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Noticias de justicia

01-01-1970 | Fuente: abc.es
Protestan al grito de «Maduro asesino» ante el stand de Venezuela en Fitur
Un grupo de personas protestó este domingo contra el régimen de Nicolás Maduro ante el puesto de Venezuela en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra estos días en Madrid. Los participantes, en torno a una docena, corearon consignas como «Venezuela es una dictadura», «Maduro asesino» y «La dictadura va a caer», mientras portaban banderas venezolanas y carteles en los que se podía leer «Exigimos sanciones a los asesinos», «No podrán esconderse. Asesino y cómplices», «No necesitamos políticos negociadores. Somos Venezuela», entre otros mensajes. Venezolanos en Madrid #FITUR2018 pic.twitter.com/1CsHjUUzSj? Vanessa Pineda (@AsevedVanessa) January 21, 2018La acción, que duró unos cinco minutos y tuvo lugar en uno de los pabellones del recinto ferial de Ifema donde se celebra Fitur, estuvo organizada por la Asociación Española Venezolana por la Democracia (Aseved), la organización Soy Venezuela y el partido Vente Venezuela, fundado por María Corina Machada, explicó a ABC el vicepresidente de Aseved, Adolfo Martini, que tomó parte en ella. El objetivo de la protesta era «llamar la atención de la comunidad internacional en un evento tan importante como Fitur para denunciar las gravísimas violaciones de los derechos humanos que se cometen permanentemente en Venezuela, no solo la falta de medicinas y la inseguridad, sino también la represión política y el ajusticiamento de esta semana», en referencia a la muerte del policía rebelde Óscar Pérez y otras seis personas en El Junquito, a las afueras de Caracas. «Venezuela es una dictadura sanguinaria que está destruyendo el país y es inviable que haya turismo en él, no merece estar en este evento», indica Martini. Identificados por la Policía En cuanto llegaron empleados de seguridad de Ifema y les pidieron que abandonaran el lugar, se dirigieron a la puerta para salir del recinto, sin mayores incidentes, aseguró. Fuera del pabellón, agregó, agentes del Cuerpo Nacional de Policía los identificó y acompañó a la salida. Según el vicepresidente de Aseved, la mayoría de personas del público que se encontraban en la zona y de otros stands próximos les mostraron su apoyo. No obstante, según indica, hubo una persona que les increpó, acusándolos de «gusanos» y «fascistas». ABC trató sin éxito este domingo de ponerse en contacto con un portavoz de Ifema.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Merkel saluda el «sí» socialdemócrata y se prepara para «intensas» negociaciones
La canciller alemana, Angela Merkel, ha celabrado el «sí» de los socialdemócratas a emprender negociaciones con su partido para una nueva gran coalición de Gobierno, que auguró que serán «intensas». «Nos queda mucho trabajo por delante», ha señalado la canciller en una breve comparecencia en la sede de la Unión Cristianodemócrata (CDU) en Berlín, después de que un congreso extraordinario del Partido Socialdemócrata (SPD) diera luz verde por estrecho margen al inicio de las conversaciones. Merkel confía en que las reuniones se desarrollen en un clima de «sensatez», a pesar de las «discrepancias» en cuanto a los contenidos, y señaló que el preacuerdo alcanzado el 12 de enero será «el marco» para consensuar las políticas de un futuro Gobierno alemán. «Para nosotros es importante en estas negociaciones que Alemania tenga un Gobierno estable que pueda afrontar las preguntas de futuro y buscarles solución», manifestó la canciller. Entre los principales objetivos, situó el impulso de la economía, la digitalización, la justicia social y la seguridad Merkel se ha mostrado satisfecha con el aval del SPD a las conversaciones tras «intensas y controvertidas discusiones» y avanzó que mañana los partidos se reunirán para fijar la hoja de ruta del proceso negociador, que debería comenzar «muy rápido».
01-01-1970 | Fuente: abc.es
El policía Óscar Pérez y el resto de rebeldes, enterrados en secreto por el régimen de Maduro
La tumba del piloto sublevado Óscar Pérez contra el régimen de Nicolás Maduro lleva una pequeña placa de hormigón con la inscripción de su nombre en la parcela 42A-29IIIA en el cementerio del Este de Caracas, donde fue enterrado este domingo de manera secreta y oculta, ante la única presencia de la tía y una sobrina. El régimen venezolano no ha permitido el sepelio religioso y las honras públicas, como había suplicado la madre del exagente policial a las autoridades, tras ir y venir al cementerio del Este el sábado, día en que hubo una manifestación organizada por la oposición para condenar la masacre de Pérez y su grupo. Sólo fueron autorizadas a asistir al entierro clandestino la tía Aura Pérez y la prima Maryory Perdomo, que participaron luego también en una misa ante la tumba. La tía aseguró que se trata de «la pérdida de un gran ser humano». «Solo puedo decir que dejaré en manos de Dios y él sabrá lo que hay que hacer. Sé que está con Dios. Ya todo el mundo sabe lo que pasó (en El Junquito)», declaró a los periodistas. Tumba de Óscar Pérez - ABC Por su parte, la prima del piloto calificó de «ajusticiamiento» la masacre del pasado lunes. «No creemos en ellos (los miembros del Gobierno). Tienen que aclarar qué sucedió. Esto es un hecho insólito en la historia. Lo sucedido en El Junquito fue un ajusticiamiento», indicó Maryory Perdomo a los medios, una vez que había concluido el entierro de los restos de Pérez y se les permitió el acceso al camposanto. Según Perdomo, «Óscar Pérez es un héroe, dio todo por nosotros, luchando contra la injusticia en el país». Contó, además, que no se permitió a la familia vestirlo ni rendirle los actos velatorios antes del entierro «exprés». La «masacre de El Junquito» El plan del Gobierno fue impedir un sepelio colectivo de Óscar Pérez y los seis compañeros. De los siete, al menos seis fueron ejecutados el pasado lunes con un tiro en la cabeza, según la organización Foro Penal Venezolano. Ello a pesar de que se habían rendido durante el operativo llevado por un comando policial-militar de 400 agentes, a la que ya se conoce como la «masacre de El Junquito». El régimen de Maduro dividió el entierro forzado y secreto de los siete rebeldes en tres regiones, sin el consentimiento de sus familiares. El sábado enterró en el cementerio del Este a dos del grupo: José Alejandro Díaz Pimentel y Abraham Agostini Agostini. Al estado Táchira, fronterizo con Colombia, llevaron el cuerpo de Lisbeth Andreína Ramírez, enfermera de 30 años que era pareja de Jairo Lugo Ramos, uniformado de la Guardia Nacional y otro compañero de Óscar Pérez. A los enviados al Zulia fueron enterrados mientras se cantaba el himno nacional. Así dieron sepultura a los cuerpos de Jairo Lugo, Abraham Lugo Ramos y Daniel Soto -compañeros de Óscar Pérez- en el interior del cementerio La Chinita en Zulia, a pesar de la militarización por la Guardia Nacional Bolivariana. El último en ser enterrado fue el exinspector de la policía científica Óscar Pérez, de 36 años, que se levantó contra Maduro el 27 de junio pasado, al declararse en rebelión esgrimiendo el artículo 350 de la Constitución, que prevé el desconocimiento de un régimen que no respete la democracia y los derechos humanos. La Policía política del régimen ha inspeccionado nueve logias masónicas, ya que a Pérez se le asocia con estas sociedades.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Un juez de la Corte Interamericana de DD.HH. compara al Gobierno de Macri con la dictadura militar
La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un problema. El ministro de Justicia de Argentina, Germán Garavano, diputados, senadores de los partidos que integran la coalición de Gobierno Cambiemos, y juristas de reconocido prestigio, piden la renuncia o expulsión de ese Tribunal de la OEA del juez y ex miembro de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni. El detonante de esta demanda son las declaraciones públicas de Zaffaroni donde insta a la población a la «resistencia», compara al Gobierno argentino con la última dictadura militar y expresa su deseo de que el presidente, Mauricio Macri, salga antes de tiempo de la Casa Rosada. Raúl Eugenio Zaffaroni, asesor a su vez de la ex presidenta Cristina Fernández, no tiene buenos deseos para el actual Gobierno argentino. «Quisiera que se fueran lo antes posible para que hagan menos daño». Con mandato hasta el 2019 en el tribunal de la OEA, Zaffaroni invocó «a la resistencia. A la resistencia no violenta, me refiero». Espantado con el Ejecutivo, animó a los argentinos, en una entrevista de radio, a «no deprimirse» porque con el «tiempo, todo pasa. Esto también va a pasar, como pasamos la dictadura militar, el menemismo, a Domingo Cavallo» (ex ministro de Economía). La secuencia que, a su juicio, se va a producir, será una moviola o repetición, «lo mismo que en el 2001», asegura, en alusió al año del crack de Argentina y del corralito. Convencido, al menos en su discurso de que un «aparato de poder de esta naturaleza», en refrencia al Gobierno, cuando se «ve frente a una crisis» adopta «medidas locas» que «son peligrosas», lo explica con varios ejemplos: «Nos costó la guerra de Malvinas, el estado de sitio en 2001, los muertos en Plaza de Mayo. Hay que tener mucho cuidado porque puede haber violencia y muertos». El último de sus pronósticos resulta demoledor. «Hay que tener cuidado con el colapso final, que será económico» porque «esto, no tiene salida». El ministro de Justicia, Germán Garavano, salió de inmediato al paso de sus declaraciones: «Zaffaroni debería renunciar la Corte Interamericana». El diputado de la Unión Cívica Radical, Mario Negri, dijo que «la distancia entre sus deseos de que este Gobierno se fuera cuanto antes y la invitación a que lo empujen o lo desestabilicen no existe». El abogado Alejandro Fargosi, ex miembro del Consejo de la Magistratura, equivalente al Consejo general del Poder Judicial,dejó aparte la diplomacia, «da vergüenza y debería ser removido (destituído) de la Corte Interamericana». «El estatuto de la Corte -añade- es incompatible con tener actividades que afecten su independencia, imparcialidad, la dignidad o el prestigio de esa función.. Zaffarini -concluye- parece creer que ser juez de la Corte Interamericana no lo inhabilita para hacer política partidista y de la peor porque ha atacado abierta y frontalmente al Gobierno argentino». Penalista con vuelo internacional, la carrera de Zaffaroni arranca en la dictadura argentina (1976-83). El ex ministro Rodolfo Terragno, recuerda, «días después de arrebatar el poder, Jorge Rafael Videla designó a Eugenio Raúl Zaffaroni al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal de Sentencia de la Capital Federal». Al asumir el Juzgado, Zaffaroni juró «observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados (por la dictadura) y el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional», razón por la que Terragno se opuso a su designación en el Supremo argentino, en el Senado: «Quien había convalidado el secuestro y desaparición de la Constitución nacional no podía ser nombrado su custodio», explica en un libro. A Zaffaroni, cuando todavía era miembro del Supremo argentino (hasta finales del 2014) , le descubrieron que en cuatro apartamentos suyos se ejercía la prostitución. Algunos de sus fallos son más que polémicos. En un caso de abuso sexual a una niña de 7 años ( obligada a hacer una felación) por parte del encargado de un edificio, consideró como atenuante que el agresor «apagara la luz». En un robo a mano armada, con un cuchillo, su ex señoría esgrimió un argumento para atenuar la pena de lo más ocurrente: «Un cuchillo no es un arma». También en materia de narcotráfico sorprenden las palabras de Zaffaroni, como recuerda en una columna Marcelo Carlos Romero, fiscal del Ministerio Público de Buenos Aires. En una de estas, tras desbaratar una de las cocinas de la muerte donde se vendía la droga, el todavía miembro de la Corte Interamericana de DD HH no consideró apropiado considerar el local un punto de comercio ilicito porque no se encontraba comprador alguno. A mediados del 2016, el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, le suspendió la licencia de abogado por 90 días, por incumplimiento reiterado de los plazos que le obliga a ley para volver a ejercer como abogado tras abandnar la Corte. Aún así, durante ese lapso de tiempo y pese a ser contrario a las normas de la propia Corte, Raúl Eugenio Zaffaroni siguió siendo uno de los siete jueces de máximo tribunal de la OEA en derechos humanos.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
La policía venezolana detiene al «Lobo feroz», presunto violador en serie acusado de abusar de 274 niños
En busca y captura por las autoridades colombianas, la policía venezolana ha detenido al hombre conocido como Lobo feroz, presunto violador en serie y acusado de abusar sexualmente al menos a 274 niños. El sospechoso, Juan Carlos Sánchez, de 37 años, también vendió grabaciones de vídeo de sus abusos sexuales, informó la revista «Semana». Las autoridades venezolanas confirmaron a las de Colombia el arresto en diciembre pasado de Sánchez, que ahora está esperando su extradición. Lobo feroz fue arrestado por primera vez en 2008 por cargos de relaciones sexuales con un joven de 14 años, pero fue liberado el mismo año. La justicia colombiana estima que las víctimas podrían ser contadas por cententares.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
La UE sanciona a Diosdado Cabello, el presidente del Supremo y otros cinco dirigentes de Venezuela
La Unión Europea (UE) formalizó este lunes las sanciones contra siete altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro por la «represión» en Venezuela, entre los que figuran su «número dos», Diosdado Cabello; el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, y el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol. Completan la lista el jefe del servicio de inteligencia, Gustavo Enrique González; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general Tarek William Saab, y el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio José Benavides, dijeron a Efe fuentes comunitarias. Las sanciones, acordadas ya a nivel de embajadores de la Unión Europea (UE), fueron respaldadas este lunes por los ministros de Exteriores, reunidos en un consejo en Bruselas, e implican la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio comunitario. «Dado el continuo deterioro de la situación en Venezuela, siete personas deben incluirse en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas», apunta el Consejo, según una nueva versión del Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), actualizado con la decisión. Ese organismo subraya «sus preocupaciones con respecto a la situación en el país», y recuerda que ya había anunciado que las medidas restrictivas «se utilizarían de forma gradual y flexible y podrían ampliarse». Estas medidas se suman a las impuestas en noviembre, un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la «represión interna» en Venezuela. Dastis: «Es un incentivo para la negociación» El ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, señaló que esta medida es «un incentivo para ayudar a la negociación» y la decisión «puede ser reversible». «Siempre hemos concebido las sanciones como un incentivo para ayudar a la negociación, por lo tanto es una decisión que puede ser reversible o suspendible, en cuanto se constate que hay avances en la negociación», dijo el ministro a su llegada al consejo. La nueva ronda de diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela prevista para el pasado jueves en Santo Domingo quedó aplazada tras las tensiones surgidas en los últimos días y ahora se busca una nueva fecha. El Gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro rechazó este mismo lunes las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) a siete altos funcionarios del país caribeño y consideró estas acciones como «indignas» e «ilegales». El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, aseguró en un comunicado que el Gobierno de Caracas «rechaza enérgicamente las medidas restrictivas impuestas» por la UE «de manera ilegal y unilateral». «El Gobierno Bolivariano de Venezuela rechaza categóricamente las decisiones erráticas, intervencionistas, coercitivas e ilegales que la Unión Europea ha anunciado contra Venezuela», dice la nota publicada por el jefe de la diplomacia de la llamada revolución bolivariana.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
La comisión parlamentaria confirma que Óscar Pérez y el resto de rebeldes fueron ajusticiados
La comisión especial parlamentaria que ha investigado el caso de la denominada «masacre de El Junquito» confirma que el policía rebelde Óscar Pérez y sus seis compañeros fueron ajusticiados con un tiro de gracia después de haberse rendido a las autoridades policiales y militares el pasado 15 de enero. La diputada Delsa Solorzano, presidenta de la comisión especial parlamentaria que investigó la matanza, presentó este lunes un informe preliminar en el que responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro por las violaciones de derechos humanos y exige la indemnización de los hijos y familiares de las víctimas. Óscar Pérez - ABC «Los disparos a la cabeza que reflejan los certificados de defunción revelan un patrón que indica que hubo ajusticiamiento en todas las víctimas», sentenció la presidenta de la comisión parlamentaria. «Tenemos los testimonios de los familiares de cómo estaba cada uno de los cuerpos -subrayó-. Los seis hombres tenían disparos en la cabeza. Esto habla de un patrón». Según Solórzano, «seis varones aparecen en las actas de defunción con causa de muerte por disparo en la cabeza, en algunos casos dice múltiple y en otros único, esto habla de un patrón de conducta». Se trata, además de Óscar Pérez, de Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Israel Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, y Jairo y Abraham Lugo. En cuanto a la enfermera Lisbeth Ramírez, aclaró que la joven fue ajusticiada con un disparo en la cervical, que también es un tiro de gracia en la nuca. «Ha habido allanamientos, lesiones graves, torturas .Todo esto constituye una gravísima violación de los derechos humanos de la cual han sido víctimas estas personas», resumió la diputada en su informe. En total, el Estado venezolano y sus instituciones bajo el Gobierno de Maduro incurrieron en la violación de diez convenios internacionales y leyes nacionales por su arbitraria actuación, que han sido detalladas en el informe parlamentario. La diputada Solórzano mostró a la prensa la comunicación enviada al Ministerio Público y a los titulares del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, solicitando su comparecencia en la Asamblea Nacional, aunque ninguno ha respondido a la solicitud. Afirmó que las autoridades policiales y militares destruyeron las pruebas en la escena del crimen de la vivienda en El Junquito para no dejar rastros del asesinato colectivo. Tampoco entregaron los cuerpos a los familiares y más bien retrasaron y dividieron su entierro en diferentes cementerios para impedir el sepelio del piloto Pérez y su grupo en forma colectiva como lo habían solicitado los familiares. Delsa Solórzano denunció que el régimen de Maduro quería cremar los cuerpos de los insurgentes para borrar todas las evidencias, pero reconoció que la labor de la morgue de Bello Monte en el caso de Óscar Pérez y su grupo lo impidió. Los funcionarios de la medicatura forense «se restearon y no permitieron la cremación». «Querían cremar los cuerpos» La diputada fue contundente: «No fueron rumores, no fueron especulaciones: querían cremar los cuerpos, por eso insistimos ante la morgue de Bello Monte en el cumplimiento de la Ley de Servicio Funerario; los cuerpos inhumados deben ser resguardados». Dijo que «se tiene que resguardar el lugar donde ocurren los hechos punibles, para evitar que se desaparezcan o alteren evidencias. El lugar del suceso, en el Junquito, fue completamente destruido». En cuanto al entierro dijo la diputada que ahí también se violaron los derechos de los familiares. «Los cuerpos fueron trasladados al Cementerio del Este. Hicieron firmar a familiares la entrega de los cuerpos y no los entregaron como se debe sino que los llevaron directamente a cementerio. Fueron sepultados sin autorización».
01-01-1970 | Fuente: abc.es
El fiscal general de EE.UU., interrogado en la investigación de la trama rusa
El fiscal de la trama rusa, Robert Mueller, interrogó la semana pasada al fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, quien se ha convertido en el primer miembro del Gobierno de Donald Trump en activo en declarar ante los investigadores. Un portavoz del Departamento de Justicia confirmó a Efe que Sessions prestó declaración ante el fiscal especial Mueller, quien examina los posibles lazos entre miembros de la campaña del presidente y el Gobierno ruso, al que las agencias de inteligencia de EE.UU. acusan de interferir en las elecciones de 2016. Esta es la primera vez que se confirma públicamente una entrevista entre Mueller y un miembro en activo del Ejecutivo de Trump. Sessions, senador por Alabama durante 20 años, fue uno de los primeros legisladores en apoyar a Trump durante su campaña para las elecciones presidenciales de 2016, y se convirtió en uno de sus asesores más cercanos en temas migratorios y de política exterior. Fue nombrado fiscal general y, en marzo de 2017, tuvo que apartarse de la investigación sobre la supuesta injerencia rusa que había comenzado bajo el Gobierno del expresidente Barack Obama y que el Departamento de Justicia y el FBI estaban llevando a cabo, ya con Trump en la Casa Blanca. La sombra del Kremlin en las elecciones El ahora titular de Justicia tuvo que apartarse de las pesquisas después de que saliera a la luz que había ocultado al Senado los encuentros que mantuvo durante la campaña con el entonces embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, quien también se reunió con otros miembros de la campaña de Trump. Legisladores demócratas y republicanos expresaron un gran enfado por las omisiones de Sessions y forzaron al fiscal general a apartarse de la investigación rusa. Precisamente, el hecho de que Sessions se inhibiera desembocó en la creación de la figura del fiscal especial, un cargo que ocupa Mueller y que es independiente de cualquier brazo del Gobierno de Estados Unidos, por lo que se asegura la neutralidad de la investigación rusa. Preguntado por Efe, un portavoz de la oficina de Mueller rechazó comentar sobre el contenido del interrogatorio de Sessions. La investigación rusa ya ha desembocado en la presentación de cargos contra cuatro personas relacionadas con Trump: su exasesor de seguridad en la Casa Blanca Michael Flynn, su exjefe de campaña Paul Manafort, su «número dos» en la campaña, Rick Gates, y el también exasesor George Papadopoulos, que trabajó para el magnate durante las elecciones.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Estalla la crisis en las cárceles de Francia
La crisis ha estallado donde nadie la esperaba: en las cárceles, víctimas del hacinamiento de los reclusos, con estallidos sistemáticos de violencia no solo racial, hasta precipitar el primer movimiento de huelga del personal de prisiones en toda Francia. Según las estadísticas oficiales, en Francia hay (2017) 69.430 reclusos, con una de las tasas de hacinamiento más altas de Europa: 113/114 presidiarios por cada 100 «plazas» en las prisiones del Estado. Durante los últimos quince meses se han sucedido numerosos «incidentes»: peleas ultraviolentas, intentos de «motín», muertes «mal» explicadas, entre un rosario de «incidentes» de diversa naturaleza, con un nivel de tensión creciente entre reclusos y el personal de reclusos, que decidió ponerse en huelga «ilimitada» hace veinte días. La tensión entre reclusos culpables de delitos yihadistas y otros reclusos quizá sea uno de los indicadores más graves del problema de fondo. El personal de prisiones confiesa su «impotencia» y «falta de medios adaptados a nuevas situaciones». El presidente Macron y su gobierno comenzaron por quitar importancia a la crisis nacional de las cárceles, el primer movimiento de huelga de los últimos veinte años, con un efecto inesperado: ha crecido la cólera del personal de prisiones, bloqueando un número importante de cárceles, atizando una crisis pasablemente negra, en el corazón más oscuro de Francia, su sistema penitenciario. Negociación al ralentí Hace días, Nicole Belloubet, ministra de Justicia, comenzó con mucha calma una negociación con los sindicatos de funcionarios de prisiones, que reclaman cosas básicas: «mejora inmediata» de las condiciones de trabajo, mejores salarios y «reformas de fondo» en el funcionamiento práctico de muchas prisiones. La ministra comenzó aplazando en el tiempo la casi totalidad de las demandas sindicales, agravando la crisis: incidentes violentos, incendios en las inmediaciones de las prisiones, bloqueo del funcionamiento práctico de muchos centros penitenciarios. 130 de las 188 prisiones franceses están en crisis, en huelga, víctimas de la crisis y el bloqueo generalizado del sistema penitenciario nacional. Las negociaciones del lunes no dieron resultados prácticos conocidos. La ministra de justicia comenzó el martes una nueva ronda negociadora, acosada por una situación inflamable.
01-01-1970 | Fuente: abc.es
Un tribunal de apelación decide el futuro político de Lula
La sentencia que este miércoles decide el futuro de Luiz Inácio Lula da Silva dirá también mucho sobre el año político que comienza en Brasil. Para las elecciones presidenciales más inciertas de los últimos tiempos, que se celebran el próximo mes de octubre, el exmandatario es aún el favorito en las encuestas, con el 33% de los votos. En manos de tres magistrados del 4º Tribunal Regional Federal de Porto Alegre puede estar el destino político del expresidente más popular de la historia de Brasil. Lula fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión por el juez Sergio Moro, principal magistrado de la trama de corrupción conocida como Operación Lavacoches. Si en segunda instancia se confirma el primer veredicto, a Lula se le puede complicar el regreso al Palacio de Planalto tras las elecciones de octubre. Sin embargo, los magistrados informaron en un comunicado que Lula solo será detenido después de que se agoten todos los recursos en la segunda instancia, lo que puede tardar meses e incluso llegar a vísperas de los comicios. Si el caso se define cuando Lula ya es candidato, tendrá aún disponible la vía del tribunal electoral. Pero si el trámite termina antes de la inscripción de candidatos, prevista en agosto, la ejecución de la condena podría llevarlo a la cárcel y no podría ser elegido para cargos públicos en 7 años. El expresidente será juzgado por corrupción y blanqueo de dinero en el caso de un apartamento tríplex -supuestamente de su propiedad- en el balneario de Guarujá. Lula habría aceptado la vivienda a cambio de conceder a la constructora OAS obras de infraestructura en Brasil y en el exterior, además de servicios en la petrolera estatal Petrobras. Ha llamado la atención la agilidad del proceso en la habitualmente lenta Justicia brasileña. Según cálculos del diario «Folha de Sao Paulo», solo dos juicios por corrupción se tramitaron en menos de 150 días durante 2017, mientras que el de Lula llegó a segunda instancia en 154 días. El plazo de 42 días entre la primera y segunda instancia también está considerado un récord en el caso Lavacoches, donde el promedio de los procesos ha llevado un año. Sus correligionarios han recurrido a este argumento y también al eslógan de que la «elección sin Lula es fraude». Movilizaciones a favor y en contra Lula estará este miércoles en Porto Alegre para seguir de cerca el caso y para participar en un mitin del Partido de los Trabajadores (PT) y los movimientos sociales que lo apoyan, movilizados en masa hacia esa ciudad. De allí viajará a Sao Paulo para asistir a otra concentración popular en el centro de la ciudad, que coincide con otra organizada por grupos contrarios al PT en la avenida Paulista. La Policía brasileña ha preparado fuertes medidas de seguridad en las dos ciudades. El exmandatario y sus abogados aseguran que el apartamento de lujo de Guarujá nunca estuvo a su nombre. Solo admiten que él y su esposa -Marisa Leticia, fallecida el año pasado- lo visitaron con intención de comprarlo en 2014, cuando ya no estaba en la presidencia, junto al dueño de la constructora y entonces amigo Leo Pinheiro. Según la acusación, Lula recibió sobornos para la compra y decoración del inmueble. Sus abogados, encabezados por Cristiano Zanin Martins, sostienen que el expresidente es víctima de un «estado de excepción por parte de una unidad del Poder Judicial» para evitar que sea candidato. Zanin, uno de los abogados más importantes de Brasil, aseguró ante corresponsales extranjeros en Sao Paulo que hay argumentos «fuertes» para absolver a su cliente. El jurista cuestiona la falta de pruebas concretas y afirma que Lula sería declarado inocente en cualquier tribunal independiente, razón por la que ha emprendido una campaña internacional con apoyo de juristas norteamericanos. La defensa del expresidente consiguió una carta pública de doce diputados del Partido Demócrata de Estados Unidos, en la que cuestionan al juez Moro. «Lula se mantiene como una de las figuras políticas más populares del Brasil actual y es visto como una seria amenaza en las urnas por sus oponentes políticos», señala la carta encabezada por John Conyers. Apoyo de intelectuales El PT, por su parte, ha buscado el respaldo de intelectuales de izquierda, en Brasil y por todo el mundo, en un documento que ya supera las 200.000 firmas contra su condena. En ella constan los nombres del compositor brasileño Chico Buarque, el historiador inglés Peter Burke, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa, la escritora española y viuda del Nobel José Saramago, Pilar del Río; el lingüista y filósofo estadounidense Noam Chomsky; el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; el teólogo Leonardo Boff y los cineastas Costa Gravas y Oliver Stone. El documento tiene además las firmas de cuatro expresidentes sudamericanos: la argentina Cristina Fernández de Kirchner, el uruguayo José Mujica, el ecuatoriano Rafael Correa y el colombiano Ernesto Samper. Condenado o no, Lula da Silva aún es el principal protagonista de las próximas elecciones brasileñas. Su popularidad ha aumentado al mismo tiempo que se ha reducido su tasa de rechazo, que ha bajado al 39%, el mismo índice negativo que tenía cuando fue elegido por primera vez en 2001.