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Noticias de migracion

22-02-2018 | Fuente: abc.es
El parlamento griego investigará a diez políticos presuntamente involucrados en un escándalo de sobornos
Con una votación secreta que terminó esta madrugada poco antes de las seis de la mañana, el parlamento griego ha decidido que un comité parlamentario formado por 21 diputados investigue a diez políticos sobre su presunta implicación en un escándalo de sobornos por una multinacional farmacéutica antes del 2015. Según la legislación griega, el parlamento tiene que investigar primero el caso mediante una comisión especial, para después retirar la inmunidad de los implicados y su posterior enjuiciamento. Entre los diez se encuentra el ex primer ministro Andonis Samarás y el ex primer ministro en funciones Panayotis Pikramenos, asi como el actual Gobernador del Banco de Grecia (anteriormente ministro de Finanzas) Yanis Sturnaras y el actual Comisario de Migración europeo Dimitris Avramopulos ?que fue Ministro de Sanidad años antes?. Los presuntos implicados fueron, salvo los dos ex primeros ministros, ministros de salud, economía o fomento antes de la llegada al poder de Alexis Tsipras en enero 2015. La votación fue secreta y en las diez urnas situadas en la sala se encontraron más de 151 papeletas, por lo que se investigará a todos. El partido radical SYRIZA votó a favor de que los diez políticos fueran investigados, lo mismo que el de los Griegos Independientes, el neonazi Amanecer Dorado y el partido comunista KKE. Se abstuvieron los diputados del partido Nueva Democracia al no apoyar «acusaciones fabricadas» aunque se habían mostrado públicamente antes de la votación a favor de la investigación. Los restantes partidos votaron presente o con una fórmula que no fue computada. Horas antes habían intervenido los diez políticos en la cámara menos el actual Comisario europeo Dimitris Avramopulos, que se encontraba en el extranjero. Pero todos destacaron que las declaraciones que les implican son las de tres testigos protegidos que no aportan ningún tipo de pruebas. En los últimos días, además, varios de estos políticos habían interpuesto demandas ante la justicia, empezando por Andonis Samaras que presentó una contra el propio primer ministro actual Alexis Tsipras, acusándolo de crear una conspiración contra políticos de la oposición en un momento delicado: una fiscal Anticorrupción del Tribunal Supremo presentó este expediente en el parlamento el día después de una gigantesca manifestación en el centro de Atenas sobre el tema de Macedonia, en contra de las negociaciones que está efectuando el gobierno radical durante estas semanas. Andonis Samarás, ex primer ministro conservador, acusó al gobierno horas antes de la votación de «no haber buscado culpables, sino de haberlos elegido», le acusó de calumnias y recordó que fueron los gobiernos anteriores, a partir del 2010, los que recortaron el gasto de medicamentos excesivo del sector público griego, mientras que SYRIZA, entonces en la oposición, no votó a favor de los recortes. El líder de la oposición y presidente de Nueva Democracia, Kiriakos Mitsotakis, afirmó que el gobierno, que prevé su derrota electoral, «utiliza medios sucios para extender su permanencia en el poder». Por su parte, Alexis Tsipras insistió en que «incluso los que hablan de conspiración no niegan la existencia de un escándalo» y destacó que «obedeceremos el mandato del pueblo griego para que se haga justicia. No tenemos miedo y nadie no tendrá, ni la justicia ni los testigos». Bien distinta fue la posición del diputado socialista Evangelos Venizelos, uno de los políticos acusados de soborno: afirmó que el gobierno comete atrocidades legales e institucionales y que «la única solución son las elecciones (anticipadas)». Y como buen catedrático de Derecho Constitucional, afirmó que «están en juego las instituciones fundamentales y la constitución del estado de derecho».
21-02-2018 | Fuente: elpais.com
Los padres de Melania Trump usaron lo que el presidente llama ?inmigración en cadena?
'The Washington Post' revela que los progenitores de la primera dama obtuvieron la residencia permanente por razón de parentesco, una práctica que Donald Trump quiere eliminar
21-02-2018 | Fuente: abc.es
La lucha contra la inmigración abre las primeras grietas en el partido de Macron
El proyecto de Ley destinado a controlar la inmigración abre las primeras grietas en La República en Marcha (LREM), el partido de Emmanuel Macron, enfrentando por vez primera a los partidarios de la energía y la mano dura contra los partidarios de una visión más humanista, anunciándose un debate nacional de fondo, durante los próximos meses. Antes de llegar a la Asamblea Nacional, el próximo mes de abril, el proyecto de Ley presentado el martes en el consejo de ministros comenzó por recibir un cierto maquillaje verbal, con su nuevo título oficial: «Por una inmigración controlada y un derecho de asilo efectivo». El 17 de enero pasado, el presidente Macron fijó en Calais el objetivo estratégico de su proyecto: «La nueva política será de firmeza y humanidad». «Firmeza» (policial, judicial) contra la inmigración clandestina; «humanidad» para la inmigración «consentida». Según un sondeo del matutino conservador «Le Figaro», el 80% de sus lectores dicen aprobar el proyecto gubernamental de acoger a los refugiados políticos y expulsar a una gran mayoría de inmigrantes económicos. De entrada, el proyecto de Ley Por una inmigración controlada y un derecho de asilo efectivo es muy restrictivo y propone medidas policiales más duras contra la inmigración ilegal. Una parte difícil de calibrar numéricamente del partido y el grupo parlamentario del partido presidencial, La República en Marcha (LREM), se opone con cierta energía verbal. «Los más débiles serán sancionados. Nada nos impide poner un poco de humanidad en el proyecto de Ley», declara el diputado macronita Jean-Michel Clement. Otro diputado de LREM, Matthieu Orphelin, anuncia una «oposición controlada», exigiendo «negociaciones» para enmendar el proyecto de Ley: «Hemos conseguido algún progreso, pero debemos seguir negociando. Haremos proposiciones y esperamos llegar a un compromiso más humanista. Presentaremos y defenderemos enmiendas para humanizar un proyecto un poco frío y brutal». ¿Cuál es el peso de la resistencia parlamentaria contra el proyecto de Ley que debiera regular de manera más estricta las políticas de inmigración y asilo? En la Asamblea Nacional (577 diputados), el partido de Macron tiene una mayoría absoluta de 310 escaños. Todavía es pronto para saber cuántos disidentes reales están dispuestos a oponerse al presidente de la República. 47 diputados centristas y 35 conservadores independientes oscilan entre la aventura y el orden. Los Republicanos (derecha tradicional) tienen un grupo parlamentario de 100 diputados: un grupo sólido pero harto insuficientes para oponerse a un proyecto que consideran «laxista». El minúsculo grupo socialista (Nueva izquierda) apenas tiene 30 escaños. Extrema izquierda populista (18 diputados) e izquierda comunista (16 diputados) pueden gritar, pero tienen un peso parlamentario modesto e insignificante. Siendo la mayoría parlamentaria de 289 diputados, Macron no debiera tener grandes problemas para hacer pasar su reforma. Sin embargo, la emergencia de una tímida oposición y resistencia de fondo ilumina la fragilidad potencial del macronismo: su «izquierda» (antiguos liberal socialistas y reformistas) no siempre se entiende bien con su «derecha» (conservadores tradicionales y reformistas). El carácter inflamable del problema de fondo de la inmigración, en Francia y Europa, confiere al debate de fondo un evidente carácter inflamable. No sin cierto laconismo de viejo zorro político, Gérard Collomb, ministro del interior, antiguo socialista disidente, a la derecha de Manuel Valls, resume la situación de este modo: «La derecha tradicional nos atacará diciendo que somos laxistas, lo que no es verdad. La izquierda nos tratará de fascistas, otra mentira. El resultado pudiera ser que esas caricaturas de la retórica política tradicional podrán contribuir a unir más fuerte nuestro propio grupo parlamentario». Veremos.
21-02-2018 | Fuente: elpais.com
La ley de inmigración pone a prueba por primera vez la mayoría de Macron
El presidente combina mano dura con los sin papeles y medidas de integración para los refugiados. La norma contempla un año de cárcel por cruce ilegal de la frontera
21-02-2018 | Fuente: abc.es
Más de 60 diputados presionan a May con una carta para que Reino Unido pueda negociar acuerdos
La presión sobre Theresa May dentro de las filas de su partido sigue creciendo. La división interna respecto a cómo llevar a cabo el Brexit ha dejado un nuevo episodio. Esta vez más de 60 parlamentarios «tories» alineados en el bando más «brexiter» han enviado una carta a la primera ministra en la que le hacen varias sugerencias de cómo llevar las negociaciones con la Unión Europea y en la que piden libertad absoluta para Reino Unido a la hora de negociar acuerdos comerciales en cuanto el país salga del bloque comunitario en marzo de 2019. Algo que habría que negociar con Bruselas, ya que aún no están puestas las bases sobre cómo será el periodo de transición que comenzará justo tras esa fecha. Esta misiva, remitida el pasado viernes y filtrada este miércoles a los medios, la envían 62 diputados conservadores que forman el llamado Grupo de Investigación Europeo, liderados por el euroescéptico Jacob Rees-Moog y que pretenden una desconexión casi total con la UE. Estos, entre los que se encuentran el expresidente del partido Ian Duncan-Smith o varios ex ministros, señalan que Reino Unido debería obtener una «autonomía reguladora completa» e incluyen una serie de «sugerencias» para conseguir un proceso exitoso con la salida del mercado único y de la unión aduanera encima de la mesa. Se trata por tanto de un grupo amplio de presión que supera sin problemas el número de parlamentarios necesarios para llevar a cabo una moción de liderazgo contra la líder conservadora. Además, May necesita todos los apoyos posibles en la cámara al no contar con la mayoría absoluta. Todo en un momento clave para el Gobierno, ya que varios ministros se reúnen mañana en la residencia de campo de la «premier» en Chequers para delimitar cómo será la postura británica en las negociaciones con Bruselas. Esta podría ser revelada en los próximos días por la propia May como parte de los discursos que miembros de su Ejecutivo están dando estas semanas respecto al Brexit. Lo que parece claro es que Reino Unido quiere un mecanismo durante el periodo de transición en el que no se mantenga ya bajo la legislación europea e implantar cuanto antes su política de inmigración registrando a los ciudadanos comunitarios que lleguen durante esos casi dos años que dure ese tramo, como sugirió la premier recientemente. La oposición acusa a May de «demasiado débil» Entre los partidarios de un Brexit blando, la misiva se ha recibido con duras críticas. Nicky Morgan, miembro de ese bando que preside el comité del Tesoro, ha asegurado, según «The Guardian»: «Esto no es una carta, sino una nota de rescate. El ERG [Grupo de Estudios Europeos del Partido Conservador] piensa claramente que ellos tienen a la primera ministra como su rehén». La oposición no ha tardado en criticar la carta acusando a May de ser «demasiado débil» para enfrentarse a los «brexiter» de su propio partido. Algo que la deja en mal lugar aseguran «para llevar a cabo este proceso de salida». El Partido Laborista británico, primero de la oposición, ha señalado que la carta «expone las profundas divisiones que hay en el Gobierno conservador», entre los partidarios de un Brexit duro -salida del mercado común y la unión aduanera- y los que prefieren una salida más suave con acceso al mercado único europeo.
20-02-2018 | Fuente: abc.es
Macron presenta su plan de acción contra la inmigración «no deseada»
Gérard Collomb, ministro del Interior, presentará en el Consejo de ministros de este miércoles, presidido por Emmanuel Macron, un proyecto de ley que se pretende «enérgico, severo y humanista», pero parece muy restrictivo contra la inmigración y el derecho de asilo en todos los terrenos judiciales y policiales, abriendo el grifo a una inmigración selectiva. El proyecto de ley será debatido y posiblemente enmendado en la Asamblea Nacional y el Senado a partir del próximo mes de abril, para entrar en vigor más tarde. Macron cuenta con una mayoría muy amplia de diputados en favor de su proyecto, pero podría ser matizado en el Senado, con mayoría conservadora muy independiente. La filosofía del proyecto aspira ser eminentemente empírica: «Actuar más rápidamente, con más recursos y energía, y, en contrapartida, crear nuevos derechos y estatutos para categorías muy limitadas de inmigrantes cuidadosamente elegidos». La futura ley creará, en su día, una legislación de nuevo cuño, tipificando nuevos delitos, para crear un nuevo modelo de inmigración controlada. De entrada, cruzar las fronteras francesas de manera ilegal podrá ser castigado con cierta severidad. Se trata de un arma de nuevo cuño contra la inmigración «no deseada». Los extranjeros que crucen una frontera por un lugar no autorizado, o con papeles falsos, podrán ser condenados a un año de cárcel y una multa de 3.750 euros. Punto muy sensible, deberá ser matizado a lo largo de un debate parlamentario previsiblemente inflamable, desde muchos frentes, políticos, técnicos y humanitarios. El Consejo de Estado ha contestado el contenido y la oportunidad de este y otros puntos. En un segundo plano, la lucha contra los extranjeros sin papeles, con papeles falsos o en situación irregular, contará con nuevos recursos policiales y judiciales. Los extranjeros residentes en Francia, sin papeles o con papeles falsos, con el fin de instalarse y trabajar ilegalmente, podrán ser condenados a cinco años de cárcel y multas de hasta 75.000 euros. Punto muy delicado. Las numerosas asociaciones que militan y prestan socorro de urgencia judicial a numerosos inmigrantes anuncian una batalla de recursos que es difícil calibrar prematuramente, hasta que no se conozca el detalle concreto de las posibles medidas. Macron podrá imponer su proyecto en la Asamblea Nacional, pero hay muchos otros terrenos donde podrá ser contestado. En el terreno policial, se anuncian medidas coercitivas más expeditivas. Se amplía de dieciséis a veinticuatro horas la detención preventiva, con el fin de reforzar el poder de investigación policial y judicial. Los detenidos que rechacen la toma de fotos o huellas dactilares podrán ser expulsados con rapidez. Sin ser espectacular, la medida puede facilitar el trabajo de las policías de fronteras, donde suelen plantearse problemas. Los extranjeros que lleguen a Francia más o menos legalmente verán restringidas las posibilidades de la demanda de asilo. Con el fin de poner fin a ciertos abusos de muy diversa índole, serán rechazadas todas las peticiones de asilo que no respondan a situaciones concretas, eliminando los posibles recursos, alegando razones médicas o familiares. Censo de extranjeros Con el fin de centralizar y agilizar la nueva política, la futura ley prevé una suerte de censo oficial de extranjeros, inmigrantes en situación regular e irregular. Se trata, en principio, de un proyecto de carácter burocrático de cierta envergadura. Una organización de nuevo cuño, informatizada, podrá centralizar todas las informaciones individuales, personales y familiares de inmigrantes, refugiados y demandantes de asilo. Desde su entrada legal o ilegal en Francia, inmigrantes o refugiados serán fichados para poder ser controlados con más eficacia, y para ser integrados o expulsados con mayor rapidez, evitando el laberinto burocrático actual, del que se benefician los inmigrantes o refugiados más avispados o mejor aconsejados. Tras los capítulos expresamente represivos, el proyecto de ley que este miércoles aprobará el Consejo de Ministros tiene varias dimensiones humanitarias. Hasta ahora, los beneficiarios de una carta de residente debían renovarla todos los años. Está previsto crear una carta de residente plurianual, de cuatro años. A partir de ese primer periodo de tiempo, los beneficiarios podrían tener derecho a una carta de residente por tiempo indefinido. Inmigrantes de élite Como candidato a presidente de la República, Emmanuel Macron insistió en defender un modelo de «inmigración elegida, no sufrida». Se trata de un modelo que ya defendió Nicolas Sarkozy, hace años. La nueva legislación debe perseguir la inmigración ilegal y favorecer una cierta inmigración de élite: estudiantes, profesionales calificados, familias con recursos más o menos sólidos. La nueva ley debe crear una carta especial para jóvenes inmigrantes, estudiantes, que podrían tener ciertos derechos para buscar empleo y crear pequeñas empresas. No sin cierto optimismo voluntarista, el presidente Macron ha defendido este punto concreto de su proyecto diciendo que «Francia debe acoger a quienes deseen participar en nuestro dinamismo económico y en la difusión de nuestro patrimonio lingüístico y cultural».
20-02-2018 | Fuente: abc.es
Macron impondrá cinco años de cárcel por trabajar sin papeles y limitará el derecho de asilo
Gérard Collomb, ministro del Interior, presentará en el Consejo de ministros de este miércoles, presidido por Emmanuel Macron, un proyecto de ley que se pretende «enérgico, severo y humanista», pero parece muy restrictivo contra la inmigración y el derecho de asilo en todos los terrenos judiciales y policiales, abriendo el grifo a una inmigración selectiva. El proyecto de ley será debatido y posiblemente enmendado en la Asamblea Nacional y el Senado a partir del próximo mes de abril, para entrar en vigor más tarde. Macron cuenta con una mayoría muy amplia de diputados en favor de su proyecto, pero podría ser matizado en el Senado, con mayoría conservadora muy independiente. La filosofía del proyecto aspira ser eminentemente empírica: «Actuar más rápidamente, con más recursos y energía, y, en contrapartida, crear nuevos derechos y estatutos para categorías muy limitadas de inmigrantes cuidadosamente elegidos». La futura ley creará, en su día, una legislación de nuevo cuño, tipificando nuevos delitos, para crear un nuevo modelo de inmigración controlada. De entrada, cruzar las fronteras francesas de manera ilegal podrá ser castigado con cierta severidad. Se trata de un arma de nuevo cuño contra la inmigración «no deseada». Los extranjeros que crucen una frontera por un lugar no autorizado, o con papeles falsos, podrán ser condenados a un año de cárcel y una multa de 3.750 euros. Punto muy sensible, deberá ser matizado a lo largo de un debate parlamentario previsiblemente inflamable, desde muchos frentes, políticos, técnicos y humanitarios. El Consejo de Estado ha contestado el contenido y la oportunidad de este y otros puntos. En un segundo plano, la lucha contra los extranjeros sin papeles, con papeles falsos o en situación irregular, contará con nuevos recursos policiales y judiciales. Los extranjeros residentes en Francia, sin papeles o con papeles falsos, con el fin de instalarse y trabajar ilegalmente, podrán ser condenados a cinco años de cárcel y multas de hasta 75.000 euros. Punto muy delicado. Las numerosas asociaciones que militan y prestan socorro de urgencia judicial a numerosos inmigrantes anuncian una batalla de recursos que es difícil calibrar prematuramente, hasta que no se conozca el detalle concreto de las posibles medidas. Macron podrá imponer su proyecto en la Asamblea Nacional, pero hay muchos otros terrenos donde podrá ser contestado. En el terreno policial, se anuncian medidas coercitivas más expeditivas. Se amplía de dieciséis a veinticuatro horas la detención preventiva, con el fin de reforzar el poder de investigación policial y judicial. Los detenidos que rechacen la toma de fotos o huellas dactilares podrán ser expulsados con rapidez. Sin ser espectacular, la medida puede facilitar el trabajo de las policías de fronteras, donde suelen plantearse problemas. Los extranjeros que lleguen a Francia más o menos legalmente verán restringidas las posibilidades de la demanda de asilo. Con el fin de poner fin a ciertos abusos de muy diversa índole, serán rechazadas todas las peticiones de asilo que no respondan a situaciones concretas, eliminando los posibles recursos, alegando razones médicas o familiares. Censo de extranjeros Con el fin de centralizar y agilizar la nueva política, la futura ley prevé una suerte de censo oficial de extranjeros, inmigrantes en situación regular e irregular. Se trata, en principio, de un proyecto de carácter burocrático de cierta envergadura. Una organización de nuevo cuño, informatizada, podrá centralizar todas las informaciones individuales, personales y familiares de inmigrantes, refugiados y demandantes de asilo. Desde su entrada legal o ilegal en Francia, inmigrantes o refugiados serán fichados para poder ser controlados con más eficacia, y para ser integrados o expulsados con mayor rapidez, evitando el laberinto burocrático actual, del que se benefician los inmigrantes o refugiados más avispados o mejor aconsejados. Tras los capítulos expresamente represivos, el proyecto de ley que este miércoles aprobará el Consejo de Ministros tiene varias dimensiones humanitarias. Hasta ahora, los beneficiarios de una carta de residente debían renovarla todos los años. Está previsto crear una carta de residente plurianual, de cuatro años. A partir de ese primer periodo de tiempo, los beneficiarios podrían tener derecho a una carta de residente por tiempo indefinido. Inmigrantes de élite Como candidato a presidente de la República, Emmanuel Macron insistió en defender un modelo de «inmigración elegida, no sufrida». Se trata de un modelo que ya defendió Nicolas Sarkozy, hace años. La nueva legislación debe perseguir la inmigración ilegal y favorecer una cierta inmigración de élite: estudiantes, profesionales calificados, familias con recursos más o menos sólidos. La nueva ley debe crear una carta especial para jóvenes inmigrantes, estudiantes, que podrían tener ciertos derechos para buscar empleo y crear pequeñas empresas. No sin cierto optimismo voluntarista, el presidente Macron ha defendido este punto concreto de su proyecto diciendo que «Francia debe acoger a quienes deseen participar en nuestro dinamismo económico y en la difusión de nuestro patrimonio lingüístico y cultural». Medidas controvertidas Cárcel para extranjeros que crucen fronteras. Se trata de un arma de nuevo cuño del Gobierno Macron contra la inmigración ilegal en Francia. Los extranjeros que crucen una frontera por un lugar no autorizado, o con papeles falsos, podrán ser condenados a un año de cárcel y a multas elevadas. Trabajar sin papeles o con papeles falsos. Los extranjeros residentes en Francia, sin papeles o que utilicen papeles falsos con el fin de instalarse en el país o de trabajar ilegalmente, podrán ser condenados a cinco años de cárcel y multas de hasta 75.000 euros. Periodos de detención preventiva más largos. Se amplía de dieciséis a veinticuatro horas la detención preventiva, con el fin de reforzar el poder de investigación policial y judicial. Los detenidos que rechacen la toma de fotos o huellas dactilares podrán ser expulsados expeditivamente de Francia. Asilo sí, pero se eliminan muchos recursos. Con el fin de poner fin a ciertos abusos de muy diversa índole, serán rechazadas todas las peticiones de asilo que no respondan a situaciones concretas, eliminando los posibles recursos que aleguen razones médicas o de reunificación familiar.
18-02-2018 | Fuente: elpais.com
El síndrome de Lampedusa
La isla, convertida en símbolo universal de la acogida, se hartó de la situación y eligió a un alcalde que refleja el clima de rechazo a la inmigración que recorre toda Italia
18-02-2018 | Fuente: elpais.com
Viaje a los grandes escenarios de la Italia que vota
EL PAÍS recorre varias regiones de Italia para explicar los grandes fenómenos que marcarán los comicios del 4 de marzo como la inmigración, la crisis de la industria o la brecha entre norte y sur
17-02-2018 | Fuente: elpais.com
Viaje a los grandes escenarios de la Italia que vota
EL PAÍS recorre varias regiones de Italia para explicar los grandes fenómenos que marcarán los comicios del 4 de marzo como la inmigración, la crisis de la industria o la brecha entre norte y sur
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