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Noticias de ivan duque

24-09-2020 | Fuente: abc.es
Las protestas en Colombia abandonan la cuarentena
En Colombia, las protestas han salido de la cuarentena. Y ya muestran su nueva normalidad: el lunes pasado, en una jornada nacional avisada con antelación por el Comité Nacional de Paro, conformado, entre otros, por centrales obreras, colectivos de jóvenes, maestros y pensionados, el país volvió a marchar. La convocatoria, temida por los gobiernos locales y el nacional luego de los violentos hechos del pasado 9 y 10 de septiembre principalmente en Bogotá, aunque también con impacto en otras ciudades, para sorpresa del país transcurrió en casi total calma, si se la compara con lo sucedido a principios del mes tras el asesinato de Javier Ordoñez a manos de policías, conformando un caso más de exceso de la fuerza pública que desembocó en dos días de violencia, muerte y caos que no se veían en la ciudad desde hacía décadas. El saldo, 13 muertos, 202 civiles heridos ?buena parte de ellos por la propia fuerza pública, como está en investigación-, 194 policías heridos y la destrucción de estaciones de policía en diferentes partes de la ciudad, en especial en las zonas más populares, además de comercio, transporte público y hasta las fachadas de casas en zonas residenciales. Y, ante todo, un rechazo generalizado en el país por los abusos de la fuerza pública y su comportamiento vandálico, pero también un repudio a la violencia de grupos de vándalos que se infiltran para arrasar con todo. Por eso, las marchas de 21S ?como se denominaron- parecían generar mayor atención por lo que podría suceder que por las demandas al gobierno nacional que llegaban nuevamente a la calle. Cabe recordar que el pasado mes de noviembre el país vivó una serie de marchas de protesta por el asesinato de líderes sociales, el incumplimiento del Acuerdo de Paz y por reivindicaciones salariales y sociales estancadas o afectadas por la reforma tributaria y pensional propuesta por el gobierno de Iván Duque. Todo quedó congelado con el fin de año, unas mesas de diálogo instaladas para tratar cada tema y la llegada del Covid-19, lo que le pudo dar tiempo para avanzar al gobierno y concretar resultados que disminuyeran la presión desde ese flanco. Pero, por el contrario, la pandemia trajo un impacto económico que se suma a los reclamos previos, el asesinato de líderes sociales no ha tenido respiro y el número de masacres ha aumentado de manera pavorosa. El cuadro clínico de la salud económica y social del país luce hoy más riesgoso que el virus. De ahí las nuevas protestas, a las que se suman las exigencias para la reforma de la policía y los métodos de represión utilizados para sofocar la legítima protesta social. La propia Corte Suprema de Justicia, en respuesta a una tutela presentada en abril pasado por ciudadanos y facultades de derecho de prestigiosas universidades del país por los excesos de la fuerza pública durante las marchas de noviembre de 2019, sentenció el martes que los escuadrones antidisturbios deben dejar de usar la escopeta calibre 12, entre otros esquemas, hasta tanto no se revisen protocolos y garantías en su uso. El gobierno respondió con su determinación de llevar la sentencia a la Corte Constitucional para su revisión. En todo caso, las marchas seguirán su curso amparadas por esta sentencia que los expertos y defensores de derechos humanos colombianos e internacionales consideran crucial para el ejercicio de la protesta social, a la que cada día más se le trata de poner el rótulo de acciones de grupos subversivos o similares para cuestionarla o sofocarla con métodos muy distantes de los derechos constitucionales. El debate, entonces, ya no solo dará en las calles sino en los estrados. El laberinto del caso Uribe La semana pasada se daba por descontado que Álvaro Uribe Vélez, el expresidente y hoy exsenador, saldría de la reclusión domiciliaria a la que está sometido desde el pasado 3 de agosto, gracias a que su expediente fue entregado por la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía para que siguiera su curso ya como ciudadano del común y no amparado por su investidura de congresista pues los cargos por soborno a testigos y fraude procesal que se le imputan no se relacionan directamente con su cargo. Pero las cosas no han sucedido como se pronosticó dentro de las movidas jurídicas de su grupo de abogados. Al renunciar a su curul como senador, Uribe Vélez lograba que el caso pasara de la Suprema, donde el exmandatario dice no contar con la imparcialidad que merece todo ciudadano, a la justicia ordinaria que lidera la Fiscalía. Ahora precisamente por el cuidado que ha tenido la justicia en las garantías procesales, el rio se devuelve. La jueza de control de garantías de la Fiscalía devolvió el proceso a la Corte, esta vez a la Sala Plena, para que defina un asunto no menor y propio del galimatías jurídico colombiano: ¿el caso del expresidente se debe seguir por la ley 600 del año 2000 o por la nueva ley 906 de 2004. Según se defina, si el caso sigue por la vieja ley 600, todo el proceso se mantiene, pero si cambia a la ley 906 volvería a empezar casi de ceros, echando por tierra la recolección de pruebas, indagatorias y demás acervo procesal. De allí que más que la libertad de Uribe Vélez, lo que está en juego es la continuidad de este caso que ha hecho historia en Colombia. Mientras tanto, le toca permanecer bajo llave en su hacienda El Ubérrimo.
19-09-2020 | Fuente: abc.es
Pompeo visita Brasil con la vista puesta en Venezuela
El hombre más importante de la diplomacia estadounidense, el secretario de Estado, Mike Pompeo, visitó Brasil el viernes con la mira puesta en Venezuela. El norteamericano llegó a la ciudad brasileña de Boa Vista, en la frontera con Venezuela para visitar los albergues de refugiados que huyen de la crisis humanitaria en ese país y del Gobierno de Nicolás Maduro, además de unirse a los países vecinos con posiciones contra el régimen bolivariano. «El secretario Pompeo resaltará la importancia del apoyo de Estados Unidos y de Brasil al pueblo venezolano en su momento de necesidad, visitando inmigrantes venezolanos que huyen del desastre provocado por el hombre en Venezuela», informó la embajada estadounidense en Brasil. Pompeo fue recibido por el canciller brasileño, Ernesto Araujo, en Boa Vista, capital del estado brasileño de Roraima y principal punto de entrada a Brasil de refugiados venezolanos. La visita, sin embargo, generó críticas entre los críticos del Gobierno brasileño que consideran a Araujo y al presidente Jair Bolsonaro, serviles con el mandatario estadounidense Donald Trump. El presidente del Congreso brasileño, Rodrigo Maia, por ejemplo, criticó la presencia de Pompeo en Roraima a 45 días de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. «Es contra las tradiciones de autonomía y orgullo de nuestras políticas exteriores y de defensa», reclamó en una nota, resaltando que Brasil orienta sus relaciones internacionales con base en los principios de independencia, autodeterminación de los pueblos, no intervención y defensa de la paz. Pese a decir que Venezuela no está en su agenda, Pompeo llegó a decir que Estados Unidos «sacará» a Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela, y en un acto simbólico se reunió con una familia venezolana formada por nueve miembros, que está hace diez meses en Brasil, huyendo de la crisis humanitaria en su país. «Estoy muy feliz de que mi familia haya sido la escogida para este encuentro», declaró Gerardo Anatrella, de 52 años, al diario Folha de Boa Vista, sobre el encuentro que fue organizado en conjunto con la Agencia de la ONU para refugiados (ACNUR) y la Fuerza Tarea que recibe a los inmigrantes venezolanos que llegan a Brasil por esa frontera. La frontera entre Brasil y Venezuela está cerrada hace seis meses y el número de refugiados que se arriesgan a cruzarla ha disminuido incluso por el coronavirus. La visita de Pompeo coincide con una presión mayor de Estados Unidos al Gobierno de Maduro, cuando se acercan las elecciones presidenciales, en lo que puede ser un mensaje a la comunidad hispánica. El mensaje estaría dirigido especialmente a Florida, donde reside la mayor comunidad de exiliados venezolanos, alrededor de 200 mil, y estado clave en las elecciones norteamericanas, que están apretadas entre Trump y su rival demócrata Joe Biden. El gobernador de Roraima, Antonio Denarium, informó que Estados Unidos invirtió US$ 50 millones en su estado para apoyar el refugio de venezolanos y ayudar a enfrentar la crisis humanitaria. Vecinos de Venezuela Surinam fue la primera parada de Pompeo que incluye en su gira, Guyana y Colombia, además de Brasil. Es la primera vez que un alto funcionario norteamericano visita Guyana y Surinam, justo en el momento en que ambos países acaban de renovar sus Gobiernos. En Guyana, Pompeo llegó un mes y medio después de la investidura del presidente, Irfaan Ali. En Surinam se reunió con el presidente recién electo, Chan Santokhi. Observadores internacionales ven en la visita una estrategia de Trump para acorralar a Maduro. Trump y Pompeo estarían apostando en el nuevo Gobierno de Guyana y en el alineamiento de esos países a su política contra la Venezuela Chavista. El secretario sigue viaje a Bogotá, donde debe reunirse con el presidente de Colombia, Ivan Duque. Malestar con China La visita de Pompeo creó también malestar en la diplomacia china, en un momento que el país viene siendo blanco del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, censurando las redes sociales de ese país, Tik Tok e We Chat, en territorio norteamericano. En su visita a Surinam el secretario de Estado norteamericano acusó a las empresas chinas de prácticas desleales en el comercio. «Vimos al Partido Comunista Chino invertir en países, y todo parece buenísimo en la fachada, pero se desmorona cuando los costos políticos vinculados a eso, se vuelven claros», declaró Pompeo durante un encuentro con Chan Santokhi, presidente recién electo de Surinam. El diplomático estadounidense comparó la "calidad de los productos y servicios" chinos con los de su país, y afirmó que no siempre compiten en una base justa ni igualitaria. El gobierno norteamericano ha perdido espacio en los últimos años en la región, mientras que el Gobierno de Pekín aprovechó el boom sudamericano de materias primas hasta el 2014, con grandes inversiones y estrechando lazos políticos en la región. En una nota de prensa, la embajada china en Paramaribo informó que cualquier intento de sembrar la discordia con Surinam será un fracaso. «Le aconsejamos al señor Pompeo que respete los hechos y la verdad, a respetar los hechos y la verdad, a abandonar la arrogancia y el prejuicio y parar de difamar y difundir rumores sobre China», dice el comunicado.
04-09-2020 | Fuente: abc.es
El expresidente Uribe, a un paso de la libertad y de la Fiscalía
En Colombia no solo la vida da muchas vueltas, sino también la justicia. Hace un mes, el país político quedó paralizado ante la detención domiciliaria que le fuera dictada por la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno de testigos. Ahora, sus partidarios, sus detractores y especialmente su equipo de defensa espera que le sea levantada esa medida tras su renuncia a la curul de senador, el pasado 18 de agosto, con lo cual su el caso se le va de las manos a los cinco magistrados de la Sala de Instrucción Penal de la Suprema y pasa a las de la Fiscalía General. Así lo confirmó la propia Corte Suprema el pasado 1 de septiembre tras revisar la petición que hiciera el 20 de agosto la defensa de Uribe Vélez, en el sentido de trasladar el expediente a la Fiscalía argumentando que, al haber renunciado al Congreso, ésta perdía competencia sobre el senador. En 64 páginas los magistrados expusieron sus motivos, concepto que previamente también había emitido la Procuraduría. Este cambio de tercio despertó nuevamente toda clase de especulaciones y, como es costumbre en Colombia, desencadenará acciones jurídicas de la contraparte. La Corte argumentó que los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos que se le imputan a Uribe Vélez son comunes y no tienen relación directa con su cargo como congresista. De allí que su caso pase a la Fiscalía. Pero la pregunta para el senador Iván Cepeda, la contraparte en el caso, y para los detractores del exmandatario es precisamente qué garantías puede dar la Fiscalía, entidad liderada por Francisco Barbosa, jurista que hasta hace unos meses hacía parte del gobierno del presidente Iván Duque y es cercano al partido Centro Democrático que lidera Uribe Vélez. Recusación Es importante recordar que además de antagonista político del expresidente Uribe, Iván Cepeda es la víctima de la investigación que adelantaba la Corte Suprema. Si bien aceptó la determinación de la misma, ha anunciado que pedirá que tanto el Fiscal Barbosa como la vicefiscal Mancera sean apartados del caso y se nombre un fiscal ad hoc como garantía de imparcialidad para un proceso que en esta última etapa lleva dos años, aunque suma ya ocho de confrontación judicial, iniciada por Uribe Vélez al denunciar a Cepeda precisamente por lo que ahora él es acusado: manipulación de testigos y fraude procesal. Aún la Corte no ha enviado la boleta de salida de la detención domiciliaria de Uribe Vélez, aunque sus abogados la solicitaron de inmediato se supo el concepto de los magistrados. El proceso, que se debe cumplir esta semana, se ha dilatado precisamente por reuniones que han sostenido delegados de la Fiscalía, incluido el propio Fiscal Barbosa, con los magistrados. Un nuevo capítulo se aproxima, para el cual los protagonistas no ahorrarán recursos jurídicos y publicitarios. Mientras los hijos del exmandatario invierten cuarenta mil dólares mensuales en la recién lanzada campaña digital «Free Uribe», que además busca atacar al senador Cepeda y cuestionar a los magistrados del a Corte, organizaciones internacionales que desde enero crearon una plataforma digital de seguimiento al caso, esta semana la abrieron al público como contrapeso a la otra iniciativa. Mientras tanto, los colombianos del común tratan de hacerle el quite a la pandemia y a la gran crisis económica que se siente ya con un paro del 20.2%. La corrupción y la seguridad son dos temas que, según la más reciente encuesta Invamer, también los preocupan, a lo que se suma el complejo y lento proceso que inició el país el pasado 1 de septiembre para retomar su nueva y extraña normalidad.
23-08-2020 | Fuente: abc.es
El riesgo de «mexicanización» persigue a Colombia
Este viernes la Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó una nueva masacre. Esta vez las cinco víctimas fueron asesinadas en el corregimiento de El Caracol, en el departamento de Arauca, al noreste del país. Ese mismo día, otras seis personas fueron asesinadas en El Tambo, en el Cauca. Y en la mañana de ayer, el gobernador de Nariño denunció que en Tumaco, ciudad sobre el Pacífico y territorio asfixiado por la violencia y la pobreza, hubo otra matanza más, con seis personas asesinadas horas antes de la llegada del presidente Iván Duque para realizar un consejo de seguridad. En 24 horas, tres masacres y 17 muertos. En tres días las cifras de Naciones Unidas quedaron desactualizadas: ahora son 36 matanzas en lo que va de año ?más de una por semana? y otras siete están por confirmar. La ONU registra 97 asesinatos de defensores de derechos humanos, 45 de ellos ya confirmados. El horror no cesa. Paradójicamente, según las cifras de homicidios emitidas mensualmente por Medicina Legal, en mayo de 2020 hubo 3.922, mientras que el mismo mes de 2019 fueron 4.658. Visto con esa lupa, ha habido una reducción en los crímenes, tendencia que no es nueva. Pero con la de la Fiscalía, según datos solicitados por el diario «El Espectador», desde la firma del Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre de 2016, hasta julio de 2020, en Colombia fueron asesinados 349 líderes sociales. El 52% de estos crímenes ocurrieron durante los dos primeros años del gobierno de Iván Duque. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Hay una espiral de violencia, un retroceso? ¿Todo es culpa del narcotráfico? ¿De los acuerdos con paramilitares de derecha y la guerrilla izquierdista? ¿Es por el desgobierno actual, por el anterior? Juan Carlos Garzón, director de Dinámicas de Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), afirma: «Colombia está muy lejos de la violencia que vivimos en procesos anteriores. Hay ciclos claros: uno después del Caguán ?negociación fallida con las FARC (1998-2002)?, con el enfrentamiento entre paramilitares y guerrilla. Desmovilizados los paramilitares (2006), viene otro ciclo de violencia y masacres más fuertes; ahora estamos viendo uno nuevo, después del desarme de las FARC: hay un deterioro de la seguridad que se inicia en el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y se mantiene en el de Duque. 2018 fue muy duro, en 2019 hubo cierta estabilidad y en 2020 estamos entre la pandemia y este ciclo reciente de violencia». Para el senador Roy Barreras, negociador del Acuerdo y duro detractor del Gobierno actual, «lo que sucede es que el Estado estaba obligado a ocupar el territorio que controlaban las FARC. Pero el actual Gobierno no se ha tomado en serio esa tarea y así las zonas tienen hoy diversas organizaciones criminales como denominador común: el narcotráfico. El intento del partido de Gobierno de hacer trizas la paz terminó, paradójicamente, por hacer trizas la seguridad». Por el contrario, Emilio José Archila, consejero presidencial para la estabilización y consolidación, argumenta que «a pesar de las inmensas dificultades que tenemos por la mala planificación que traía el proceso y porque nos dejaron sin la plata, tenemos resultados claros», entre ellos, dice, la reducción del 9% en los cultivos de coca, el secuestro ha caído en un 19% frente al año anterior y fue creado el Plan de Acción Oportuna (PAO) para la protección de líderes sociales. «Además, menos del 1% de las familias de sustitución se ha retirado del programa. Y hay que precisar que, de los 170 municipios priorizados para la implementación del Acuerdo, 120 tienen cultivos de coca», señala. Mucho plan, poca acción Pero no todo lo explica el narcotráfico. «¿Qué ha sucedido con la fuerza pública en ausencia de las FARC? La respuesta ?dice Garzón? es una crisis de identidad donde se perdió el norte estratégico. Antes tenía una amenaza identificada y, en teoría, las capacidades para enfrentar a las FARC iban a servir para el ELN. Pero pasaron por alto que hay varios grupos que se disputan las economías ilegales en el territorio. El Estado colombiano se preparó para enfrentar grandes organizaciones, pero no está preparado para enfrentar la fragmentación», y las fuerzas armadas han perdido legitimidad tras los escándalos de abusos y corrupción. ¿Hay una mexicanización de Colombia? Para María Victoria Llorente, experta en seguridad y cabeza de la FIP, «hay dinámicas similares en términos de fragmentación y violencia muy focalizada. Los cárteles mexicanos tienen influencia, pero no conforman los grupos armados, digamos que garantizan el producto (drogas ilícitas)». Para ella, además, el incremento de la violencia actual también se explica porque, aunque «el Gobierno tiene una política de seguridad nacional con una visión contemporánea para llevar toda la potencia del Estado a las zonas cruzadas por la violencia y las rentas ilegales, el único que finalmente llega es el ejército. Y hoy es evidente que no hay despliegue del Estado; muchas presentaciones de Power Point, pero poca ejecución y un liderazgo civil muy pobre». «La paz se firmó con las FARC, pero la violencia no se reducía a esa guerrilla» Emilio Archila, consejero presidencial para la implementación del Acuerdo de paz entre el Gobierno Santos (2010-2018) y las FARC, advierte de que «la violencia no se reducía a esa guerrilla». «Hay otros factores que afectan ?explica?, como no haber negociado con el ELN. Las violencias paralelas no marcan el fracaso de la implementación del Acuerdo; nada de lo que yo haga logrará que esa guerrilla deje de atacar el oleoducto, el narcotráfico, el secuestro, la violencia». Según Archila, se está «avanzando en el acuerdo con la FARC, de forma ordenada y planificada para garantizar que los excombatientes mantengan su proceso hacia la legalidad. Lo que sigue es acabar las economías ilegales de coca, amapola, marihuana y llegar con el Estado a esos territorios. Pero se olvida, de buena o mala fe, el tiempo que toma, 15 años. La dejación de las armas es solo un paso».
12-08-2020 | Fuente: abc.es
Apoyo sin fisuras a Uribe de 21 expresidentes iberoamericanos
La «detención preventiva» domiciliaria, por presunta manipulación de un testigo, de Álvaro Uribe Vélez, actual senador y dos veces presidente de Colombia (2002 - 2010), ha unido en un frente de defensa común, a 21 expresidentes iberoamericanos. En una «Declaración de solidaridad», los exmandatarios lamentan que la Corte Suprema de Justicia, intervenga en «una controversia política con otro senador de Colombia, que ha sido judicializada». «La controversia política con otro senador», a la que se refieren los expresidentes, entre los que figura José María Aznar, tiene su origen en el enfrentamiento judicial con Iván Cepeda, el senador al que Uribe acusó de presionar a Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar, para que le vinculara con aquellos escuadrones de la muerte que surgieron como respuesta a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). La Corte cerró, después de cuatro años, la denuncia y convirtió al acusador en acusado ordenando, como medida cautelar, el arresto domiciliario del expresidente que, supuestamente, habría ordenado, mediante intermediarios, comprar a Monsalve. La lista completa de exmandatarios que suscriben el manifiesto la integran Andrés Pastrana, antecesor de Uribe en la Presidencia, Óscar Arias (Costa Rica), Enrique Bolaños (Nicaragua), Mireya Moscoso (Panamá), Rafael Cristiani (El Salvador), Vicente Fox (México), Mauricio Macri (Argentina), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Jamil Mahuad (Ecuador), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Juan Carlos Wasmosy (Paraguay), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Felipe Calderón (México), Rafael Angel Calderón (Costa Rica), Osvaldo Hurtado (Ecuador), Ricardo Martinelli (Panamá), Gustavo Noboa (Ecuador), Ernesto Pérez Balladares (Panamá) y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica). En el texto, los expresidentes, agrupados en IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas), destacan que, «a raíz de su ejercicio de gobierno, dentro de los cauces de la democracia», Uribe tuvo que enfrentar «a las fuerzas del narcotráfico en su alianza con la guerrilla de las FARC y el ELN», organizaciones terroristas que cometieron «crímenes atroces y de lesa humanidad». En el mismo documento, recuerdan las palabras del actual presidente de Colombia, Iván Duque, que salió en defensa de su padrino político, «una persona ?dijo? que ha tenido el honor de presidir este país debe poder defenderse en libertad». En este contexto, los expresidentes advierten que las FARC, hoy convertidas en partido, y sus simpatizantes, «celebran como logro la prisión domiciliaria», desde hace una semana, del hombre que sufrió 17 atentados, «mientras ayer defendían la libertad otorgada por la misma Sala de la Corte a su camarada, Seuxis P. Hernández, alias ?Jesús Santirch?, acusado de narcotráfico». La decisión de la Corte, en rigor, es un arresto preventivo o, en palabras de Roger Noriega, ex subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, se trata de una «detención sin cargos formales». En una columna en el diario «El Tiempo», de Colombia, Noriega exhombre fuerte de George Bush en Latinoamérica, considera que el paso que dio la Corte responde más «a una cacería de brujas política» que a «un proceso judicial». Más sutiles, los expresidentes agrupados en IDEA que salieron a respaldar a Uribe afirman: «?la democracia y el Estado de Derecho quedan gravemente comprometidos cuando se ideologizan». Noriega avala la tesis de la conspiración contra el expresidente y afirma que «durante dos décadas, los opositores de Uribe han intentado y no han podido corroborar sus supuestos vínculos paramilitares». Considera al senador Cepeda un «izquierdista» de «educación comunista, entrenamiento búlgaro y una larga trayectoria defendiendo a las FARC», como uno de los cabecillas de esa «cacería de brujas» que se ha desatado contra Uribe, el hombre que, prácticamente, desarticuló a las Autodefensas Unidas y asestó los golpes más duros a las FARC. Ocho años Por el contrario, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, también en El Tiempo, critica que «los partidarios de Uribe han politizado completamente el debate, como si la resolución judicial fuera sobre el legado histórico de la presidencia de Uribe y no sobre un caso concreto de manipulación de testigos». Alvaro Uribe, de 68 años, podría verse obligado a ceder su escaño si la Corte Suprema, -de momento sin pronunciarse sobre este extremo-, se manifestará en ese sentido. Lo irónico de esta medida sería que la media docena de senadores de las FARC, designados por el proceso de paz de Juan Manuel Santos, permanecerán en los suyos, aunque nadie los haya votado. La detención d+omiciliaria de Uribe, ordenada por la Corte ,se adoptó en el marco de una investigación judicial, con ramificaciones, que se ha prolongado por espacio de ocho años y presumiblemente, no estará concluida hasta dentro de otros dos.
04-08-2020 | Fuente: abc.es
El Supremo de Colombia ordena la detención del expresidente Álvaro Uribe
A mediodía de este martes, mientras el mundo se sorprendía con el estallido en el puerto de Beirut, en Colombia otra explosiva noticia empezó a circular: a pesar de las presiones de todos los grupos políticos, tanto en contra como a favor, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sobre quien esa instancia lleva a cabo, desde 2019, un proceso por manipulación de testigos. «La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria», señaló el exmandatario colombiano, quien lideró el país entre 2002 y 2010. El presidente Iván Duque, pupilo de Uribe Vélez y quien por estos días cumple dos años de haber llegado al poder gracias al partido liderado por el expresidente, pidió el lunes por la mañana el respeto por el debido proceso y que, como cualquier ciudadano, reciba todas las garantías. Duque afirmó que «Álvaro Uribe Vélez es una persona que a lo largo de su vida le ha demostrado a Colombia patriotismo y entrega. Y sería muy triste que una sociedad, esta sociedad colombiana, nosotros viéramos a quienes laceraron el país, después de tantos años sin tener una condena, pasando de adalides de la moral, y que veamos a las personas que lucharon por la legalidad y la seguridad en un proceso que les limite y les cerceno sus derechos». Ese es el argumento de los seguidores de Uribe Vélez, a quien presentan como el luchador contra la guerrilla y el narcotráfico, más allá de las consideraciones judiciales de sus actos, que es precisamente a lo que se refiere la Corte y por eso tomó la determinación. Los detractores del exmandatario, en este momento en detención domiciliaria, señalan que por fin se ha hecho justicia con un incuestionable líder político del país, pero que consideran ha procurado ponerse por encima de la ley, haciéndole un esguince a la justicia, contratando testigos por interpuesta persona, su abogado Diego Cadena ?a quien la corte le resolverá su situación este viernes y se espera reciba cárcel por los hechos? para que testificaran en contra del senador de izquierda Iván Cepeda, quien fue quien destapó lo que desde un inicio ha sido evidente como un tinglado de pago de testigos. El material probatorio en manos de la Corte Superna es el que permite este llamado a juicio al hoy senador, cuyo caso se abrió en 2018 y el 2019 entró en esta fase final de llamamiento a juicio a Uribe Vélez. Otros líderes políticos y ciudadanos, no alineados con ninguno de los dos grupos políticos encontrados, comentaron que la justicia debe ser respetada, un proceso de 2.400 folios y 10 meses de estudio del magistrado César Reyes, lo que llevó a esta histórica detención.
26-06-2020 | Fuente: abc.es
Siete soldados colombianos aceptan los cargos por la violación de una niña indígena
Los siete soldados acusados de violar a una niña indígena del pueblo embera-chamí en el departamento de Risaralda (centro) aceptaron cargos por el delito de acceso carnal abusivo, seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice, informó este jueves el fiscal general, Francisco Barbosa. «El día de hoy la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a siete soldados regulares que presentaban su servicio militar obligatorio (..) se les solicitó también medida de aseguramiento en establecimiento carcelario como presuntos responsables del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado», dijo Barbosa en una rueda de prensa en Cali (suroeste). La niña de 12 años, perteneciente al pueblo embera katío, habría sido secuestrada y violada el lunes pasado en el caserío de Santa Cecilia en el departamento de Risaralda (centro) por siete uniformados del Batallón San Mateo. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) hizo pública la denuncia en la mañana del miércoles en un comunicado en el que el gobernador del resguardo Gito Dokabu-embera katío, Juan de Dios Queragama, solicitó a las autoridades la entrega de los militares implicados a la justicia indígena. A la cárcel El juez Promiscuo Penal Municipal de Pueblo Rico, municipio donde ocurrieron los hechos, decidió enviar a prisión a los militares involucrados, medida que deberá aplicarse en una guarnición militar que cuente con las condiciones necesarias. «Ellos mancharon su uniforme y la dignidad de la niñez de Colombia», expresó Barbosa, quien agregó que «en menos de 72 horas, en un enlace con las diferentes autoridades y en una acción liderada por la delegada para la Seguridad Ciudadana y la Seccional Risaralda, se produce un resultado contundente en un hecho doloroso para los colombianos». Ante la gravedad de lo ocurrido, el presidente colombiano, Iván Duque, manifestó ayer que el Gobierno va a «enfrentar a los violadores y asesinos de niños en este país con toda la contundencia», y agregó que si toca «inaugurar la cadena perpetua» aprobada la semana pasada en el Congreso con este caso, se hará. El Senado de Colombia aprobó la prisión perpetua para los violadores de niños, iniciativa que reforma el artículo 34 de la Constitución. Petición de la Defensoría La Defensoría del Pueblo pidió este jueves al Ejército y al Ministerio de Defensa que «hagan una investigación exhaustiva para determinar las condiciones institucionales que permitieron que aconteciera este grave hecho». «Cuando la violencia sexual además es cometida por miembros de la fuerza pública, a quienes se les confió el uso de las armas del Estado, es una grave violación de los derechos humanos y particularmente de la obligación estatal de respetar la vida, integridad y salud de una menor de edad», añadió el organismo. Al respecto, el mayor general Luis Mauricio Ospina, comandante de la Quinta División del Ejército, a la que pertenece la unidad militar involucrada, recalcó que desde que conocieron la información tomaron los «protocolos correspondientes» para que se lleve «a feliz término» la investigación. Los involucrados en este caso, reclutas de entre 18 y 22 años que prestaban el servicio militar obligatorio, fueron relevados de sus servicios, avanzó Ospina, quien añadió que el caso irá a la justicia penal ordinaria en vez de a un tribunal militar y que el Ejército «seguirá los parámetros que a esto corresponde».
20-06-2020 | Fuente: abc.es
Colombia aprueba por unanimidad la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad
El Senado de Colombia ha aprobado este jueves por unanimidad, con 73 votos a favor y ninguno en contra, la cadena perpetua para aquellos que cometan delitos sexuales contra menores de edad y, después de que el proyecto fuera presentado y aprobado por el Congreso, la norma ya sólo necesita la rúbrica del presidente, Iván Duque. Aunque la decisión ha sido unánime, 30 senadores se ausentaron de la votación. Con este resultado, el artículo 34 de la Constitución será modificado y la pena de prisión perpetua se podrá imponer cuando "de manera excepcional" el menor de edad "sea víctima de homicidio doloso, acceso carnal que implique violencia". Del mismo modo, el texto recoge la posibilidad de solicitar a las autoridades una revisión de la condena a los 25 años de haber sido emitida, ha explicado el periódico colombiano 'El Espectador'. La ausencia de hasta 30 de senadores se ha producido como forma de protesta ante cómo se resolvió una recusación de la fundación Paz y Reconciliación presentada el pasado lunes, que defendía no tramitar la iniciativa debido a un afán electoralista y un conflicto de intereses a nivel moral por pretender reformar la Constitución por videoconferencia. El recurso se resolvió ese mismo día por el presidente de la Comisión de Ética, Carlos Abraham Jiménez López, lo que fue criticado por algunos senadores que consideraban que dicha recusación debía ser estudiada por la totalidad de la comisión. Para algunos de ellos, como los senadores por Unidad Nacional Roy Barreras y por Colombia Humana Gustavo Petro, el recurso presentado continuaba sin haber sido resuelto de manera correcta, sin embargo, el presidente del Senado, Lidio García, y ante el riesgo de que el proyecto fuera desechado, decidió que sería el pleno de la Cámara quien decidiese, lo que provocó que muchos de ellos abandonaran la votación argumentando que se estaba violando el principio de legalidad. "Hoy han violado la Constitución y la ley en el minusválido e inútil Congreso virtual pero lo más grave es que lo han hecho para engañar a los colombianos con un falso proyecto de cadena perpetua mal hecho que es cortina de humo ante el desastre del mal manejo de la pandemia", ha escrito el senador Barreras en su cuenta de Twitter. El senador por Unidad Nacional ha insistido en sus redes sociales en que a día de hoy "no hay garantías", pues "la virtualidad es una farsa" y ha alertado de que "los derechos fundamentales de los colombianos están en riesgo". "Día histórico" Muy distinto ha sido la reacción de una de las promotoras del proyecto, la congresista Martha Villalba, que pese a compartir filas en el mismo partido que Barreras, ha señalado en Twitter que se trata de "un día histórico para el país, las familias, y los millones de niños y niñas" y ha agradecido a sus compañeros y el Gobierno su apoyo. Ese apoyo al que hace referencia ha sido representado por el propio presidente Duque, quien tras enterarse de la noticia, ha manifestado su alegría durante su comparecencia habitual para informar sobre la situación de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 en Colombia. "Hoy Colombia tiene un gran motivo de felicidad, hoy pensamos en tantos niños violentados, hoy pensamos en tantos menores que han sido víctimas de estos hechos lamentables y hoy, como país, reaccionamos y damos un mensaje claro", ha dicho.
12-06-2020 | Fuente: abc.es
Colombia detiene a un sargento venezolano que realizaba «actividades de espionaje»
El Ejército Nacional de Colombia informó ayer de la captura de un venezolano que entró en el territorio con «la misión de desarrollar actividades de espionaje a las unidades militares». Según un comunicado, el detenido es un sargento de las Fuerzas Armadas venezolanas adscrito a la temida Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), con cursos de cazador, fuerzas especiales, paracaidista, mando y conducción, e infiltración. Las autoridades colombianas lo detuvieron el miércoles en la localidad de Valledupar, al norte de Colombia y cerca de Venezuela, con una acreditación que lo identifica como Gerardo José Rojas Castillo, procedente del estado Lara (centronorte de Venezuela), y que él mismo confirmó en el momento de su detención. «Al parecer, fingía ser el dueño de un puesto de venta de jugos frente a las instalaciones militares y, posteriormente, logró ingresar a una empresa de Transportes de Valledupar como vigilante de seguridad, donde podía observar de forma permanente los movimientos externos del Cantón Militar de la Décima Brigada Blindada», reza la nota de prensa del Ejército colombiano. El militar venezolano está siendo investigado por las autoridades de Colombia, que se encargarán de las medidas migratorias y administrativas que sirvan para responsabilizar a Rojas Castillo por haber puesto en riesgo la seguridad del país. Colombia ha sido crítico con el régimen de Nicolás Maduro y ha reconocido y apoyado al presidente interino Juan Guaidó, desde que el opositor se autoproclamó en enero del año pasado. Ya en abril de 2019, Bogotá acusó al régimen chavista de un plan para infiltrarse en la protesta indígena, que tenía en vilo al Gobierno de Iván Duque y en crisis a la región sur del Colombia. Los infiltrados en ese momento habrían sido militares venezolanos que aprovecharon la frontera para pasar como desertores, así como otros que también otros eran miembros de la inteligencia venezolana. En octubre de ese mismo año, y aprovechándose de la ola migratoria venezolana, Maduro habría infiltrado a cientos de chavistas, conocidos como «patriotas cooperantes» en países vecinos como Colombia, Perú y Ecuador para desestabilizar los gobiernos, cuando estos atravesaban una crisis social que iba a más con acciones violentas. Más recientemente, y con el estallido social en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, Maduro ha sido señalado como agitador de las protestas contra el racismo en el país norteamericano.
10-06-2020 | Fuente: abc.es
«Matarife»
Colombia se revuelve, más en contra que a favor, con la microserie «Matarife, un genocida innombrable». Se trata de 50 capítulos, de 6 minutos de duración, donde el objetivo a derribar es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La producción, de financiación poco clara, se difunde fundamentalmente a través de las redes Telegram (la rusa) y Whatsapp (la estadounidense). En el segundo episodio, se introducen imágenes de la dictadura argentina y de Rafael Videla jurando el cargo de Presidente, tras el golpe de Estado de marzo de 1976. La secuencia continúa con recortes de campos de exterminio de judíos, fragmentos de los juicios de Nurenberg y primeros planos de Hitler como si fuera el espejo de Uribe. Las escenas son tan doloramente absurdas que si no fuera por el daño que hacen, a la imagen del expresidente pero también a la de Colombia, provocarían hilaridad. La cinta de Daniel Mendoza, guionista, narrador protagonista y creador de una producción a la que ya le han sacado los colores por su escaso rigor, no se tomó demasiado en serio al principio. Parecía que, como la diana del escarnio era Uribe, éste podía defenderse solo. Ahora, la cosa ha empezado a cambiar porque, en 18 minutos acumulados, empiezan a colarse otros nombres con acusaciones similares de vínculos con redes de narcotráfico, paramilitares y corrupción. Es el caso de Marta Lucía Ramírez, actual vicepresidenta y exministra de Defensa de Uribe que alcanza protagonismo propio en el tercer capítulo, «Esquirlas sociopáticas» (todos los títulos son de ese trazo). Iván Duque, presidente de Colombia, cargo al que llegó aupado por Uribe, intervino en su defensa en Twitter (el mundo hoy se reduce a eso, a redes sociales) donde observó. «Las infamias en su contra siempre son derrotadas con la rectitud de su actuar». Tanto Marta Lucía Ramírez como Álvaro Uribe, recurrieron a sus abogados. Lo más probable es que ambos ganen esta disputa pero, sin duda, el gran perjudicado es el expresidente que sufrió 17 atentados, terminó con las Autodefensas Unidas (paramilitares) y estuvo a un paso de liquidar a las FARC y al ELN. Uribe tiene medio centenar de juicios pendientes pero no ha sido condenado en ninguno. Llamarle «Matarife» y compararle con gente como Videla o Hitler es injusto pero mucho más que sus colegas, que tanto le deben, no salgan en tromba a defenderle.
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