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Noticias de parlamento europeo

19-10-2021 | Fuente: abc.es
Polonia mantiene su desafío a la UE y Von der Leyen amenaza con bloquear las ayudas
El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, no ha venido al Parlamento Europeo para suavizar las tensiones con el resto de la Unión Europea, sino a poner sobre la mesa el debate esencial sobre el origen y el destino de la soberanía y la legitimidad de la Unión Europea. En su esperada intervención en el pleno de Estrasburgo ha vuelto a sostener sin ningún tipo de medias tintas que «el Derecho de la UE va después de la norma nacional y esto se aplica en todos los Estados miembros», lo que le ha valido una respuesta airada de la mayoría de los portavoces de los grupos, pero sobre todo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen que le dijo que «no vamos a tolerar que se ponga en riesgo el sistema legal europeo» y adelantó que llevará a Polonia al Tribunal de Luxemburgo y aplicará el mecanismo de condicionalidad para limitar la llegada de fondos europeos a Polonia. La presidenta reconoció que la situación creada por el Gobierno nacionalista de Varsovia «tendrá consecuencias para los polacos» el primero de ellos que «sin tribunales independientes, sus derechos están en peligro». Según Von der Leyen, la decisión de la Corte Constitucional polaca es «un cuestionamiento a los fundamentos de la Unión Europa. Es un desafío directo a la unidad del orden legal» del bloque. «Es la primera vez que una corte de un Estado del bloque falla que los tratados de la UE son incompatibles con la Constitución nacional. Esto tiene serias consecuencias para los polacos», dijo Von der Leyen, quien advirtió que «la Comisión Europea actuará». Pero Morawiecki insistió en la defensa de que «los países son el soberano europeo, son los dueños de los Tratados y son los Estados miembros los que establecen las competencias dentro de la UE. En los Tratados hemos dado muchas competencias a la Unión Europea, pero no todo. Hay muchos ámbitos del derecho que siguen siendo competencia de los Estados miembros», lo que justifica a su juicio mantener la prevalencia del derecho nacional sobre el europeo. Un país de segunda clase El representante polaco dijo que se sentían tratados como un país de segunda clase dentro de la UE, teniendo en cuenta que otros tribunales constitucionales habían dictado sentencias que también trataban el tema del enaje de las constituciones nacionales y el derecho comunitario y cree que «fingir que no hay problemas tiene malos efectos. Los ciudadanos no están ciegos ni sordos, sino que van a perder la confianza» en las instituciones europeas. «Rechazo el lenguaje de las amenazas o la coerción. El chantaje se ha tornado un método habitual de ciertos Estados del bloque, y no es la base de la democracia", dijo Morawiecki en el hemiciclo Europarlamento. En cuanto a su posición sobre la pertenencia de Polonia a la UE, Morawiecki lo resumió así: «Aquí estamos, este es nuestro lugar y mi Gobierno forma parte de la mayoría proeuropea en Polonia, pero eso no implica que los ciudadanos no tengan cada vez más dudas sobre al eficacia de la UE para resolver sus problemas». El debate en el pleno de Estrasburgo coincidió con la reunión de ministros europeos en Luxemburgo en la que la mayoría se pronunciaron también de forma muy crítica contra la posición de Polonia.
19-10-2021 | Fuente: abc.es
Polonia cuestiona la calidad democrática de la UE
El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha enviado a los líderes de la Unión Europea una advertencia en la que señala que el bloque corre el riesgo de convertirse en «un organismo administrado de manera centralizada por instituciones desprovistas de control democrático». Se trata en su opinión de «un fenómeno peligroso que amenaza el futuro de nuestra unión», aunque agrega que Polonia continuaría siendo un «miembro leal». El primer ministro polaco llama a los gobiernos europeos a estar «abiertos al diálogo» sobre la reforma del bloque comunitario: «Creo que juntos, con un espíritu de respeto y comprensión mutua, sin imponer la voluntad de uno a los otros, podemos encontrar una solución que fortalecerá nuestra Unión Europea». La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha respondido a Morawiecki que tomará medidas para proteger los derechos fundamentales de los polacos tras la sentencia del Tribunal Constitucional que puso en duda la primacía del Derecho comunitario. «No podemos permitir, y no vamos a permitir, que nuestros valores comunes sean puestos en peligro. La Comisión va a actuar», ha afirmado Von der Leyen en su primera intervención en un debate sobre la situación en Polonia celebrado en el pleno del Parlamento europeo y al que también ha acudido Morawiecki. En la exposición de los hechos, Morawiecki señala que los Estados miembros de la UE «han confiado una serie de competencias» a las instituciones europeas y «Polonia lo respeta y reconoce su primacía sobre las leyes nacionales, según las obligaciones en virtud del Tratado» de adhesión a la unión. Sin embargo, Morawiecki se refiere más tarde a ese «principio, que atañe a todos los actos jurídicos» como «no ilimitado» e insiste en que «en cada uno de nuestros países, la primacía la mantiene la Constitución», intentando cuadrar un círculo jurídico que mantenga a Polonia en la UE pero libere a su gobierno de las directrices de Bruselas. «Dónde se encuentra el límite, solo puede ser evaluado por los tribunales, tanto el Tribunal de Justicia de la UE como nuestros tribunales constitucionales nacionales», pues «ellos son los guardianes de la Constitución», intenta desviar del asunto la cuestión política y dejarlo en manos de los tribunales. «La primacía de la legislación de la UE sobre la legislación nacional existe y es amplia, pero tiene sus límites», insiste Morawiecki. El jefe del Gobierno polaco enfatiza por otra parte que Polonia «no está haciendo nada que no hayan hecho antes Alemania, Francia, Italia, España, Dinamarca, Rumanía o la República Checa», en alusión a contenciosos ocurridos en estos países entre la legislación nacional y la europea. Morawiecki asegura en su escrito que el Tribunal Constitucional polaco no declara al Tratado de adhesión a la UE «totalmente incompatible con la Constitución polaca y que se limita a señalar que una interpretación muy concreta de disposiciones del Tratado es incompatible con ella». A continuación es cuando el primer ministro afirma que la UE se ha transformado en «un organismo centralista que fuerza a sus provincias» a seguir sus dictados y que ha llegado a «usurpar poderes que no tiene», algo que, según él «es un fenómeno muy peligroso». Sanciones europeas Morawiecki insiste en su escrito en que «la UE no debe ser un instrumento para cumplir los deseos de algunos Estados miembros a expensas de otros» por medio del «chantaje financiero, castigos y hambre» en esta carta enviada la víspera de acudir al pleno de la Eurocámara en Estrasburgo que revisará la crisis abierta entre la UE y Polonia tras una sentencia del Tribunal Constitucional polaco, que declaró inconstitucionales varios artículos de los tratados de la UE. Este enfrentamiento con Bruselas está siendo impulsado por el gobernante partido de derecha y en ocasiones populista Ley y Justicia (PiS), que ha llevado a cabo reformas que, según las instituciones europeas, socavan la independencia judicial y podrían hacer retroceder las reformas democráticas, mientras que el Gobierno polaco insiste en que son necesarias para erradicar la corrupción en el poder judicial. Polonia está amenazada por sanciones europeas que incluyen la retirada de las ayudas del Fondo de Reconstrucción. El expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha sido el último en pedir que no se le entreguen fondos a Varsovia como respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional de Polonia. «La sanción financiera es más importante que la sanción sentimental y jurídica», ha declarado en una entrevista con el diario belga Le Soir. El Gobierno polaco aspira a recibir 36.000 millones de euros, tras ampliar el plazo de evaluación. «Considero ese fallo del Tribunal Constitucional polaco como un atentado sistémico contra la supremacía del Derecho Europeo y una aventura en la que se han medido mal las consecuencias», ha juzgado Juncker, quien pidió «calma» y fe en la respuesta que tome la Comisión Europea, que llega en palabras de la presidenta de la Comisión. Ursula von del Leyen considera que la sentencia del Tribunal Constitucional polaco supone un punto de inflexión que obtendrá una respuesta contundente. Ante el pleno del parlamento europeo, ha acusado a Morawiecki de «poner en cuestión los valores europeos».
19-10-2021 | Fuente: abc.es
Polonia intensifica su pulso con la UE y ataca ahora a Alemania
La víspera de un espinoso debate en el pleno del Parlamento Europeo entre el primer ministro polaco, el nacional populista Mateusz Morawiecki, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, desde Varsovia se lanzó ayer un órdago inédito en los usos habituales de la diplomacia comunitaria. El ministro de Justicia de Polonia, Zbigniew Ziobro, quiere que su Gobierno denuncie a Alemania ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo porque a su juicio es este país el que estaría incumpliendo los principios del Estado de derecho que exige la Unión Europea. Polonia está siendo acusada por la Comisión y el Parlamento europeos de violar los principios de la UE por la inferencia del Gobierno en la Justicia. También el Tribunal Europeo ha anulado varias de las decisiones del Gobierno polaco sobre el poder judicial. Sin embargo, el actual Tribunal Constitucional polaco también ha sentenciado que la Carta Magna de este país prevalece sobre la legislación europea, lo que ha sido interpretado como un ataque frontal contra la estabilidad institucional comunitaria. Para añadir leña al fuego, Ziobro dijo ayer en una rueda de prensa que después de analizar el sistema de elección de jueces en Alemania le gustaría «dirigir una solicitud al Consejo de Ministros para que considere iniciar un procedimiento legal para demandar a Alemania ante el Tribunal de Luxemburgo por violar los tratados de la UE mediante la politización del poder judicial», porque, a su juicio, «en la Unión Europea todos debemos ser iguales ante la ley». En este ambiente tan tenso, el Parlamento Europeo será hoy el escenario del primer cara a cara entre la presidenta Von der Leyen y el primer ministro polaco Morawiecki para tratar de aclarar la crisis abierta. El Gobierno polaco sostiene que la legislación europea y las sentencias del Tribunal de Luxemburgo debe prevalecer solamente en los aspectos en los que la Comisión tiene competencias atribuidas expresamente, pero que en todo lo demás o en caso de duda debe respetarse la legislación nacional, una opinión que no es compartida ni por la Comisión ni por los demás países miembros que han reaccionado ante la posición de Varsovia con severas críticas. Una vez que la sentencia del Constitucional polaco ya se ha publicado, la Comisión está analizando sus eventuales implicaciones y no ha anunciado aún cuándo hará públicas las medidas que tomaría por este grave desafío al orden legal comunitario. Se supone que Von der Leyen lo puede anunciar hoy o puede aprovechar la intervención en el Parlamento para enunciar la dirección que puede tomar el asunto. Los fondos, congelados Por ahora el Ejecutivo comunitario mantiene en el congelador la decisión de aprobar el plan de recuperación polaco, que puede ascender a 36.000 millones de euros, porque la vincula precisamente a la necesidad de que Varsovia asuma el marco institucional. Además, el Parlamento aprobará sin duda el jueves una resolución en la que va a quedar clara su preocupación sobre la extraña deriva de las autoridades polacas y las graves implicaciones de la sentencia del Constitucional.
18-10-2021 | Fuente: abc.es
Polonia amenaza con atacar a Alemania ante la Justicia europea
El ministro de Justicia de Polonia Zbigniew Ziobro, quiere que su Gobierno denuncie a Alemania ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo porque a su juicio estaría incumpliendo los principios del estado de Derecho que exige la Unión Europea. Polonia está siendo acusada por la Comisión y el Parlamento europeos de violar los principios europeos por la inferencia del Gobierno en la administración judicial. También el Tribunal Europeo ha anulado varias de las decisiones del Gobierno polaco sobre el poder judicial. Sin embargo, el actual Tribunal Constitucional polaco también ha sentenciado que la Constitución de este país prevalece sobre la legislación europea, lo que ha sido interpretado como un ataque frontal contra la estabilidad institucional comunitaria. A causa de esta situación, la Comisión Europea ha decidido bloquear por ahora la gestión de los fondos de recuperación que le corresponden a Polonia. Como respuesta, Ziobro ha dicho en una rueda de prensa que después de analizar el sistema de elección de jueces en Alemania «me gustaría dirigir una solicitud al Consejo de Ministros para que considere iniciar un procedimiento legal para demandar a Alemania ante el Tribunal de Luxemburgo por violar los tratados de la UE mediante la politización del poder judicial». A su juicio «en la Unión Europea todos debemos ser iguales ante la ley». El ministro de Justicia ha citado el artículo 259 del Tratado de Funcionamiento de la UE que establece que un estado miembro puede llevar un caso al TJUE contra otro, si este no cumple con las obligaciones del tratado. A juicio del Gobierno polaco, en Alemania los jueces son elegidos con criterios políticos.
15-10-2021 | Fuente: abc.es
Borrell se enreda en la crisis venezolana y atacaa Guaidó y López
El Parlamento Europeo decidirá la semana que viene si envía también una misión de observación política a las elecciones regionales del 21 de noviembre que organiza la dictadura venezolana, que complementaría la que ya ha decidido enviar el Alto Representante para la política exterior de la UE, Josep Borrell, que a su vez acusa a los más relevantes opositores venezolanos como Leopoldo López y al que varios países miembros han reconocido como presidente encargado, Juan Guaidó, de intentar «dinamitarla». Pocas veces se había vivido en Bruselas una polémica tan agria en relación a una misión de observación electoral. Probablemente esta situación tiene mucho que ver con el hecho de que esta es también la primera vez que un Alto Representante decide enviarla en contra del informe preliminar que habían preparado los técnicos, y que dictaminaba claramente que no se daban las condiciones mínimas para ello. Las misiones electorales que envía el servicio de Acción Exterior son eminentemente técnicas, mientras que las del Parlamento encarnan la versión más política de los hechos. El Alto representante ha nombrado a la eurodiputada socialista portuguesa Isabel Santos como jefa de la misión de observación y ella será, en todo caso, la única cabeza de todo el proceso, incluso si finalmente se despliegan representantes del Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo (PPE) había pedido que Borrell fuera convocado para comparecer ante la Comisión de Asuntos Exteriores y explicar las razones por las que había tomado esta decisión en contra del dictamen, pero no ha logrado una mayoría. En gran medida porque el antiguo grupo liberal, donde está Ciudadanos, ha preferido dejar que discurra el procedimiento dado que están de acuerdo con que la misión se desplace a Venezuela. El hecho ha sido interpretado como resultado de las diferencias en el seno del grupo, aunque como es natural no ha sentado nada bien entre los populares. Dolors Montserrat, que ha intentado forzar esta comparecencia o Leopoldo López, padre del dirigente opositor, se mostraron contrariados, mientras que el diputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, justificó su posición contraria a la comparecencia para favorecer el envío de la misión que a su juicio solo puede hacer un informe contrario a la dictadura. Fuera de las instituciones, Borrell ha sostenido en varias ocasiones en los últimos días que el informe en cuestión que ha decidido ignorar «era viejo» porque se hizo en julio y él tomó la decisión a finales de septiembre, pero no ha podido explicar cuáles son los elementos esenciales que han cambiado desde entonces. Las conversaciones de México entre el régimen y la oposición están estancadas, los partidos de oposición no se han podido presentar libremente, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de la dictadura ha distribuido arbitrariamente las siglas y las sedes de los partidos, no se ha liberado ni un solo preso político (al revés, solo en este año han muerto en la cárcel tres personas encarceladas por represalias de la dictadura, el último el ex general Raúl Baduel), y no se presta asistencia médica a ninguno del medio centenar que la necesitan. Según fuentes bien informadas, esta es también la primera vez que las empresas especializadas en desplegar los aspectos logísticos de una misión electoral, y que habitualmente se disputan el contrato con la Comisión Europea, no han mostrado gran interés en llevarlo a cabo, precisamente porque han conocido el informe preliminar y son conscientes de las terribles dificultades que representará. Se han presentado al concurso para no quedar descalificadas en futuros contratos, pero según esta versión, al final se ha adjudicado por un importe de unos 7 millones de euros, cuando lo habitual es que ronden los dos milones y medio. Antes de emprender viaje a Estados Unidos, Borrell hizo unas declaraciones en las que culpaba a «los partidos políticos de López y de Guaidó y sus representantes en el Parlamento Europeo, que no quieren que se haga la misión a pesar de que sus partidos se presentan» a las elecciones regionales. Justificaba su decisión diciendo que es «muy importante mandar una misión de observación electoral, para que sepamos lo que pasa allí», aunque el informe que ha desdeñado era meridianamente claro sobre ello. Las autoridades de la dictadura venezolana habían criticado declaraciones suyas en este sentido y en las que advertía que sería esta misión la que determinaría la legitimidad del proceso y lo consideraron como una injerencia intolerable que ponía en riesgo la invitación a la misión de observación porque «ningún país podrías tolerar esto». «Borrell debe explicar cuanto antes las condiciones bajo las que se despliega la misión en Venezuela que hoy está en entredicho. Ha ninguneado las recomendaciones de sus servicios y para cubrirse las vergüenzas acusa a los demócratas venezolanos de querer dinamitar el proceso», dijo por su parte Valentina Martínez, secretaria de Internacional del PP. Pero desde Bruselas Borrell insistió en sus tesis. En declaraciones a la agencia Efe, el Alto Representante repitió que «el Gobierno venezolano me ataca y se queja porque dije lo que es obvio, que las misiones de observación electoral van a verificar la calidad de las elecciones. Se va a valorar la calidad democrática de las elecciones. Por tanto, las legitima o las deslegitima desde el punto de vista de la calidad democrática que tienen, claro que sí. No les gusta, pues no lo vamos a cambiar, ¿a qué creen que vamos?», dijo. Más aún, considera que los observadores europeos «no apoyan a la oposición, les da garantías. Si hay alguien que vigila, es como un partido de fútbol con arbitro. Si hay un arbitro da garantías de juego limpio». Ayer mismo, el portavoz de Borrell tuvo que admitir que la misión podría suspenderse «si las condiciones cambian». Peter Stano aseguró que la firma del «Acuerdo Administrativo» con la dictadura «permitirá que la misión pueda llevarse a cabo según nuestros criterios», aunque lo cierto es que el documento encajona en muchos sentidos la labor de los observadores, que no podrán moverse por el país sin comunicar con antelación sus planes ni podrán hacer declaraciones.
15-10-2021 | Fuente: abc.es
El extremismo y la radicalización se disparan en los países nórdicos
Noruega está en estado de shock, pero los ataques islamistas no son una novedad en este país. El politólogo Tobias Etzold, que lleva a cabo una investigación sobre el populismo de derecha en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU) en Trondheim, ha observado que alrededor del décimo aniversario del atentado de Utøya «hay una nueva discusión al respecto, porque ambos atacantes tenían antecedentes islamistas, pero el caso es que todo el mundo se conmueve el día del atentado y después no hay consecuencias legales». En los últimos años, «se ha desarrollado un clima de radicalización» en ciertos círculos, no solo en Noruega, sino también en Suecia y Dinamarca. «El auge de los partidos populistas de derecha con retórica xenófoba por un lado y los suburbios, convertidos en guetos en los que los jóvenes viven de reacción y contrarreacción, en periódicas manifestaciones de violencia, es un caldo de cultivo permanente», señala. «El potencial de violencia es enorme», asegura el experto, «las redes extremistas en Noruega operan en la oscuridad, en ambos lados extremos del arco político». Etzold sospecha que el nuevo Gobierno noruego de centroizquierda abordará el problema en los próximos meses, «al menos parece ser más consciente de ello». La toma de posesión del socialdemócrata Jonas Gahr Støre como jefe de gobierno, que tuvo lugar ayer, se vio ensombrecida por el ataque. Este clima enrarecido ha propiciado el surgimiento de grupos de extrema derecha contrarios al islam como Alto a la islamización de Noruega, con paralelos en los Patriotas Alemanes contra la Islamización de Occidente (Peguida), que pide la prohibición de esta religión y que convoca manifestaciones en las que se quema el Corán. La líder del grupo, Anna Braten, repite en sus actos que «no hay lugar para el islam en Noruega y que el sagrado Corán debería ser destruido por completo». La policía ha intervenido en varias de sus protestas , al igual que en actos convocados por Rasmus Paludan, líder del movimiento de extrema derecha Línea Estricta (Curso Stram). En Finlandia, el presidente del partido de extrema derecha Primero el Pueblo Finlandés (Suomen Kansa Ensin), Marco de Wit, destruyó un Corán durante la campaña para las elecciones del Parlamento Europeo, sumándose a un movimiento que se expande en el norte de Europa y cuyos integrantes se comunican de forma casi exclusiva a través de las redes sociales.
09-10-2021 | Fuente: abc.es
Los comunistas checos no estarán en el nuevo Parlamento de Praga
El primer ministro checo, el multimillonario populista Andrej Babis, se impuso en las legislativas de su país este sábado pero sin obtener mayoría, por lo que la formación de un nuevo gobierno podría llevar semanas o meses de negociaciones. Tras el recuento del 80% de los votos, el partido de centro y populista ANO de Babis consigue 28 de votos, que equivale a 75 de los 200 escaños del Parlamento, a pesar de sus litigios con la Unión Europea y de estar presuntamente involucrado en los papeles de Pandora. Por su lado, la alianza Juntos, formada por los Cívicos Demócratas (derecha), TOP09 (centroderecha) y los cristianodemócratas (centroderecha) obtuvo 26% de los votos. Una alianza antisistema, la del Partido Pirata y el movimiento Alcaldes e Independientes (STAN), logró el 15%. Estas dos alianzas podrían formar gobierno si se unen, ya que tienen juntas más del 50% de los escaños del Parlamento (103 de 200), según la televisión checa. Por su parte, el Partido Comunista checo tuvo su peor resultado con apenas 3,81% y, por primera vez desde la llegada de la democracia no tendrá representación parlamentaria, al no superar el 5% necesario. Andrej Babis, empresario en los sectores agroalimentario, químico y mediático de 67 años, está acusado de presunto fraude en las subvenciones procedentes de la Unión Europea, que le reprocha su conflicto de intereses como empresario y político. Entre el resto de partidos que competían en las elecciones destacó el movimiento de extrema derecha antimusulmán Libertad y Democracia Directa (SPD), dirigido por el empresario nacido en Tokio Tomio Okamura, que obtuvo 10% y podría apoyar a Babis. Babis, quinta fortuna checa según Forbes, está al frente de un gobierno minoritario con los socialdemócratas, respaldado tácitamente por el Partido Comunista que dirigió la antigua Checoslovaquia entre 1948 y 1989 y del que el primer ministro formó parte. Los resultados, que apuntan claramente a una posible alianza conservadora en la república checa, refuerzan el bloque del llamado Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia), especialmente activo ahora dentro de la Unión Europea por su política de resistencia al modo en que ejercen sus competencias de las instituciones comunitarias. Los cuatro países de Europa central, los últimos en ingresar en la UE, son especialmente celosos en su defensa de su idiosincrasia, sus valores morales y su legislación, y consideran que Bruselas ?tanto la Comisión como el Parlamento Europeo? se extralimitan en sus decisiones, especialmente en los ámbitos de la educación y la política migratoria. Pero la gran novedad de estas elecciones legislativas checas ha sido la expulsión del Parlamento ?por las urnas? del partido comunista, que seguía activo en el Parlamento checo desde la caída de la dictadura tutelada por la Unión Soviética. En cierto modo, los comicios legislativos desarrollados entre el viernes y el sábado constituyen el colofón de la llamada Revolución del Terciopelo, iniciada a finales de los años 80 por los liberales que encabezó el escritor Vaclav Havel. La economía de República Checa, de 10,7 millones de habitantes, se está recuperando tras la pandemia. Pero el incremento reciente de las pensiones y los salarios de la administración han disparado el déficit público.
09-10-2021 | Fuente: abc.es
La CE intentará parar a Polonia antes de que contagie a Hungría
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se declaró ayer «profundamente preocupada» por la sentencia del Tribunal Constitucional polaco que establece la preponderancia de la ley y los tribunales de este país sobre los tratados y las sentencias de la justicia europea. La cuestión legal suscitada por esta decisión de los jueces polacos, a los que se atribuye una gran influencia por parte del actual gobierno, podría abrir una puerta para que su principal aliado, la Hungría de Viktor Orban, amenace con seguir el mismo camino teniendo en cuenta que en la primavera próxima se celebran allí elecciones y las encuestas revelan que por primera vez la coalición opositora tiene posibilidades de desafiar su hegemonía. De hecho, mientras en Varsovia se anunciaba esta sentencia el jueves, en Bruselas los representantes de los dos países vetaban la aprobación de una declaración de derechos de la infancia, con el argumento de que no aceptan que se mencionen en ningún caso referencias a los colectivos LGBT, a pesar de que todos los demás gobiernos están de acuerdo. Polonia y Hungría son los dos países a los que la Comisión Europea no ha querido aprobar aún sus planes de recuperación precisamente porque ambos se niegan a aceptar el consenso del resto de los países en estos temas sensibles. La posibilidad de que Polonia y Hungría llegaran a formar un frente antieuropeo con el Reino Unido ya fuera de la UE, o una asociación alternativa, ha sido evocada públicamente por dirigentes tan bien informados de los entresijos de la política comunitaria como el popular Esteban González Pons, que ha hablado en uno de sus últimos artículos de ideas para crear «una suerte de Unión Europea bis, basada únicamente en los intercambios comerciales». Es evidente que al menos Hungría apoyará claramente a Polonia en este pulso extraordinario y que la cumbre europea de la semana que viene estará claramente dominada por este grave problema. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, insiste en que su país no tiene ninguna intención de abandonar la UE. «La sentencia del Tribunal Constitucional confirmó lo que se desprende literalmente del contenido de la Constitución de la República de Polonia, a saber, que el derecho constitucional es superior a otra fuente de derecho» incluyendo el de la UE pero al mismo tiempo «digo claramente que el lugar de Polonia está y estará en la familia europea de naciones». Por ahora, la presidenta Von der Leyen ha ordenado a los servicios jurídicos de la Comisión que analicen la sentencia polaca «con rapidez» antes de determinar cuáles han de ser los próximos pasos. Desde el Parlamento Europeo, los presidentes de las comisiones de Control Presupuestario, Monika Hohlmeier; Asuntos Legales, Adrián Vázquez, y Libertades Civiles, Juan Fernando López Aguilar, que representan a los tres principales grupos del Hemiciclo, publicaron un comunicado conjunto en el que piden a la presidenta Von der Leyen que ponga en marcha el procedimiento para suspender las transferencias a Polonia. Como dijo la popular Hohlmeier, «con esta sentencia, Polonia desafortunadamente dice adiós a nuestro orden legal europeo. Si los actos jurídicos europeos ya no son aceptados, es cuestionable si Polonia puede todavía beneficiarse de las enormes cantidades de financiación de la UE que recibe». Curiosamente, ese mecanismo al que hacen referencia los eurodiputados que establece que las ayudas están sujetas a condicionalidad política ha sido recurrido por Polonia y Hungría ante el Tribunal de Justicia europeo de Luxemburgo al que por otro lado Polonia ha decidido no obedecer. Mientras se publica la sentencia, la presidenta de la Comisión aprovechó su comunicado de ayer para reiterar que «defenderemos los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de nuestra Unión» para que los ciudadanos y las empresas que quieren trabajar en Polonia tengan «la certeza jurídica de que las normas de la UE, incluidas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, se apliquen plenamente» en aquel país y «usaremos todos los poderes que tenemos en virtud de los Tratados para garantizarlo». En todo caso recuerda que Polonia asumió el ordenamiento jurídico europeo en el momento de su ingreso en la UE: «Todas las sentencias del Tribunal de Justicia son vinculantes para las autoridades de todos los Estados miembros, incluidos los tribunales nacionales. La legislación de la UE tiene primacía sobre la legislación nacional, incluidas las disposiciones constitucionales. Esto es a lo que se han adherido todos los países de la UE al convertirse en miembros».
07-10-2021 | Fuente: abc.es
Polonia se rebela contra la legalidad europea pese al riesgo de perder las ayudas
Polonia ha entrado en una situación de abierta rebeldía dentro de la Unión Europea, al incitar a que su Tribunal Constitucional dictamine que la legislación polaca prevalece sobre los tratados europeos y sobre las sentencias del Tribunal de Luxemburgo. La sentencia fue conocida ayer tarde después de varios aplazamientos forzados por los propios jueces polacos y sitúa a la Comisión Europea en una posición extraordinariamente difícil. En su primera reacción por escrito, el ejecutivo comunitario dejó claro que en realidad lo que es preeminente son los tratados y las sentencias europeas y advertía que «no dudará en hacer uso de las competencias que le confieren los tratados» para defenderlos, lo que en teoría incluye dejar a Polonia sin ayudas. Para la Comisión, la sentencia «suscita serias preocupaciones» por lo que «la Comisión defiende y reafirma los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión, a saber: la legislación de la UE tiene primacía sobre la legislación nacional, incluidas las disposiciones constitucionales y todas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas son vinculantes para las autoridades de todos los Estados miembros, incluidos los tribunales nacionales». En cuanto a las consecuencias de esta decisión, la Comisión afirma que va a analizar la situación y que «no dudará en hacer uso de las competencias que le confieren los Tratados para salvaguardar la aplicación uniforme y la integridad del Derecho de la Unión». El comunicado de la institución que preside Ursula von der Leyen termina diciendo que «la Unión Europea es una comunidad de valores y de derecho que debe respetarse en todos los Estados miembros. Los derechos de los europeos en virtud de los Tratados deben protegerse, sin importar dónde vivan». En este sentido, «la Comisión tiene la tarea de salvaguardar el correcto funcionamiento del orden jurídico de la Unión y seguirá asegurándolo». El Comisario de Justicia, Didier Reynders, que salía de un Consejo de ministros ordinario que se celebraba en Luxemburgo, adelantó que el ejecutivo comunitario utilizará «todos los mecanismos a su alcance» para imponer los principios en los que se basa la UE y que en primera instancia van a pasar por congelar la posibilidad de que Polonia reciba fondos para la reconstrucción de su economía después de los efectos de la pandemia. «¿No creías en ?Polexit?? ¿Creías en las decisiones del PiS? Bueno, pues ya han dado el siguiente paso en el camino hacia la salida de la UE. Es difícil imaginar un incumplimiento más grave de las obligaciones de un Estado miembro que el fallo del pseudo-tribunal al dictado de Kaczynski» escribió en redes sociales el alcalde de Varsovia Rafael Trzaskowski, que milita en la opositora Plataforma Cívica. La mención al ?Polexit? puede parecer exagerada, sobre todo porque en realidad no existe un procedimiento para expulsar a un país miembro que no quiera salir por su propio pie, pero lo que tampoco se había previsto era una rebelión de este calibre, dictada nominalmente por el Tribunal Constitucional, pero alentada desde el gobierno nacional populista del PiS, el partido Ley y Justicia que desde su regreso al poder en 2015 no ha hecho más que tensar las relaciones con la Unión Europea, incluyendo a través de la intervención nada discreta en el funcionamiento de la Justicia y que le han costado varios expedientes y procedimiento de infracción y no pocas sentencias en contra del Tribunal Europeo de Justicia. Reynders reconoció que estaban «muy preocupados» por la sentencia que contradice los principios esenciales de la estructura institucional de la propia UE. Aunque insistió en que antes de hacer una valoración política quería leer completamente la totalidad de la decisión polaca, el comisario dijo que en estas circunstancias «reafirmo que los principios que compartimos son la base de la UE» entre ellos «el carácter obligatorio del complimiento de las sentencias del Tribunal Europeo» y que por tanto desde la Comisión «seguiremos defendiendo esos principios con todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición». El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, fue mucho más rotundo en su valoración de los hechos y dejó claro en un mensaje público que «el veredicto que se ha hecho público en Varsovia no puede quedar impune. La primacía de la ley europea es indiscutible. Violar este principio significa desafiar uno de los principios fundadores de la UE» e instó a la Comisión a actuar. El gobierno liderado por el PiS acumula desde hace tiempo disputas cada vez más graves con las instituciones europeas sobre cuestiones que van desde la amenaza contra la independencia de los jueces, la libertad de prensa o los derechos de los colectivos LGBT. De hecho fue el propio primer ministro, Mateusz Morawiecki, quien presentó el caso en el Constitucional en marzo, para tratar de escapar a estos expedientes sancionadores quería demostrar que Bruselas no tiene derecho a interferir en los sistemas judiciales de los Estados miembros. El portavoz del gobierno polaco, Piotr Müller, escribió en Twitter que la sentencia confirma la primacía del derecho polaco sobre el europeo, salvo en los aspectos en los que el país ha cedido las competencias a la UE como comercio. «Hoy esto ha sido claramente confirmado una vez más por el tribunal constitucional». Sin embargo, la primacía de las leyes europeas sobre las nacionales es un principio clave de la integración europea y los políticos de la oposición polaca han dicho repetidamente que desafiarla pone en peligro el futuro a largo plazo de Polonia en la UE y también la estabilidad del propio bloque. Además de los procedimientos de infracción por atentar a los valores fundamentales, el Gobierno polaco tiene que afrontar también el hecho de que ahora existe un mecanismo para vincular las ayudas a la reconstrucción de la economía, con el respeto a los citados principios. Ese mecanismo ha sido denunciado por Polonia y Hungría precisamente ante el Tribunal de Justicia de la UE de Luxemburgo, aunque de todos modos la Comisión no ha aprobado el plan de reconstrucción de Polonia, que es un paso previo para el desembolso de las ayudas que ascienden a 57.000 millones de euros.
07-10-2021 | Fuente: abc.es
Polonia contra la UE: la Justicia polaca declara inconstitucionales varios artículos de los tratados
El Tribunal Constitucional de Polonia ha concluido este jueves que algunos artículos de los tratados de la Unión Europea son inconstitucionales en el país, desafiando un principio clave de la integración europea. La mayoría del Constitucional polaco, 12 de los 14 jueces de la sala, sostiene que pese a formar parte de la UE, esto no otorga a las cortes europeas la supremacía con respecto a las decisiones judiciales polacas y que por lo tanto supone que Polonia no ha transferido su soberanía a la Unión. La Justicia polaca desafía con esta decisión el principio de primacía del derecho europeo sobre la de los Estados miembros -consagrado por el Tribunal de Justicia de la UE en la sentencia Costa contra Enel de 1964-, en plenas negociaciones entre Bruselas y Varsovia para aprobar el plan de recuperación pandémico. Primacía del Derecho europeo, en cuestión «La primacía del derecho constitucional sobre otras fuentes del derecho se deriva directamente de la Constitución de la República de Polonia», ha tuiteado este jueves el portavoz del gobierno polaco, Piotr Muller, que ha celebrado la decisión del Tribunal Constitucional, en línea con las tesis del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, del partido de gobierno Ley y Justicia (PiS, conservador). Más altos cargos del gobierno polaco, como el secretario de estado de Justicia Sebastian Kaleta , se han apresurado a insistir en que Polonia no contraviene la legislación europea pero que este dictamen viene a confirmar que la UE ha ido en algunas ocasiones más allá de lo establecido en los tratados. En concreto, según el analista Jakub Jaraczewski, del think tank con sede en Berlín Democracy Reporting International, el Tribunal Constitucional polaco considera que los artículos 1 y 19 del Tratado de la UE son incompatibles con la Constitución polaca en lo que respecta a los tribunales polacos que dan primacía a la legislación de la UE y pueden hacer caso omiso de la Constitución y las leyes polacas. «Polonia acaba de dar un paso legal hacia el abismo del "Polexit legal"», ha valorado Jaraczewski. Respuesta de Bruselas Desde Bruselas, las reacciones no se han hecho esperar. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha pedido a la Comisión Europea que tome las acciones necesarias para no dejar el dictamente del Consitucional polaco sin consecuencias. De momento, como ya hicieran con la sentencia del Tribunal de Karlsruhe en 2020, desde el brazo ejecutivo europeo han reafirmado en un comunicado la primacía del Derecho de la UE ante el varapalo del Tribunal Constitucional polaco. «La Comisión no dudará en hacer uso de sus poderes en virtud de los Tratados para salvaguardar la aplicación uniforme y la integridad del Derecho de la Unión», avisa. Una de las herramientas clave para la Comisión Europea en los próximos años es la regla de la condicionalidad que ya ha empezado a poner a prueba: los Estados miembros podrán recibir los fondos europeos que les corresponda siempre que respeten el Estado de derecho y los valores recogidos en el Artículo 2 del Tratado de la UE. Hungría y Polonia se oponen. Esta decisión del Constitucional polaco representa un capítulo más de la larga lista de desencuentros entre Varsovia y Bruselas -en plenas negociaciones- que han marcado los últimos años.