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Noticias de justicia

22-02-2018 | Fuente: abc.es
El parlamento griego investigará a diez políticos presuntamente involucrados en un escándalo de sobornos
Con una votación secreta que terminó esta madrugada poco antes de las seis de la mañana, el parlamento griego ha decidido que un comité parlamentario formado por 21 diputados investigue a diez políticos sobre su presunta implicación en un escándalo de sobornos por una multinacional farmacéutica antes del 2015. Según la legislación griega, el parlamento tiene que investigar primero el caso mediante una comisión especial, para después retirar la inmunidad de los implicados y su posterior enjuiciamento. Entre los diez se encuentra el ex primer ministro Andonis Samarás y el ex primer ministro en funciones Panayotis Pikramenos, asi como el actual Gobernador del Banco de Grecia (anteriormente ministro de Finanzas) Yanis Sturnaras y el actual Comisario de Migración europeo Dimitris Avramopulos ?que fue Ministro de Sanidad años antes?. Los presuntos implicados fueron, salvo los dos ex primeros ministros, ministros de salud, economía o fomento antes de la llegada al poder de Alexis Tsipras en enero 2015. La votación fue secreta y en las diez urnas situadas en la sala se encontraron más de 151 papeletas, por lo que se investigará a todos. El partido radical SYRIZA votó a favor de que los diez políticos fueran investigados, lo mismo que el de los Griegos Independientes, el neonazi Amanecer Dorado y el partido comunista KKE. Se abstuvieron los diputados del partido Nueva Democracia al no apoyar «acusaciones fabricadas» aunque se habían mostrado públicamente antes de la votación a favor de la investigación. Los restantes partidos votaron presente o con una fórmula que no fue computada. Horas antes habían intervenido los diez políticos en la cámara menos el actual Comisario europeo Dimitris Avramopulos, que se encontraba en el extranjero. Pero todos destacaron que las declaraciones que les implican son las de tres testigos protegidos que no aportan ningún tipo de pruebas. En los últimos días, además, varios de estos políticos habían interpuesto demandas ante la justicia, empezando por Andonis Samaras que presentó una contra el propio primer ministro actual Alexis Tsipras, acusándolo de crear una conspiración contra políticos de la oposición en un momento delicado: una fiscal Anticorrupción del Tribunal Supremo presentó este expediente en el parlamento el día después de una gigantesca manifestación en el centro de Atenas sobre el tema de Macedonia, en contra de las negociaciones que está efectuando el gobierno radical durante estas semanas. Andonis Samarás, ex primer ministro conservador, acusó al gobierno horas antes de la votación de «no haber buscado culpables, sino de haberlos elegido», le acusó de calumnias y recordó que fueron los gobiernos anteriores, a partir del 2010, los que recortaron el gasto de medicamentos excesivo del sector público griego, mientras que SYRIZA, entonces en la oposición, no votó a favor de los recortes. El líder de la oposición y presidente de Nueva Democracia, Kiriakos Mitsotakis, afirmó que el gobierno, que prevé su derrota electoral, «utiliza medios sucios para extender su permanencia en el poder». Por su parte, Alexis Tsipras insistió en que «incluso los que hablan de conspiración no niegan la existencia de un escándalo» y destacó que «obedeceremos el mandato del pueblo griego para que se haga justicia. No tenemos miedo y nadie no tendrá, ni la justicia ni los testigos». Bien distinta fue la posición del diputado socialista Evangelos Venizelos, uno de los políticos acusados de soborno: afirmó que el gobierno comete atrocidades legales e institucionales y que «la única solución son las elecciones (anticipadas)». Y como buen catedrático de Derecho Constitucional, afirmó que «están en juego las instituciones fundamentales y la constitución del estado de derecho».
22-02-2018 | Fuente: abc.es
El discurso del odio provoca una «nueva era de activismo social», según Amnistía Internacional
En 2017 se han vivido las consecuencias terribles del discurso del miedo y del odio, «que ha pasado de la retórica a la realidad», y que han sido fomentados por los gobiernos perjudicando los derechos humanos. Este es el principal mensaje del último Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, realizado por Aministía Internacional y que acaba de ser presentado. El informe, que analiza la situación en 159 países y que por primera vez ha sido presentado en Washington, la capital política de EE.UU., hace un especial hincapié en el papel que en este discurso del odio ha jugado su actual presidente, Donald Trump, que asumió el cargo el 20 de enero de 2017. «La clara medida de odio que adoptó el gobierno de Estados Unidos en enero, cuando prohibió la entrada de las personas procedentes de varios países de mayoría musulmana, preparó el terreno para un año en el que quienes ejercían el liderazgo llevaron la política del odio hasta sus últimas y más peligrosas consecuencias», señaló Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional. Pero no ha sido EE.UU. el único país en fomentar el odio. «Es posible que las políticas de Donald Trump marcaran el principio de un nueva era de regresión en materia de derechos humanos, pero no fueron las únicas. Desde Australia hasta Hungría se puede observar que quienes ejercen el liderazgo llevan mucho tiempo tratando a las personas refugiadas como problemas que hay que apartar, no como seres humanos con derechos, que merecen nuestra compasión», indicó Salil Shetty. En el último año hemos asistido al recorte de derechos en países como Francia, donde las medidas antiterroristas «han restringido los derechos de los ciudadanos»; o Rusia, donde han sido despenalizados delitos de violencia contra la mujer; o también otro ejemplo de retroceso es Polonía, cuyo gobierno ha restringido la defensa de los derechos humanos a través del control de su sistema judicial. Resurgimiento de los movimientos de protesta El segundo mensaje del informe es más positivo: la reacción a ese discurso del odio ha sido el «resurgimiento de los movimientos de protesta. La gente corriente clama justicia», indicó, en la presentación española del informe, la presidenta de AI, Arancha Vicario. «Se está produciendo una nueva era de activismo social». Es la respuesta a la falta de compromiso de los gobiernos con la defensa de los derechos humanos. «Ahora se ciernen sobre los asuntos del mundo los fantasmas del odio y el miedo, y son pocos los gobiernos que salen en defensa de los derechos humanos en estos tiempos de inquietud. En cambio, vemos a líderes como Al Sisi, Duterte, Maduro, Putin, Trump y Xi que menoscaban sin piedad los derechos de millones de personas», afirmó Salil Shetty desde Washington. Un activismo que a su vez ha sido contestado con un incremento de la represión por parte de los gobiernos y grupos de poder, como expuso en Madrid la activista guatemalteca, Yolanda Oquelí, que se ha enfrentado a las multinacionales en su país para defender el medio ambiengte y la tierra, poniendo en riesgo su vida, por lo que actualmente vive asilada en España. «Alzar la voz se ha vuelto peligroso», sentenció Shetty durante la presentación. Así lo atestiguan las cifras. El año pasado, 312 activistas fueron asesinados, frente a los 281 de 2016; mientras que en lo referente a la libertad de expresión, 262 periodistas resultaron encarcelados en 2017, principalmente en países como Turquía, China y Egipto. Si hablamos de periodistas asesinados, México lidera la lista con 11 profesionales muertos en el último año. Libertad de expresión La libertad de expresión es uno de las tres tendencias que ayer destacó el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, para quien es el «campo de batalla decisivo para la defensa de los derechos humanos». Un campo minado por las restricciones a las organizaciones, por las «fake news» y por el encarcelamiento de periodistas. «Hablar claro se ha vuelto peligroso». En el caso de las ONG, su labor se ha visto entorpecida por leyes que dificultan su financiación, como la ley aprobada por el gobierno de Viktor Orban en Hungría; o por las privaciones de libertad, como ha sufrido personal de la propia AI, como ha sido el caso de su presidente y su directora en Turquía. También se refirió a la mayor censura que los gobiernos han ejercido a través del bloqueo de redes sociales y de páginas en internet, práctica habitual en China, gracias a la aprobación de una ley sobre ciberseguridad; o Tailandia. Apocalipsis de la austeridad La segunda tendencia la calificó Beltrán como «apocalipsis de la austeridad» que provoca un recorte en los derechos humanos, en el acceso a la salud, a la educación y a la vivienda. Y citó el caso del Reino Unido, donde el año pasado «murieron 120.000 personas por los recortes en los servicios sociales». «El futuro es desalentador», sentenció Beltrán ha afirmado. «Si prosiguen las políticas de austeridad, se prevé que (..) en los próximos tres años la austeridad golpeará a más de dos tercios de los países del mundo, y se producirá la pérdida de 2,4 millones de puestos de trabajo». Durante la presentación también se denunció el estado de «Apartheid» que sufren los rohingya, que ha provocado la huida de 700.000 personas a Bangladesh; así como la «débil respuesta» a los crímenes de guerra y lesa humanidad que se sufren países como Siria, que está a punto de entrar en su octavo año de guerra; o Yemen, inmerso en otra guerra civil agravada por el bloqueo económico. Frente a los peores ejemplos, también se expuso la existencia de «victorias importantes» logradas el año pasado, como el matrimonio igualitario logrado en Taiwán o el bloqueo por parte de la Justicia de órdenes ejecutivas «discriminatorias» firmadas por el presidente Trump en EE.UU. Venezuela, agravamiento de la crisis Según el informe anual de Aministía Internacinal, Venezuela país se enfrentó en 2017 a una de las peores crisis de derechos humanos de su historia reciente, con una situación política caótica y un agravamiento de la crisis de suministro de alimentos y material médico que están llevando a miles de personas a protestar. Los medios de comunicación se enfrentan a amenazas de cierre, lo que compromete la libertad de expresión. Las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza para dispersar protestas. Hubo detenciones arbitrarias de personas que se pronunciaban contra el gobierno, y denuncias de tortura y violencia sexual contra manifestantes.
22-02-2018 | Fuente: abc.es
El asesino de Parkland se enfrenta a una posible condena a muerte
Nikolas Cruz, el autor de los 150 disparos que acumula tantas acusaciones de asesinato, 17, como víctimas mortales dejó en su inmisericorde ataque, se enfrenta a una seria posibilidad de ser condenado a la pena de muerte. El impacto que la matanza ha causado en todo Florida, incluidas las duras declaraciones de sus principales autoridades, refuerza una opción con la que defensores cuentan desde el primer día. A la espera de un pronunciamiento oficial de la acusación pública, la estrategia de los abogados es que una abierta confesión de culpabilidad le pueda servir de salvoconducto para evitar la sentencia más severa y su traslado al corredor de la muerte. Pero Michael Satz, el responsable de exigir cuentas al autor de la matanza, ya ha avisado con este nítido pronunciamiento previo: «Este es precisamente el tipo de casos para los que fue diseñada la pena de muerte». Los antecedentes demuestran que Florida es poco amigo de concesiones a los autores de los asesinatos más crueles. Se trata del segundo estado de la Unión con más condenados a muerte en la actualidad, con 348 reclusos, sólo superado por California. En el número de ejecuciones acumuladas desde 1976, tampoco Florida se queda atrás. Únicamente Texas, Virginia y Oklahoma superan las 95 culminaciones de la pena de muerte que se han llevado a efecto en el estado del sol. Escarmiento ejemplar En la semana transcurrida desde el fatídico 14 de febrero, las declaraciones de las autoridades apuntan a un escarmiento ejemplar. El gobernador de Florida, Rick Scott, republicano, no tiene dudas: «Aspiramos a la pena capital. Tenemos que asegurarnos de que el autor de esta matanza asume su plena responsabilidad y de que la justicia sirve a los familiares y las víctimas». Más parco pero realista, el senador Marco Rubio sentencia: «Va a ser difícil argumentar contra una condena a muerte».
22-02-2018 | Fuente: elpais.com
El Gobierno molesto con Suiza: ?En España no hay delitos políticos?
El Gobierno no puede aún dar pasos para intentar que Anna Gabriel vuelva a España para responder ante la Justicia
21-02-2018 | Fuente: elpais.com
La Justicia europea dice que las guardias localizadas en casa deben considerarse jornada laboral
Un bombero reclamaba a un Ayuntamiento belga una indemnización por el tiempo dedicado desde casa a estar disponible en ocho minutos en caso de emergencia
21-02-2018 | Fuente: abc.es
El nuevo líder conservador portugués: «Se abre una nueva fase en las relaciones con los socialistas»
«Se abre una nueva fase en las relaciones con los socialistas», declaró el nuevo líder conservador portugués, Rui Rio, al término de una larga reunión de casi dos horas y media con el primer ministro, António Costa. El encuentro, celebrado este martes 20 de febrero en el Palacio de Sao Bento, se enmarca en la frenética actividad en la que se ha embarcado el sucesor de Pedro Passos Coelho después de resultar elegido presidente del PSD. «Estuvimos hablando de posibles políticas positivas y no cargamos las tintas en aquello que nos separa», señaló. ¿Y cuáles fueron los temas tratados? Pues la descentralización (que por algo él viene del norte), la Justicia y la Seguridad Social. Eso sí, en este último caso puntualizó: «Nunca estará en causa una alteración de la situación actual. Era tomarnos las medidas y mirar a largo plazo, es decir, de aquí a 10, 20 o 30 años». Su talante para el diálogo quedó patente cuando reconoció: «La reunión ha sido entre los dos mayores partidos, pero eso no quiere decir que no se impliquen las demás fuerzas», en referencia a los comunistas y al Bloco de Esquerda, sustentos del Gobierno socialista con sus alianzas puntuales (no una coalición, entre otras razones porque estos últimos quedan fuera del Ejecutivo). De hecho, esta fórmula se designa con la palabra portugués «geringonça», que significa algo así como «artilugio». A lo largo de los últimos días, el político portuense de 60 años evidencia que concede prioridad al interés nacional y lo refrenda con estas palabras: «Siempre creí que los partidos deben hacer un esfuerzo para buscar lo que les puede unir». Y prosigue: «No excluyo a nadie de unas conversaciones, aunque pienso que será más fácil hablar con el CDS (centrista) que con el Bloco de Esquerda (lo más parecido a Unidos Podemos al otro lado de la frontera)». Se da la circunstancia de que tanto António Costa como Rui Rio se fraguaron en la política municipal, ya que el primero fue alcalde de Lisboa y el segundo ejerció ese cargo en Oporto. «Los entendimientos entre las dos corporaciones eran mucho más fáciles que entre un partido de la oposición y un gobierno que sigue una política que se apoya en una izquierda radical que nada tiene que ver con el PSD. Ahí, en esa materia, los entendimientos son más difíciles, quizás imposibles». Debate sobre el acercamiento a los socialistas El caso es que Rio lleva meses mostrando intenciones de acercamiento al Partido Socialista, como se reflejó durante la campaña previa al combate con Pedro Santana Lopes por la presidencia del PSD. Mientras este último se negaba a un hipotético pacto con el Gobierno, él jugaba la carta de postularse a favor. La estrategia parece haberle salido bien, al menos hasta la fecha, pero las voces críticas anidan en el seno de la formación conservadora. Y no se apagan. Dado que las reacciones no se hicieron esperar ante lo que se interpretaba como una «claudicación» frente a sus oponentes, no le quedó más remedio al nuevo presidente que presentarse en el reciente congreso de refundación con un aparente portazo a los socialistas: «No existe y nunca existirá un bloque central». Todo indicaba una marcha atrás a las intenciones exhibidas semanas atrás, tal vez presionado por el empuje del CDS de Assunçao Cristas, que le obliga a no bajar la guardia para evitar la fuga de votos hacia los centristas. Pero los planes continúan en pie y los dos socios radicales del socialismo no se fían en absoluto de que no acabe constituyéndose un gran «bloque central», que los dejaría fuera de toda expectativa de poder. O sea, el portazo podrían llevárselo ellos. La refundación del PSD pasa en la práctica por una incógnita obsesiva desde hace varios meses: ¿cómo se pueden ganar las elecciones de 2019? Si los datos macroeconómicos continúan respaldando al Gobierno socialista (sobre todo, porque el paro ha descendido a mínimos históricos: un 7,8%), resultará difícil despojarles del «trono», tal cual refrendan las últimas encuestas. Por eso, el flamante líder es consciente de que la sombra del apogeo de Passos Coelho le va a perseguir a partir de ahora, pues ganó dos elecciones legislativas y solo la pérdida de la mayoría absoluta en 2015 le convirtió en víctima de la maniobra socialista para compincharse con los más extremistas. En cualquier caso, Rio no deja de exhibir un doble anzuelo: «Fuimos llamados a cumplir patrióticamente un exigente programa de austeridad, diseñado y negociado por otros; o sea, por los que metieron al país en el agujero financiero más negro desde el 25 de abril [en referencia a la Revolución de los Claveles en 1974]. Conmigo al frente del partido, evolucionaremos siempre en armonía con nuestra historia, sin sobresaltos ideológicos». Este dardo a los socialistas en el congreso se interpretaba como un guiño al sector que aguarda las elecciones legislativas de 2019 como prueba de fuego. Ahí, en ese año, el ya ex diputado Luis Montenegro buscará el olimpo del partido.
21-02-2018 | Fuente: abc.es
El Senado brasileño da luz verde a la intervención militar en la seguridad de Río de Janeiro
El Senado de Brasil aprobó la pasada madrugada, con 55 votos a favor, 13 en contra y una abstención, el decreto del Gobierno que determinó una intervención federal en la seguridad pública de Río de Janeiro, que pasa a manos del Ejército hasta finales de 2018. Con la aprobación en pleno del Congreso Nacional, ya que la Cámara Baja también lo había hecho la víspera por amplia mayoría (340 votos a favor y 72 en contra), la disposición decretada el viernes pasado por el presidente de Brasil, Michel Temer, queda oficializada y desde ya entra en vigor. Galería de imágenes Vea la galería completa (20 imágenes) La intervención cede a los militares el control para acabar con la ola de violencia que desangra a ese estado desde hace meses y que el año pasado causó 6.731 muertes, entre las que se cuentan las de más de 100 policías y diez niños alcanzados por las llamadas "balas perdidas". Tras el primer megaoperativo militar, que comenzó el lunes, los episodios de violencia se repitieron este martes en Río: fue asesinado un sargento del Ejército víctima de un intento de asalto, y en otra acción conjunta, fueron detenidos al menos once presuntos delincuentes en una favela de la zona norte. Una medida excepcional El senador Eduardo Lopes, del conservador Partido Republicano Brasileño (PRB) y que fue relator del decreto de intervención, defendió la medida y reconoció que la intervención es un acto excepcional que «no puede ser banalizado». Según él, la aprobación del decreto permitirá que se garanticen derechos constitucionales como vida, libertad, seguridad y propiedad. «Sabemos que esta no es (una problemática) exclusiva de Río de Janeiro. Hay altos índices de violencia en otros estados, pero sin duda la situación de Río repercute mucho más, tanto en el país como internacionalmente», enfatizó. El relator también defendió un reajuste de recursos para que el proyecto de intervención federal tenga eficacia. «Si existe un estado de excepción, entonces tenemos que dar todo el empeño y sacrificio necesario para realizar este trabajo», dijo el parlamentario al referirse a la necesidad de ajustar el presupuesto y otorgar más recursos para la medida. La solicitud del relator se unió a la de la diputada Laura Carneiro, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y relatora del proyecto en la Cámara de Diputados, quien pidió que el Gobierno central transfiera recursos para que el proyecto pueda alcanzar sus objetivos. Esta petición fue compartida por los senadores Magno Malta, del Partido de la República (PR), y Lasier Martins, del Partido Democrático de los Trabajadores (PDT), quienes se mostraron a favor del proyecto pero dejaron ver su preocupación por los recursos limitados para sostener la intervención. La votación en el Senado comenzó tres horas después de lo programado y aunque fue ágil, estuvo marcada por el rechazo de la oposición a la medida. PT: «No es función de las Fuerzas Armadas» La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), senadora Gleisi Hoffmann, dijo que la intervención no fue planificada, ya que «no es papel de las Fuerzas Armadas ejercer funciones de policía». Por su parte, el también senador del PT Humberto Costa reconoció la gravedad del problema de seguridad pública, no solo en Río de Janeiro, sino también en otros estados y culpó de esto al presidente Temer, por su falta de acción en esta materia. «El Gobierno debió utilizar el factor sorpresa para enfrentar a los bandidos», dijo Costa, para quien la propuesta debería contemplar a todos los estados y no ser «apenas una acción de marketing». El senador Lindbergh Farias, también del (PT), criticó los mandatos colectivos de búsqueda y aprehensión que supuestamente serán utilizados durante la vigencia del decreto en Río, que para algunos juristas son inconstitucionales. Sobre el tema, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Torquato Jardim, afirmó que los mandatos no serán colectivos, sino que traerán nombres y direcciones de los blancos, conforme prevé la Constitución. No obstante, explicó que esas solicitudes deberán contener varios nombres y múltiples direcciones, debido a la singularidad de las zonas de conflicto, lo que no deja muy clara la diferencia entre estos mandatos y los colectivos. Desde el mismo momento en que fue decretada la medida, esta fue cuestionada por organizaciones humanitarias y analistas que evidenciaron su preocupación por una intervención federal que dará poder al Ejército sobre la seguridad del estado de Río de Janeiro. La decisión de Temer «va en la dirección equivocada, porque parece indicar una estrategia militarizada frente a los gravísimos problemas de seguridad pública de Río», dijo a Efe César Muñoz, portavoz de HRW Brasil.
21-02-2018 | Fuente: elpais.com
El temor a la justicia parte el separatismo
La negociación de la investidura corre en paralelo al desmoronamiento de todos los argumentarios que los independentistas habían construido en los últimos años
21-02-2018 | Fuente: elpais.com
EE UU crea un grupo de trabajo para estudiar las interferencias en las elecciones
El departamento de Justicia encarga un informe sobre los riesgos de ciberataques
20-02-2018 | Fuente: abc.es
El abogado de Fujimori acusa a la Justicia peruana de «actuar de manera maliciosa»
La Justicia de Perú ordenó que no se aplique el perdón al exmandatario Alberto Fujimori Fujimori (1990-2000) por la matanza ocurrida en Pativilca en 1992, lo que causó la denuncia de la defensa por «actuar de manera maliciosa». En la víspera de Navidad, el presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori, condenado a 25 años por corrupción, secuestro agravado y violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo le otorgó la gracia presidencial por la matanza de Pativilca, donde murieron 6 campesinos a manos del grupo militar «Colina» -creado por el brazo derecho de Fujimori, Vladimiro Montesinos y el jefe del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos- en 1992. La Sala presidida por la juez Miluska Cano determinó que el derecho de gracia por razones humanitarias al procesado Alberto Fujimori Fujimori en el caso Pativilca-Caraqueño, «carece de efectos jurídicos». «(La petición de indulto) es incompatible con los deberes de investigar, juzgar, sancionar graves violaciones de derechos humanos siendo además una medida que como hemos analizado colisiona claramente con los derechos fundamentales amparados en nuestra Constitución y que careciendo de una debida motivación no surte efectos en la presente causa penal», indicó la sentencia. El abogado defensor de Fujimori, Miguel Arroyo, anunció por su parte que presentaron una «queja disciplinaria contra varios funcionarios del Poder Judicial, que incluso en el tema del indulto no se han oficiado para que se cancele órdenes de captura contra Fujimori. El Poder Judicial está actuando de manera maliciosa». Según señaló a ABC el director del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, tras la resolución «Fujimori pasa de ser un ciudadano libre a la condición de procesado. Es una derrota política para Fujimori y también para Pedro Pablo Kuczynski». Tras haber obtenido su libertad el pasado diciembre, Fujimori vive en una lujosa casa en La Molina, al este de Lima, donde recibe las visitas de sus correligionarios y de su hijo menor, el congresista Kenji Gerardo, quien fue el principal impulsor del indulto a su padre. ¿Realmente humanitario? Según el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, «la clave de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es determinar si el indulto fue realmente humanitario. Si no fue humanitario, viola las obligaciones internacionales de Perú. Para ese análisis, lo más sencillo para la corte será basarse en pronunciamientos nacionales como el de la Sala (presidida por Miluska Cano)». «La Sala Judicial de Perú aclara que si bien los indultos son una facultad del presidente de la República, ello no permite dictarlos de forma arbitraria. En un estado constitucional de derecho no existen zonas aisladas de poder que no puedan estar sujetas a control. Es decir, para la Sala, Kuczynski no dio fundamentos para indultar a Fujimori», añadió Vivanco. En su análisis del fallo sobre el caso Pativilca, el experto concluye que «el derecho peruano exigía escuchar a las víctimas y a organizaciones e instituciones de derechos humanos antes de dictar la resolución, ello no ocurrió. Por último, la Sala por momentos sugiere que, además del derecho de gracia, el indulto a Fujimori podría ser en sí mismo violatorio del derecho internacional porque impide que (el ex jefe de Estado) sea sancionado con una pena proporcional a la gravedad de los delitos que cometió. La matanza de Pativilca ocurrió el 29 de enero de 1992, a 200 kilómetros al norte de Lima, a manos del grupo militar «Colina» que realizó ejecuciones extrajudiciales auspiciado por el gobierno de Fujimori, con el fin de acabar con la banda terrorista Sendero Luminoso, de corte maoísta.
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