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Noticias de narcotraficantes

01-03-2021 | Fuente: abc.es
Trump amaga con presentarse en 2024 e inicia una purga entre los republicanos
El partido soy yo. Donald Trump regresó este domingo a los escenarios de la política para mandar un mensaje claro y ?reysolesco? a los republicanos: no aflojará la empuñadura sobre el partido, que controla desde su ascenso histórico a la Casa Blanca en las presidenciales de 2016. Trump lo hizo en el cierre de la Conservative Political Action Conference (CPAC), la gran cita anual de los movimientos conservadores en EE.UU., con la que será su gran arma: la posibilidad de presentarse a las presidenciales de 2024. «¿Quién será, quién será, me pregunto?», dijo Trump con gesto cómplice sobre la identidad del próximo candidato republicano ante la ovación del público. Antes, había avisado que «podría decidirme a ir a ganarles por tercera vez», en una declaración que incluía la posibilidad de su candidatura y la otra gran protagonista de la noche: la mentira que repite desde noviembre, es decir, que fue él quien ganó las elecciones (Joe Biden fue vencedor por casi siete millones de votos). «Nos hemos juntado aquí esta tarde para hablar del futuro: del futuro de nuestro movimiento, del futuro de nuestro partido y del futuro de nuestro querido país», dijo el expresidente. El futuro, en la visión que desgranó en un discurso de hora y media, tiene su nombre. De hecho, llegó a equipar al 'trumpismo' ?como él mismo lo denominó? con el partido republicano y dejó claras cuáles serán sus líneas principales. En primer lugar, negar su derrota. Trump repitió las falsedades que proclama sobre los resultados de las urnas desde el recuento electoral, a pesar de que sus acusaciones de «robo» y de «amaño» no han sido sustentadas ni por su propia Administración ni por los tribunales. De hecho, atacó con dureza al Tribunal Supremo -con una mayoría conservadora de 6-3 y tres magistrados nombrados por el propio Trump- por no acoger sus teorías sobre fraude electoral. «Deberían sentir vergüenza de sí mismos», dijo de los magistrados. «No tuvieron las agallas o el coraje de tomar la decisión adecuada». Después, Trump negó que fuera a crear un nuevo partido, como se ha especulado en ocasiones desde su salida de la Casa Blanca. Es evidente que esa decisión sería un regalo para los demócratas, dividiría el voto conservador. «El partido estará más unido y será más fuerte que nunca y no voy a crear un nuevo partido», dijo. Esa unidad será para quienes sean leales a Trump. El expresidente inició este domingo de forma pública la purga de los pocos moderados que le han dado la espalda tras el asalto trágico al Capitolio después de un discurso incendiario del propio Trump. Un puñado de diputados y diez senadores votaron a favor de su ?impeachment?. Trump leyó uno a uno sus nombres, seguidos del abucheo del público. «Echadlos a todos», sentenció. Trump atacó también al líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, con el que se enfrentó después de que el senador condenara el discurso de Trump previo al asalto al Capitolio y dijera que era «responsable moralmente y en la práctica» del ataque a la sede de la soberanía popular. El discurso de Trump cerraba CPAC, donde se ha cimentado su dominio del partido. Los principales temas de la conferencia fueron los que más preocupan al expresidente ?las acusaciones de fraude electoral y de censura por parte de las tecnológicas a las voces conservadoras, con sus propias cuentas en Twitter y Facebook bloqueadas? y nadie cuestionó la pérdida de poder de los republicanos con Trump ?en su presidencia se han esfumado las mayorías en la Cámara de Representantes y en el Senado, además de la Casa Blanca? ni la tragedia y el bochorno en el episodio en el Capitolio. En su discurso, el expresidente ni siquiera hizo mención al asalto, como si no hubiera ocurrido. En CPAC hablaron muchos republicanos que están en las quinielas de 2024. Gente como el senador Ted Cruz, su compañero de bancada Josh Hawley, la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem; o el que fuera su secretario de Estado, Mike Pompeo, se esforzaron por mostrar su cercanía con el presidente y con sus objetivos. El expresidente dejó claro que si no es él el candidato, buscará imponer al suyo. Trump rompió los moldes como candidato y como presidente y en su discurso del domingo dejó claro que hará lo mismo como expresidente. La tradición exige que dejen espacio a sus sucesores. Trump, sin embargo, parecía en CPAC otra vez candidato, a pesar de que quedan casi cuatro años para las siguientes elecciones. Recuperó los grandes temas de su primera campaña: el mensaje migratorio duro, con alusiones similares a los inmigrantes como «asesinos», «violadores» o «narcotraficantes» con los que se estrenó como candidato en junio de 2015; la guerra cultural, con ataques a la política transgénero de los demócratas y defensa de los valores judeocristianos «de nuestros fundadores» y de los símbolos patrióticos; y con la recuperación del discurso económico populista para la clase media blanca. Era su primer discurso como expresidente y no dudó en ir a por su sucesor «Joe Biden ha tenido el primer mes más desastroso de cualquier presidente en la historia moderna» y acusó a los demócratas de promover una agenda «radical» que busca convertir a EE.UU. «en un país socialista».
10-02-2021 | Fuente: abc.es
HRW pide al Gobierno colombiano emplearse a fondo  para acabar con el asesinato de líderes sociales
Hay un refrán muy popular en Colombia, pero especialmente cierto en cuestiones de gobierno, que dice: «Del dicho al hecho hay mucho trecho». Aunque suene muy básico, resumen perfectamente la trágica conclusión que arroja el informe de Human Rights Watch, presentado hoy por el director de dicha organización que defiende los derechos humanos en el mundo, José Manuel Vivianco. En las 136 páginas del documento «Líderes desprotegidos, comunidades indefensas», la organización presenta la cruda realidad sobre estas muertes violentas que desde la firma del Acuerdo de Paz (2016) con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), suman 421 casos comprobados, es decir siete líderes sociales asesinados al mes durante los últimos cinco años. Quedan varios casos por esclarecer, que se calcula podría elevar la cifra a más de 550 homicidios. Así, el impacto y violencia contra el tejido social, especialmente en las regiones más apartadas o que históricamente han vivido cruzadas por las guerras entre guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y delincuencia común, no ha tenido tregua, en buena parte por la falta de efectividad del Estado en hacer presencia, tener el control real del territorio, y estructurar con recursos y sostener los programas propuestos para atacar este flagelo. Ello se traduce en el surgimiento de nuevos grupos armados desgranados de los antiguos grupos paramilitares de extrema derecha, el avance de las disidencias de la antigua guerrilla de las Farc-EP (que cargan con parte de la responsabilidad de esta nueva ola de asesinatos), el fortalecimiento de la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN), además y de facciones del narcotráfico que se disputan rentas y territorios. Algunos asesinatos, además, pero en menor proporción, han sido cometidos por miembros de la fuerza pública. En medio, los líderes sociales que se oponen a todo tipo de violencia, y unas comunidades indefensas. Vivanco reconoció el aporte de información del Gobierno Nacional, la colaboración de las autoridades autónomas de vigilancia y el aporte de la sociedad civil. Esta apertura y disposición es muy relevante, así como también reconoció que el presidente Iván Duque ha sido consistente en condenar los casos que se han dado a lo largo de su mandato. Sin embargo, cuestionó que de las palabras a los hechos hay un vacío, que las buenas ideas para combatir esta crisis humanitaria no se concretan y que, por el contrario, las promesas parecen disolverse con el tiempo, así como las investigaciones a profundidad de estos crímenes. El informe Este documento hace un estudio muy juicioso de los casos. Para su elaboración, entre abril de 2020 y enero de este año, HRW entrevistó a más de 130 personas en 22 de los 32 departamentos del país, «para identificar las dinámicas detrás de los asesinatos de defensores de derechos humanos y para examinar los esfuerzos de las autoridades para prevenir estos asesinatos y llevar a los responsables ante la justicia», explica. Así, HRW reitera y sustenta lo que es conocido ya, pero nunca suficientemente denunciado: las zonas de mayor violencia y riesgo son Norte del Cauca; Catatumbo, en Norte de Santander; Pacífico Sur, en Nariño; Bajo Cauca, en Antioquia; Alto y Bajo Caguán, en Caquetá; y el Piedemonte de Arauca. Además, retomando datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, HRW señala que, en proporción, son los líderes indígenas los más afectados por esta violencia, a la fecha 69 asesinados (16% de los 421 casos estudiados). A ello se suma el incremento en el asesinato de lideresas sociales, con 46 defensoras de derechos humanos asesinadas desde 2016, una cifra que tiende a aumentar cada año.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Los asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia son constantes.<br><br>El gobierno debe hacer mucho más para proteger a los líderes sociales y prevenir estos asesinatos.<br><br>Informe de <a href="https://twitter.com/hrw_espanol?ref_src=twsrc%5Etfw">@hrw_espanol</a>: <a href="https://t.co/z66CQIZ4bM">https://t.co/z66CQIZ4bM</a> <a href="https://t.co/snOIMKRT08">pic.twitter.com/snOIMKRT08</a></p>&mdash; José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) <a href="https://twitter.com/JMVivancoHRW/status/1359533970183094280?ref_src=twsrc%5Etfw">February 10, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Ante semejante desangre, el informe insiste en que el gobierno colombiano cuenta con los mecanismos para reducir estos asesinatos, pues HRW también hizo un análisis de los programas y mecanismos dispuestos para ello. Sin embargo, la atención a veces pareciera más enfocada en diferencias de procedimiento y seguimiento, que en dar protección efectiva a líderes y comunidades, con un enfoque comunitario y no solamente de protección deficiente a individuos, cosa largamente solicitado por las comunidades y poco atendida. A esto se añade la deficiente implementación de proyectos de desarrollo la firma del Acuerdo de Paz que beneficiarían a las comunidades, dándoles alternativas reales para progresar económica y socialmente, con enfoque territorial y aporte estatal. El 51% de los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos se han dado en esto territorios que deberían ser beneficiados. La responsabilidad directa es del Gobierno colombiano. Es posible abordar esta triste realidad. Las políticas pueden lograr resultados si no se dejan abandonadas o en punto muerto», dijo Vivanco De lo dicho a lo hecho hay mucho trecho y mucha sangre derramada. Pero, «esto no es una fatalidad. No estamos ante un desastre natural, algo inevitable o caído del cielo. La responsabilidad directa es del Gobierno colombiano. Es posible abordar esta triste realidad. Las políticas pueden lograr resultados si no se dejan abandonadas o en punto muerto», dijo Vivanco. Por eso HRW insta al gobierno y hace un llamamiento al presidente Duque para implementar reales mecanismos de protección, reforzar los presupuestos y recursos para que las entidades encargadas cumplan con su labor, así como fortalecer las instancias judiciales y que cuenten con el personal y soporte que les permitan esclarecer los hechos y hacer justicia, todo ello con la participación de la sociedad civil, que con demasiada frecuencia encuentra las puertas cerradas para las soluciones y queda al descampado frente a la violencia.
13-01-2021 | Fuente: abc.es
Comienza en Italia el gran proceso contra la 'Ndrangheta, la mafia más peligrosa del mundo
Comienza a partir de este miércoles un macroproceso contra 355 imputados de la ?Ndrangueta, la mafia calabresa que controla buena parte del tráfico internacional de cocaína y se ha convertido en la organización criminal más peligrosa de Europa. Se ha adaptado un antiguo centro de atención al cliente como aula búnker para el proceso en Lamezia Terme, en la provincia de Catanzaro, en la región de Calabria, al sur del país. Será el juicio penal más grande después del célebre de Palermo, en Sicilia, contra 475 mafiosos de la Cosa Nostra, iniciado en 1986 con los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. En diciembre de 2019, la Policía realizó una espectacular operación contra diversos clanes de la 'Ndrangheta, activos en la provincia de Vibo Valentia. Estaba sobre todo vinculada al clan del jefe Luigi Mancuso, que ejercía su hegemonía en todos los sectores socioeconómicos provinciales, con ramificaciones en el norte de Italia e incluso en el exterior. En la redada fueron detenidas 334 personas y 416 investigadas, en varias regiones italianas, en Alemania, Suiza y Bulgaria. La operación, después de tres años de investigaciones, fue dirigida por el magistrado Nicola Grateri, 62 años, jefe de la fiscalía de Catanzaro, capital de la región de Calabria. La noticia produjo un terremoto político, porque entre los arrestados había empresarios, exparlamentarios, exdiputados regionales, exconcejales y alcaldes, tanto de derecha como de izquierda. No están incluidos en este proceso los poderosos padrinos que tienen su base en Reggio Calabria. El juicio servirá para conocer detalles de cómo actúa la ?Ndrangueta y sus ramificaciones. Precisamente, en la provincia de Vibo Valentia, se ha conocido hace días una noticia que ha conmocionado a Italia y da una idea de la crueldad con la que puede actuar. Maria Chindamo, 44 años, empresaria agrícola, madre de tres hijos, fue secuestrada, asesinada y echada como alimento a los cerdos, después de ser triturada por una segadora. Por no querer vender su finca agrícola, ese fue el horrible y trágico final de Chindamo, de la que no se tenían noticias desde el 6 de mayo de 2016, cuando su familia denunció su «misteriosa desaparición» en su finca en el municipio de Limbadi, en la provincia de Vibo Valentia, en Calabria. Un arrepentido de mafia, colaborador con la justicia, Antonio Cossidente, reveló que el asesino de Chindamo fue el narcotraficante Salvatore Ascano, 54 años, que vive en una propiedad frente a la finca de la víctima, en el municipio de Limbadi. La mafia más rica y peligrosa El magistraddo Nicola Gratteri, con escolta las 24 horas del día desde hace 30 años, porque está amenazado por la mafia, ha explicado, en la víspera de iniciarse el proceso, por qué la ?Ndrangheta es la mafia más peligrosa y sin duda la más poderosa, ya que cada año hace negocios sucios con una «facturación» de 50.000 millones de euros: «En este momento, reconocido por los expertos, la 'Ndrangheta es la mafia más peligrosa; está presente en todos los continentes y es la más rica porque tiene casi el monopolio de la importación de cocaína en Europa». Gratteri (Gerace, Reggio Calabria, 1958), que está al frente de un equipo con una veintena de magistrados, conoce como nadie la mafia calabresa: «Conozco bien la 'Ndrangheta, puedo decir que desde dentro, porque cuando era niño iba a la escuela con los hijos de los jefes de la mafia, mis compañeros de juego eran los que luego se hicieron miembros de la ?Ndrangheta y después se convirtieron en narcotraficantes; así que conozco bien su filosofía criminal, la forma de pensar de la 'Ndrangheta». Gratteri es hoy el magistrado más popular y admirado en Italia por su incansable lucha contra la mafia. Concibe su trabajo como una misión por su tierra y por las nuevas generaciones: «Cuando siendo niño iba a la escuela haciendo autostop, durante esos viajes vi varias veces muertos en el suelo y pensé: ''Cuando sea grande tengo que hacer algo para que esto no vuelva a suceder''». La 'Ndrangheta ha extendido desde hace mucho tiempo sus tentáculos en Europa, particularmente en Alemania. Todos recuerdan el horror de la masacre de Duisburgo, el 15 de agosto de 2007, cuando los cuerpos acribillados a balazos de 6 afiliados del clan San Luca fueron descubiertos dentro de dos coches frente al restaurante italiano «Da Bruno». Se trató de una venganza, según los investigadores, tras el asesinato a finales de 2006 de Maria Strangio, esposa de Giovanni Nirta, jefe del clan rival. «En Alemania hay varios clanes de la 'Ndrangheta, mafia muy presente sobre todo en el mundo de la restauración y en el sector servicios», ha dicho Gratteri. En su opinión, son necesarias medidas legales más fuertes en algunas partes de Europa, para combatir a las mafias: «Si en Europa, como ocurre en Alemania por ejemplo, donde no existe el delito de asociación mafiosa para delinquir, como sí lo hay en la legislación aquí en Italia, será difícil para esa policía luchar contra las mafias».
07-12-2020 | Fuente: abc.es
Liberan al español secuestrado en Colombia
Jesús Antonio Quintana García ya está en su casa, en Cali, tras ser liberado por un grupo armado aún no identificado, tras dos días de secuestro. Así lo afirmó a través de un comunicado el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), del cual el malagueño es Director Gerente para las Américas y quien fuera secuestrado el pasado 5 de diciembre en inmediaciones del municipio de Toribío, al norte del departamento del Cauca. Si bien a primeras horas de la noche había poca información sobre los autores del secuestro, lo que sí quedó claro en el comunicado oficial fue el agradecimiento de la entidad a las autoridades nacionales y a las indígenas, que tantas veces han intermediado o rescatado secuestrados en la región: «Agradecemos a las autoridades colombianas, a las comunidades indígenas, a las organizaciones sociales y a todos los que se movilizaron para asegurar su liberación». Hoy también se supo que la muy respetada guardia indígena fue activada el domingo, en respuesta a este caso, pero ante todo a los 10 asesinatos sucedidos durante el fin de semana en esta región del norte del Cauca. La zona es tal vez de las más bellas de Colombia. Sin embargo, el departamento del Cauca, con un pie en la cordillera andina y otro sobre el Pacífico, es hoy uno de los que mayores horrores está viviendo por cuenta de la nueva violencia ensañada con esta región del suroccidente de Colombia. Precisamente allí se encuentra el municipio de Toribío, donde fue secuestrado Quintana García y último punto de contacto que se tuvo con él, quien, al parecer, se embarcó en esta travesía por temas personales, nada relacionado con su labor o condición diplomática. Iba por la ruta a Tacueyó, camino a la ciudad de Neiva, capital del vecino departamento del Huila, y fue detenido en un retén ilegal. Esa ruta, entre la ciudad de Cali y Neiva es complicada, resulta fácil perderse y es muy poco recomendada en términos de seguridad, a pesar de ser la vía más corta para llegar a Neiva desde Cali. A veces, el permanente goteo de violencia en esta zona del país hace que los hechos se diluyan en un mar de sucesos y titulares. Lo del secuestro no es nuevo en la región: dos días antes, dos comerciantes que venían del departamento de Caquetá, al sur del Cauca, fueron retenidos por miembros de la columna móvil «Dagoberto Ramos», disidencia de la exguerrilla de las Farc, pero muy pronto los dejaron en libertad al confirmar que eran comerciantes y no infiltrados. En junio pasado, dos extranjeros ?uno suizo y el otro brasilero- y sus perros fueron liberados por el ejército, tras seis meses de un secuestro ocurrido en Corinto, municipio vecino a Toribío, y por quienes la «Dagoberto Ramos» exigía un millón de dólares, según dijeron las autoridades. Lo que menos se ha dicho es que en el primer semestre de 2020 se dieron seis secuestros en la región. De allí que la principal hipótesis apunta a esta disidencia de la exguerrilla de las Farc como la responsable del secuestro. La columna móvil «Dagoberto Ramos» nunca estuvo vinculada al proceso de paz y rechazó las negociaciones en La Habana, procurando abrirse un espacio propio en esta región, pero sin mayor éxito hasta 2019, año a partir del cual los expertos y residentes en la zona afirman que ha crecido sin talanquera alguna en el norte del Cauca, amenazando y violentado especialmente a los líderes de los tres resguardos indígenas que hay en esta región. Miembros de dichas comunidades fueron los que precisamente llegaron a Bogotá el pasado 20 de octubre, tras una larga marcha, para pedirle al gobierno del presidente Iván Duque efectividad en la protección de la vida de estos pueblos indígenas que hoy sufren una durísima presión por parte de disidencias, grupos paramilitares y narcotraficantes. Otro tanto le ha solicitado al mandatario el gobernador del departamento, Elías Larrahondo, quien tampoco ve mayores resultados en materia de seguridad. El fin de semana hubo una masacre en Santander de Quilichao, otro municipio del Cauca, y una vez más se convocó un consejo de seguridad con ministro de Defensa a bordo y nuevas ofertas de recompensa fueron anunciadas para dar con los responsables. Aunque hay quienes sopechan que fue la banda de «Los Pelusos», una disidencia del Ejército de Liberación Popular (EPL, desmovilidado en 1991), personas conocedoras de la zona, consultadas por ABC, señalan que «"Los Pelusos" estuvieron por allí, pero más hacia el municipio de Corinto, al noreste de Toribío, donde han permanecido, mientras la Dagoberto sí tiene presencia en Toribío. Así que cabe esperar que fueran ellos». La cabecera municipal fue hostigada hace tan solo un mes por miembros de esta disidencia de las Farc, donde atacaron a algunos policías. Y cuentan que ya en un punto del camino a Tacueyó hay una pancarta que dice «bienvenido a territorio fariano». Lo que sorprende a los locales es que la ruta por Tacueyó fuera la elegida para esta travesía. «Esa vía casi nadie la transita. Entendible que se hubiese metido por Gabriel López o Puracé, ¿pero por Tacueyó? Ni siquiera tiene ruta de bus intermunicipal. Si fue por una aplicación de turistas, seguramente le muestra esa ruta antigua, pero Waze no lo sabe todo?», dijo otra persona que pidió guardar el anonimato. ¿Qué sucede para tanta prevención? Una de las claves para el recrudecimiento de la violencia en la zona puede ser el reclutamiento intensivo de menores que ha hecho la «Dagoberto Ramos», especialmente en estos tiempos de pandemia «donde los muchachos no van a clases». Conocedores de la región hablan de patrullas de estos grupos ilegales, que deambulan por las vías, hacen retenes como el que detuvo a Quintana García, cosa que no realizan con igual persistencia los miembros de la fuerza pública. «Es un territorio donde son dios y ley, a pesar de las bases militares en Tacueyó y Corinto, que están en esa región, pero los del ejército no sale de ahí», comentan. El gobierno dice que hay presencia, pero os habitantes comentan que si bien «la fuerza pública está permanentemente, no hay presencia cotidiana, no controlan diariamente, de vez en cuando patrullan». Es cierto que es una zona complicada, con gran desconfianza de la población con la fuerza pública, lo que hace todo más complejo. Y, de ser así, movilizar al secuestrado les habría resultado más sencillo ?a pesar de no tener una estructura militar sólida que respalde el tránsito- pues dominan el terreno, tienen control de los cultivos ilícitos («algunos de marihuana llegan al borde de la carretera») y al parecer no hay fuerza que les resista, ni siquiera la propia guardia indígena que tantas veces ha rescatado secuestrados y ha procurado plantar cara a esta disidencia. Afortunadamente, al parecer, la presión sobre los delincuentes hizo el milagro y liberaron a Quintana García, a quien y habían movido a una zona más occidental. Así lo afirmó el ejército en un comunicado: «En la vereda El Tierrero del municipio de Caloto, Cauca, las tropas de la Tercera División del Ejército Nacional con apoyo de la capacidad investigativa del Gaula de la Policía Nacional, logran la liberación por presión de Jesús Quintana García, ciudadano español quien había sido secuestrado por el Dagoberto Ramos», uno de los tantos Grupos Armados Organizados Residuales que ahora se disputan a sangre y fuego varias zonas del país.
20-10-2020 | Fuente: abc.es
Al menos diez hombres armados secuestran un tren en Río de Janeiro para huir de la policía
Al menos diez hombres fuertemente armados y al parecer integrantes de una banda de narcotraficantes secuestró este lunes un tren en Río de Janeiro para huir de una operación policial contra los grupos que controlan el tráfico de drogas en importantes favelas de esta ciudad brasileña. Los pistoleros sorprendieron a dos maquinistas que estaban en uno de los trenes usados para el mantenimiento de la red de transporte ferroviario urbano en Río de Janeiro en una estación próxima a Jacarezinho, una favela en la zona norte de la ciudad, y los obligaron a transportarlos hasta una estación próxima a la barriada de Mangueira, informaron fuentes oficiales. Tras unos diez minutos de secuestro, los pistoleros abandonaron el tren -compuesto por la locomotora y un único vagón- en las proximidades de Mangueira y siguieron a pie por la línea férrea hasta esta favela, próxima al centro de la ciudad y que es controlada por una de las principales bandas de narcotraficantes que operan en Río de Janeiro. En el momento del secuestro la Supervía, empresa concesionaria de los trenes urbanos en Río de Janeiro, había suspendido sus operaciones en la zona norte de la ciudad debido a las enfrentamientos armados que se siguieron a la operación policial para combatir a los narcotraficantes. Tras ser liberados, los maquinistas siguieron hasta la vecina Central do Brasil, la principal estación de la ciudad, en donde denunciaron el secuestro a la Policía y recibieron atención psicológica debido al estado alterado en que estaban. El inédito secuestro a un tren se produjo luego de que decenas de agentes de la Policía Militarizara realizaran una operación contra las bandas de narcotraficantes que controlan las favelas de Jacarezinho, Mandela y Manguinhos, todas próximas entre sí en la zona norte de Río de Janeiro. Los grupos criminales recibieron a tiros a los policías y los tiroteos en diferentes barrios obligaron a las autoridades a interrumpir provisionalmente el tránsito de vehículos en dos importantes vías y la operación de trenes urbanos. Los enfrentamientos entre las bandas de narcotraficantes que controlan las favelas, las «milicias» (grupos parapoliciales) que las combaten y que también ejercen control territorial y la Policía son habituales en Río de Janeiro y han convertido a esta ciudad en una de las más peligrosas de Brasil.
20-10-2020 | Fuente: abc.es
Guerra sangrienta antidroga en Filipinas: «Si hay asesinatos, digo que soy yo», afirma Duterte
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, afirmó que no tiene problema en asumir la responsabilidad por los asesinatos en la sangrienta guerra contra las drogas y afrontar cargos penales, aunque rechazó que se trate de crímenes de lesa humanidad como le acusan grupos de derechos humanos. "Si hay asesinatos, digo que soy yo. Puedes responsabilizarme de cualquier muerte de la guerra contra las drogas", manifestó Duterte en un discurso televisado el lunes por la noche. "Llévenme a la corte para que me encarcelen. No tengo ningún problema. Si sirvo a mi país yendo a la cárcel, lo haré con mucho gusto", expresó Duterte que hizo de la guerra contra las drogas su principal promesa electoral. La Policía filipina admite las muertes de 6.000 sospechosos en redadas, aunque alega que todos se resistieron al arresto; aunque organizaciones humanitarias elevan la cifra a unos 27.000 asesinatos amparados en el clima de impunidad, muchos de ellos cometidos por agentes vestidos de civil al servicio de grupos criminales. «Si te matan es porque las drogas me enfurecen», dijo el presidente, que tiene abierto un expediente en la Corte Penal Internacional "Si te matan es porque las drogas me enfurecen", indicó el presidente, que tiene abierto un "examen preliminar" en la Corte Penal Internacional (CPI) sobre su papel en lo que podrían ser crímenes de lesa humanidad en la campaña, que podría convertirse en investigación formal en los próximos meses. Para eludir esa investigación, Duterte ordenó la retirada de Filipinas de la CPI, que continúa con las pesquisas porque las denuncias se produjeron antes de que se formalizara la salida. En el pasado, Duterte animó a agentes de la ley a matar a drogadictos y narcotraficantes y les garantizó impunidad por ello, palabras que avalarían los cargos de lesa humanidad, según diversas organizaciones de derechos humanos que han promovido las denuncias ante la CPI y tribunales nacionales. Decepción con la ONU Grupos civiles y defensores de derechos humanos en Filipinas confiaban en que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido a principios de mes en Ginebra, aprobara una resolución para abrir una investigación internacional independiente sobre violaciones de derechos en Filipinas, como las ejecuciones extrajudiciales de la guerra antidroga o los asesinatos de activistas y líderes sociales. Sin embargo, el organismo se limitó a dar luz verde a una resolución que prestaba "apoyo técnico" al gobierno filipino para agilizar las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos en el país, lo que decepcionó a amplios sectores de la sociedad en Filipinas. "Con el historial de este gobierno de descarado desprecio por los derechos humanos, los incansables esfuerzos de sus funcionarios para vilipendiar a los defensores de estos derechos y la campaña activa para silenciar a los críticos, tenemos serias reservas de que los supuestos programas de asistencia técnica sirvan para detener estas violaciones de derechos humanos", lamentó EcuVoice, una coalición de organizaciones dentro y fuera de Filipinas. "Incluso tememos que el gobierno abuse dichos programas de cooperación, y los utilice como cortina de humo para ocultar su apatía y desprecio hacia las víctimas o para cometer represalias contra activistas y defensores de derechos humanos que participan en el proceso", añadió EcuVoice. Desde Amnistía Internacional lamentaron que el órgano de la ONU fracasara en "promover justicia para las familias en duelo de Filipinas, que habían puesto sus esperanzas en la comunidad internacional".
09-10-2020 | Fuente: abc.es
Nueve presos mueren durante una pelea entre bandas rivales en una cárcel de máxima seguridad de Manila
Nueve presos murieron este viernes durante una pelea entre bandas rivales en la prisión de alta seguridad de New Bilibid, al sur de Manila, confirmaron las autoridades penitenciarias. Siete de los fallecidos pertenecen a la banda Sputnik y dos a la Comando, dos pandillas rivales implicadas en actividades criminales y en el tráfico de drogas. El portavoz de la Oficina de Correccionales, Gabriel Chaglag, aclaró que la disputa tuvo lugar a las 2.30 horas de la madrugada de este viernes en un lugar de la prisión que no tenía vigilancia. Chaglag explicó que New Bilibid tiene una población penal de 18.000 presos, muy por encima de su capacidad, por lo que los presos no pueden estar vigilados las 24 horas del día y solo hay cámaras de seguridad en ?lugares estratégicos? del penal. ?Aquí dentro mirar a otro es suficiente para matarse. Investigaremos si hay otra razón de peso?, indicó el portavoz. Las prisiones más congestionadas del mundo Filipinas tiene las cárceles más congestionadas del mundo, que exceden en un 500% su capacidad, por lo que los presos viven hacinados en celdas sin apenas ventilación, lo que las convierte en un nido de enfermedades como cólera o turberculosis. En los últimos meses, las autoridades penitenciarias han confirmado la muerte de varios narcotraficantes de alto rango mientras cumplían condena en el penal de New Bilibid, como Jaybee Sebastian, líder del grupo Sigue-Sigue. Las muertes fueron atribuidas a la Covid-19, pero alimentaron especulaciones sobre supuestas irregularidades dentro de la prisión, algo que provocó que el Departamento de Justicia abriera una investigación a principios de agosto.
05-10-2020 | Fuente: elmundo.es
Denunciado el narco gallego Manuel Charlín por conducir el Jaguar de su hijo con el carnet retirado por pérdida de puntos
El patriarca del clan de narcotraficantes de los Charlines, de 88 años, lleva ya este año varias denuncias similares 
03-10-2020 | Fuente: abc.es
López Obrador utiliza al pueblo para vengarse de sus antecesores
México podrá celebrar un referéndum para decidir si se debe llevar a juicio a los cinco expresidentes vivos del país mesoamericano. El jueves, la Suprema Corte de Justica declaró que la consulta es constitucional tras una dividida votación en la que hubo seis votos a favor y cinco en contra. El resultado avala el referéndum propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que durante su mandato México está viviendo una «transformación» tan profunda como lo fueron eventos históricos como la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana. En su resolución, la Suprema Corte aprobó una pregunta ligeramente diferente a la original. «¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?», será la cuestión que deberá ser respondida con un «sí» o un «no». López Obrador quiere celebrar el referéndum en junio de 2021, cuando está previsto tendrán lugar las próximas elecciones legislativas para renovar toda la Cámara de Diputados. La medida es polémica porque llamaría a las autoridades a comenzar a investigar a los cinco expresidentes vivos aunque no haya indicios en su contra. «Si tienen evidencias contra expresidentes los deben investigar. De lo contrario, no hay nada que investigar. No pueden convertir al país en un circo Romano», dijo en Twitter José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la oenegé Human Rights Watch División América.El positivo de Trump mata la campaña electoral y convulsiona EE.UU. Los expresidentes vivos son Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Precisamente, el gobierno de Salinas de Gortari marcó el inicio de lo que López Obrador califica como el «periodo neoliberal», una época que para el actual presidente duró hasta el final del gobierno de Peña Nieto, quien dejó el poder el 1 de diciembre de 2018. En esos treinta años fue cuando se produjeron varias privatizaciones de empresas públicas como Telmex o Aeroméxico y se firmó el NAFTA, el primer tratado de libre comercio en América del Norte. López Obrador marca justo el comienzo del supuesto «periodo neoliberal» con la presidencia de Salinas de Gortari porque fue cuando él abandonó el PRI para fundar el PRD, un partido político de izquierda. Actualmente, la fiscalía tiene abierta una investigación contra Calderón y Peña Nieto por su posible conexión con la trama corrupta de Odebrecht. La investigación surge de las declaraciones del expresidente de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya, quien ya testificó ante las autoridades mexicanas para acusar a la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012 de haber recibido 100 millones de pesos (casi 4 millones de euros) de la constructora brasileña. Los presidentes en México gozan de inmunidad constitucional popularmente conocida como «fuero» bajo los artículos 108 y 111 de la Carta Magna. Se trata de una protección para el Jefe del Estado mexicano similar a la inviolabilidad del Rey que establece la Constitución Española. El Congreso mexicano actualmente está debatiendo un proyecto para reformar los artículos 108 y 111 para que el presidente pueda ser procesado por cualquier delito. Lo importante es consultar al pueblo «Lo importante es que se resolvió que se consulte al pueblo, que se les pregunte a los mexicanos, esa es la esencia de la democracia», dijo López Obrador el viernes para celebrar la decisión de la Suprema Corte. «Nuestro pueblo es inteligente, es un pueblo sabio que sabe tomar decisiones», continuó el presidente en «La Mañanera», su rueda de prensa matutina con la que cada día trata de marcar la agenda mediática del país mesoamericano. La consulta sobre si los expresidentes deben de ser enjuiciados por corrupción es el último de los muchos plebiscitos que ha experimentado la democracia mexicana bajo la batuta de López Obrador. La primera de estas ocurrencias fue cuando organizó un referéndum para decidir si se debía suspender la construcción de un aeropuerto en Ciudad de México cuando ya estaba completado al 30%. En aquella ocasión, un 69,9% votó por poner fin a las obras del nuevo aeropuerto, un proyecto iniciado en 2015 bajo el mandato de Peña Nieto. Sólo un 1,9% del censo electoral participó. En otra ocasión, López Obrador realizó una votación a mano alzada durante un mitin para decidir si se debía construir un sistema de transporte público en el Estado de Durango, al norte del país. Mediante silbidos y abucheos, sus seguidores expresaron su rechazo al proyecto, por lo que López Obrador decidió cancelarlo. «El pueblo manda», gritó enfervorecido. En marzo, también se suspendió la construcción de una planta para producir cerveza mediante otra de estas polémicas consultas. La empresa Constellation Brands tenía pensado gastar 1.400 millones de dólares para construir la planta en Mexicali, al norte de México, pero la inversión fue rechazada por el 76% de los 36.000 ciudadanos que votaron en el plebiscito. Los participantes representaban sólo un 4,6% de los 794.900 ciudadanos registrados en el censo electoral de Mexicali. Cinco expresidentes para el banquillo Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) Su presidencia supuso la privatización de varias empresas públicas y el inició de la apertura de la economía mexicana hacia el exterior. Según una encuesta del diario «El Universal», es visto como el segundo presidente más corrupto de México tras Peña Nieto. Su nombre ha estado vinculado a varios escándalos de corrupción, sin embargo, nunca ha sido investigado por la justicia. Ernesto Zedillo (1994-2000) Zedillo centró su gobierno en lidiar con la crisis del peso mexicano de 1994 y con la revuelta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Él ordenó en 1995 la detención en 1995 de Raúl Salinas de Gortari, el hermano del expresidente Carlos Salinas, por el asesinato del político José Francisco Ruiz Massieu. Vicente Fox (2000-2006) Fox fue el primer presidente mexicano que no militaba en el PRI desde los años treinta. Según el libro «Fox, negocios a la sombra del poder», el expresidente enfrentaba una serie de investigaciones por corrupción que fueron congeladas con la llegada de Peña Nieto. Felipe Calderón (2006-2012) Es recordado como el presidente que sacó al Ejército para iniciar una guerra contra los narcotraficantes. El principal arquitecto de la guerra contra el narcotráfico fue su Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien fue arrestado en diciembre de 2019 en Estados Unidos por supuestamente haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa. Enrique Peña Nieto (2012-2018) Su Sexenio estuvo plagado de escándalos. Los dos más graves fueron la desaparición en 2014 de los jóvenes de Ayotzinapa y la «Casa Blanca», cuando una investigación periodística desveló que él y su exmujer recibieron un posible trato de favor por parte de un contratista del gobierno. El presidente de Pemex, Emilio Lozoya, también lo involucra en la trama Odebrecht.
16-08-2020 | Fuente: abc.es
¿Guerra perdida en Colombia?
Un grupo de expresidentes latinoamericanos se ha puesto en la tarea de analizar el tema del narcotráfico, este terrible flagelo que azota sin piedad y sin término a nuestros pueblos. Y han llegado a una conclusión desesperanzadora y sin horizontes: la guerra contra el narcotráfico «es una guerra perdida». La consecuencia de esta conclusión parece obvia: la comunidad internacional debe legalizar, no solo el consumo de estupefacientes, sino toda la cadena que empieza en las montañas y selvas de Colombia y otros países y termina en las calles de las ciudades del mundo entero, con millones de consumidores, muchos de ellos todavía niños, que destruyen sus vidas inmersos en un consumo del que muy pocos logran salir. Pero millones de colombianos ?la inmensa mayoría? rechazamos con energía y coraje tan desoladora conclusión. Nos negamos a aceptar que el mundo se arrodille ante unos criminales que han superado las fronteras de la bestialidad, y han desafiado el poder coactivo de los estados para crear organizaciones delincuenciales capaces de llegar a todos los rincones. Nos negamos a aceptar que el sufrimiento y la sangre derramada de tantos compatriotas que ofrendaron heroicamente sus vidas o fueron mutilados por las bombas enterradas por los narcotraficantes, fueron inútiles. Nos negamos a decirles a las madres, a las viudas, a los huérfanos de nuestros militares y policías caídos en combate, que ahora sembrar marihuana, cocaína o amapola será una actividad tan decente y honorable como sembrar café o cacao, y que la bonanza de estupefacientes que se vislumbra reemplazará con creces las divisas que estamos perdiendo en la actual crisis petrolera. No es cierto que la guerra contra el narcotráfico sea una guerra perdida. Quizás lo que se perdió fue la voluntad política, la decisión ética y moral de enfrentar con energía y con todo el poder del Estado este delito. Como presidente de mi país, desde las semanas previas a mi posesión, con mi equipo de asesores definimos las bases de lo que se llamaría «El Plan Colombia», que con el apoyo entusiasta y decidido del presidente Clinton, posteriormente del presidente Bush y del Congreso de los Estados Unidos, cambió el panorama del combate a los narcocultivos. Cuando me posesioné, el 7 de agosto de 1998, había en Colombia 180.000 hectáreas sembradas de coca, los cultivos ilícitos crecían día a día, y mi antecesor Ernesto Samper había perdido la visa para entrar al territorio norteamericano, al haberse comprobado que su campaña había sido financiada por el narcotráfico. Cuatro años más tarde, cuando le entregué la Presidencia a mi sucesor, el presidente Álvaro Uribe Vélez, quedaban apenas 90.000 hectáreas sembradas de coca en el territorio colombiano, y los comandantes de las FARC, el mayor cártel del mundo, huían hacia otros países o buscaban con desespero refugio en sus escondites en la selva. El presidente Uribe Vélez le dio continuidad al Plan Colombia y a la lucha sin tregua contra el narcotráfico. Al concluir su mandato en Colombia quedaban apenas un poco más de 40.000 hectáreas sembradas de coca. Pero luego el presidente Juan Manuel Santo s, en su obsesión de firmar un acuerdo de paz con las FARC al precio que fuese, incluso violando la Constitución y poniendo en serio riesgo la estabilidad de las instituciones, se comprometió con ese grupo terrorista a suspender la erradicación de los cultivos de coca. ¿El resultado? decenas de líderes campesinos asesinados, una paz que solo existe en los titulares de la prensa santista, y más de doscientas mil hectáreas nuevas sembradas de coca, mientras las FARC y otros grandes carteles, varios de ellos extranjeros, se disputan a sangre y fuego el control de los cultivos. La guerra contra las drogas no se ha perdido. Todavía es posible ganarla. He propuesto que mientras mis compatriotas permanecen confinados por causa del Covid 19, se fumiguen de nuevo los cultivos, como se hizo en el pasado, con excelentes resultados. Pero el Gobierno del presidente Duque no ha respondido. Acabar con los cultivos ilegales es posible. Desterrar de nuestro territorio esa plaga maldita es posible. Ya lo demostramos en el pasado: solo falta decisión política. Andrés Pastrana es expresidente de Colombia
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