pasar ahora, que la mesa negociadora se ha levantado tras la falta de consenso en temas como la justicia y la democratización del país y parece abrirse un periodo de «reflexión», el periodista nicaragüense mantiene que la estrategia que está llevando a cabo Ortega tiene como fin «tantear» el terreno y «alargar» la situación. «Está apostando al desgaste del adversario, y que la Alianza Cívica pierda legitimidad ante la ciudadanía. Que ante la situación cada vez más fragil de la economía nacional y familiar la gente le vuelva la espalda para ocuparse de su día a día. Que pierda interés por defender un adelanto electoral como solución a esta situación». Desgaste, aburrimiento y pérdida de legitimidad serían las bazas que pretende jugar el Gobierno sandinista para que el pueblo nicaragüense opte por callar y aguantar hasta el año 2021, cuando acabaría el mandatado de Daniel Ortega. Para evitar esto, Pinell reclama a Alianza Cívica algo más de «creatividad en sus propuestas para buscar una salida a Nicaragua. El gobierno ya sabe desde hace un año cuál es la agenda de la Alianza -adelanto de elecciones, presos políticos-, pero en los métodos para alcanzar esos fines creo que se puede ser más creativo. Tratar de ir más a la ofensiva en el terreno de la negociación, y no estar a la defensiva. Hacer algo que les fortalezca ante la opinión pública».
08-04-2019 | Fuente: abc.es
«El estancamiento de la crisis en Venezuela ha envalentonado a Daniel Ortega»
Daniel Ortega y Nicolás Maduro parecen haber ido a la misma escuela, en la que aprendieron cómo erosionar las fuerzas de sus contrincantes. Ambos utilizan el arma del tiempo a su favor para disuadir, desgastar y desmoralizar los ánimos de la oposición. Y ambos utilizan el instrumento del diálogo, con falsas promesas, para entretener al contrincante y ganar tiempo. En Venezuela, parece que este ya se acabó para seguir dialogando, pero no así en Nicaragua, un país en crisis desde que comenzaron las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, el pasado 18 de abril, hace ya casi un año, en las que murieron más de 300 personas y otras casi 800 fueron detenidas. Con una economía en recesión y la sombra de las sanciones sobre el régimen y las fuerzas de seguridad que ejercen la represión, la solución parece dilatarse. Prueba de ello es la suspensión la semana pasada de la segunda ronda de negociaciones entre los representantes del Gobierno de Daniel Ortega y los de la oposición, a través de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -plataforma que reúne a representantes de diversos sectores de la sociedad civil-. Lo hizo tras haber firmado días antes unos acuerdos que incluían 18 puntos, según los cuales el Ejecutivo se comprometía a restablecer las garantías a los derechos ciudadanos -libertad de manifestación, de expresión, desarme de los paramilitares, libertad total a los presos políticos..- Unos acuerdos que fueron violados pocas horas después, cuando la policía orteguista reprimió una manifestación pacífica, deteniendo a más de un centenar de personas. Quedaban tan solo unos días para que se cumpliese la fecha límite -prorrogada hasta el 3 de abril- de esta segunda ronda de diálogo, en la que no participó la Conferencia Episcopal nicaragüense y de la que se apearon los estudiantes, y quedaba todavía un tema por tratar: el adelanto de elecciones para que Ortega desaloje el poder antes de 2021. Una línea roja para la Alianza Cívica, que el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, jefe negociador del Gobierno, aseguró durante unas declaraciones a un canal de televisión local «definitivamente» no se trataría en la mesa negociadora. «Nada de lo que se ha firmado hasta hora tendría validez si no se acuerdan unas elecciones anticipadas. Cómo ese asesino [Daniel Ortega] va a estar tanto tiempo en el gobierno». El que habla es Roberto Dávila, un exiliado nicaragüense ?que vive actualmente en España? que perdió a un hijo durante las protestas que comenzaron el 18 de abril en Nicaragua, y que tuvo que abandonar el país poco después para no ser detenido. «El pueblo no está de acuerdo con que Ortega esté en el poder hasta 2021. Tantos asesinatos no pueden quedar impunes», asegura a ABC Dávila, que perdió a uno de sus hijos, Kevin, un estudiante de veterinaria de 22 años, durante las protestas del pasado mes de abril. «Este señor cree que puede estar negociando como si no hubiera pasado nada, y su policías y matones igual. Tiene que haber justicia». Y cuestiona las garantías que se firmaron en los acuerdos alcanzados en la mesa negociadora el pasado 29 de marzo. «Ese mismo día la policía seguía hostigando a la gente. Están firmando y están violentando», señala. «Ese es el gran problema con Daniel Ortega. Dice una cosa y luego hace otra. Por eso no es creíble. Él es un dictador y no quiere dejar el poder. Quiere que pase el tiempo», insiste. «El pueblo no está de acuerdo con que Ortega esté en el poder hasta 2021. Tantos asesinatos no pueden quedar impunes», asegura Roberto Dávila Así mismo, Dávila se muestra reticente con los miembros de la Alianza Cívica que participaban en este segundo diálogo. «La mayoría son empresarios que miran por sus interes propios, no por el pueblo», señala. Canje de los presos políticos Edgardo Pinell, periodista nicaragënse que también tuvo que huir de su país -actualmente vive en España- por miedo a la represión de Ortega contra los medios y los informadores -más de sesenta tuvieron que dejar el país-, se muestra menos crítico con el trabajo de la Alianza Cívica. «Están haciendo un gran esfuerzo para canalizar una solución para alcanzar la democracia en el país», admite en declaraciones a ABC. Pero sí cuestiona la falta de un plantamiento unificado dentro de esta plataforma integrada por varios sectores de la sociedad civil: «Una cosa son los empresarios, que no son necesariamente políticos y no promueven decisiones muy efectivas en cuestiones de democracia y justicia«. Por otra parte, señala el problema estructural que existe en Nicaragua, ante la falta de organizaciones democráticas. «En este sentido no hay ninguna otra institución, tras haberse consolidado una dictadura en el país desde la llegada al poder de Ortega en 2007, que pueda servir para respaldar los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo». Con esto se refiere a la posición de desventaja de la Alianza Cívica frente a «la fortaleza de un puño unficado», respaldado por los organismos del país, que representa el Gobierno de Ortega. Algo que, en su opinión, «le da fortaleza al mismo Daniel Ortega». Pinell también señala como una de las causas del alargamiento de las negociaciones al contexto internacional. «Llama mucho la atención que la restauración del diálogo se da en el momento en que la crisis en Venezuela parecía tener arrinconado a Nicolás Maduro, y al mismo tiempo que la situación económica de Nicaragua se estaba desmoronando drásticamente». Transcurrido más de un mes desde el comienzo de la segunda ronda del diálogo, el periodista nicaragüense considera que «el estancamiento actual de la situación venezolana parece envalentonar a Daniel Ortega para no ceder más». Uno de los temas recurrentes durante esta segunda ronda de negociaciones ha sido la liberación de los presos políticos, casi 800 según la oposición desde el comienzo de las protestas -340 según el Gobierno de Ortega-. Durante este periodo, el Ejecutivo ha prometido la liberación de todos ellos en un plazo de 90 días (antes del 20 de junio). En los acuerdos del día 29 marzo, suscribió además que esta liberación sería «defnitiva», lo que implica la anulación de todos los procesos judiciales. A fecha de hoy, y como el propio régimen presumió este último viernes, han sido excarcelados 200 manifestantes, lo que no supone su liberación sino que se les ha dado casa por cárcel. «Los presos políticos son un canje para este gobierno», denuncia Pinell. «Las reclamaciones de los familiares y de asociaciones de defensa de los presos se han convertido en un terreno pantanoso y al mismo tiempo beneficioso para el gobierno. Es un tema que Ortega está estirando lo que sea necesario para ganar tiempo». Adelanto electoral Este asunto parece haber desplazado otra de las prioridades de la oposición: la exigencia de un adelanto electoral, al que se han negado de manera reiterada Ortega y su esposa, Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, «porque eso representa impunidad de lo que ha sucedido en el país. Cuanto más pase el tiempo más difícil es encontrar evidencias para buscar responsables». Pinell apela a la posibilidad de plantear una estrategia, que aunque larga podría ser efectiva, como la de convocar un referéndum, «algo que ya se hizo en Chile», para que el pueblo vote si quiere o no un adelanto electoral. «Esto permitiría no conformar partidos políticos, porque no sería necesario. La Alianza Cívica no se tendría que constituir como partido político. La elecciones sería más sencilla. La auditoría sería más rápida y también sería más fácil la observancia internacional». En su opinión, uno de los problemas es que no se han sabido vender las razones que respaldan un adelanto de las elecciones. «Los crímenes de lesa humanidad se solucionan con un adelanto electoral porque se acaba con la falta de institucionalidad democrática, que es la que ha permitido la concentración de poder que provoca el avasallamiento sin ningún punto de control, y ningún parlamento como contrapoder, ningún poder judicial que investigue de manera independiente». E insiste: «La única manera de garantizar justicia y reparación en Nicaragua es con un gobierno electo democráticamente». Justicia para las víctimas La justicia es otro de los obstáculos en la mesa de negociación, en referencia al punto denominado justicia, reparación y no repetición, cuyo objetivo es garantizar justicia para las víctimas de las protestas, y que el Gobierno de Ortega quiere que sea aplicada por la Policía, las instituciones del Estado y la denominada Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua, formado por miembros afines al régimen, algo que ha rechazado la Asociación de Madres de Abril (AMA) , formada por padres y familiares de las víctimas de las protestas. «Eso es algo irónico e insultante para los familiares de víctimas, para las personas que han sufrido torturas, las miles que han perdido su empleo, o las miles que hemos tenido que salir del país -afirma Pinell-. En Nicaragua no hay ningún poder del Estado ni ningún funcionario que escape de la influencia de Ortega. Eso es imposible. Esta medida es para facilitar su impunidad ante los crímenes que ha cometido». Entre los 18 puntos acordados el pasado 29 de marzo se encuentra uno en el que se asegura que aquellos que abandonaron el país debido a las protestas y la represión podrán regresar con todas las garantías. Algo que pone en cuestión Pinell -que no se plantea volver a Nicaragua de momento-, que asegura que el incumplimiento de estos acuerdos unas horas después de ser rubricados «es una forma de tantear la capacidad y liderazgo interno para contrarrestar los incumplimientos. Está tanteando a los garantes y a los mediadores». Esto ha demostrado, en su opinión, que la capacidad de reacción de la comunidad internacional «se ha ralentizado». ¿Y ahora, qué? Sobre qué es lo que va a pasar ahora, que la mesa negociadora se ha levantado tras la falta de consenso en temas como la justicia y la democratización del país y parece abrirse un periodo de «reflexión», el periodista nicaragüense mantiene que la estrategia que está llevando a cabo Ortega tiene como fin «tantear» el terreno y «alargar» la situación. «Está apostando al desgaste del adversario, y que la Alianza Cívica pierda legitimidad ante la ciudadanía. Que ante la situación cada vez más fragil de la economía nacional y familiar la gente le vuelva la espalda para ocuparse de su día a día. Que pierda interés por defender un adelanto electoral como solución a esta situación». Desgaste, aburrimiento y pérdida de legitimidad serían las bazas que pretende jugar el Gobierno sandinista para que el pueblo nicaragüense opte por callar y aguantar hasta el año 2021, cuando acabaría el mandatado de Daniel Ortega. Para evitar esto, Pinell reclama a Alianza Cívica algo más de «creatividad en sus propuestas para buscar una salida a Nicaragua. El gobierno ya sabe desde hace un año cuál es la agenda de la Alianza -adelanto de elecciones, presos políticos-, pero en los métodos para alcanzar esos fines creo que se puede ser más creativo. Tratar de ir más a la ofensiva en el terreno de la negociación, y no estar a la defensiva. Hacer algo que les fortalezca ante la opinión pública».
28-03-2019 | Fuente: elpais.com
El Poder Judicial acuerda apartar a la juez con más casos contra la corrupción de Galicia
El gobierno de los jueces impone una suspensión de siete meses y pérdida de destino a la instructora de las mayores investigaciones contra políticos en la comunidad
21-03-2019 | Fuente: abc.es
Tortículis iliberal
Desde el prisma diplomático escorado hacia los intereses en detrimento de los valores, es difícil encontrar un autócrata en el mundo que no le caiga simpático a Donald Trump. Puestos a reír las peligrosas gracias de tiranos, déspotas y opresores más o menos sangrientos, el gobierno de Estados Unidos viene demostrando un alarde de inquietantes complicidades, desde los siniestros sátrapas del mundo árabe hasta el sangriento estalinismo de Pyongyang. El régimen «iliberal» de Viktor Orban en Hungría no es una excepción a estas simpatías antidemocráticas que emanan del nacional-populismo imperante en Washington y del oportunismo político en Europa. A estas alturas, queda claro que en las relaciones internacionales bajo el prisma del Trumpismo, cuestiones como los derechos humanos, el imperio de ley, la libertad o el pluralismo forman parte de la letra pequeña que no debe interferir con la interesada jugada del momento. Desde su regreso al poder en 2010, Orban ha venido gobernando sin reparos en detrimento del sistema democrático de Hungría. El primer ministro y sus aliados han invertido su capital político en abusar para beneficio propio de las básicas reglas del juego que se esperan de cualquier democracia europea. Desde el sistema electoral al poder judicial, pasando por los medios, la educación y la cultura. Todo con un sospechoso tufo pro-ruso y repugnantes connotaciones antisemitas. Ante el dilema moral que plantean regímenes como el de Orban, la respuesta internacional hasta ahora ha sido una metafórica tortícolis de tanto mirar hacia otra parte. El último al que ha tocado pronunciarse sobre lo que está ocurriendo en Hungría es al Partido Popular Europeo (PPE). La asamblea política del mayor grupo en el Parlamento de la Unión Europea, por 190 votos a favor y tres en contra, ha optado por lo más parecido a una comprensiva reprimenda: suspender a Fidesz, el partido de Orban. Una forma muy cómoda de aparentar que se está haciendo algo aunque sin llegar a una expulsión en vísperas de unas reñidas elecciones europeas.
21-03-2019 | Fuente: abc.es
Tortícolis iliberal
Desde el prisma diplomático escorado hacia los intereses en detrimento de los valores, es difícil encontrar un autócrata en el mundo que no le caiga simpático a Donald Trump. Puestos a reír las peligrosas gracias de tiranos, déspotas y opresores más o menos sangrientos, el gobierno de Estados Unidos viene demostrando un alarde de inquietantes complicidades, desde los siniestros sátrapas del mundo árabe hasta el sangriento estalinismo de Pyongyang. El régimen «iliberal» de Viktor Orban en Hungría no es una excepción a estas simpatías antidemocráticas que emanan del nacional-populismo imperante en Washington y del oportunismo político en Europa. A estas alturas, queda claro que en las relaciones internacionales bajo el prisma del Trumpismo, cuestiones como los derechos humanos, el imperio de ley, la libertad o el pluralismo forman parte de la letra pequeña que no debe interferir con la interesada jugada del momento. Desde su regreso al poder en 2010, Orban ha venido gobernando sin reparos en detrimento del sistema democrático de Hungría. El primer ministro y sus aliados han invertido su capital político en abusar para beneficio propio de las básicas reglas del juego que se esperan de cualquier democracia europea. Desde el sistema electoral al poder judicial, pasando por los medios, la educación y la cultura. Todo con un sospechoso tufo pro-ruso y repugnantes connotaciones antisemitas. Ante el dilema moral que plantean regímenes como el de Orban, la respuesta internacional hasta ahora ha sido una metafórica tortícolis de tanto mirar hacia otra parte. El último al que ha tocado pronunciarse sobre lo que está ocurriendo en Hungría es al Partido Popular Europeo (PPE). La asamblea política del mayor grupo en el Parlamento de la Unión Europea, por 190 votos a favor y tres en contra, ha optado por lo más parecido a una comprensiva reprimenda: suspender a Fidesz, el partido de Orban. Una forma muy cómoda de aparentar que se está haciendo algo aunque sin llegar a una expulsión en vísperas de unas reñidas elecciones europeas.
20-03-2019 | Fuente: elpais.com
Victoria Rosell pide la baja como juez y ultima la vuelta a las listas de Podemos
La magistrada ya fue diputada de la formación y solicitará una excedencia en el Consejo General del Poder Judicial
12-03-2019 | Fuente: elpais.com
El presidente de Uruguay destituye al jefe del Ejército por sus críticas al Gobierno
Guido Manini Ríos no descarta dedicarse a la política tras censurar al poder judicial y cuestionar la reforma de las pensiones militares
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