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Noticias de justicia

24-06-2022 | Fuente: abc.es
La ONU asegura que la periodista palestina de Al Jazeera murió por un disparo de las fuerzas israelíes
«Los disparos que mataron a Abu Akleh e hirieron a su colega Ali Sammoudi provinieron de las fuerzas de seguridad israelíes y no de disparos indiscriminados de palestinos armados». Esta es la conclusión de la investigación realizada por Naciones Unidas sobre la muerte de la periodista Shireen Abu Akleh. El estudio del organismo internacional repite el mismo resultado de las investigaciones realizadas por medios como 'The Washington Post' o 'The New York Times', todos señalan al Ejército israelí como responsable del tiro en la cabeza que acabó con la vida de esta reportera de 51 años del canal Al Jazeera. El 11 de mayo Shireen Abu Akleh cubría una operación del Ejército en el campo de refugiados de Yenín. La veterana periodista, un icono del periodismo palestino, iba perfectamente identificada y protegida con chaleco y casco, pero esto no le sirvió de nada. Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, aseguró en el transcurso de la presentación del informe que en la zona «no había actividad de grupos armados palestinos» y que «se dispararon varias balas hacia los periodistas desde la dirección de las fuerzas de seguridad israelíes». La investigación del organismo internacional recoge que los soldados siguieron disparando contra un hombre desarmado que acudió a socorrer a Abu Akleh. Una situación que se puede ver en las imágenes grabadas por los reporteros. En opinión de la ONU es «muy preocupante que las autoridades israelíes no hayan llevado a cabo una investigación criminal». Pese a todos los adelantos de videovigilancia que supervisan cualquier operación del Ejército en los territorios ocupados, Israel apuesta por la ambigüedad y mantiene como versión oficial que «Abu Akleh no recibió un disparo intencional de un soldado» y que «no es posible determinar si fue asesinada por un miliciano palestino o por un soldado». Los israelíes reclaman la bala, pero los palestinos se niegan a entregar esta prueba extraída durante la autopsia a la reportera, que piensan llevar directamente a la Justicia Internacional. Al Jazeera tuvo acceso a una fotografía del proyectil y se trata de un calibre de 5,56 mm, el mismo que utilizan los rifles M4 de las fuerzas israelíes. El Estado judío quiere pasar página lo antes posible por eso decidió no abrir una investigación criminal. Tampoco habrá sanciones para los agentes que intervinieron de forma brutal en el funeral de la reportera, en el que cargaron hasta contra los portadores del féretro. La investigación interna de la Policía, a la que tuvo acceso el diario Haaretz, concluyó que hubo «fallos en la conducta», pero aclaró que no se castigará a los responsables.<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550"><p lang="es" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/AJEnglish?ref_src=twsrc%5Etfw">@AJEnglish</a> muestra una foto de la bala que mató a la periodista <a href="https://twitter.com/hashtag/shirinabuakleh?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#shirinabuakleh</a> <a href="https://t.co/JI56nU3Be5">pic.twitter.com/JI56nU3Be5</a></p>&mdash; mikel ayestaran (@mikelayestaran) <a href="https://twitter.com/mikelayestaran/status/1537643964152553476?ref_src=twsrc%5Etfw">June 17, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
24-06-2022 | Fuente: abc.es
La ONU asegura que la periodista palestina de Al Yazira murió por un disparo de las fuerzas israelíes
«Los disparos que mataron a Abu Akleh e hirieron a su colega Ali Sammoudi provinieron de las fuerzas de seguridad israelíes y no de disparos indiscriminados de palestinos armados». Esta es la conclusión de la investigación realizada por Naciones Unidas sobre la muerte de la periodista Shireen Abu Akleh. El estudio del organismo internacional repite el mismo resultado de las investigaciones realizadas por medios como 'The Washington Post' o 'The New York Times', todos señalan al Ejército israelí como responsable del tiro en la cabeza que acabó con la vida de esta reportera de 51 años del canal Al Yazira. El 11 de mayo Shireen Abu Akleh cubría una operación del Ejército en el campo de refugiados de Yenín. La veterana periodista, un icono del periodismo palestino, iba perfectamente identificada y protegida con chaleco y casco, pero esto no le sirvió de nada. Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, aseguró en el transcurso de la presentación del informe que en la zona «no había actividad de grupos armados palestinos» y que «se dispararon varias balas hacia los periodistas desde la dirección de las fuerzas de seguridad israelíes». La investigación del organismo internacional recoge que los soldados siguieron disparando contra un hombre desarmado que acudió a socorrer a Abu Akleh. Una situación que se puede ver en las imágenes grabadas por los reporteros. En opinión de la ONU es «muy preocupante que las autoridades israelíes no hayan llevado a cabo una investigación criminal». Pese a todos los adelantos de videovigilancia que supervisan cualquier operación del Ejército en los territorios ocupados, Israel apuesta por la ambigüedad y mantiene como versión oficial que «Abu Akleh no recibió un disparo intencional de un soldado» y que «no es posible determinar si fue asesinada por un miliciano palestino o por un soldado». Los israelíes reclaman la bala, pero los palestinos se niegan a entregar esta prueba extraída durante la autopsia a la reportera, que piensan llevar directamente a la Justicia Internacional. Al Yazira tuvo acceso a una fotografía del proyectil y se trata de un calibre de 5,56 mm, el mismo que utilizan los rifles M4 de las fuerzas israelíes. El Estado judío quiere pasar página lo antes posible por eso decidió no abrir una investigación criminal. Tampoco habrá sanciones para los agentes que intervinieron de forma brutal en el funeral de la reportera, en el que cargaron hasta contra los portadores del féretro. La investigación interna de la Policía, a la que tuvo acceso el diario Haaretz, concluyó que hubo «fallos en la conducta», pero aclaró que no se castigará a los responsables.<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550"><p lang="es" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/AJEnglish?ref_src=twsrc%5Etfw">@AJEnglish</a> muestra una foto de la bala que mató a la periodista <a href="https://twitter.com/hashtag/shirinabuakleh?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#shirinabuakleh</a> <a href="https://t.co/JI56nU3Be5">pic.twitter.com/JI56nU3Be5</a></p>&mdash; mikel ayestaran (@mikelayestaran) <a href="https://twitter.com/mikelayestaran/status/1537643964152553476?ref_src=twsrc%5Etfw">June 17, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
24-06-2022 | Fuente: abc.es
Duque y Petro hablan de finanzas y seguridad en su primera reunión para el traspaso de poderes en Colombia
Gustavo Petro reflejaba alegría, casi que se veía contento. Entró con paso rápido, como Petro por su casa, se podría decir. A las 6:15 de la tarde, en la entrada lateral occidental de la Casa de Nariño lo esperaban la jefa de gabinete del presidente Iván Duque, el Ministro de Hacienda y el director administrativo de la Presidencia, quienes lideran el proceso de transición de gobierno. Sin mayor protocolo, pero todos conscientes del simbolismo de este encuentro entre dos duros opositores políticos, avanzaron hasta el segundo piso donde el presidente Duque los esperaba, cerca de las escaleras. Saludo de mano cordial, Petro más sonriente, y luego saludos a terceros a medida que caminaban hacia el Salón Amarillo, donde sucedió la hora y media de reunión. Los dos presidentes ?horas antes Petro había recibido su credencial como presidente electo, de manos del registrador nacional? estuvieron reunidos a puerta cerrada durante una hora, para luego dejar pasar al equipo de empalme, proceso que se inicia formalmente este viernes en la mañana, junto con las personas designadas por Petro. Como lo anunció una vez más el gobierno nacional, el proceso estará abierto para que la ciudadanía haga el seguimiento, como lo reiteró el presidente Duque en su cuenta de Twitter: «Nos reunimos #AEstaHora en la Casa de Nariño, con @petrogustavo, un encuentro en el que conversamos sobre el inicio del proceso de empalme que realizaremos de manera armónica, institucional y transparente». Solo en los últimos 20 minutos entraron los delegados del gobierno para hablar de t emas más prosaicos como el evento de posesión del 7 de agosto próximo ?al que invita el presidente saliente-, cosas de protocolo, el manejo que debe dar la Cancillería a los invitados internacionales, especialmente si son mandatarios o delegados de gobierno; todo el detalle logístico y minucias de esta ceremonia que tradicionalmente se lleva a cabo en la Plaza de Bolívar, en el corazón de Bogotá. Carga de fondo Esas fueron las formas, porque el fondo de la reunión se centró en dos aspectos: finanzas y seguridad. Así lo aseguró el comité de empalme en una rueda de prensa en la sede del gobierno. José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda y jefe del comité de transición, dijo que se le entregó al presidente electo, de manera formal, el «marco fiscal de mediano plazo, que recoge las cifras más importantes de las finanzas de nuestro país, del estado de financiación de nuestra nación». En resumen, la radiografía de la situación macroeconómica de Colombia. El tema tributario ha estado en el centro del debate nacional esta semana. Asesores del presidente electo han compartido aspectos de la reforma ?como bajar la carga tributaria a las empresas y aumentarla a las personas?, tal vez para ir preparando el terreno o para conocer las reacciones y el margen de maniobra que tendrá el nuevo gobierno a la hora de negociar esta reforma en su tránsito por el Congreso. Hasta ayer y guardando silencio, Petro había dejado que el desgaste del debate económico lo asumieran sus asesores, pero pocas horas antes de su visita a la Casa de Nariño, en la ceremonia de recibo de sus credenciales y entrega de las de Francia Márquez como vicepresidenta, se refirió al tema. La reforma tributaria, bajo su perspectiva, hace parte del Gran Acuerdo Nacional que viene promulgando desde su triunfo electoral y que le daría una mayor gobernabilidad. Ese gran pacto lo que pretende es un diálogo en el que todas las fuerzas políticas participen y confirmen su propósito de lograr, a través del consenso, las reformas pensional y tributaria, y la implementación del Acuerdo. Por eso, al otro día de su triunfo invitó a Rodolfo Hernández a dialogar sobre estos temas. Y por eso mismo le ha extendido a Álvaro Uribe, su opositor acérrimo, un encuentro para dialogar. «La tarea fundamental hoy ?dijo Petro? es el Gran Acuerdo Nacional. Simbólicamente he invitado a Rodolfo Hernández, mi contrincante, y a Álvaro Uribe Vélez, a quien me he opuesto durante todo este siglo, a hablar conmigo sobre temas del país. Es simbólicamente porque, adicionalmente, lo que queremos es que millones de colombianos y colombianas se pongan en modo dialogante, pero vinculante. No hablar por hablar, sino para tomar decisiones. Necesitamos ponernos en modo diálogo para llegar a acuerdos, que no tienen que ver en cómo este gobierno hace más de lo mismo, sino para construir los caminos de la transformación, para cambiar lo que debe ser cambiar, que fundamentalmente tiene que ver con la violencia los alto niveles de justicia social y los niveles inmensos de la degradación del medio ambiente». Esa es la agenda política. La logística regresa este viernes a partir de las 10 de la mañana, cuando se encuentren nuevamente el presidente Duque y su sucesor, para fijar fecha y hora en el cronograma de entrega de los diferentes ministerios y dependencias adscritas a la Presidencia. Petro sale de vacaciones este fin de semana y la tarea que deja a su equipo es avanzar en la logística para el cambio de gobierno.
24-06-2022 | Fuente: abc.es
Rebelión a bordo: los fiscales que se plantaron ante el intento de Trump de dar la vuelta a las urnas
Donald Trump presionó, atacó y buscó descabezar a su Departamento de Justicia en las últimas semanas de su presidencia para conseguir quedarse en el poder a pesar de haber perdido las elecciones de 2020 frente a Joe Biden. Esos esfuerzos fueron la parte central de la quinta comparecencia este jueves del comité de la Cámara de Representantes que investiga la campaña del expresidente para dar la vuelta a los resultados de las urnas y que culminó con un asaltó trágico y bochornoso del Capitolio por parte de una turba ?trumpista? el 6 de enero del año pasado. La sesión arrancó con una explicación necesaria, hilvanada por varios de los miembros del comité: el Departamento de Justicia es un organismo especial. Forma parte del Gobierno de EE.UU. y su cúpula es elegida por el presidente. Pero, a pesar de depender de la Casa Blanca, actúa de manera independiente. La defensa de esa independencia y el plante de sus principales autoridades contra las presiones de Trump para que cooperaran en el intento de vuelco electoral fueron decisivos en la salvaguarda de la voluntad expresada en las urnas. El expresidente trató de colocar a un segundón sin experiencia al frente del Departamento de Justicia que comulgaba con sus planes. Pero sus altos cargos se rebelaron. En anteriores comparecencias, se mostraron declaraciones del que fuera el máximo responsable del Departamento de Justicia, el fiscal general William Barr, sobre el supuesto fraude masivo que denunciaba Trump. Calificó las alegaciones de ?robo? electoral de «sinsentido» y «locura» e insistió en que, como le dijo en su momento al entonces presidente, no había rastro ninguno de fraude masivo que pudiera cambiar el resultado de las urnas. Ante este enfrentamiento con Trump, que solo quería escuchar a quien le dijese que le habían robado la elección, Barr dimitió a mediados de diciembre de 2020, pocas semanas después de la elección y pocas semanas antes de que el Congreso certificara la victoria de Biden. Le sustituyó Jeffrey Rosen como fiscal general interino. De segundo tenía a Richard Donaghue. Ambos fiscales, como Barr, eran republicanos de reputación contrastada, con experiencia con diferentes presidentes de su partido. Eso no les impidió ser independientes y mantener la versión de Barr -no encontraron fraude masivo por ningún lado- pese a las presiones de Trump. Rosen, Donaghue y un tercer alto cargo del Departamento de Justicia, Steven Engel, comparecieron ante el comité para explicar esas presiones. Dirigió el interrogatorio Adam Kinzinger, uno de los pocos diputados republicanos díscolos con el expresidente. Rosen reconoció que Trump le escribía o llamaba «prácticamente todos los días». El entonces presidente mostraba «insatisfacción» con el Departamento de Justicia, criticaba que no hacía «su trabajo». Donaghue tuvo una larga conversación con el presidente, en la que desmontó «una tras otras» sus alegaciones de fraude masivo: no había pruebas al respecto. Trump y sus secuaces en el «intento de golpe de estado», según lo califica el comité, se aferraban a cualquier teoría conspiradora para buscar el vuelco electoral: el trucaje de las máquinas que cuentan votos, la aparición de maletas con papeletas, el camión que transportaba votos de Nueva York a Pensilvania y hasta la teoría de que se utilizaron satélites italianos para cambiar el signo de la elección. Todo era falso, y los fiscales insistieron en ello. Trump prefirió no escucharlos y repitió en público sus acusaciones infundadas hasta el día fatídico del 6 de enero y más allá, hasta hoy. También trató de que el Departamento de Justicia se posicionara de forma pública hacia sus teorías. Con una conferencia de prensa, con la interposición de una demanda ante el Tribunal Supremo o con el nombramiento de un fiscal especial para investigar la limpieza de las elecciones. Se negaron. «Solo seguiremos la ley y los hechos», fue la respuesta de Rosen. «Trump no solo quería que el Departamento de Justicia investigara», dijo el presidente del comité, Bennie Thompson, sobre esos esfuerzos. «Quería que el Departamento de Justicia legitimara sus mentiras». El mejor ejemplo de ello fue a finales de diciembre tras una nueva conversación con los fiscales al frente del Departamento. Rosen le dijo que ellos no podían «chasquear los dedos y cambiar el resultado de la elección». El fiscal general interino recordó cuál fue la respuesta de Trump: «Simplemente decid que (la elección) fue corrupta y dejadme el resto a mí y a los republicanos del Congreso». Trump y sus acólitos recurrieron a un fiscal que sí estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que le dijera el presidente: Jeffrey Clark, asistente de fiscal general encargado de la división de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El tiempo se le acababa al presidente para conseguir algo que le mantuviera en el poder, con el 6 de enero, el día en el que el Congreso certificaba la victoria de Biden, a la vuelta de la esquina. Clark promovió el envío de una carta a las asambleas legislativas de los estados con los resultados más disputados. En ella se establecía una mentira -que el Departamento de Justicia consideraba que había indicios de fraude masivo- y planteaba a los legisladores estatales que mandara electores -los delegados que eligen al presidente- sustitutos, lo que podría inclinar la victoria hacia Trump. Rosen y Donaghue se oponían de manera frontal. También el equipo legal de la Casa Blanca, liderado por Pat Cipollone, y entonces enfrentado a los asesores de la campaña de Trump, como Rudy Giuliani, muñidores del ?golpe? electoral. Cipollone calificó la carta de «pacto de suicidio». Ante la negativa de Rosen y Donaghue a cooperar, Trump se planteó colocar a Clark, muy lejos de tener la experiencia requerida para el cargo, al frente del Departamento de Justicia. El propio Clark le dijo a Rosen que el presidente había tomado esa decisión: el segundón despedía al jefe. Rosen solicitó una reunión con el presidente y montó una rebelión en el Departamento de Justicia. El 3 de enero, en uno de los momentos definitivos del intento de Trump de dar la vuelta a las urnas, se reunieron en la Casa Blanca Rosen, Donaghue, Clark, Cipollone, el presidente y dos asesores más. «Lo que sabemos es que tú, Rosen, no vas a hacer nada», dijo Trump a su fiscal general interino. «No estás ni siquiera de acuerdo con las alegaciones de fraude electoral. Y este otro, al menos, podría hacer algo», añadió en referencia a Clark. «Tiene razón, señor presidente», le respondió Rosen. «No voy a permitir que el Departamento de Justicia haga nada por tratar de dar la vuelta a la elección. Es lo que imponen los hechos y la ley». «¿Qué tengo que perder?», insistió el presidente ante Donaghue sobre su plan de poner a Clark de fiscal general y mandar esa carta a los estados. El segundo del Departamento de Justicia le informó de que habría dimisiones masivas. Todo el mundo en la reunión del Despacho Oval, excepto Clark, dio la espalda al plan. Trump tuvo que dar marcha atrás y dejó a Rosen en el cargo. La carta, por supuesto, no fue enviada. Algunas horas antes de que todo esto se detallara en la comparecencia en el Congreso, se produjo un registro en el domicilio de Clark, en Virginia, por parte de agentes federales. No ha trascendido cuál fue la razón del registro, pero está dentro de la investigación por parte del Departamento de Justicia del intento de cambiar el resultado de la elección de 2020. Un esfuerzo paralelo al del comité de la Cámara de Representantes pero que comparte protagonistas. Está por que ver qué resultados políticos y penales obtiene cada uno de ellos.
24-06-2022 | Fuente: elmundo.es
La sucesora de Oltra heredará un campo de minas con una Consejería en el foco de la Justicia
Aitana Mas tendrá que aterrizar en un departamento con cargos imputados y señalado también por el defensor del pueblo 
22-06-2022 | Fuente: abc.es
Una banda de hombres armados mata a dos jesuitas en el interior de una iglesia en México
En el interior del Templo de la Misión, del S. XIX, murieron tiroteados los dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales, con 78 años, y Joaquín Mora, de 80. Ambos ejercían misiones en Cerocahui, en la Sierra de Taraumara del estado de Chihuahua, al noroeste de México. «Acogieron a una persona señalada por el narco y acabaron metidos en la bronca», así nos relata un cura misionero al ser preguntado por este medio. Según la Fiscalía estatal, también falleció Pedro Palma al que los dos curas otorgaron generosamente cobijo pese a ser conocedores a lo que se exponían: una muerte segura. Parece ser que los padres jesuitas asesinados se acercaron cuando comenzaron a escuchar las balas, mientras Palma accedía al templo en busca de un resguardo desesperado. Uno de los padres jesuitas le auxilió entretanto el otro intentaba calmar al sicario que a sangre fría acabó disparando a estos dos hombres de paz. Además, «se llevaron los cuerpos y no los pueden dar cristiana sepultura» cuentan desde los responsos celebrados en la comunidad jesuita. Toño Gallardo de Morales, primo carnal del sacerdote Javier, describe para ABC a su familiar como un hombre excepcionalmente bueno del que asegura que habría profesado los famosos versículos 23 y 34 de San Lucas: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». «Él nos transmitía ese amor infinito, sigue viviendo en todos nosotros», nos confiesa Margarita Morales, otra prima hermana del desaparecido. Uno de los hermanos del jesuita trasladó a la familia que estaba haciendo su misión y murió cumpliéndola. Nunca tuvo miedo aún sufriendo problemas cardiacos y quiso volver a la Sierra Taraumara, a pesar de que le ofrecieron retirarse en otro lugar más cómodo y accesible. Todos los testimonios que recabamos coinciden en exponernos que se encontraban profundamente comprometidos con la comunidad y con las misiones que les habían otorgado. Nos quedamos con la conclusión de sus allegados: «El cielo estará profundamente encandilado y lleno de júbilo con su presencia». La iglesia reclama al Gobierno y a la comunidad El padre Luis Gerardo Moro Madrid, provincial de la Compañía de Jesús en México, que atiende a ABC confesándonos con pesar que la vida humana «no tiene un costo, no vale» ante la escalada de asesinatos que vive México. Este sacerdote expresa tajante que «tenemos que exigir a las autoridades la responsabilidad de cumplir con su deber». A nuestras preguntas, la figura eclesiástica también reclama a la sociedad «crear estrategias para detener todo este problema que se nos está yendo de las manos». Nos comunica que las cifras sobre muerte llegan al oído del pueblo «y no pasa nada». «La gente se puede organizar y exigir a las autoridades» y destaca a los misioneros que «están hasta cierto punto abandonados con una gran fidelidad ya que a pesar de estar amenazados continúan en su misión». La comunidad jesuita mexicana afirma a este periódico la condena de los hechos violentos, exigen justicia, la recuperación de los cuerpos extraídos del templo por sicarios armados y piden que se garantice la seguridad de la comunidad de Chihuahua. La escalada de violencia en suelo mesoamericano ya no respeta ni a la creencia mayoritaria en la nación hermana, donde cien millones de católicos profesan el catolicismo, lo que posiciona a México como el segundo país del mundo con más practicantes, superado sólo por Brasil y seguido de Filipinas. Pero, los tiroteos, asesinatos y secuestros siguen aumentando en una rutina inexplicable de terror. Tal y como constata el guía turístico y los cuatros turistas, entre ellos un menor, que horas antes del asesinato de los jesuitas y a plena luz del día, fueron secuestrados de un hotel por los mismos asaltantes en la pequeña y maltrecha Cerocahui. A los católicos en México sólo les queda la inexpugnable misericordia: «Bendiga a los que nos persiguen», leen un fragmento de la Carta a los Corintios desde la misa de San Ignacio de Loyola en los responsos por los jesuitas caídos durante su fundamental misión.
22-06-2022 | Fuente: abc.es
Las FARC admiten que los secuestros fueron uno de los «más abominables crímenes de nuestra organización»
Si hay un caso emblemático en manos de la Justicia Especial para la Paz (JEP) ese es el 01. El primero de todos los horrores que procesa este tribunal de justicia transitoria, creado por el Acuerdo de Paz firmado en 2016, para juzgar los delitos más atroces sucedidos durante el conflicto armado colombiano: el secuestro. El caso 01 fue abierto el 4 de julio de 2018 y la JEP imputó cargos al antiguo Secretariado de las FARC-EP por estos crímenes, sucedidos entre 1993 y 2012. Los cargos por «crimen de lesa humanidad de privaciones graves de libertad y crímenes de guerra de toma de rehenes» que la Sala de Reconocimiento de la JEP les imputó en enero de 2021, provienen de la revisión y contrastación de los 17 informes recibidos por parte del Estado y de la sociedad civil, más de 1.000 observaciones de las 2.456 víctimas acreditadas, y de las versiones individuales o colectivas de miembros de esa guerrilla. Es un macrocaso pues tiene un patrón, práctica o política desarrollada a lo largo del tiempo por una organización armada y en la que participan miles de sus miembros, ha dicho la magistrada Julieta Lemaitre. Esto significa que este caso 01 está realmente conformado por miles de hechos que se llevaron a cabo en diversas circunstancias, tiempos y lugares. Este martes y lo largo de siete horas, la audiencia se centró en que los líderes del Secretariado reconocieran un patrón en los hechos, como resultado de la política de privar de la libertad a civiles, policías y militares con el fin de forzar el intercambio por guerrilleros presos, y la aprobación de una ley de canje. Atentas, las víctimas esperaban los pronunciamientos de Timochenko y sus otros seis compañeros que dirigían la guerrilla, en la actualidad desmovilizada. «Vengo en calidad de último comandante de las desaparecidas FARC-EP y miembro de esa dirección máxima de las FARC, a reconocer la adopción y ejecución de la política del secuestro dentro de las desaparecidas FARC. Reconocimiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad de carácter no amnistiarles, de acuerdo con los hechos y conductas determinadas por la Sala de reconocimiento». Cruedad y abusos sexuales Así lo dijo finalmente Timochenko, el alias con que se conoce a Rodrigo Londoño, hoy cabeza del Partido Comunes y, hasta la firma del acuerdo, máximo dirigente de esa guerrilla. Este pidió a todos los excomandantes que den toda la información y aporten todo lo que sepan pues «falta mucha verdad», como lo señaló. Aceptó, igualmente, que, durante los secuestros, a las víctimas se las trató cruelmente y fueron violentadas sexualmente. Luego, los demás miembros de la que fuera la cúpula, tomaron la palabra y uno por uno aceptó su responsabilidad. Las víctimas estuvieron atentas a este reconocimiento de responsabilidad, encuentro para el cual víctimas y verdugos se han preparado en reuniones, talleres de trabajo conjunto y conversaciones muy duras en las que han contado, incluso, con apoyo de psicólogos. Llegar a esta semana de aparición pública tiene detrás un trabajo fundamental que se esclarezca la verdad y, como lo exigieron las víctimas, la reparación pues todas coincidieron que no han recibido ninguna por parte de las FARC. Con la imagen del sargento de Policía César Augusto Lasso, quien llevó a la audiencia las cadenas con las que lo amarraron al cuello y volvió a ponérselas delante de sus victimarios para exigir que no se repita la barbarie, el martes 21 de junio se acabaron formalmente los eufemismos: no fueron retenciones, ni privaciones de la libertad, términos con los que tantas veces miembros de la desmovilizada guerrilla de las FARC han tratado de camuflar el significado de este crimen y su responsabilidad. Fueron secuestros. Siete horas de evidencia, que este miércoles 22 y el jueves 23 deben continuar con el proceso de aceptación de cargos. La palabra «secuestro» aún se les atraganta un poco, ahogo que no se compara al de los familiares de 21.396 secuestrados por esa guerrilla, que empezó con esta práctica privando de libertad a miembros de la fuerza pública para canjearlos por sus presos políticos. De allí pasó a secuestrar civiles, ganaderos, productores del campo, comerciantes, sin importad edad, condición o contexto. El secuestro de un país que no se cansa de repudiarlo. Lo que sigue, tras esta semana, es la evaluación de si el reconocimiento hecho es suficiente y cumple con los criterios. Luego, en un lapso de tres meses, el Tribunal para la Paz definirá, con apoyo de las víctimas, la sanción que recibirán. Y entonces se sabrá si los acusados mantienen o no su curul en el Congreso.
22-06-2022 | Fuente: abc.es
El Partido Republicano reclama un referéndum para que Texas sea un país independiente de EE.UU.
Texas podría pasar a ser un país independiente. Así lo desean algunos miembros del Partido Republicano de este estado, el segundo más poblado de los Estados Unidos con 29 millones y medio de ciudadanos, que reclaman un referéndum para decidir su soberanía. Lo cierto es que Texas ya fue independiente en dos ocasiones a lo largo del siglo XIX, en 1836 y 1861, durando en ambas ocasiones nueve años, hasta su eventual reincorporación al país. Texas se sumaría a la tendencia internacional de la reclamación de la identidad nacional propia, como ha pasado con Escocia, Flandes o Cataluña. El diario inglés The Independent informa de que en la convención bienal del Partido Republicano de Texas, celebrada este mes de junio, los conservadores han pedido que se apruebe un proyecto de ley para que se vote esta cuestión en los comicios texanos de 2023, y así «reafirmar su condición como nación independiente». En 1869 la Corte Suprema falló al respecto de esta reclamación en el caso 'Texas vs. White', cuando el estado era independiente del resto de los Estados Unidos, y un año después volvió a formar parte del país, ya de forma definitiva, tras la Guerra Civil. En 2006, la Justicia volvió a pronunciarse, cuando el magistrado Antonin Scalia defendió que «si hubo algún problema constitucional resuelto por la Guerra Civil, es que no hay derecho a la secesión», como informa el mencionado periódico británico. Contra la Ley de Voto, los gays y Joe Biden Este no es el único debate que abrieron los republicanos texanos. Esta delegación del partido de Trump, Bush y Reagan, conocida por ser la más conservadora y polemicista de dicha formación, votaron a favor de rechazar el resultado de las elecciones de 2020, respaldando así la tesis de que Joe Biden es un «presidente ilegítimo». Asimismo, defendieron la legalidad de las armas y solicitaron la derogación de la Ley de Derecho al Voto de 1965 y que se considere la homosexualidad como «una opción de estilo de vida anormal»: «Creemos que no debería haber concesión de derechos legales especiales o creación de un estatus especial para el comportamiento homosexual, independientemente del estado de origen», defendieron, también según The Independent. Las decisiones tomadas y votadas en estos eventos del partido no tienen validez legal vinculante, y su objetivo no es otro que encaminar el próximo programa electoral y el discurso ideológico republicano.
21-06-2022 | Fuente: elmundo.es
El Ministerio de Justicia recula y mantendrá los jueces de refuerzo tras las quejas del CGPJ
La reunión mantenida con vocales del Poder Judicial acaba en acuerdo. El Ministerio anuncia más inversión en el plan de choque de la Justicia. 
18-06-2022 | Fuente: abc.es
La perspectiva de un empate técnico entre Petro y Hernández siembra el temor de algaradas en Colombia
Hoy los colombianos eligen el cambio. ¿Pero cuál y a qué coste? A mano izquierda, Gustavo Petro (en primera vuelta logró 8.527.768 votos), líder de la coalición de izquierda Pacto Histórico, repitente candidato presidencial, senador, exalcalde de Bogotá y, de ser elegido, el primer mandatario de izquierda y exguerrillero que tiene Colombia, un país históricamente receloso de una opción democrática con ese cariz político. En la otra mano, Rodolfo Hernández (en primera vuelta logró 5.953.209 votos), un exitoso constructor, exalcalde de Bucaramanga, con una carrera política intermitente y apegada a su región; un aparecido en el escenario político nacional que se ha convertido en la figura disruptiva que puede arrebatarle a Petro la Casa de Nariño. Hernández concentra hoy parte del respaldo de quienes están hastiados de la clase política tradicional y el pleno apoyo de los huérfanos de la derecha que ven en él la encarnación del lema «cualquiera menos Petro». En el país hay tensión y expectativa pues las encuestas insisten en un empate técnico. A esto se suma el temor a que el perdedor no reconozca el triunfo y sus seguidores decidan recuperar en la calle lo que perdió en las urnas. Las dudas no son infundadas: en marzo pasado hubo manipulación de votos y el otrora buen nombre de la Registraduría quedó marcado y sujeto al seguimiento de 50 organizaciones de veeduría, miles de testigos inscritos y ocho misiones internacionales, entre técnicas y electorales, que verificarán la transparencia en las 12.263 mesas dispuestas para los casi 39 millones de votantes potenciales. Colombia necesita una renovación, nadie lo duda. ¿Pero qué tan factible es? Tres expertos en temas de economía, paz y seguridad, y agenda internacional valoran los programas de campaña de los candidatos: El ajuste inevitable Para Jorge Restrepo, profesor de Economía de la Universidad Javeriana, «los dos programas se caracterizan por el voluntarismo en la política económica, no están diseñados para acomodarse al trámite institucional. Son programas radicales, en ese sentido, que requerirían reformas constitucionales o políticas de gran calado; están diseñados para ganar elecciones, más que para gobernar con ellos». Y sentencia: «Gane el que sea, cabe esperar que gobierne a través de medidas administrativas», cosa que las calificadoras extranjeras señalan ya como un gran riego. En materia fiscal, «Petro propone altísimos niveles de tributación, particularmente para las personas de altos ingresos, con propiedades de alto valor o dueñas de empresas. Pero la política de Petro también plantea un aumento significativo del gasto. Así, su prometida política de consolidación fiscal no logra cuadrar los números entre tributos y gasto. Es una política muy riesgosa y poco viable». En el caso de Hernández, «plantea estabilidad tributaria y una austeridad draconiana que llevaría a una recesión. En términos de gasto público, tiene un sesgo regresivo; propone eliminar el impuesto al valor agregado y sustituirlo por uno al consumo, cosa que traería una insoportable carga a los consumidores. Es inviable y tiene el típico diseño demagógico útil para ganar elecciones». «Ambas propuestas plantean una política proteccionista ?afirma Restrepo-, contraria a la inversión extranjera directa. Tienen un sesgo nacionalista, en mayor medida la de Hernández, que suponen un giro de 180 grados en la estructura productiva colombiana. Eso es lo más preocupante pues las medidas proteccionistas sí se pueden aplicar sin la aprobación del Congreso». Paz y seguridad María Victoria Llorente, directora ejecutiva de Ideas para la Paz, principal centro de pensamiento en la materia de seguridad y paz analiza las propuestas en frente a esos dos factores cruciales para la estabilidad de Colombia: «Petro quiere hacer muchas cosas, con una agenda grandilocuente: algo así como refundar la fuerza pública, y reemplazar el concepto del enemigo interno por lo que llama seguridad humana. Plantea reformas poco novedosas, como sacar a la Policía del Ministerio de Defensa, democratizar los ascensos y replantear la justicia penal militar, agenda clásica de la izquierda para el sector. Su margen de maniobra es estrecho y para gobernar, el Pacto Histórico necesita establecer una relación decente con las fuerzas militares». «Hernández es conjunto vacío», continúa. «En su programa tiene un capítulo sobre seguridad, muy tradicional, como de los años 80. No tiene propuestas estratégicas. Habla de corrupción, pero no sobre la existente en la fuerza pública. Se limita a temas de bienestar, mejores equipamientos, poco más. Mi conclusión, desconoce el desafío territorial y no parece interesarle». «En materia de paz, el programa de Petro incluye transversalmente el Acuerdo y señala la necesidad de que se implemente integralmente. Su planteamiento del perdón social implica procesos con la guerrilla del ELN y con disidencias de las Farc, pero no dice cómo va al llevar a estos grupos al sometimiento. Hernández, por su parte, solo menciona una vez el Acuerdo, y dice que cumplirá con el cronograma, evidencia de que lo desconoce. Por último, en materia de drogas, en su grandilocuencia, Petro promete el cambio de paradigma, mientras Hernández va salpicando su programa con temas diversos, incluidos centros de consumo controlados y una aproximación simplista de sustitución de cultivos». Frente internacional Camilo Reyes, excanciller y exembajador ante Estados Unidos, ante el vacío de política exterior en el programa de Hernández, más allá de reestablecer las relaciones con Venezuela, centra su análisis en las propuestas de Petro y le fija prioridades, de llegar al Gobierno: «Con los Estados Unidos: se puede plantear un relanzamiento de la deteriorada relación haciendo énfasis en tres elementos: retomar el énfasis en el Acuerdo de Paz, en la sustitución de cultivos voluntaria y en la cooperación para los próximos 10 años de implementación del Acuerdo. El segundo elemento, reconocer que volvemos a tener un problema de diáspora hacia Estados Unidos y se debe afrontar. Y el tercer punto, aprovechar la decisión de implementar el estatuto de protección de los venezolanos para incrementar las cooperación bilateral y multilateral. En resumidas cuentas, generar una sinergia que combine la revisión de la relación con EE.UU. y una reapertura de la relación con Venezuela, como lo promete el candidato. Hernández también se ha referido a reanudar las relaciones con el vecino país, pero su programa no tiene una agenda de política exterior que permita mayor análisis». Lo cierto es que sea quien sea el nuevo presidente, el nuevo Gobierno tiene que ver cómo vuelve a generar espacios de cooperación, diálogo y concertación a nivel regional y subregional. Tenemos que recuperar los mecanismos de diálogo en América Latina, en especial en América del Sur, donde todo está dividido y deteriorado.