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Noticias de malestar social

01-12-2021 | Fuente: abc.es
Nicaragua y Cuba utilizan la inmigración para presionar a EE.UU.
El Gobierno de Nicaragua anunció el 23 de noviembre una medida que podría elevar aún más las tensiones con EE.UU. Las autoridades nicaragüenses anunciaron que los cubanos no tendrán que solicitar una visa para entrar al país. A través de un comunicado oficial, se informó que la medida tenía como fin el de promover «el intercambio comercial, el turismo y la relación familiar humanitaria». Pero también significa una vía de escape para los cubanos que quieren escapar de la crisis y la represión que se vive en la isla, acentuada en los últimos años. El flujo de migrantes cubanos a Nicaragua se incrementó a partir de 2019, cuando Daniel Ortega flexibilizó los requisitos para los migrantes de dicho país. Los datos oficiales arrojaron que unas 44.000 personas llegaron a Nicaragua provenientes de La Habana, una cifra mayor si se compara con años anteriores. Y que podría incrementarse ahora de forma significativa. En Nicaragua, la medida ha sido recibida por los analistas como un revés en la política hermética del régimen, que incluso ha ordenado reprimir a los migrantes en las fronteras nicaragüenses. El caso más reciente ocurrió en 2015, cuando el Gobierno de Ortega envió tropas militares para impedir el acceso al país a más de 2.000 personas, la mayoría de ellas cubanos. La crisis se extendió durante meses y escaló tanto que otros países de Centroamérica crearon un puente aéreo que funcionó entre enero del 2016 hasta el 2017. Una medida «hostil» Algunos ven en esta decisión de Ortega una forma para presionar al Gobierno de Joe Biden. El anunció de la medida para retirar, cuyo anuncio coincidió con el nombramiento de un nuevo embajador de Nicaragua en Cuba, Sidhartha Francisco Marín Aráuz, se ha producido poco después de que Washington condenara la reelección del presidente Daniel Ortega, quien ha sido un aliado del Gobierno cubano durante sus dos períodos en el poder. Así como con la intensificación de las sanciones contra funcionarios del régimen, así como el matrimonio presidencial ?a quienes se les ha prohibido el acceso a EE.UU.?. Las reacciones desde EE.UU. no se hicieron esperar. El senador republicano Marco Rubio, de origen cubano, calificó la decisión de Ortega como un «acto hostil» que «el régimen Ortega-Murillo esté ayudando a la dictadura cubana al eliminar los requisitos de visa para instigar la migración masiva hacia nuestra frontera sur». Un posible éxodo masivo La medida se produce en un momento en el que se podría desencadenar un éxodo masivo de cubanos a través de Centroamérica. Una nueva oleada migratoria que resultaría muy conveniente para el régimen cubano como forma de aliviar las presiones y malestar social internos después del estallido popular del 11 de julio y la convocatoria de manifestaciones antigubernamentales como la del 15 de noviembre ?la Marcha Cívica por el Cambio?. Inmediatamente después del anuncio, decenas de cubanos se dirigieron a las oficinas comerciales para adquirir pasaje para viajar a Managua, llegando incluso a desarrollar una protesta en las oficinas de las aerolíneas Copa y Conviasa tras informarles que, por el momento y de manera indefinida, no se venderían los pasajes de avión hacia el país centroamericano por la falta de vuelos. En los últimos años, las vías de escape de los cubanos han transcurrido por países de Suramérica ?Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México? hasta llegar a los EE.UU. El libre visado a Nicaragua, les permitiría ahora acortar la distancia. En las más de seis décadas de dictadura en la isla, más de dos millones de cubanos han emigrado.Los mayores éxodos se han desarrollado en medio de las peores crisis económicas y de represión política. En 1980, a través del puerto de Mariel se estima que salieron del país hacia EE.UU. unos 125.000 cubanos. Una década después, miles de balseros cubanos se lanzaron al mar para llegar al mismo destino. Tanto en su huida por mar y por tierra, han muertom miles de personas. En septiembre de 2021 falleció una cubana de 25 años al intentar cruzar el río Bravo, que separa a México de EE.UU. Otros han perdido la vida en la peligrosa selva del Darién, en la frontera colombo-panameña, la cual ha sido atravesada por más de 10.000 cubanos desde enero, según datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá.
16-01-2021 | Fuente: abc.es
¿Por qué a Trump y no a Maduro? La UE quiere regular el «poder censurador» de las redes
¿Por qué se bloquea la cuenta en redes de Trump y no la de Maduro, Rohani o Bolsonaro? Es la pregunta del millón desde que Twitter, Facebook y otras corporaciones decidieron expulsar al presidente Donald Trump de sus redes sociales. Algo difícil de justificar para los líderes europeos que se debaten sobre qué hacer con las gigantes tecnológicas y la conversación en línea sin por ello socavar la libertad de expresión. Con una administración como la de Joe Biden, a priori más alineada con la Unión Europea que la saliente de Trump, los partidarios de una regulación más estricta al otro lado del Atlántico están prestando mucha atención a la propuesta de Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) que se está cocinando en las instituciones europeas y que prevé regulaciones más estrictas para las empresas tecnológicas además de dar a los usuarios el derecho de reclamar a las plataformas que eliminan su contenido. Su lema viene a ser: lo que es ilegal fuera de internet debe serlo también en internet. Las instituciones europeas pretenden así actualizar sus armas legales, ya que de momento se cuenta solo con una directiva vigente sobre el comercio electrónico que data del 2000. Dos años más tarde, el Google hegemónico que todos conocemos inició su gran despegue, marcando el comienzo de lo que la socióloga estadounidense Shoshana Zuboff llama «la era del capitalismo de vigilancia». A partir de ese momento, Facebook (y el resto de plataformas de la misma compañía), Twitter y Amazon lideraron en Occidente el ejército de «guardianes de acceso» que hoy deciden sobre la libertad de expresión en la red. Si bien el presidente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, ha defendido la decisión de bloquear la cuenta de Trump reconociendo haber sido incapaz de promover conversaciones «saludables», la canciller Angela Merkel encabeza a quienes abogan por que los gobiernos, y no las plataformas privadas, sean las encargadas de regular el contenido dañino de las redes. En Alemania la negación del Holocausto es un delito por el que las plataformas tienen 24 horas para suprimir todo comentario ilícito si no quieren ser multadas (por montos de hasta 50 millones de euros). La disparidad de opiniones no termina ahí. El Gobierno polaco, aliado natural del trumpismo, ha iniciado un proyecto de ley que prohibiría que las empresas de redes sociales eliminen publicaciones que no infrinjan la ley polaca. «Que sean los jueces y no las corporaciones» Para la UE, las teorías de la conspiración pueden poner en peligro la salud y dañar la cohesión de nuestras sociedades, conducir a la violencia pública y generar malestar social. «Terceros países, en particular Rusia y China, se han involucrado en operaciones de influencia específicas y campañas de desinformación, buscando socavar el debate democrático y exacerbar la polarización social», reza el informe sobre desinformación china publicado la pasada primavera. La propuesta presentada por la Comisión Europea prevé unificar la estrategia para lidiar con el contenido que se considere ilegal. Hasta la fecha, la UE se limitaba a proponer un código de buenas conductas contra el discurso del odio al que se suscriben las gigantes tecnológicas. Las instituciones europeas pretenden acabar con el dogma de la sección 230 de la legislación estadounidense, que otorga a las empresas de medios sociales inmunidad de responsabilidad civil por el contenido publicado por sus usuarios. Desde hace años, especialmente en esta legislatura, la Eurocámara defiende una mayor presencia pública para regular las normas digitales de la UE. «La solución no es obligar a las plataformas a regular y restringir la libertad de expresión. No deben ser las corporaciones sino las instituciones democráticas y los jueces quienes decidan suprimir o no un mensaje que consideren ilegal», consideró Kim Van Sparrentak, de los Verdes neerlandeses, en la comisión de Mercado Interno y Protección del Consumidor (IMCO) del PE que tuvo lugar el pasado lunes. En esa misma reunión, Prabhat Agarwal, que encabeza la unidad de la Comisión Europea responsable de regular las plataformas online y el comercio electrónico, sostuvo ante los eurodiputados que «ya no es aceptable en nuestra opinión que las plataformas tomen solo determinadas decisiones clave sin ningún control, sin rendición de cuentas, sin ningún tipo de diálogo o transparencia sobre el tipo de decisiones que toman». Desde la comisión para Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) se insta a la Comisión a que las medidas de retirada de contenidos solo se apliquen a los «contenidos ilícitos» por la legislación europea o nacional, y no a los «contenidos nocivos», como los bulos, protegidos por las normas en materia de libertad de expresión. Entretanto, Bruselas avanza en la senda de la soberanía tecnológica y regulatoria con hitos como la entrada en vigor en 2018 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), sobre protección de datos de las personas físicas.
15-04-2020 | Fuente: abc.es
Una ministra italiana propone dar papeles a 600.000 ilegales
Es evidente que el coronavirus, más allá de sus trágicas cifras (602 muertos en el día de ayer y 2.972 nuevos infectados), está revolucionando muchas cosas en Italia. Por ejemplo, la eventual regularización de los inmigrantes ilegales en Italia ha entrado a formar parte del debate público desde hace días. Se necesitan para la agricultura y otros trabajos como la asistencia a los ancianos. Los temporeros que llegaban de África, ahora no pueden venir. Los que ya se encontraban en Italia, unos 360.000, eran los «invisibles», explotados y marginados en guetos. Viven hacinados en campamentos, compartiendo miseria, sobre todo en el sur. Gracias a ellos la fruta, verdura y hortalizas llegaban a los mercados. Pero con la epidemia Covid-19 ese ejército de trabajadores, sin papeles, sin contratos y sin derechos, se ha tenido que quedar también recluidos en sus tugurios. Ahora muchos dicen que pasan hambre. Un grupo de esos trabajadores «invisibles» de Foggia, en la región de Apulia, ha hecho un llamamiento a través de la plataforma GoFundMe, con el fin de recoger fondos: «Nuestro sudor es uno de los ingredientes de vuestra dieta diaria. Somos seres humanos, con el estómago casi siempre vacío, y no solo brazos para ser explotados», afirman en su comunicado de Gofundme, plataforma en la que ya han recogido 112.000 euros desde el 3 de abril. Aumento de los precios Mientras, los productos se marchitan en los campos, en los árboles y en los invernaderos. Un desastre para la cadena agroalimentaria del «made in Italy». Los agricultores, pequeños y medianos, piden a gritos una solución al gobierno. La primera organización importante en lanzar la voz de alarma ha sido Coldiretti (Confederación Nacional de Cultivadores): «Con el bloqueo de las fronteras, 370.000 trabajadores nos faltan en los campos». Con preocupación, el Gobierno de Giuseppe Conte estudia desde hace semanas cómo afrontar el problema. Se teme especialmente que la escasez de productos cause un aumento desproporcionado de los precios, con el consiguiente malestar social. Hay que tener en cuenta que en Italia hay casi 10 millones de pobres, según el Instituto oficial de estadística (Istat). Para encontrar una solución la ministra de Agricultura, Teresa Bellanova, está intentando un acuerdo con Rumanía para que lleguen miles trabajadores del campo del Este de Europa, solo de países comunitarios, para no tener problemas con los permisos. De todas formas, no es una solución fácil, porque deberían hacer cuarentena, se les debería buscar alojamiento y sus sueldos tendrían que ser atractivos. Hasta ahora los temporeros llegaban sobre todo de los siguientes países, según los sindicatos: Marruecos (35.013), India (34.043), Albania (32.264), Senegal (14.165) y Túnez (13.106). Ante esta dramática situación, la ministra de Agricultura planteó una posible solución desde hace días y reiteró ayer: Regularizar a 600.000 inmigrantes ilegales porque «se debe prevenir la emergencia en los guetos, acabar con su explotación y garantizar a las empresas mano de obra».
21-02-2020 | Fuente: abc.es
Latinoamérica tiene políticas contra la pobreza, pero no para la nueva clase media
De alguna manera, Latinoamérica está muriendo de un relativo éxito. Las protestas sociales registradas en varios países de la región en los últimos meses tienen una explicación de fondo: hablan, sí, de la decepción de las expectativas de una creciente clase media, pero también del extraordinario aumento de esta. En Latinoamérica ha habido un excelente resultado de los programas de reducción de la pobreza (las llamadas transferencias monetarias condicionadas, copiadas en otros lugares del mundo), pero también de la excesiva fijación en esos programas cuando el histórico crecimiento de la clase media requería complementarlos con nuevas políticas para hacer frente al surgido problema de la vulnerabilidad de esa nueva mayoría social. El diagnóstico lo hizo a finales de enero el director del departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner: «El haber logrado una reducción tan importante en el abatimiento de la pobreza también hace que se genere un reto importante para los hacedores de política en América Latina, ya que el diseño de las políticas sociales tiene que orientarse a atender otros factores, no el abatimiento de la pobreza extrema». Según Werner, no es que tenga que dejarse de lado ese esfuerzo, «pero claramente el reto ahora ya, como mucha gente lo ha manifestado, también se debe enfocar en atender aquellos segmentos de la población que ya no están en pobreza, que son clase media». El economista mexicano considera que para resolver la vulnerabilidad de esa clase media hay que aplicar instrumentos diferentes de los esquemas de transferencias condicionadas que se implementaron en el pasado. El requerimiento está en la mejora de servicios que se presta a los ciudadanos, como el acceso a una educación y una sanidad de calidad, así como aspectos de seguridad jurídica, fortalecimiento de la instituciones o transparencia. Transferencia monetaria condicionada Desde finales de la década de 1990 la lucha contra la pobreza y la desigualdad fue una prioridad en la mayor parte de los países latinoamericanos. Con ese propósito nacieron los programas de transferencia monetaria condicionada: la entrega directa de sumas de dinero a individuos o familias de pocos recursos, sujeta a condiciones como la alfabetización propia, la escolarización de los hijos o las revisiones médicas periódicas, según los programas. El objetivo era doble: aumentar el poder adquisitivo de esas personas, mejorando su nivel de vida, y promoverles en la escala social, al menos brindando a su descendencia mejores perspectivas socio-económicas. Países como México y Brasil fueron pioneros en esas políticas (sus programas Progresa o Bolsa Familia tan tenido un gran impacto), que luego se han generalizado en la región y en el resto del mundo. El «boom» del precio de las materias primas, finalizado abruptamente en 2014, ofreció durante la década previa importantes ingresos a los Estados para la distribución de ayudas a través de esos programas. Estos ayudaron a que entre 2002 y 2014 la pobreza en Latinoamérica bajara del 45,4% de la población al 27,8% (la pobreza extrema lo hizo del 12,2% al 7,8%), de acuerdo con las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU. En ese tiempo el número de pobres se redujo en 66 millones de personas (de ellos, 16 millones salieron de la pobreza extrema). La desigualdad también ha descendido, bajando del 0,538 en el coeficiente de Gini (2002) al 0,465 (2018). Gracias a esa transformación, el volumen de la clase media, que pasó del 20% al 34%, superó al de pobres, pero lo que podría llamarse la «clase vulnerable» ha pasado a ser la mayoritaria, suponiendo el 37% de la población, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por vulnerables se entienden aquellas personas cuyos ingresos han superado el umbral de pobreza, pero cuya situación no está del todo consolidada y pueden retroceder en sus condiciones. Para consolidar ese salto, los ciudadanos requieren de unos servicios públicos de calidad que respondan a sus propias expectativas y necesidades. La falta de ellos, por incapacidad de los gobiernos y por sus malas prácticas (corrupción y sentido patrimonialista del poder, entre otras), alimenta el malestar social que vemos en muchos lugares de la región. Perspectivas grises Las perspectivas no son buenas. Como ha dicho Alejandro Werner, mientras entre 2000 y 2013 Latinoamérica tuvo un crecimiento económico medio del 2%, entre 2014 y 2019 la cifra fue de apenas un 0,6%. Para 2020 se prevé una ligera mejora (del 1,3% o del 1,6%, según la previsión del FMI y de la CEPAL, respectivamente), pero sigue tratándose de una magnitud baja. Más allá de las puras cifras económicas, diversas voces se han mostrado pesimistas en las últimas semanas sobre las posibilidades de transformación de la región. Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL, ha sido contundente al sentenciar que América Latina «ha perdido el tren de la política industrial y la innovación». Por su parte, David Ross, directivo del fondo francés de inversión La Financière de l'Echiquier, ha señalado que es «la importancia de las industrias extractivas la que está reteniendo del desarrollo general» latinoamericano: se trata de un sector que necesita mucho capital y apenas genera empleo y mantiene a los países atados a los ciclos de las grandes potencias.
17-01-2020 | Fuente: abc.es
La internacional de la desestabilización
A nadie debería pasar desapercibido que el Foro de Sao Paulo volverá a reunirse en Caracas los días 22, 23 y 24 de enero. Nadie debería desestimar que, en lo esencial, esa red aglutina a los antidemócratas de América Latina, pero también, a organizaciones y partidos de España, Europa y otras partes del mundo que tienen como signo común, el odio a las libertades. Nadie debería permanecer indiferente al significado político, social y económico de este encuentro: celebrar los avances alcanzados en el 2019 y definir las líneas de acción correspondientes al 2020 y 2021. Lo he escrito en varias oportunidades y es mi deber reiterarlo aquí: el Foro de Sao Paulo es la más poderosa y extendida organización criminal del planeta. En su estructura concurren grupos dedicados al terrorismo y el narcotráfico; gobernantes que han desfalcado las arcas públicas de sus respectivos países; delincuentes que, supuestamente afiliados a propósitos políticos e ideológicos, forman parte activa de extendidas redes de corrupción. Es primordial entender dos gravísimas realidades. La primera: el Foro de Sao Paulo ha protagonizado un cambio sustancial en el desenvolvimiento político de América Latina: ha convertido el delito en el eje axial de su acción. Ha descubierto en el uso amplio y sistemático de la delincuencia, un poderoso recurso para mantenerse en el poder. Los regímenes de Ortega y Murillo en Nicaragua, de Maduro en Venezuela, y el de los Castro en Cuba, lo demuestran de forma inequívoca. La plataforma del procedimiento, que tuvo en Chávez su principal estratega y diseminador, consiste en corromper a los poderes públicos, a las fuerzas armadas, a las estructuras clave de las instituciones. Corromper para crear una lealtad irrenunciable, ajena a la ley, a los derechos humanos, al objetivo de las sociedades de prosperar y hacer del trabajo un camino hacia el bienestar. No hay que olvidar que la llamada Revolución Bolivariana, probablemente la operación más extendida y perfeccionada de la fusión entre delito y política, se propuso exportar su modelo por todo el continente. Chávez hizo uso de la renta petrolera venezolana una eficaz herramienta para intervenir en la política de otros países. La reciente detención en Bolivia de una señora que llevaba 100 mil dólares a Evo Morales en un maletín, dinero proveniente de PDVSA, no tiene nada de excepcional. Durante veinte años, miles y miles de maletas llenas de dinero han sido utilizadas para financiar los objetivos y planes del Foro de Sao Paulo. La circulación de estos dineros tiene consecuencias que desbordan los límites del continente. Involucran a grupos terroristas del Medio Oriente, a mafias rusas y bielorrusas, a sistemas bancarios que operan en la opacidad, a redes del narcotráfico, a contrabandistas de combustible y minerales, a agentes financieros encargados de blanquear recursos financieros, cuyos montos se cuantifican en miles de millones. No lo olvidemos: esos dineros han cruzado el Atlántico y han alcanzado, hasta donde sabemos, la política en España, Portugal y Turquía. Y es probable, hay sólidos razonamientos para estimarlo, que hayan penetrado en los asuntos públicos de otros países de Europa. Pero la diplomacia de los maletines con dólares en efectivo y venta de petróleo a precios por debajo del costo de producción -con los cuales el régimen de Chávez y Maduro compró protección diplomática- no fue la única herramienta. También se crearon tapaderas institucionales como el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela -BANDES-, Petroamérica, Patrocaribe, la Alternativa Bolivariana para las Américas -ALBA-, el Fondo Alba-Caribe, Telesur, y otras empresas y mecanismos, cuya verdadera función era de facilitar la circulación de dineros provenientes de los más diversos ilícitos. No se ha comprendido en su verdadera dimensión, que esta cuádruple operación de (a) financiamiento de las operaciones del Foro de Sao Paulo, (b) puesta en marcha de organismos con jurisdicción internacional que facilitaran las transferencias de recursos, (c) el programa de maletines de dólares, y (d) la venta de petróleo por debajo de su costo, son procesos interconectados que han formado parte de un plan para propagar la desestabilización en América Latina. No se ha entendido que, en líneas generales, promover malestar social y revueltas, en todas sus formas posibles en Chile, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Colombia y Perú, constituye un avance en dos planos: el primero, avanzar en el objetivo de mayor ambición, que es destruir la legitimidad y la credibilidad de la democracia representativa. El segundo, como claramente lo han declarado algunos de sus más perversos voceros, desestabilizar a las democracias de América Latina, es imprescindible para prolongar la duración de las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y a eso se refiere la segunda realidad, el punto que dejé en suspenso algunos párrafos atrás: que la reunión del Foro de Sao Paulo que se producirá en Caracas tendrá como su tema central, la coordinación de un plan regional de desestabilización. Protestas que deriven en violencia, exijan la intervención policial y desencadenen denuncias de violaciones de los derechos humanos. Violencia en las calles que levante un muro para ocultar la destrucción de la vida en Venezuela.
17-01-2020 | Fuente: abc.es
Los cubanos introducen en Venezuela sus métodos de tortura para hacerlas más crueles
La injerencia cubana en Venezuela ha recrudecido en los dos últimos años los métodos de tortura que emplea el régimen de Nicolás Maduro en la represión sistemática de la disidencia, incorporando «innovaciones» que aumentan el sufrimiento de las víctimas, de acuerdo con el último informe anual del Instituto Casla, que han presentado este viernes en Madrid la directora de esta organización, Tamara Suju, y la exeurodiputada Beatriz Becerra. La perforación de uñas en manos y pies para pasar los cables de las descargas eléctricas, el uso sistemático de bolsas plásticas para asfixiar a los torturados, el colgamiento con grúas sin tocar el suelo durante los interrogatorios, las lesiones en los genitales al ejercer violencia sexual o la intoxicación con sustancias psicotrópicas desconocidas son algunos de los ejemplos del ensañamiento que ha introducido la presencia de los llamados «isleños» en la cúpula del aparato represor, de acuerdo con el documento de la citada organización, con sede en Praga, que promueve la democracia y el estado de derecho. Según Tamara Suju, «el régimen se ha vuelto más sanguinario y usa la tortura como castigo ejemplarizante». Desde 2017, asegura, se están registrando «las torturas más terribles, porque la intención ahora es llevarlas al punto de pedir a sus familias que no denuncien, que no digan nada, porque cualquier cosa que dicen significa quitarles las visitas y los abogados durante meses». Desde hace años, Suju viene trasladando los casos de torturas y la lista de sus responsables a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que abrió en 2018 un examen preliminar sobre la situación de Venezuela y que espera resolver a principios de este año su competencia sobre las denuncias, para entonces valorar la admisibilidad del caso. «El régimen se ha vuelto más sanguinario y usa la tortura como castigo ejemplarizante», según la directora del Instituto Casla, Tamara Suju Partiendo del «caos general» en que está sumida Venezuela, «donde la crisis humanitaria se cruza con la represión sistemática», el estudio del Instituto Casla se centra en el empleo de la tortura, en especial desde la División General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que dirige Iván Hernández Dala, y en cómo el régimen cubano y su estructura represiva han influido para que «los patrones de las torturas se incrementen, cambien o sean innovadores». A lo largo de 2019, año en el que se produjeron acontecimientos como la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero o el fallido intento de sublevación de abril, el Instituto Casla recibió nuevos testimonios referidos a 83 víctimas directas de presuntas violaciones de derechos humanas y crímenes de lesa humanidad. «El 100% de las víctimas fueron torturadas en centros de detención o en zonas militares, con la particularidad de que 13 de ellas fueron trasladadas, además, a centros clandestinos de torturas donde podían realizarlas sin que sus gritos pudieran ser escuchados por otros testigos». La citada Dgcim, bajo la influencia de oficiales cubanos, se ha convertido en el órgano represor de civiles y militares más cruel, estando presente en el 95% de los casos denunciados de detención arbitraria, tortura y violencia sexual, según el Instituto Casla. «El recrudecimiento del crimen de la tortura y los terribles métodos aplicados en el 2019 fueron dirigidos en su mayoría por la Dgcim, involucrados también en hechos de represión que conllevaron a asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y desplazamiento forzado de personas, junto a la Guardia Nacional, el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), las FAES (Fuerza de Acciones Especiales), la PNB (Policía Nacional Bolivariana) y los colectivos (bandas de paramilitares armados por el régimen)». La organización alerta en su informe de «la importancia que tiene la presencia cubana en la inducción y represión que lleva el régimen venezolano contra toda la población», basándose en testimonios de exfuncionarios de inteligencia y desertores, así como de militares y civiles que han indicado cómo participa el régimen de la isla en la inducción de la represión. La cabeza que «organiza, controla y conoce todo sobre quiénes son, cuántos llegan, qué hacen y cómo participan» es el embajador de Cuba en Venezuela, explica el estudio, que recalca: «Nada sucede sin su conocimiento». «Los cubanos instruyen constantemente en técnicas de represión, intimidación y seguimiento, a miembros de la FANB e inteligencia, para que ellos realicen labores de investigación y espíen a sus propios compañeros y sus familias, a líderes políticos y sociales, y hacerle seguimiento directo al malestar social», continúa. Además, estas labores de inteligencia cubana se realizan «con pleno conocimiento» del ministro de Defensa, Vladimir Padrino; el Comando Estratégico Operacional (Ceofanb) a cargo de Remigio Ceballos, y la propia Dgcim. Más aún, detalla que el G2 (inteligencia cubana) y Gruce (Grupo Estratégico Cubano) estarían implicados directamente en la tortura en Venezuela. Los «isleños», como los llaman los propios militares y funcionarios venezolanos, tendrían su propia sala de operaciones en las intalaciones militares conocidas como Fuerte Tiuna, en Caracas. Así mismo, cubanos acreditados con credenciales de la Dgcim «dan órdenes a generales venezolanos y entrenan a funcionarios de inteligencia, que se suman a cientos de personas en todo el país, y son conocidos como ?Los Acreditados? o Dgcim paralelo», señala el informe. El Instituto Casla recoge que entre 2018 y 2019 han muerto tres personas bajo custodia del Estado: el concejal Fernando Albán , el exmilitar Modesto Díaz y el capitán Rafael Acosta . «En estos dos últimos años las golpizas y torturas por días y semanas vienen acompañados de hambre, deshidratación, humillación y vejación tanto física como psicológica», explica la organización, que añade: «Las víctimas son privadas de alimentos y agua, y en muchos casos, cuando se las suministran, los obligan a comer del piso como animales». Los nuevos métodos Entre los patrones de torturas detectados en estos dos últimos, el estudio apunta las «esposas y ataduras por largos periodos de tiempo, fuertemente ajustadas para causar heridas a propósito en las muñecas e incluso parálisis en los dedos», así como las «asfixias y ahogamientos mediante el uso de bolsas plásticas». Mientras que en el periodo 2013-2017 ese método representaba el 6% de las denuncias de tortura con asfixia, en 2018-2019 fueron el 54,6%, con 106 víctimas. Han aumentado las descargas eléctricas, con 93 personas sometidas a esa tortura en los dos últimos años, con «innovaciones» para aumentar el dolor como la perforación de uñas de las manos y de los pies para pasarles los cables de la descarga. A las víctimas se les pone o incrusta agujas u objetos metálicos en tetillas y genitales o debajo de las uñas para, a través de ellos, hacer las descargas, o se les mete cables en los testítculos o en el ano, explica el Instituto Casla entre otras técnicas. También se dan dos nuevos patrones en los colgamientos de los torturados: en unos casos se les cuelga sin que toquen el suelo, atados con las manos delante o en la espalda por largos periodos de tiempo, y en otros dejando que apenas la parte delantera de los pies toque la superficie, en algunos casos llantas de ruedas de coche, permaneciendo días enteros en esa posición. También hay novedades en la violencia sexual sobre las víctimas. Según el informe, en estos dos años el 34% de las víctimas tenían lesiones en sus genitales, producto de las torturas, como descargas eléctricas intensas y prologadas, o golpes y patadas. A ello se suma el uso de sustancias psicotrópicas desconocidas. La organización ha obtenido testimonios de personas que dicen haber sido drogados o haberse sentido mareados mientras los torturaban o interrogaban. Se utilizan productos químicos que dan a tomar a las víctimas o polvos que colocan en heridas sangrantes de la piel. En la variación de estos patrones, insiste el Instituto Casla, «han estado involucrados directamente los cubanos». «Cuando me torturaban había militares cubanos con su uniforme. Los identifico a cada uno», afirma el expolicía Gilberto Rafael Martínez Daza Durante la presentación del documento en Madrid se proyectaron vídeos de algunos de los testimonios recogidos. Entre ellos el del expolicía Gilberto Rafael Martínez Daza, que describe su detención por la FAES, su traslado a un centro clandestino y las crueles torturas sufridas durante ocho días con varios de esos métodos -asfixia con bolsas plásticas, choques eléctricos en los genitales, colgamientos..-, con la participación de «militares cubanos con su uniforme». «Los identifico a cada uno», asegura. «Las torturas no distinguen edad ni condición social, y hay víctimas a partir de los 14 años de edad», señaló Tamara Suju, que mostró un vídeo con el testimonio de un joven, Frank Alonso Flores, detenido y torturado a los 16. Otras novedades de estos años son la utilización de una cámara frigorífica en los sótanos de la Dgcim, las torceduras de miembros superiores e inferiores, la utilización de un camión blindado y de un ascensor en los sótanos de la Dgcim, o de centros de torturas clandestinos. «Los que apoyan a la tiranía son cómplices» Beatriz Becerra pidió durante la presentación del informe que los países europeos se sumen a las denuncias ante la Corte Penal Internacional. «Son crímenes que no prescriben», señaló la exeurodiputada española, que pidio que esas torturas sean «investigadas y juzgadas». En esa línea, Tamara Suju dijo que «ojalá algún país europeo se sumara a la denuncia ante la CPI», al tiempo que criticó a los eurodiputados españoles que se alinearon este jueves con Maduro en una votación (los de Unidas Podemos y EH Bildu, así como Carles Puigdemont y Tony Comín). «Los que están del lado de la tiranía son cómplices de crímenes de lesa humanidad y la historia se lo va a reclamar», advirtió. Para la directora del Instituto Casla, es además «importante para los venezolanos, para la justicia internacional y las víctimas de estos crímenes» la reelección de Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que se someterá en marzo, dado el apoyo que ha brindado hasta ahora a la causa por la democracia en el país caribeño. «No nos podemos permitir que la OEA pase a ser un club de amigos, como era antes», apuntó.
02-12-2019 | Fuente: elpais.com
Tres brechas que nos destrozan
El malestar social se ha agravado por el modelo de desarrollo económico que ha conducido a una creciente concentración de la población y la riqueza en las grandes metrópolis
29-05-2019 | Fuente: abc.es
Macri se enfrenta a la quinta huelga general de su mandato
La mala noticia para Mauricio Macri de hoy es que afronta su quinto paro general apenas cinco meses antes de las elecciones y eso, le costará a la Argentina pérdidas por 40.500 millones de pesos (más de ocho mil millones de euros). La buena, es que los precios de la soja, el oro verde (y del maíz), se fueron por las nubes. Traducido a la economía local, significa ingreso de divisas que, si no se tuerce la tendencia, ayudarán al Gobierno a mantener a raya el dólar en un momento donde la inflación (llegó al 50 por ciento) amaga con dar marcha atrás. Organizados los piquetes, bajo control el transporte y en alza el malestar social, la huelga general logra ofrecer una imagen de Buenos Aires y de buena parte de Argentina, desoladora. Con la mayoría de los vuelos reprogramados (sólo «flaybondi», una low cost, mantenía el horario), sin recolección de basura, ni trenes, metro o «colectivos» (autobuses), la estampa habitual de este tipo de medidas, fotografía anticipada de un domingo, no es ni podía ser un excepción cuando el peronismo acaricia la posibilidad de volver al poder. La poderosa CGT (Confederación General del Trabajo), las dos CTA (Central de Trabajadores de Argentina) y la familia Moyano, los amos del sindicato de camioneros y de todo lo que se mueve con ruedas, encabezaron la huelga general. La quinta para la mayoría y la sexta para este clan al incluir el paro convocado por ellos del pasado 30 de abril. Al mediodía Hugo Moyano, el patriarca, declaraba sobre el paro: «Ha sido realmente efectivo? Muestra, una vez más, la necesidad del trabajador de expresar el mal momento que está viviendo». Moyano, el sindicalista que, en cierto modo, supo poner en situación incómoda a Cristina Fernández cuando el sindicalismo se rendía a sus píes durante sus mandatos y ahora está dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva, advirtió que el acatamiento del paro en «las provincias» fue muy importante. Dicho esto, su lectura fue que quedó demostrado, «el rechazo a las políticias de este Gobierno que provocaron la pérdida del poder adquisitivo, la pérdida de fuentes de trabajo, una inflación alarmante y una alta desocupación». Fiebre pre electoral La huelga se da un contexto de fiebre pre electoral. Los gremios tenía convocado el paro antes de que se conociera la fórmula que competirá en las urnas en octubre con el actual presidente de Argentina. La pareja Fernández (Alberto), Fernández (Cristina, viuda de Kirchner) sacudió el escenario atomizado del peronismo y hace buena letra para unir los pedazos rotos del movimiento fundado por el general Juan Domingo Perón. El peligro de que eso sucedes resulta bastante más grave para Macri que una huelga más donde las imágenes, salvo las de las feministas que exigen una reforma de al ley del aborto, («Contra los despidos las pibas de la marea verde nos plantamos», rezaban sus carteles) no son muy diferentes a las que está acostumbrado. Esto es, carteles como, «FMI es despidos, cierres y hambruna. No al pago de la deuda», «No queremos más fábricas vacías en nuestros barrios» o «Fuera Macri», en mano de miembros del Partido Obrero, el Frente de Izquierda y otros movimientos de ultra izquierda que encabezaron temprano una marcha hacía el Obelisco, en la ciudad de Buenos Aires, uno de los puntos de encuentro habitual de protestas y movilizaciones. En este escenario, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, estimó perdidas de cuarenta mil millones de pesos. Su compañero en el Ejcutivo, Dante Sica, al frente de la Cartera de Producción y Trabajao dijo sobre el paro: «No solo es inorportuno, sino que genera un gasto innesario». A renglón seguido, reflexionó, «los sindicatos están pensando más en la carrera electoral» y «utilizan a los trabajadores como rehenes en ese sentido. Está frustrando las expectativas de muchas personas que están pensando en su trabajo». Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sentenció, «estamos hartos de los paros. Ya sabemos que cuando hay un Gpbierno que no es del partido de los sindicalistas hay que bancarse (soportar) los paros. Es algo poco democrático». En un gesto parecido al desprecio, el Presidente, Maurico Macri, siguió, como si la huelga no existiera, con su agenda previstas y encabezó el acto por el 209 aniversario de la creación del Ejército argentino. La ocasión le sirvió para fustigar al kircherismo: «Es necesario dar vuelta la página. Tenemos que dajar atrás el pasado y mirar al futuro». Dicho esto, le regaló los oídos a las Fuerzas Armadas al denunciar la «década de abandono presupuestario y también simbólico» de un cuerpo que ha hecho y hace esfuerzos formidables por despegarse del pasado de una dictadura (1976-83) que todavía está presente en un sector de la sociedad.
25-04-2019 | Fuente: elpais.com
Macron presenta su receta contra el malestar social
El presidente francés anuncia este jueves las medidas tras dos meses de un debate nacional en los que miles de ciudadanos han opinado sobre cómo mejorar el país
01-09-2018 | Fuente: abc.es
La entrada en vigor del «paquetazo» de Maduro deja sin dinero a los venezolanos
Por todos lados hay largas colas de venezolanos buscando dinero y comida como nunca antes se había visto. Esta es la imagen que ofrece Venezuela en la víspera de iniciarse este sábado el plan de recuperación económica anunciado por Nicolás Maduro, que ha generado mayor descontento, desaliento y hasta pánico en la población impulsando el éxodo. Es fin de mes y los bancos están racionando el dinero, solo entregan 10 bolívares por persona después de esperar cuatro horas bajo el sol inclemente en la calle. La escasez es la misma de antes de entrar en vigencia la reconversión monetaria. No hay dinero en efectivo de los viejos y tampoco de los nuevos bolívares que llaman soberanos. Alberto Sandoval, un pensionado de Maracaibo, estado Zulia, dijo en las redes sociales que los 10 bolívares soberanos que le dieron en el banco no le alcanza ni para pagarse un desayuno. «Esto era para solucionar un problema, ahora tenemos más. Estamos en las mismas. Tenemos dinero y el banco no nos lo da». La escasez se agrava en los supermercados - EFE La culpa no es de la banca. El nuevo cono monetario consiste en eliminar cinco ceros para maquillar la hiperinflación más alta del mundo, según expertos internacionales. Pero la banca no ha recibido suficiente dinero de los nuevos billetes por lo que tiene que racionarlos para que alcance a todos sus clientes. Depreciación salarial En una tramisión desde la Casa de la Moneda en Maracay, Maduro salió imprimiendo los «soberanos», que paradójicamente fueron emitidos en enero de este año como se observa impreso en los billetes, lo que significa que ya estaban preparados y por lo tanto no explica el motivo de la escasez. El mandatario también ha tenido que retrasar para hoy el inicio del alza de la gasolina a precio internacionale con un incremento de 6.000% y del salario mínimo de 1,5 a 30 dólares que es un incremento de 3.400%. Aún no está claro cómo va a funcionar pues el régimen no ha detallado su implementación ni ha salido publicado en la Gaceta Oficial. El aumento salarial ya ha sufrido una depreciación del 3% diario, según la cotización del dólar paralelo que está entre 9.500 y 12.000 bolívares, mientras que el oficial Dicom está anclado en 61 bolívares. Maduro está enredado en su propio laberinto. Da un paso para adelante y dos para atrás mientras crece el malestar social, para estar a tono con su afición de bailar salsa. De acuerdo al diputado y economista José Guerra, el régimen «no tiene dinero para pagar lo prometido, a menos que haga funcionar la maquinita de hacer dinero». El salario mínimo ha creado una conmoción laboral y empresarial. Ahora el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, afirma que los 1.800 bolívares incluyen el bono de guerra, el bono de compensación de 600 bolívares, el bono de alimentación y cuanta cosa tenía antes el ingreso de los trabajadores. Pero no ha aclarado el importe mínimo del salario para efecto del cálculo de las prestaciones sociales en el futuro inmediato. El régimen ha perseguido y encarcelado a más de 200 gerentes y dueños de comercios y multado a más de 1.000 supermercados, abastos y farmacias por remarcar los precios y presunto acaparamiento de alimentos y medicinas. Los supermercados, carnicerías y abastos de víveres lucen sus anaqueles vacíos, no obstante los clientes continúan afuera haciendo largas colas para entrar. A esto se añaden los apagones en Caracas que dejan sin punto de venta a los comercios.