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Noticias de jesus santrich

30-03-2020 | Fuente: abc.es
Estados Unidos hará lo posible por capturar a Maduro
Donald Trump venía insistiendo en que marzo iba a ser importante en la campaña contra Nicolás Maduro, y así ha ocurrido. Ahora sabemos que hace seis meses se tomó la decisión de presentar cargos contra él y otros máximos responsables del régimen en una macro causa centrada en el narcotráfico, y desde entonces hasta cinco jurisdicciones judiciales federales estadounidenses han trabajado intensamente en la coordinación de sus informaciones. Testigos protegidos que a lo largo de los años ya habían ofrecido sus testimonios a los agentes de las distintas fiscalías volvieron a ser llamados para testificar esta vez ante un gran jurado y poder formalizar así las acusaciones. Por ello, quienes simplistamente han dicho que todo esto se debe al particular momento ?debilidad del régimen chavista a causa de la crisis del coronavirus, o bien debilidad de Trump ante el electorado de Florida? desconocen que procesos judiciales de este tipo requieren de un trabajo previo que no se resuelve en dos días. Escuchas de conversaciones Fuentes que han colaborado en el avance de la causa aseguran que Estados Unidos hará todo lo posible por capturar a Maduro. Se descarta una operación como la que los estadounidenses protagonizaron en 1989 en Panamá para detener a Manuel Noriega (el único caso previo de un mandatario por el que EE.UU. ha ofrecido recompensa), pero caben otras operaciones «quirúrgicas» que pueden llevar al mismo resultado. Además, cualquier movimiento fuera de Venezuela podría ser aprovechado para interceptarle. Lo que está claro es que EE.UU. tiene acceso a escuchas que le aportan una gran información sobre Maduro y su entorno. Eso se ve en el «indictment», donde se incluyen conversaciones mantenidas en el círculo estrecho del poder. Por ejemplo, se describe una conversación de 2009 en la que Cabello consideraba que la salida del poder del aliado chavista Gabriel Zelaya en Honduras les iba a «joder el negocio» y Maduro se comprometía a intentar que ese cambio de gobierno no les fastidiara sus conexiones de narcotráfico. O la bronca que en 2013 Maduro les echó a Cabello y Carvajal por haber usado el aeropuerto de Maiquetía para un gran envío de droga en lugar de vías menos llamativas. Colaboración de Clíver Alcalá Llama la atención que el «indictment» sitúa a Maduro en el centro de la trama desde el comienzo, cuando en realidad el papel central correspondió a Hugo Chávez hasta su muerte. Con ello se quiere indicar que Maduro, aun con responsabilidades que en principio diríanse menos propicias para asuntos relacionados con el narcotráfico, como la de dirigir el Ministerio de Asuntos Exteriores, estuvo igualmente vinculado desde el principio a ese negocio. Luego, al suceder a Chávez en la presidencia también le sucedió como supervisor del Cartel de los Soles. También resulta curioso que en la acusación se haya incluido a Clíver Alcalá. El militar fue decisivo en la puesta en marcha del cartel chavista, pero su vinculación habría terminado poco antes de la muerte de Chávez; nunca fue una persona cercana a Maduro, quien prescindió completamente de él. De hecho, luego estuvo en contacto con las autoridades estadounidenses analizando algún tipo de cooperación, cuestión que nunca se concretó del todo por la desconfianza que sembraba. Su inclusión en la causa buscaba precisamente forzar su entrega, como ha ocurrido: Clíver Alcalá se entregó a la DEA en Colombia el viernes por la tarde e inmediatamente fue conducido a Nueva York. Ahora deberá aportar información que condene a los otros encausados. Hechos probados La causa contra Maduro, Cabello, Carvajal, Alcalá y dos dirigentes de las FARC (alias Iván Márquez y Jesús Santrich) ofrece muchos detalles de hechos delictivos. EE.UU. también ha extendido acusaciones contra el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno; el vicepresidente Tarek el Aissami, y otros individuos. La siguiente relación recoge solamente los hechos probados de la primera de la causas. ?Las FARC cultivaron hoja de coca también en Venezuela, como en la Serranía de Perijá. También procesaron cocaína en el país; precisamente, en 2003 Jesús Santrich recibió 300.000 dólares para establecer un campo de las FARC cerca de Apure con ese fin. ?En 2004, el volumen de cocaína que entraba de Colombia y atravesaba Venezuela era de al menos 250 toneladas anuales. En 2010, se registraron unos 75 vuelos de narco-avionetas, cubriendo la ruta entre Venezuela y Honduras. ?En 2005, Hugo Chávez dio órdenes a miembros destacados de su equipo de apartar de sus cargos a los jueces que no protegieran a las FARC y sus actividades de narcotráfico. En ese mismo año, Venezuela rompió la relación bilateral que había mantenido con la DEA estadounidense. ?En 2006, las FARC pagaron a Maduro 5 millones de dólares obtenidos en el negocio de la droga para proceder a su lavado. Como nuevo ministro de Exteriores, Maduro se ocupó de comprar a Malasia un equipo de extracción de aceite de palma, para su instalación en Apure. ?En 2006, Cabello y Carvajal colaboraron en el envío de un DC-9 cargado con 5,6 toneladas de cocaína, que salió del principal aeropuerto de Venezuela y por una avería tuvo que aterrizar en el estado mexicano de Campeche, con la consiguiente captura de la carga. ?En 2008, Chávez acordó con Iván Márquez usar fondos de la petrolera nacional PDVSA como apoyo a las operaciones de narcotráfico y terrorismo de las FARC. En mismo año, y en otra reunión con las FARC, se acordó entregar dinero y armas a este grupo para que aumentara la producción de cocaína; Maduro se comprometió a hacer lo posible para que la frontera con Colombia estuviera abierta y así facilitar el narcotráfico. ?En 2009, Maduro, Cabello y Carvajal prepararon el envío de cuatro toneladas de cocaína facilitadas por las FARC. ?En 2013, el Cartel de los Soles despachó 1,3 toneladas de cocaína en un avión que viajó de Maiquetía a París, donde la carga fue intervenida. ?En 2014, Maduro ofreció más armas a Iván Márquez a cambio de que las FARC ayudaran a entrenar una milicia armada en Venezuela. ?En 2015, el Cartel de los Soles quitó material al Ejército venezolano para entregárselo a las FARC.
29-03-2020 | Fuente: abc.es
Hablábamos el pasado domingo aquí del valor de la Prensa libre («El comunismo chino tiene miedo» ABC, 22-03-2020), lo que generó las protestas de aquel Gobierno al corresponsal de ABC en Pekín, Pablo M. Díez. Esta semana hemos tenido otra muestra muy relevante del valor de la información libre y veraz frente a las tiranías. El pasado jueves, la Fiscalía de los Estados Unidos -o lo que es lo mismo, el Gobierno, porque el fiscal general es miembro del Gobierno- acusó al presidente de Venezuela de narcotráfico. Es verdaderamente excepcional que se haga una acusación así a un jefe de Estado en ejercicio. La última vez que lo hizo Washington fue en diciembre de 1989 contra Manuel Antonio Noriega, dictador de Panamá, y aquello acabó con la invasión del país y el narcotirano pasando dos décadas en la cárcel en Miami antes pasar por la parisina cárcel de La Santé. Lo que ahora ha confirmado el Gobierno norteamericano es algo que ya se anticipó en las páginas del ABC hace más de cinco años y que desató la furia del Gobierno venezolano. Furia que degeneró en ira cuando unos meses después «The Wall Street Journal» publicó también que Diosdado Cabello estaba siendo investigado por narcotráfico y lavado de dinero. Cabello presentó en 2016 una querella por difamación contra el «Journal» y el caso fue archivado en 2017. La verdad acabará sabiéndose con todo detalle. Pero hay otra parte de la denuncia de la Fiscalía General de los Estados Unidos a la que se ha prestado menor atención. Entre los 14 acusados contra los que se han presentado cargos hay dos colombianos. Y de esos no quieren hablar la mayoría de los medios porque son unos dirigentes del las FARC que hace unos años eran jaleados en casi todos los medios de comunicación occidentales. Uno de ellos es Luciano Marín, alias «Iván Márquez» y el otro Seuxis Paucís Hernández Solarte, alias «Jesús Santrich». Iván Márquez fue el jefe de las FARC que negoció el llamado Acuerdo de Paz que se firmó en Cartagena de Indias el 26 de septiembre de 2016. Santrich fue uno de los delegados de las FARC en las negociaciones de La Habana. Y uno de los beneficiados con un escaño en el Congreso colombiano sin necesidad de competir por él en las urnas. Ambos decidieron volver a la selva después del cambio de Gobierno en Colombia con la victoria de Iván Duque. Estos dos padres de un «acuerdo» que el pueblo colombiano rechazó y Juan Manuel Santos impuso siguen activos en las FARC y colaboran con el narcotráfico del Cartel de los Soles, del que hablamos en ABC por primera vez en enero de 2015. Ya sabemos que rápidamente se atribuyó a Márquez y Santrich la condición de «disidentes» de las FARC. Lo que no dice nada bueno de con quién negoció el Gobierno de Santos. Pero ahora vemos que una buena parte de la querella de la Fiscalía norteamericana se funda sobre la colaboración en la actualidad del Gobierno de Nicolás Maduro y las FARC. Las FARC que ya no existían, las FARC cuya desaparición le valió el Nobel de la Paz a Santos. Pues como en el corrido mexicano, no estaban tan muertas. Fueron muchos los que quisieron creerse la gran mentira del acuerdo de paz de Santos y las FARC. La realidad es otra. Era una forma de dar una salida sin penas efectivas de prisión a muchos criminales sanguinarios, y era una forma de procesar a muchos militares colombianos que sólo intentaron mantener la legalidad. Santos le dio la victoria a las FARC. Y por cierto, el principal asesor jurídico de las FARC en La Habana, Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, se sube estos días a la tribuna del semivacío Congreso de los Diputados de España a dar lecciones de cómo afrontar una crisis. Forma parte de la coalición que hoy gobierna España.
26-03-2020 | Fuente: abc.es
EE.UU. ofrece 15 millones de dólares por Nicolás Maduro por narcotráfico
La fiscalía de Estados Unidos ha presentado cargos por narcotráfico contra el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, 12 colaboradores suyos y dos dirigentes de la guerrilla colombiana de las Farc. El gobierno norteamericano ofrece además hasta 50 millones de dólares (45 millones de euros) por información que permita la captura de cualquiera de los imputados, 15 millones por Maduro y 10 por algunos de los demás, como el ?número dos? Diosdado Cabello. Esta nueva acción emprendida por EE.UU. abunda en la vinculación del régimen chavista con el narcotráfico, que ABC destapó en exclusiva en 2015. Este diario avanzó entonces que Washington ya cerraba el cerco en torno a altos cargos venezolanos, con una investigación abierta sobre Cabello, siguiendo acusaciones de testigos que dibujaban una situación de narcoestado. Cinco meses después, una información de «The Wall Street Journal» ratificó lo publicado por ABC. Según ha dicho el fiscal general (ministro de Justicia) de EE.UU., William Barr, «el régimen de Maduro es criminal y corrupto». «Mientras los venezolanos sufren, con esta trama se enriquecen por medio del dinero del narcotráfico y la corrupción», añadió Barr al revelar los cargos en una conferencia de prensa en Washington. Entre los imputados en juzgados federales de Nueva York, Washington y Miami están Maduro; Cabello; el juez del Supremo Maikel Moreno; el ministro de Defensa Vladimir Padrino López; el vicepresidente Tareck el Aisami; el mayor general del ejército Cliver Alcalá, y el jefe de inteligencia Hugo Carvajal (huido a España y hoy prófugo de la justicia). También se han presentado cargos contra Luciano Marín alias ?Ivan Marquez,? y Seuxis Paucis Hernández Solarte alias ?Jesús Santrich,? ambos líderes de las Farc.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Today, the U.S. announced rewards to bring former Maduro regime officials responsible for international narcotics trafficking to justice. The people of <a href="https://twitter.com/hashtag/Venezuela?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Venezuela</a> deserve a transparent, responsible, representative government that serves the needs of the people.</p>&mdash; Secretary Pompeo (@SecPompeo) <a href="https://twitter.com/SecPompeo/status/1243195481624379393?ref_src=twsrc%5Etfw">March 26, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Según la fiscalía el régimen venezolano ha inundado EE.UU. de cocaína en las pasadas dos décadas. Estiman los fiscales que las rutas abiertas por el régimen que hoy preside Maduro con asistencia de la guerrilla colombiana de las Farc han servido para inyectar en el mercado de la droga estadounidense hasta 250 toneladas métricas de cocaína. Si Maduro llegara a ser extraditado, se enfrenta a un juicio y una pena máxima de 50 años si es declarado culpable. Uno de los fiscales norteamericanos que han trabajado en este caso cinco años, Geoffrey Berman, asegura que «el alcance y la magnitud de esta supuesta trama de narcotráfico fue posible solo porque Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela y proporcionaron el amparo político y militar necesario para los crímenes de narcotráfico descritos en nuestros cargos». Es más, el fiscal Berman asegura que «Maduro y los otros acusados tenían la intención expresa de inundar EE.UU. de cocaína para perjudicar la salud y el bienestar del país. Maduro desplegó muy deliberadamente la cocaína como arma». Según los detalles dados por la fiscalía, el régimen de Maduro le ha otorgado a la guerrilla de las Farc el control de una serie de rutas para transportar cocaína dentro de territorio soberano venezolano. Esta trama permite operar a lo que el gobierno estadounidense denomina Cártel de los Soles, un grupo conformado primero por miembros corruptos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en las últimas décadas por elementos del gobierno bolivariano para el tráfico de drogas. Se le llama así por las insignias en forma de sol que llevan en la solapa los altos mandos militares de Venezuela. Según la acusación, Maduro y sus colaboradores forman parte de ese cártel desde 1999. <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">¡Ratifico mi denuncia! Desde EE.UU. y Colombia se conspira y han dado la orden de llenar de violencia a Venezuela. Como jefe de Estado estoy obligado a defender la Paz y la estabilidad de toda la Patria, en cualquier circunstancia que se nos presente. ¡No han podido ni podrán! <a href="https://t.co/jpE4c8JzFr">pic.twitter.com/jpE4c8JzFr</a></p>&mdash; Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) <a href="https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1243187029875331072?ref_src=twsrc%5Etfw">March 26, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Maduro ha respondido por medio de su cuenta de Twitter que es víctima de una conspiración internacional para apartarle del poder: «Ratifico mi denuncia! Desde EE.UU. y Colombia se conspira y han dado la orden de llenar de violencia a Venezuela. Como jefe de Estado estoy obligado a defender la Paz y la estabilidad de toda la Patria, en cualquier circunstancia que se nos presente. ¡No han podido ni podrán!». También ha avanzado la cadena CNN este jueves, citando fuentes de gobierno estadounidense, que el departamento de Estado tiene intención de incluir a Venezuela en la lista de países que patrocinan el terrorismo, en la que se incluyen ya Corea del Norte, Irán y Sudán. Este paso le permitiría al presidente cortar ayudas, la prohibición de venta de material militar y otras duras restricciones financieras. Cuba estaba en esa lista hasta que la retiró en 2016 el gobierno anterior, de Barack Obama. Lo más relevante es que con la inclusión en esta lista se puede penalizar a quienes hagan negocios con el régimen venezolano. Es cierto que las sanciones aplicadas hasta ahora han dificultado enormemente el comercio entre EE.UU. y Venezuela, pero quedan en este último país algunas petroleras que están cobrándose deuda. Esta decisión podría afectar, como en el caso de Irán, a empresas de países socios de EE.UU. que hagan negocios con el país sancionado, como es el caso de Repsol. El año pasado, EE.UU. reconoció al presidente d ella Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente encargado y representante legítimo del país, una decisión que después imitó medio centenar de países. En abril, altos funcionarios de EE.UU. apoyaron un pronunciamiento militar contra Maduro que fracasó por la traición, entre otros, del juez Moreno y el ministro Padrino, ahora imputados. Es el departamento de Estado, la diplomacia, la que incluye a determinados países en esta lista, de acuerdo con tres leyes que regulan este régimen. Este paso le permite al presidente cortar ayudas, la prohibición de venta de material militar y otras duras restricciones financieras. Cuba estaba en esa lista hasta que la retiró en 2016 el gobierno anterior, de Barack Obama. Lo más relevante es que con la inclusión en esta lista se puede penalizar a quienes hagan negocios con el régimen venezolano. Es cierto que las sanciones aplicadas hasta ahora han dificultado enormemente el comercio entre EE.UU. y Venezuela, pero quedan en este último país algunas petroleras que están cobrándose deuda. Esta decisión puede afectar, como en el caso de Irán, a empresas de países socios de EE.UU. que hagan negocios con el país sancionado, como es el caso de Repsol.
31-08-2019 | Fuente: abc.es
Los disidentes de las FARC cuentan con las armas que escondieron en Venezuela
Los excabecillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que esta semana anunciaron que volvían a las armas ?Iván Márquez, que era el número dos de la organización, y también los exdirigentes Jesús Santrich, Óscar Montero y Edison Romaña? podrán contar para su actividad delictiva con los alijos de armamento que el grupo narcoterrorista escondió en Venezuela, con la aquiescencia del régimen de Nicolás Maduro, antes de la firma del acuerdo de paz. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha denunciado que esos dirigentes tienen el apoyo de Maduro y sugiere que se encuentran en territorio venezolano, donde habrían grabado el vídeo que difundieron. El Gobierno colombiano los califica de «grupo armado organizado residual» y ha prometido combatirlos con todas sus fuerzas. La ONU, que supervisó el proceso de desarme de las FARC, atestiguó en septiembre de 2017 la entrega de 8.994 armas, cuando pocos meses antes el Gobierno de Colombia calculaba que la guerrilla disponía de 14.000. Fuentes en contacto con el Ejército colombiano aseguraron entonces que parte del arsenal no entregado se había escondido en zulos o caletas en Venezuela, país con el que Colombia comparte una larga frontera, cuya lado venezolano fue un «santuario» para las FARC desde la presidencia de Hugo Chávez. ABC ya advirtió en su día que el cierre fronterizo que Maduro prolongó durante casi un año hasta agosto de 2016 tenía como fin reducir la actividad en la zona, de forma que requiriera menos control policial y militar, y así dejar mayor libertad a las FARC para esconder sus armas. Hasta que eso ocurriera las FARC no iban a cerrar las negociaciones de paz en La Habana; y así sucedió: Maduro reabrió la frontera y pocos días después las FARC daban finalmente por alcanzado el acuerdo de paz. No está claro si esos antiguos dirigentes de las FARC que ahora han dado la espalda al proceso de paz y han roto con el grueso de la organización ?su líder, Timochenko, y la casi totalidad de los 6.800 guerrilleros que se desmovilizaron, siguen ajustados a la legalidad? lograrán sumar a otros disidentes. Nuevos reclutamientos En el momento de la firma de paz, unos 500 combatientes prefirieron seguir alzados en armas, manteniendo las actividades ilícitas que venían desarrollando, como el narcotráfico, despojados ya de cualquier retórica revolucionaria. Con el tiempo, otros disidentes y nuevos reclutamientos han elevado esa cifra a unas 2.000 personas, de acuerdo con las autoridades colombianas. Se trata de grupos autónomos, conocidos como «mafia ex-FARC», que no tienen por qué converger entre ellos o con el grupo de Iván Márquez. No obstante, al parecer uno de los cabecillas de temprana disidencia, Gentil Duarte, de supuesta presencia en Venezuela, les habría ayudado en la logística. Las Fuerzas Armadas colombianas estiman que en estos momentos hay unos 600 disidentes de las FARC en territorio venezolano. Es previsible, en cualquier caso, que haya confluencia entre el grupo de Márquez y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la única guerrilla colombiana en armas tras la desmovilización de las FARC. El propio Márquez así lo ha indicado y eso cuadraría con el interés de Maduro de contar con una fuerza guerrillera que apuntale su régimen. De hecho, el ELN está adquiriendo el carácter de organización colombo-venezolana, habiendo reclutado a unos 250 venezolanos e implicándose en la minería ilegal de oro en el interior de Venezuela, lejos de la frontera con Colombia. El general Hugo Carvajal, que fue jefe de la inteligencia militar tanto con Chávez como con Maduro y ahora atraviesa en España un proceso de extradición a Estados Unidos, aseguró en Twitter que «las FARC están en Venezuela y sin duda Maduro auspició su reagrupación», como parte «del plan de contingencia militar» de este. Durante la era de Chávez, Carvajal protegió los campamentos que las FARC tenían en Venezuela y estuvo en contacto directo con sus jefes, tal como ha puesto en evidencia la documentación en la que Washington basa sus acusaciones.
30-08-2019 | Fuente: abc.es
Mueren nueve disidentes de las FARC en una gran operación militar en Colombia
Al menos nueve integrantes de un grupo disidente de las FARC murieron en una operación militar de gran escala desarrollada en una zona rural de San Vicente del Caguán, antiguo bastión de esa guerrilla en el sur de Colombia, informó este viernes el Ministerio de Defensa. Entre los muertos en la operación, que incluyó un bombardeo y un desembarco aéreo, está uno de los cabecillas de ese grupo de disidentes identificado con el alias de «Gildardo Cucho», afirmó por su parte el presidente colombiano, Iván Duque, en un acto en la ciudad de Sincelejo. «Anoche autoricé al Comando Conjunto de Operaciones Especiales adelantar una operación ofensiva contra esta cuadrilla de delincuentes narcoterroristas que son residuales de lo que se conocía como las FARC y que hacen parte de las estructuras criminales que pretenden ahora desafiar a Colombia», manifestó Duque. Se estima que cerca de 1.800 personas forman parte de los 24 grupos de disidentes de las FARC que no se unieron o abandonaron el proceso de paz y que están dedicados al narcotráfico y la minería ilegal, si bien hasta el momento no hay información de que estén relacionados con el grupo de exlíderes que encabeza alias «Iván Márquez», que ayer anunció que vuelven a las armas. En su cuenta de Twitter, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que «los delincuentes están advertidos: se entregan o serán vencidos», razón por la que se puso en marcha la operación en San Vicente del Caguán, municipio que fue sede de los fallidos diálogos de paz con las FARC durante el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). La operación fue posible gracias a «una labor estratégica meticulosa e impecable» que hizo posible una intervención en la que «con todo el rigor cayó 'Gildardo Cucho', cabecilla de esa organización», explicó Duque. «Este criminal dedicado al narcotráfico, al secuestro, a la intimidación de líderes sociales, pretendía ser parte de esa estructura amenazante que ayer se presentaba al país como una nueva guerrilla, cosa que no es, porque es una cuadrilla de narcoterroristas», añadió el mandatario. Ivan Márquez, cuyo nombre de pila es Luciano Marín, anunció ayer que volvía a las armas junto a un grupo de exlíderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como Seuxis Paucias Hernández, alias «Jesús Santrich», Hernán Darío Velásquez, alias «El Paisa», o Henry Castellanos Garzón, alias «Romaña». Su anuncio incrementa el temor de que ese grupo, que ha abandonado el proceso de paz, se una a las bandas de disidentes y les confiera una fachada política, así como un mando único y jerarquizado.
30-08-2019 | Fuente: abc.es
No sorprende el anuncio de una disidencia de las FARC en el sentido de que vuelve a empuñar las armas. El jefe de esta facción, Iván Márquez, que dio la noticia y que encabezó el grupo negociador en La Habana, ya había advertido que el Gobierno de Iván Duque estaba incumpliendo el acuerdo firmado en 2016 por el anterior presidente, Juan Manuel Santos. Junto a Márquez aparecieron durante el anuncio otros exlíderes guerrilleros como Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, todos ellos nombres de guerra, algunos de los cuales son responsables de delitos graves. Es verdad que ha habido retrasos en la administración de Duque para cumplir lo pactado, que las autoridades no han podido evitar el asesinato de líderes sociales, y que un sector del partido de gobierno, bajo la batuta del expresidente Álvaro Uribe, ha querido modificar lo acordado con las FARC. Pero el asunto de fondo no es únicamente ese. El asunto de fondo es también que Iván Márquez y su grupo han seguido delinquiendo. Santrich apareció en un vídeo que ha servido como evidencia de que quería enviar un embarque de drogas ilícitas a Estados Unidos. En ese operativo encubierto, a cargo de la DEA, colaboró un sobrino de Iván Márquez. Santrich fue pedido en extradición por Washington y habría podido ser enviado a ese país, tal como quería Duque. Pero, al saber que no lo cobijaban los beneficios del acuerdo de paz y ante la demora de los tribunales, huyó. El lío es que él y sus amigos deben estar en Venezuela, protegidos por Maduro. Duque venció en las elecciones el año pasado tras derrotar a los candidatos de Santos, que respaldaban todo lo fijado en el acuerdo de paz. También venció en el plebiscito de 2016 sobre lo pactado, cuando hizo campaña por el No. Pese a todo eso, ha honrado buena parte de lo establecido. No en vano hay 10.000 excombatientes reinsertados y el exnúmero uno de esa guerrilla, Timochenko, vive en Bogotá y preside su grupo político. El Estado debe cuidarlos, y combatir a Márquez, a Santrich, a Romaña y a El Paisa. No será fácil. Cuando Duque llegó al poder, recibió un país con 200.000 hectáreas de coca, una de las más grandes extensiones en toda la historia. Y ese es el mayor combustible de la guerra.
29-08-2019 | Fuente: abc.es
Colombia dice que el vídeo de las FARC se grabó en Venezuela
Las autoridades de inteligencia de la Policía y del Ejército colombiano trabajan en la plena identificación de los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC) que aparecen en el vídeo junto a Iván Márquez, exnúmero dos del grupo, y que entrarán a la lista de los más buscados, según ha informado El Tiempo. Fuentes de la fuerza pública le confirmaron a El Tiempo que «Iván Márquez», «El Paisa» y «Romaña» sostuvieron una reunión en mayo de este año en territorio venezolano. «Al menos dos o tres veces se reunieron en el país vecino, muy seguramente para concretar esta nueva alianza criminal», dijo la fuente. Señaló que por estar en un territorio extranjero no se podía actuar contra ellos, porque además gozaban de la protección jurídica de la JEP, la cual no podían vulnerar. La fuente señaló que la mayoría del grupo se ha mantenido en Venezuela y aún no ingresa a territorio nacional. «No tenemos duda que el video difundido esta madrugada fue grabado en Venezuela, donde hay presencia del Eln. Pero obviamente se está analizando para entregar un informe oficial», señaló la fuente. Añadió que el hecho de que Iván Márquez sea el nuevo portavoz es evidencia de cómo será la estructura jerárquica de ese nuevo grupo ilegal. Las fuentes señalaron que la idea de alianzas con otros grupos ya la había ambientado «Jesús Santrich» en la X Conferencia, realizada en septiembre de 2016, la última realizada por la guerrilla para que las bases refrendaran lo pactado en La Habana, en la que se planteó la necesidad de considerar qué tipo de alianzas se mantendrían con estructuras clandestinas como el Partido Comunista Clandestino, el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, las milicias y el ELN. El comisionado de paz, Miguel Antonio Ceballos, confirmó que se grabó en el país vecino. «El hecho de que Iván Márquez anuncie esa alianza con el ELN no hace sino confirmar que muy posiblemente ese video que este jueves presentaron al país haya sido hecho en territorio venezolano y con el apoyo del ELN». Reconocimiento de cada miembro Asimismo, fuentes oficiales señalaron que los investigadores iniciaron el reconocimiento morfológico de las personas que se encuentran en el video para avanzar junto a la Fiscalía en su judicialización. En todo caso, estar portando armas después del acuerdo ya es un delito que no es parte del conflicto por lo que se podría avanzar en nuevos procesos penales en su contra. El Ministerio de Defensa tendrá que definir en su comité de seguridad si los cataloga como una guerrilla o si los enmarca como Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR). En ambos casos en su contra el Estado podría aplicar su poder de fuego incluyendo los bombardeos.
29-08-2019 | Fuente: abc.es
El exnúmero dos de las FARC, «Iván Márquez», anuncia que retoma las armas
El que fuera número dos de la guerrilla colombiana de las FARC, alias «Iván Márquez», cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año, reapareció hoy en un vídeo junto con otros exlíderes de ese grupo para anunciar «una nueva etapa de lucha» armada. «Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia (lugar de nacimiento de las FARC hace más de medio siglo) bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión», afirma Márquez en el vídeo divulgado en internet, en el que aparece al lado de una veintena de hombres armados con fusiles. Entre quienes le acompañan se puede ver a Seuxis Paucias Hernández, alias «Jesús Santrich» y a Hernán Darío Velásquez, alias «El Paisa», que hace meses dejaron de cumplir sus compromisos con la Justicia Especial para la paz (JEP).
10-07-2019 | Fuente: abc.es
El exlíder de las FARC, Jesús Santrich, planta a la Corte Suprema en desafío al acuerdo de paz
El exlíder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias «Jesús Santrich», planta a la Corte Suprema de Justicia que lo había citado a indagatoria en un proceso por narcotráfico, ausencia con la que dio la espalda al acuerdo de paz y que llevó al alto tribunal a ordenar su captura. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia esperaban a Santrich, miembro de la Cámara de Representantes, pero su defensa, encabezada por el abogado Eduardo Matías, dijo desconocer su paradero, situación que ya había sido denunciada por el Gobierno el pasado 30 de junio y que condenaron distintos sectores políticos. «La inasistencia de Jesús Santrich a la indagatoria programada por la Corte Suprema de Justicia para hoy no solo es un grave incumplimiento al acuerdo de paz, es también un incumplimiento a los miles de exguerrilleros que sí están comprometidos con la construcción de la paz», ha manifestado en su Twitter el senador Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo (PDA). La crítica reviste especial importancia al partir de Cepeda, copresidente de la Comisión de Paz del Senado y uno de los más firmes impulsores del proceso que condujo al desarme y desmovilización de las FARC. «Inaceptable la conducta de Santrich. Debe ser excluido del proceso. Y (la justicia) ordenar su captura», expresó por su parte el exjefe negociador de paz del Gobierno en los diálogos con las FARC, Humberto de la Calle. El proceso contra Santrich y por el cual es pedido en extradición por EE.UU. es por un supuesto delito de narcotráfico cometido después del 1 de diciembre de 2016 cuando entró en vigor el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC el 24 de noviembre del ese año. Sin embargo, en mayo pasado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le concedió a Santrich la garantía de no extradición con el argumento de que las pruebas aportadas por Estados Unidos eran insuficientes y el caso pasó a la Corte Suprema que debe definir su situación. «Santrich se burla de todo el mundo» A las críticas contra Santrich se sumó el Gobierno colombiano por medio del consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien aseguró que el exlíder guerrillero se burla de todo el mundo al no comparecer ante la Corte. «Se está burlando de todo el mundo, se está burlando de su propio partido, se está burlando de su propia gente a la que está dejando dentro del proceso, se está burlando de la justicia que le dio todas las oportunidades y las garantías que necesitaba", aseguró Archila. El funcionario puso como ejemplo a los demás exguerrilleros, de quienes dijo que sí están cumpliendo sus compromisos con la paz. «El resto de excombatientes están dentro de su proceso, están acudiendo a la justicia, respondiendo a sus víctimas y dentro de sus procesos de reincorporación», añadió Archila. A la salida de la fallida indagatoria el abogado Matías recalcó que desconocen el paradero de Santrich y que no hablan con él desde hace unos 15 días, cuando finalizó el periodo de sesiones del Congreso. «El despacho optó por levantar la sesión, (dijeron) que después tomaban una decisión, pero no sabemos cuándo será», afirmó Matías en medio de una nube de periodistas ante los cuales reconoció que la Corte Suprema de Justicia ha dado todas las garantías en el proceso, pero que desde el Ejecutivo no ha sido así. Horas después la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema consideró «injustificada» la ausencia de Santrich y ordenó una «orden de captura con fines de indagatoria por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes». La Corte señaló que a Santrich se le había privilegiado «su derecho fundamental a la libertad» y en vista de su no comparecencia remitirá a Interpol la orden de captura «para activar el trámite de publicación de notificación roja». Santrich, que el 11 de junio pasado asumió el escaño en la Cámara de Representantes para el cual fue indicado por el partido FARC, dejó plantados a los escoltas de su esquema de seguridad oficial el pasado 29 de junio y desde entonces se desconoce su paradero. Según el Gobierno, Santrich estuvo hasta ese día en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, situado en el departamento del Cesar (norte), donde desmovilizados de las FARC terminan de hacer su reincorporación a la vida en sociedad.
10-07-2019 | Fuente: elpais.com
La justicia de Colombia ordena la captura del exjefe de las FARC Jesús Santrich
El exguerrillero, requerido en Estados Unidos por narcotráfico, había incumplido una citación judicial