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Noticias de narcotrafico

14-02-2021 | Fuente: abc.es
Morales reconoce que su viaje a Cuba fue para planear cómo «retomar la democracia» en Bolivia
El expresidente de Bolivia Evo Morales confiesa en una entrevista en exclusiva con Efe que, en uno de los viajes que hizo a Cuba, estuvo planeando junto con Venezuela cómo «retomar» la democracia en Bolivia, después de que tuviera que abandonar el país andino tras la crisis política de 2019. «Cuando yo fui a Cuba no fue por temas de salud, fui a una reunión de planificación con Cuba y Venezuela, una reunión de alto nivel a ver cómo retomábamos la democracia», declara. Morales, quien gobernó Bolivia por casi 14 años, responde en la entrevista sobre diversos temas como sus padecimientos a causa de la covid, el nuevo Gobierno de EE.UU. y sus reflexiones sobre la crisis de 2019 cuando tuvo que renunciar a la Presidencia. Cuando se cumplen 90 días de su vuelta al país desde Argentina, Morales dice que Bolivia «está económicamente destrozada, primero por el Gobierno de facto y segundo, también por la pandemia». Según el expresidente el país andino tiene dos pandemias: el virus y el Gobierno de facto en el tema económico. En diciembre pasado, 2.800 millones de bolivianos (moneda del país) de deuda interna para pagar sueldos y aguinaldos. «Ese dinero alcanzó, creo, que hasta marzo. En diciembre no había ninguna pandemia», aseguró. Sobre la candidatura de Lucho Arce -actual presidente de Bolivia-, dice que lo escogieron porque conoce muy bien el tema económico. «Estados Unidos no quiere que Evo vuelva a Bolivia», afirma y confiesa que cuando fue a Cuba no fue por temas de salud, fue una reunión de planificación con Cuba y Venezuela, una reunión de alto nivel a ver cómo «retomábamos la democracia». Por otro lado, cuando Alberto Fernández estaba a pocos días de jurar como presidente (de Argentina), lo invitó a su toma de posesión, pero reconoce que no habría sido buena idea ir al acto. Morales, que se fue primero al exilio a México, cuenta que cuando abandonó la nación azteca se despedió telefónicamente del presidente Andrés Manuel López Obrador y «agradecí todo lo que hizo por mi, me salvó la vida, me cuidó, excelente atención, al siguiente día nos vinimos a Argentina, pero esa era la misión de EE.UU.». Con respecto a la salida de Donald Trump de la Presidencia y la llegada de la Administración Biden, Morales apuntó: «Si bien se acaba el capitalismo racista fascista, vuelve el capitalismo clasista. Para mí no hay democracia en Estados Unidos. El pueblo norteamericano o estadounidense vota, sufraga, pero no gobiernan ni los republicanos ni los demócratas, gobiernan las transnacionales». Asegura que Estados Unidos cree que ellos «son designados por Dios a dominar el mundo» y que «la soberanía del planeta les corresponde a ellos». La expresidenta Jeanine Áñez puso un embajador boliviano en Washington, pero no hubo reciprocidad de parte de EE.UU. «Es importante tener relaciones diplomáticas con todo el mundo, pero con respeto mutuo. Que nos respeten y nosotros respetamos y todos cumplimos con nuestras responsabilidades en temas de la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, acuerdos internacionales. No es que Estados Unidos tiene que donar, ayudar, tiene que salvar su responsabilidad como país consumidor de cocaína. Y en nuestra gestión nos han congelado todo, cero, no nos hemos quejado, pero también hubo resultados».
10-02-2021 | Fuente: abc.es
HRW pide al Gobierno colombiano emplearse a fondo  para acabar con el asesinato de líderes sociales
Hay un refrán muy popular en Colombia, pero especialmente cierto en cuestiones de gobierno, que dice: «Del dicho al hecho hay mucho trecho». Aunque suene muy básico, resumen perfectamente la trágica conclusión que arroja el informe de Human Rights Watch, presentado hoy por el director de dicha organización que defiende los derechos humanos en el mundo, José Manuel Vivianco. En las 136 páginas del documento «Líderes desprotegidos, comunidades indefensas», la organización presenta la cruda realidad sobre estas muertes violentas que desde la firma del Acuerdo de Paz (2016) con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), suman 421 casos comprobados, es decir siete líderes sociales asesinados al mes durante los últimos cinco años. Quedan varios casos por esclarecer, que se calcula podría elevar la cifra a más de 550 homicidios. Así, el impacto y violencia contra el tejido social, especialmente en las regiones más apartadas o que históricamente han vivido cruzadas por las guerras entre guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y delincuencia común, no ha tenido tregua, en buena parte por la falta de efectividad del Estado en hacer presencia, tener el control real del territorio, y estructurar con recursos y sostener los programas propuestos para atacar este flagelo. Ello se traduce en el surgimiento de nuevos grupos armados desgranados de los antiguos grupos paramilitares de extrema derecha, el avance de las disidencias de la antigua guerrilla de las Farc-EP (que cargan con parte de la responsabilidad de esta nueva ola de asesinatos), el fortalecimiento de la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN), además y de facciones del narcotráfico que se disputan rentas y territorios. Algunos asesinatos, además, pero en menor proporción, han sido cometidos por miembros de la fuerza pública. En medio, los líderes sociales que se oponen a todo tipo de violencia, y unas comunidades indefensas. Vivanco reconoció el aporte de información del Gobierno Nacional, la colaboración de las autoridades autónomas de vigilancia y el aporte de la sociedad civil. Esta apertura y disposición es muy relevante, así como también reconoció que el presidente Iván Duque ha sido consistente en condenar los casos que se han dado a lo largo de su mandato. Sin embargo, cuestionó que de las palabras a los hechos hay un vacío, que las buenas ideas para combatir esta crisis humanitaria no se concretan y que, por el contrario, las promesas parecen disolverse con el tiempo, así como las investigaciones a profundidad de estos crímenes. El informe Este documento hace un estudio muy juicioso de los casos. Para su elaboración, entre abril de 2020 y enero de este año, HRW entrevistó a más de 130 personas en 22 de los 32 departamentos del país, «para identificar las dinámicas detrás de los asesinatos de defensores de derechos humanos y para examinar los esfuerzos de las autoridades para prevenir estos asesinatos y llevar a los responsables ante la justicia», explica. Así, HRW reitera y sustenta lo que es conocido ya, pero nunca suficientemente denunciado: las zonas de mayor violencia y riesgo son Norte del Cauca; Catatumbo, en Norte de Santander; Pacífico Sur, en Nariño; Bajo Cauca, en Antioquia; Alto y Bajo Caguán, en Caquetá; y el Piedemonte de Arauca. Además, retomando datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, HRW señala que, en proporción, son los líderes indígenas los más afectados por esta violencia, a la fecha 69 asesinados (16% de los 421 casos estudiados). A ello se suma el incremento en el asesinato de lideresas sociales, con 46 defensoras de derechos humanos asesinadas desde 2016, una cifra que tiende a aumentar cada año.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Los asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia son constantes.<br><br>El gobierno debe hacer mucho más para proteger a los líderes sociales y prevenir estos asesinatos.<br><br>Informe de <a href="https://twitter.com/hrw_espanol?ref_src=twsrc%5Etfw">@hrw_espanol</a>: <a href="https://t.co/z66CQIZ4bM">https://t.co/z66CQIZ4bM</a> <a href="https://t.co/snOIMKRT08">pic.twitter.com/snOIMKRT08</a></p>&mdash; José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) <a href="https://twitter.com/JMVivancoHRW/status/1359533970183094280?ref_src=twsrc%5Etfw">February 10, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Ante semejante desangre, el informe insiste en que el gobierno colombiano cuenta con los mecanismos para reducir estos asesinatos, pues HRW también hizo un análisis de los programas y mecanismos dispuestos para ello. Sin embargo, la atención a veces pareciera más enfocada en diferencias de procedimiento y seguimiento, que en dar protección efectiva a líderes y comunidades, con un enfoque comunitario y no solamente de protección deficiente a individuos, cosa largamente solicitado por las comunidades y poco atendida. A esto se añade la deficiente implementación de proyectos de desarrollo la firma del Acuerdo de Paz que beneficiarían a las comunidades, dándoles alternativas reales para progresar económica y socialmente, con enfoque territorial y aporte estatal. El 51% de los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos se han dado en esto territorios que deberían ser beneficiados. La responsabilidad directa es del Gobierno colombiano. Es posible abordar esta triste realidad. Las políticas pueden lograr resultados si no se dejan abandonadas o en punto muerto», dijo Vivanco De lo dicho a lo hecho hay mucho trecho y mucha sangre derramada. Pero, «esto no es una fatalidad. No estamos ante un desastre natural, algo inevitable o caído del cielo. La responsabilidad directa es del Gobierno colombiano. Es posible abordar esta triste realidad. Las políticas pueden lograr resultados si no se dejan abandonadas o en punto muerto», dijo Vivanco. Por eso HRW insta al gobierno y hace un llamamiento al presidente Duque para implementar reales mecanismos de protección, reforzar los presupuestos y recursos para que las entidades encargadas cumplan con su labor, así como fortalecer las instancias judiciales y que cuenten con el personal y soporte que les permitan esclarecer los hechos y hacer justicia, todo ello con la participación de la sociedad civil, que con demasiada frecuencia encuentra las puertas cerradas para las soluciones y queda al descampado frente a la violencia.
09-02-2021 | Fuente: abc.es
Cuba advierte a Colombia de un posible atentado terrorista
En un hecho sin precedentes, al menos públicamente, ayer el gobierno de Cuba le hizo saber al de Colombia y a las Naciones Unidas que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla izquierdista de línea castrista, estaba planeando un atentado terrorista para las próximas semanas, en teoría en la capital del país, Bogotá. La información se conoce recién conmemorado el segundo año tras el vil atentado de dicha organización contra la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova. «Nuestra embajada en Colombia recibió una información, cuya verosimilitud no podemos evaluar, acerca de un supuesto ataque militar por parte del Frente Oriental de Guerra del ELN para los próximos días en Bogotá», dijo el embajador cubano, José Luis Ponce, en el memorando fechado el 6 de febrero pasado, entregado al Ministerio de Relaciones Exteriores, al jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y a dos jerarcas eclesiásticos. En ese documento, además, señaló que le comunicó lo mismo a los jefes de esa guerrilla que están en la isla, quienes afirmaron desconocer cualquier dato de la planeación del atentado. El ministro de Defensa, Diego Molano, se pronunció en la noche del lunes sobre la información de inteligencia entregada por Ponce, según la cual el frente liderado por Carlos Emilio Marín, alias «Pablito», el mismo que cometió el atentado contra la Escuela de Cadetes en enero de 2019, estaría fraguando una acción terrorista. «El Gobierno reitera que hay una decisión firme de desmantelar este grupo como el único mecanismo para prevenir que cometa actos terroristas en diferentes regiones del país», señaló el ministro, quien estuvo acompañado por el Alto Consejero de Paz, Miguel Ceballos, dando un mensaje inicial de que este no será un mecanismo para negociar con la cúpula el ELN. Actualmente dos de sus jefes viven en Cuba y están pedidos en extradición por el gobierno de Iván Duque, y los tres restantes campean por Venezuela. Todo resulta desconcertante, pero nadie desconoce la importancia de la advertencia que Cuba da. A pesar de tener a once miembros del ELN alojados en la isla, semejante información la dio o con el conocimiento y aval de varios de ellos o marcando un distanciamiento del ELN, para acercarse a otros intereses, además del importante gesto con el gobierno de Iván Duque. Acciones sanguinarias Desde hace ya tiempo se sabe que alias «Pablito», miembro de la cúpula de esa guerrilla, tiene grandes diferencias con sus pares en la dirección del ELN, en especial por sus acciones sanguinarias y la determinación de combinar todas las formas de lucha, incluido el control del narcotráfico en las zonas donde opera, con lo cual los líderes históricos dicen estar en desacuerdo, además de que contraviene los lineamientos de esa guerrilla revolucionaria marxista-leninista, que la considera una actividad «antiética y antirrevolucionaria». El fin de semana pasado dos medios colombianos, el diario «El Tiempo» y la revista «Semana» dedicaron páginas para contar las fracturas al interior de esa guerrilla, hoy la más antigua del país. Al parecer, la ausencia de la comandancia por estar en Venezuela o en La Habana, sumada a las divisiones producto del negocio del narcotráfico, son detonantes que prometen fraccionar más a la organización, a pesar de su fortalecimiento desde el Acuerdo de Paz firmado con la exguerrilla de las Farc. Eso puede llevarla paulatinamente a una mayor criminalización y menor capacidad de aglutinar a sus frentes, que históricamente han funcionado de manera bastante independiente, aunque regidos por el llamado Comando Central. Si bien esta noticia sorprendió, a nadie debe asombrar que Cuba juegue a tres bandas. Sin comprometerse con la veracidad de la información recogida, pero entregada de buena fe a Colombia -¿actividades de inteligencia del régimen de La Habana en el país?-, Cuba hace un gesto no solo humanitario, sino de cara a la nueva administración Biden, que por estos días evalúa si mantiene las restricciones que el expresidente Trump impuso nuevamente a la isla al denominarla como Estado protector del terrorismo, o si regresa a 2015, en tiempos de Barak Obama y una política más flexible hacia La Habana.
08-02-2021 | Fuente: elmundo.es
Muere Casper, el violento narcotraficante que le robó los cuadros a Koplowitz
Ángel Suárez Flores, de 61 años, fue condenado en 2015 a 90 años de prisión por delitos de narcotráfico, amenazas, detenciones ilegales, torturas, lesiones y responsable del robo de obras de arte 
26-01-2021 | Fuente: abc.es
Biden puede llevarse peor con López Obrador que Trump
No es que Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador se lo pusieran fácil uno al otro, pero el carácter populista de ambos allanó las relaciones mutuas. La simpatía de Trump hacia líderes de gran afirmación personal o de perfil autoritario ha marcado la actuación diplomática de sus cuatro años de mandato. También el presidente mexicano parece entender bien la lógica mental del mandatario que gobierna a impulsos, poco sujeto a cauces institucionales. Pero Joe Biden es otra cosa, y aunque ya ha empezado a limar las asperezas en las expresiones públicas de la Administración estadounidense hacia México y a cancelar algunas de las decisiones de Trump más cuestionadas desde el vecino país, los conflictos que enfrentan los intereses de las dos naciones son objetivos y la presente crisis mundial los va a agudizar. Sin la curiosa empatía, a pesar de sus visiones políticas opuestas, que existía entre AMLO y Trump, la relación entre Biden y su homólogo mexicano puede verse dañada por la evolución de los problemas. El flujo migratorio seguirá en aumento Los dos presidentes conversaron por teléfono la semana pasada. De acuerdo con la Casa Blanca, Biden expresó su deseo de «reducir la migración afrontando sus causas profundas, incrementando la capacidad de reasentamiento y las vías alternativas de inmigración legal, mejorando el proceso en la frontera para adjudicar peticiones de asilo y revirtiendo las draconianas políticas inmigratorias de la previa Administración». Son palabras de quien, por el contrario, como ha recordado un vídeo que estos días ha circulado por las redes sociales, en 2006 estaba favor de vallar toda la frontera con México, con un muro incluso más alto que el que ha instalado Trump (y cuya construcción Biden ha prometido ahora paralizar). Es fácil hablar de combatir los problemas en origen, pero iniciativas como la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte centroamericano que con ese objetivo puso en marcha en 2015 la Administración Obama, y que como vicepresidente supervisó el propio Biden, no redujo la salida de migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala. Tampoco el Tratado del Libre Comercio entre Canadá, EE.UU. y México, vigente desde 1994 y que progresivamente debía reducir la desigualdad a ambos lados del Río Grande, ha quitado sustancial presión a la frontera. Biden ha anunciado la eliminación de la exigencia de que quienes llegan a la frontera sur estadounidense pidiendo asilo deban esperar en México a la resolución de su caso. Y también se ha mostrado contrario a seguir forzando aplicar a Guatemala, El Salvador y Honduras una consideración próxima a la de «tercer país seguro», que les obliga a impedir el viaje hacia el norte a solicitantes de asilo que pasan por esos países. Una corrección en esas políticas ciertamente puede humanizar el proceso, no obstante Trump había logrado esos compromisos sin gran oposición de los presidentes centroamericanos ni de AMLO, a quien ya le va bien evitar que se queden en México migrantes que llegan desde Centroamérica. Pero el problema no va a ir a menos sino probablemente a más. La crisis económica en la que nos encontramos, cuyas consecuencias aún no vemos del todo por estar más pendientes del aspecto sanitario de la pandemia, va a hacer aumentar la migración. Ya los últimos meses está habiendo mayor presión sobre la frontera sur de EE.UU. que en años precedentes, a pesar de las políticas restrictivas de Trump y de los nuevos segmentos del muro. La necesidad de controlar esos flujos obligará a Biden a adoptar medidas también robustas. El choque por la DEA y Cienfuegos Más allá del acento que Biden quiera poner en la lucha contra el narcotráfico, la crisis de muertes por opiáceos vivida los últimos años en EE.UU. le obliga igualmente a no aflojar en la confrontación de los carteles mexicanos. El trabajo de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, es esencial en esa tarea, así que toda dificultad que esta encuentre para su labor en México será motivo de fricción entre los gobiernos de los dos países. En diciembre el Congreso mexicano aprobó una nueva ley de seguridad que restringe las actividades de la DEA en el país. Como agencia foránea, la DEA ya debía operar con la autorización de las autoridades locales y en coordinación con ellas. No obstante, con frecuencia ha habido recelos mutuos debido a que los agentes de EE.UU. muchas veces han actuado de manera independiente alegando desconfiar de la corrupción policial mexicana. La nueva ley quita la inmunidad judicial a la cincuentena de agentes de la DEA que oficialmente están destinados en México y les obliga a presentar informes mensuales sobre su actividad; a su vez, los agentes mexicanos necesitarán autorización expresa de un panel nacional para cooperar con la DEA y le deberán revelar el contenido de sus conversaciones con esta. Por otro lado, el conflicto de la raíz de la detención del general Salvador Cienfuegos se ha enrarecido. El exministro de Defensa en el anterior sexenio fue detenido en octubre en Los Ángeles acusado de narcotráfico; las presiones de López Obrador sobre la Administración Trump, amenazando la expulsión de la DEA, llevaron a la entrega del general bajo el compromiso de que su causa sería examinada judicialmente en México. Pero una vez en su país, Cienfuegos fue puesto de inmediato en libertad y la Fiscalía mexicana ha decidido no presentar cargos contra él, alegando falta de pruebas. López Obrador hizo publicar la semana pasada la documentación confidencial que le había pasado EE.UU., asegurando que no contenía datos que incriminaran a Cienfuegos y que la DEA había «fabricado» su acusación. Las acusaciones formales en el sistema judicial estadounidense son aprobadas por grandes jurados que deciden a la vista de pruebas. Posiblemente EE.UU. se guardó documentación que no entregó a México, con lo que el señalamiento de Cienfuegos ha aparecido más endeble de lo que seguramente era (EE.UU. ya había precisado que el general solo era periférico en una investigación centrada en el capo de un cartel con el que presuntamente habría colaborado). El episodio muestra que las estructuras de seguridad de los dos países están en curso de choque: AMLO se ha puesto del lado de sus mandos militares, y aunque Biden pueda no alinearse del todo con la DEA o el Pentágono, la seguridad es el único nervio que mueve lo más profundo del gigante estadounidense.
21-01-2021 | Fuente: abc.es
Arrestan a 48 jefes mafiosos, políticos y empresarios en una gran operación contra la 'Ndrangheta en Italia
En una gran operación en toda Italia contra la ?Ndrangheta, la poderosa mafia calabresa, han sido detenidos políticos, empresarios, funcionarios públicos y jefes mafiosos de primer nivel. En total, han sido arrestadas 48 personas. En la operación, denominada «bajo perfil», han intervenido 370 miembros de las fuerzas del orden y ha sido coordinada por la fiscalía dirigida por el magistrado Nicola Gratteri en Catanzaro, capital de Reggio Calabria. En la investigación se ha comprobado los movimientos ilegales de dinero por valor de 300 millones de euros. La fiscalía ordenó la ejecución de numerosos bienes empresariales, inmuebles, vehículos, cuentas corrientes bancarias y postales por un valor que ha sido calificado como «ingente». A los arrestados se les acusa de diversas formas de blanqueo de capitales, manipulación de subastas, registro de activos ficticios y asociación mafiosa. Entre los investigados se encuentra Lorenzo Cesa, secretario del partido UDC, Unión de Centro, fuerza política democristiana que conserva el símbolo de la antigua DC (Democracia Cristiana). Se le acusa de participación externa en asociación mafiosa. Su casa romana ha sido registrada esta mañana y Cesa se ha visto obligado a dimitir, según ha explicado en un comunicado: «He recibido un aviso de garantía sobre hechos que datan de 2017. Me considero totalmente ajeno, pediré a través de mis abogados ser escuchado lo antes posible por el fiscal competente. Como siempre, tengo plena y total confianza en la labor del poder judicial. Y dada la particular etapa en la que vive nuestro país, presento con efecto inmediato mi dimisión como secretario nacional», ha dicho. En arresto domiciliario ha quedado su brazo derecho en Calabria, el consejero regional Francesco Talarico, del UDC. Contra la ?Ndrangueta, que controla gran parte del tráfico internacional de cocaína, la mafia más rica y peligrosa, según definición del fiscal Gratteri, se inició el pasado 13 de enero un gran proceso en Lamezia Terme, en la provincia de Catanzaro. En un aula búnker de más de 3.300 metros cuadrados están siendo juzgados 350 imputados. A los mafiosos, empresarios y políticos que se sientan en el banquillo se les acusa de asociación mafiosa, homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y explosivos, extorsión, tráfico de influencias, corrupción, narcotráfico y abuso de poder. Es el juicio más importante y numeroso desde el célebre maxiproceso de Palermo (Sicilia), contra 475 mafiosos de la Cosa Nostra, iniciado en 1986 con los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino.
11-01-2021 | Fuente: abc.es
Un tiroteo entre las Fuerzas Especiales y una banda delictiva deja al menos 23 muertos en Caracas
Un enfrentamiento entre bandas delictivas y las Fuerzas Especiales del régimen dejó al menos 23 muertos, según cifras extraoficiales. La refriega se produjo en un barrio al norte de Caracas el viernes, a plena luz del día, y se extendió hasta entrada la noche. En las primeras horas del tiroteo se conoció que 15 personas habían perdido la vida, de las cuales dos eran vecinos que quedaron atrapados en la línea de fuego. El operativo realizado por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se extendió hasta el sábado, y habría dejado otros cuatro muertos. Medios locales aseguraron que cuatro personas más perdieron la vida la madrugada del sábado, pero las autoridades desvincularon los casos con el enfrentamiento. Las FAES abrieron fuego en el popular barrio de La Vega cuando integrantes de la banda de «El Coqui» escapaban hacia una zona montañosa. El grupo liderado por «El Coqui», uno de los delincuentes más buscados en Caracas, ha ejecutado una serie de secuestros. Esa misma banda se atribuyó en febrero del año pasado un tiroteo en la autopista Francisco Fajardo, la principal vía arterial de la capital venezolana, que se saldó con cuatro personas fallecidas tras un secuestro que frustraron las FAES. <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Cifra de abatidos en enfrentamiento con funcionarios de las FAES, la DIP y PoliCaracas en La Vega asciende a 16. El cuerpo de Nestor Duarte, no se encuentra en la morgue del Hospital Pérez Carreño donde han sido trasladado todos los occisos de La Vega. <a href="https://t.co/aHCxbhjX74">https://t.co/aHCxbhjX74</a></p>&mdash; Roman Camacho (@RCamachoVzla) <a href="https://twitter.com/RCamachoVzla/status/1347749493308063746?ref_src=twsrc%5Etfw">January 9, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> El enfrentamiento de este fin de semana produjo un toque de queda forzado y mantuvo en zozobra a los vecinos de la zona, que han pedido más seguridad en el barrio. Miguel Domínguez, comandante de las FAES aseguró que el cuerpo policial, acusado de ser uno grupo de exterminio, se encontraba desplegado en la zona «brindando seguridad y protección a la parroquia». Por su parte, el activista de derechos humanos de la ONG Provea, Marino Alvarado, indicó a través de su cuenta en Twitter, que el hecho de este fin de semana «es, hasta donde recuerdo, el operativo de ?seguridad ciudadana? con mayor cantidad de víctimas». Del mismo modo, aseveró que «da la impresión de que este tipo de acciones, más allá de intentar enfrentar bandas criminales, lo que busca es ejercer control sobre la comunidad mediante métodos represivos para impedirle que ejerza su derecho a reclamar». El año pasado, las comunidades más desfavorecidas de Venezuela protestaron, aún cuando el país estaba bajo una cuarentena obligatoria, por la falta de servicios básicos como el agua, gas, electricidad, e incluso por la escasez de gasolina, que ha paralizado casi todo el parque automotor. El líder de la oposición, Juan Guaidó, se pronunció al respecto y dijo que «Venezuela sufre los efectos de que el régimen por años armó bandas criminales, ampara el narcotráfico y desde el lenguaje de odio secuestra el poder». Más de 4.000 muertos en 2020 De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el 90% de las víctimas de estos operativos policiales en el país sudamericano son hombres. El informe de 2020 señala que el 66% de ellos tenía prontuario policial. Según el estudio, en 2020, 4.231 personas murieron en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, lo que es catalogado oficialmente como resistencia a la autoridad. 82 de ellas tenían entre 12 y 17 años y tres menores de 11 años murieron, presuntamente, por haberse resistido a la autoridad. Desde 2012 hasta marzo de 2020, la ONG venezolana Cofavic registró más de 11.300 presuntas ejecuciones cometidas por funcionarios de seguridad del Estado; y solo en el primer trimestre de 2020, la organización que defiende los derechos humanos, contabilizó 357 casos, todos ellos ocurridos en los barrios. Los procedimientos especiales iniciaron en 2015 en los barrios populares con despliegues policiales, ordenados por el régimen, y con ellos nacieron las FAES, el temido grupo de exterminio, con la finalidad de «combatir» la violencia. Pero estas operaciones se han traducido en excesos y abusos de autoridad que incluyen además la toma de la zona hasta la detención arbitraria de mujeres y hombres, dejando muy lejos las garantías para el respeto de sus derechos humanos. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, dirigida por Michelle Bachelet, que a través de un demoledor informe en 2019 pidió al régimen de Nicolás Maduro disolver al grupo de exterminio, expuso casos con seudónimos para proteger la integridad de los denunciantes. Sin embargo, Maduro solo se pronunció para decir que era un reporte «selectivo y parcializado».
08-01-2021 | Fuente: elmundo.es
Pablo Iglesias se querella contra un coronel retirado por vincularle al narcotráfico y al terrorismo
El líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo sostiene que las palabras del militar exceden la crítica política porque tenía una "intención consciente" de difamar 
08-01-2021 | Fuente: abc.es
Maduro decreta establecer un nuevo territorio en una rica región en disputa con Guyana
El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este jueves la aprobación de un decreto para establecer un nuevo «territorio para el desarrollo de la fachada atlántica» del país en Esequibo, área que posee importantes reservas de gas y petróleo, y que se disputa con Guyana. «Apruebo la creación del territorio de la fachada atlántica venezolana, aprobado, ejecútese y cúmplase, por Venezuela, por el Esequibo, por la unión nacional», ha expresado el presidente Maduro durante una reunión mantenida en el Palacio de Miraflores con el Consejo de Estado y el Consejo de Defensa. Maduro ha explicado que este nuevo texto «forma parte de la batería de acciones legales, diplomáticas, políticas y de Estado para defender» los «sagrados derechos de 200 años de República», semanas después de que el Gobierno de Venezuela rechazara la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de declararse competente sobre este contencioso. Territorio en disputa La posición venezolana se basa en el acuerdo firmado en 1966 en Ginebra entre Venezuela y Reino Unido, antigua potencia colonial de Guyana, el cual reconoce que el Esequibo es un territorio en disputa y fija una «hoja de ruta» para resolverla concediendo al secretario general de Naciones Unidas la potestad de elegir una vía de solución pacífica. El anterior jefe de la ONU, Ban Ki Moon, reactivó en 2017 los buenos oficios, que quedaron suspendidos en 1990, y dio un plazo de un año a las partes para pactar. Una vez agotado el tiempo, su sucesor, António Guterres, decidió enviar el caso a la CIJ. Maduro ha explicado que esta «zona estratégica de desarrollo nacional», tiene «el fin de brindar protección adecuada y salvaguardar la jurisdicción de Venezuela» en los espacios continentales, marítimos, aéreos, así como sus recursos y riquezas y otros intereses que se encuentren o se descubran. Si bien Maduro ha hecho referencia a algunos de los artículos del decreto, ha señalado que será la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y el ministro de Asuntos Exteriores, Jorge Arreaza, quienes en los próximos días «darán extensas explicaciones de los alcances constitucionales y legales de la creación de este territorio especial». No obstante, ha hecho lectura de los artículos cuatro y cinco del decreto, relacionados con la administración de este nuevo «territorio para el desarrollo de la fachada atlántica», cuya «única autoridad" será designada por el presidente de Venezuela. Una región rica El Esequibo es un territorio de 159.542 kilómetros que posee importantes recursos naturales -petroleros, gasísticos, mineros, hidráulicos y forestales- y un gran potencial turístico. Está administrado por Guyana conforme a un laudo arbitral de 1899 que Venezuela considera nulo porque las negociaciones secretas, que se conocieron años después, revelan vicios del consentimiento. La disputa ha vuelto a tomar relevancia a nivel internacional a partir de 2016, cuando la estadounidense Exxon Mobil comenzó ese año una exploración petrolera, pese a las denuncias de Venezuela, cuya soberanía, ha denunciado, se está viendo nuevamente amenazada desde el mes de septiembre cuando Washington y Guyana anunciaron que desplegarían patrullas marítimas en la zona con el pretexto de luchar contra el narcotráfico.
29-12-2020 | Fuente: abc.es
La pandemia no frena los asesinatos de periodistas
La pandemia, que ha llenado los hospitales y los cementerios y hecho trizas la economía global, también ha supuesto un golpe para los defensores de la libertad de expresión, que de nuevo tienen que llorar a los que se juegan la vida por emancipar a los ciudadanos con buenas informaciones. A pesar de las restricciones impuestas por el virus y las trabas que han significado para el reporterismo, un total de 50 periodistas han muerto en 2020, según el último Balance Anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que se ha presentado hoy. Son solo tres menos que el año pasado, cuando nada dificultaba la tarea de los que salen a las calles a buscar noticias y denunciar los desmanes del poder. Son, de nuevo, cifras alarmantes, como demuestra el documento, que expone con datos otras conclusiones poco halagüeñas, que invitan a la reflexión. «La tendencia es inquietante. Hay menos muertos que el año pasado, pero la cifra sigue siendo desorbitada», denuncia Alfonso Armada, presidente de la Sección Española de RSF, al otro lado del teléfono. «Aunque ha habido menos coberturas, los periodistas han seguido siendo asesinados», lamenta, subrayando que las dificultades para trabajar, como los períodos de confinamiento o la amenaza para la salud que supone el virus, no se han traducido en menos víctimas. En otro informe de RSF publicado hace unos días, donde se detallaba el número de periodistas arrestados y desaparecidos en el mundo -387 están en la cárcel, 54, secuestrados-, se hacía énfasis en los excesos que se han cometido contra la libertad de expresión, con el pretexto de la lucha contra la pandemia -una especie de cajón de sastre- y la aprobación de marcos legislativos especiales -como el estado de emergencia, por ejemplo- para frenar el Covid-19. En primavera, durante la primera ola, se registró un elevado número de ataques contra periodistas, sin ir más lejos. El coraje de los periodistas locales Lo cierto es que los datos que ha presentado hoy la organización, que de un primer vistazo se podrían leer con optimismo, son más bien desesperantes. La realidad que dibujan resulta sombría, pues ponen sobre la mesa la indefensión de los periodistas locales -las principales víctimas de los asesinatos, lo eran 49 de los 50 muertos este año- o la debilidad de los corresponsales y los enviados especiales, una figura que agoniza por la crisis económica que padecen los medios de comunicación. «Los conflictos -señala Armada- se están cubriendo peor o mediante "freelance". El periodismo más difícil está siendo el local, porque son reporteros que tienen menos defensas, trabajan para medios locales y están más expuestos. Me admira su coraje, porque saben lo que se juegan, pero siguen informando». Confirmando esa tenebrosa tendencia, otra cifra invita a la inquietud: el 68 por ciento de los asesinados murieron en países que no están en guerra, pero donde la violencia -que se puede practicar desde el Estado o por parte de las mafias y grupos de poder de distinta naturaleza- está a la orden del día. Otro número para la reflexión: el 84 por ciento de las víctimas habían sido señaladas, después de publicar informaciones incómodas o investigar corruptelas de distinto grado. Su muerte fue intencionada, y no un accidente mientras hacían su trabajo. En este mapa de la infamia en 2020, la lista de países con más muertos queda así: en México, 8 periodistas fueron asesinados; en Irak, 6; en Afgansitán, 5, y en Pakistán y la India, 4. Los rostros Como recuerda Armada, a la frialdad de los números hay que darle el calor de la carne y los rostros, la profundidad de la vida, para comprender el drama de los hechos que describen. Hace unos días, el periodista iraní Ruholá Zam, capturado en una estrafalaria operación propia de una película de espías, fue ahoracado en Teherán, después de ser acusado de haber incitado las protestas contra el régimen de 2017. Igual que en época soviética, le obligaron a confesarse culpable de un crimen que seguramente no había cometido, en un proceso pensado para infundir miedo y callar bocas de los opositores a la República Islámica. En diciembre, la periodista afgana Malala Maiwand, una defensora de las mujeres que no se acobardaba ante el terrorismo de los fanáticos, recibió varios tiros cerca de su casa, perdiendo la vida. A principios de septiembre, el reportero Julio Valdivia, que cubría sucesos en el estado de Veracruz, México, apareció decapitado. En este país de centroamérica, el narcotráfico, que ha penetrado en las instituciones y debilitado el Estado hasta ponerlo en jaque de manera permanente, suele ser el responsable de las muertes. Con su desenlace trágico, los casos de Zam, Maiwand y Valdivia pasan a integrar la lista de los 937 periodistas asesinados en los últimos diez años, según los datos de RSF. El auge la retórica populista y su enseñamiento con la prensa, la propaganda sobre las presuntas virtudes del autoritarismo chino y la crisis del modelo de negocio de los medios de comunicación, que los sumerge en la precariedad y los debilita, permanecerán en el horizonte de las luchas de la organización. «A pesar de que muchos periodistas son asesinados por hacer su trabajo, otros toman el relevo. Periodistas dispuestos a denunciar a los grupos que extorsionan y convertirse en voz de las personas que no tienen palabra», afirmaba hoy Armada, durante la presentación del balance. Como demuestra el paso del tiempo, el periodismo sobrevive, a pesar del hostigamiento de sus perseguidores.
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