Infortelecom

Noticias de guerrilleros

05-05-2020 | Fuente: abc.es
Colombia exige al Gobierno respuestas y sanciones por el espionaje del Ejército a periodistas
El escándalo por el espionaje del Ejército colombiano a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos ha sacado del letargo de la pandemia del coronavirus al país, que exige explicaciones al Gobierno y sanciones para los responsables. La revelación de la revista Semana sacudió a los colombianos el pasado viernes y desde entonces van en aumento las voces que reclaman castigo para los implicados y que el estamento militar deje de usar la inteligencia y contrainteligencia para espiar a los periodistas y ciudadanos comunes y más bien utilice esos recursos contra criminales y grupos al margen de la ley. «Es una práctica de vieja data y ahí hay un problema que es serio: en todos los países hay servicios de inteligencia, pero en todos hay controles a sus sistemas y el hecho de que esto sea reiterativo en Colombia es una muestra de que esos controles o no funcionan bien o no son suficientes», dijo a Efe Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). En el pasado, la Policía y las Fuerzas Armadas colombianas desarrollaron con la ayuda de Estados Unidos y de otros países potentes servicios de inteligencia para combatir a grupos guerrilleros y de narcotraficantes pero luego cayeron en la tentación de usar esa capacidad para espiar a la oposición. Espionaje con fines políticos El primer gran escándalo de ese tipo fue revelado en 2009 por Semana, que sacó a la luz las «chuzadas», interceptaciones telefónicas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a magistrados, periodistas y opositores en el segundo mandato de Álvaro Uribe (2002-2010). Luego, en 2014, fue el turno de la «Operación Andrómeda» con la cual miembros de inteligencia militar espiaban a los negociadores del Gobierno en los diálogos de paz con las FARC, y otras veces a políticos y a periodistas. El caso que ahora espanta al país ocurrió entre febrero y diciembre de 2019 y había sido revelado también por Semana a comienzos de año, pero la descripción detallada de la forma de operar de los militares, difundida en su última edición, fue la gota que colmó el vaso. Vaca dijo estar sorprendido por el universo de periodistas espiados, pues hay desde corresponsales extranjeros de medios como The New York Times y The Wall Street Journal, hasta colombianos, muchos de ellos jóvenes recién salidos de las universidades, como los miembros de los medios alternativos La Liga Contra el Silencio y Rutas del Conflicto. «Es como algo dirigido, más que obedecer a un objetivo, es como si dijeran (vamos a espiar a) este y este otro, y este otro», agregó el director ejecutivo de la FLIP, quien nada más conocer la denuncia de Semana publicó un duro comunicado exigiendo respuestas al Gobierno. Acciones oficiales insuficientes La nueva trama de espionaje fue tachada de «inadmisible» por el presidente colombiano, Iván Duque, quien prometió castigo para los implicados. Esta fórmula no satisface sin embargo a la prensa, que no quiere respuestas prefabricadas sino acciones concretas, demanda que cuenta con el apoyo de sectores políticos y de la sociedad en general. «Es un tipo de respuesta que hemos escuchado en el pasado. Hay un manifiesto de rechazo pero es insuficiente aún», añadió Vaca. El pasado viernes, horas antes de que Semana hiciera pública la investigación titulada «Las carpetas secretas», el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la retirada del Ejército de once oficiales y la baja voluntaria de un general, lo que lejos de zanjar la polémica la avivó porque dio la sensación de que solo se tomaron medidas por la presión de la denuncia. Críticas de partidos Al respecto, el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, dijo estar preocupado «con la lentitud y la falta de diligencia con la que el Gobierno nacional ha tomado las medidas» contra los militares, pues «de esa manera se está subestimando la gravedad de los hechos, que son gravísimos delitos». Pese a elogiar la actitud de Duque, de respaldo a la decisión del Ministerio de Defensa de hacer una depuración en sus filas, Gaviria cree que el presidente «también tiene una responsabilidad», y es hacer «que esto se corrigiera con más severidad». «Esto no se resuelve con un número: 11 oficiales retirados, se resuelve con una explicación detallada de lo que ocurrió, pero estas reacciones aún no llegan a ese punto; uno agradece que haya un rechazo pero en sí no hay una explicación cuando han transcurrido cuatro meses» desde la denuncia inicial, agregó Vaca a Efe. Hasta ahora no se sabe quién está detrás de esta trama, pero las sospechas apuntan hacia el comandante del Ejército en la época del espionaje, el cuestionado general Nicacio Martínez, quien pidió la baja del servicio en diciembre pasado alegando «motivos familiares». Debate en el Congreso Pese a que celebran sesiones virtuales debido a la cuarentena por el coronavirus, congresistas de diversos partidos no han dejado pasar por alto la gravedad de la denuncia y comienzan a mover fichas para llamar a un debate de control político al ministro de Defensa y a la cúpula militar. La intención es que expliquen quién da las órdenes sobre los objetivos de inteligencia y cuál es el criterio para seleccionarlos. Sin embargo, la cúpula militar parece no tener mucho interés en ayudar al esclarecimiento porque en una entrevista con la directora de noticias de RCN Radio, Yolanda Ruiz, una de las personas mencionadas en las carpetas, los generales Luis Fernando Navarro y Eduardo Zapateiro, comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército, respectivamente, dijeron no saber dónde están esos documentos. «El general Zapateiro dice que cree que las carpetas las puede tener la Corte Suprema después del allanamiento a las instalaciones de inteligencia (del Ejército) en Facatativá. El general Navarro nos precisa que no saben con certeza quién las tiene. Complicado no saber dónde está esa información», comentó Ruiz. La respuesta de los jefes militares dejó «sorprendido» al director ejecutivo de la FLIP, quien considera que «eso preocupa porque ya ha transcurrido un tiempo razonable para que den respuestas más detalladas».
01-05-2020 | Fuente: abc.es
Hizbolá sí confía en España
No pilló ayer por sorpresa el anuncio del Gobierno alemán de que quedan prohibidas las actividades en el país del movimiento radical chií libanés Hizbolá. La rama militar del grupo que ha hecho dos veces la guerra a Israel estaba ya prohibida ?la UE en su conjunto la considera «terrorista»?, y con el decreto, y las redadas en cuatro centros de Hizbolá en Alemania camuflados en mezquitas, se da cerrojazo a la actividad política. No son muchos miembros, pero en Alemania Hizbolá contaba hasta ahora con un importante centro logístico mundial para recaudar fondos entre los inmigrantes musulmanes europeos, entrenar a guerrilleros, colaborar en las actividades de narcotráfico que también nutren sus arcas, y planificar atentados contra Israel desde las bases de la organización pro-iraní en Líbano y Siria. Casi nada. Las ramificaciones de Hizbolá en Europa han sido poco a poco desveladas en los últimos años gracias al esfuerzo policial en la investigación de algunos atentados terroristas, y a la iniciativa lanzada por la DEA (la agencia norteamericana para la lucha contra la droga) ?denominada «Cassandra»? dirigida a tratar de desmantelar sus fuentes de abastecimiento con el narcotráfico. Así ha podido conocerse que, además del importante centro logístico en Alemania, el movimiento libnaés cuenta con células en el Reino Unido, Francia, Bélgica, Italia, Chipre, Bulgaria y República checa. El dato de los ataques que en el pasado y actualmente lleva a cabo contra el Estado de Israel hace a Hizbolá especialmente atractivo en los ambientes radicales de la diáspora musulmana, tanto chií como de la mayoría suní. La ubicuidad de los fanáticos libaneses está, lógicamente, muy facilitada por su padrino iraní, que en cierto modo cuenta con Hizbolá para introducirse en otros conflictos de Oriente Próximo y asentarse en América a través de Venezuela, como acaba de volver a ponerse de relieve. La afinidad del partido español Podemos con el régimen chavista, y su «admiración por la lucha antisionista» de Hizbolá y la causa iraní, convierten a nuestro país en una alternativa muy atractiva ahora que se ven expulsados de Alemania.
27-04-2020 | Fuente: abc.es
Maduro legaliza la explotación de oro en seis ríos de Venezuela
Las cuencas vitales para la Amazonía siguen siendo exprimidas y transgredidas por el régimen de Nicolás Maduro. La amenaza a la biodiversidad de Venezuela ha sido indetenible y ha puesto en riesgo también a la población, conformada por más de 54.000 indígenas; a la fauna y flora que ahí habita. El 8 de abril, el Gobierno chavista declaró seis ríos del estado Bolívar (sur) aptos para la explotación de oro y diamante dentro del proyecto del Arco Minero, que se ha traducido además en un proyecto ecocida desde 2016 cuando se aprobó desde Miraflores la actividad minera, denunciada por los pobladores, por organizaciones ambientalistas y rechazada por la Asamblea Nacional que dirige el presidente interino Juan Guaidó, por ser ilegal y perjudicial. A mediados del año pasado, Maduro anunció el Plan de Minería 2019-2025 para posicionar las fortalezas y potencialidades de la actividad minera «como eje impulsor» de la economía del país y como alternativa a las reducidas entradas económicas del mercado petrolero. Para entonces, el líder chavista hablaba de que Venezuela tenía que convertirse en una potencia minera con su nocivo proyecto al cual definía paradójicamente como ecológico. El plan tiene como finalidad generar una entrada de 33.000 millones de euros, gracias a la exploración y explotación de 13 minerales, entre ellos el oro, diamante, bauxita, hierro, níquel, feldespato y fosfato, con alianzas de empresas nacionales e internacionales. Según el régimen venezolano, solo en oro se podrían extraer 2.236 toneladas que representa unos 94 mil millones de euros El Arco Minero contempla una zona de 111.000 kilómetros cuadrados, equivalente a 12,2% del territorio venezolano, mayor a la superficie de Portugal. Según el régimen venezolano, solo en oro se podrían extraer 2.236 toneladas que representa unos 94 mil millones de euros. El país es la quinta reserva de oro en el mundo, y Maduro aspira que llegue al primer lugar. Maduro dijo en junio de 2019 que con ese dinero se invertirá en la educación, en la salud, alimentación, construcción de viviendas y servicios del pueblo; pero Guaidó denunció el martes pasado que el chavismo usa la minería ilegal para financiar el régimen, mientras está en bancarrota y al que muchos países les han dado la espalda, principalmente Estados Unidos, que recién denunció que desde Caracas se opera una red de narcotráfico. «La mina es muerte» El régimen ha girado la válvula permitiendo el crimen en la zona. Que haya declarado aptos los ríos Caura, Cuchivero, Aro, Yuruarí, Cuyuní y Caroní significa que la violencia seguirá reinando, porque el Arco Minero del Orinoco, además de haberse convertido en el epicentro de la destrucción ambiental, ha servido para que los «sindicatos» (mafias) se instalen a sus anchas en el estado Bolívar donde también han tenido amplia participación y control los grupos guerrilleros como el ELN, amparados por las Fuerzas Armadas venezolanas. El régimen por su parte solo se ha limitado a decir que la actividad «es sustentable, conserva la diversidad ambiental y respeta a las comunidades indígenas que hacen vida en estas zonas». Los pavorosos daños que ha ocasionado el Arco Minero a la región han sido denunciados y también fotografiados por la periodista Arianna Arteaga, quien ha impulsado el turismo venezolano junto a su madre, la periodista y viajera, Valentina Quintero. «Lo más doloroso de ver esto desde el aire y registrarlo, es haber conocido todos estos lugares cuando eran prístinos, magníficos, cuando eran puro potencial para la visita amable, respetuosa de la naturaleza. Saber que han muerto entre las fauces de la mina, quién sabe cuántos pemones que alguna vez vivieron plenamente con el trabajo que daba el turismo. Esto no es solo un ecocidio, esto es un crimen social, cultural y un duro golpe a los derechos humanos no solo de los indígenas de la zona, también de todos los venezolanos y de la humanidad entera. Si el agua es vida, la mina es muerte», respondió Arteaga a ABC. La diputada María Gabriela Hernández del Castillo, presidenta de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional aseguró a ABC que el dragado en los ríos implica «contaminar con mercurio, y otros que podemos estar desconociendo, pero el mercurio es veneno para la vida, y significa contaminar las aguas y toda especie viviente alrededor. De todas las actividades depredadoras que ha autorizado el Gobierno en parques nacionales esta es la más dañina porque afecta directamente los cauces de seis ríos importantísimos de la región». El ecocidio provoca, además del envenenamiento de las aguas, «la deforestación y el convertimiento de los ríos en desiertos. Esto ocasiona también el desvío de los cauces que pueden ocasionar desbordamientos e inundaciones, e incluso la inutilidad de la represa del Guri (hidroeléctrica más grande del país) que proporciona el 70% de la energía a Venezuela», explicó Hernández. La actividad minera patrocinada por el chavismo ha afectado igualmente a las comunidades indígenas Pemón, Yekuana, Sanema, Yanomami y Jivi que pueblan sus riberas, consumen sus peces y beben sus aguas.
14-04-2020 | Fuente: abc.es
El Comando Sur de EE.UU. enviará más barcos, aviones y tropas a América Latina
El despliegue de fuerzas de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico occidental medio no ha hecho más que comenzar. El Comando Sur estadounidense planea tener una «persistente presencia» militar en la región. «Tenemos que estar presentes en el campo para competir, y tenemos que competir para ganar», advirtió el almirante Craig Faller, jefe del Southcom, a mediados de marzo en su comparecencia ante la Cámara de Representantes. Dos semanas después, el presidente Donald Trump anunció un amplio despliegue de medios militares estadounidenses en la región central americana. Aunque se ha visto como una operación contra el régimen venezolano ?precisamente pocos días después de que la Justicia de EE.UU. presentara una macrocausa contra Nicolás Maduro y su camarilla?, la misión tiene un objetivo más amplio, que es la lucha contra «narcoterrorismo», tanto en las rutas caribeñas como del Pacífico centroamericano, y un contexto aún más general: el deseo de Washington de plantar cara a la presencia de China y Rusia en la región, el «patio trasero» de EE.UU. Tráfico de droga Qué duda cabe que la llegada de barcos militares estadounidenses a puntos no muy alejados de las costas de Venezuela y el aumento del vuelo en la zona de aviones para escuchas causan amedrentamiento entre el chavismo e incluso podrían encubrir una actividad de espionaje más intensa que finalmente llevara a cualquier intento de captura de Maduro si se presentara la ocasión. Pero en realidad, el Comando Sur en ningún momento se ha referido a Venezuela como objetivo del despliegue, sino que lo ha presentado como una operación contra el tráfico de droga que parte del norte sudamericano y se dirige a EE.UU., operado por carteles y también por grupos guerrilleros o terroristas. Ese tráfico de cocaína se da tanto en la vertiente pacífica como caribeña, con importancia variable según los métodos (la primera es más usada para envíos por mar, la segunda para envíos en avioneta) y según la presión de vigilancia ?el llamado «efecto globo»? que se ejerza en cada momento sobre cada una (en ocasiones ha imperado la ruta del Caribe; hoy sale más droga desde la costa pacífica ?una relación de 80/20, como indica la DEA?, sobre todo de la zona limítrofe de Colombia y Ecuador). Por eso para ser efectivos en la interceptación de la droga hay que presionar en ambos lados del istmo centroamericano, como está haciendo la operación puesta en marcha por el Comando Sur. Faller ha lamentado que solo alrededor del 9% de la droga sudamericana con destino a EE.UU. pueda ser normalmente aprehendida. Si en su visita al Capitolio dijo que en 2019 se interceptaron 280 toneladas de cocaína, cabe deducir que cerca de 3.000 toneladas alcanzaron su objetivo. La amenaza de China y Rusia Esa intervención de Faller ante el Congreso estadounidense (en enero acudió al Senado y en marzo a la Cámara de Representantes, con el mismo discurso escrito) tuvo dos elementos novedosos respecto a comparecencias de años anteriores. Por un lado, no se quedó en consideraciones, sino que anunció medidas efectivas: «Habrá un aumento de la presencia militar de Estados Unidos en el hemisferio a finales de este año», dijo, usando un horizonte temporal indeterminado, propio de este tipo de anuncios. Por otro lado, por primera vez el responsable de la seguridad en el Hemisferio Occidental en la cadena de mando del Pentágono puso a China por delante de Rusia en la lista de amenazas en cuanto a presencia en la región. «Cuando el Departamento de Defensa ha priorizado la región del Indo-Pacífico, Pekín ha girado agresivamente su atención hacia el Hemisferio Occidental», declaró el almirante. Los discursos del Comando Sur ante el Congreso venían alertando de la actividad de China en un área que es prioritaria estratégicamente para EE.UU. Pero esta vez la alarma fue mayor. Faller advirtió que en 2019 otros tres países latinoamericanos se habían apuntado a la nueva Ruta de la Seda china (sumando ya 19 naciones) y que un total de 29 gobiernos tenían programas financiados por Pekín (muchos de ellos de contenido militar, para formación de mandos y donación de equipos). Destacó asimismo que algunos proyectos de infraestructura a cargo de China, como los puertos o terminales marítimos que está construyendo (por ejemplo, en ambas bocas del Canal de Panamá) «tienen valor para futuros usos militares». «Rotación recurrente» de fuerzas especiales También citó actuaciones de Rusia e Irán (en parte a través de Hezbolá) aprovechando la puerta que les han abierto Cuba y Venezuela y que les permite una mayor actividad de inteligencia en la región. Se refirió a todos esos países como «actores estales malignos», responsables de un «círculo vicioso de amenazas». «Esas amenazas son reales y reclaman un sentido de urgencia», afirmó. Según Faller, «por encima de todo, en esta lucha lo que importa es la presencia persistente (..); tenemos que estar presentes en el campo para competir, y tenemos que competir para ganar». En concreto, propuso más actuaciones y maniobras conjuntas con otros países de la región y la «rotación recurrente de pequeños equipos de fuerzas operaciones especiales, soldados, marineros, pilotos, marines, guardas costeros y personal de la Guardia Nacional para ayudarnos a fortalecer esas colaboraciones».
30-03-2020 | Fuente: abc.es
La guerrilla colombiana del ELN anuncia un cese el fuego por el coronavirus
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este domingo un cese el fuego «unilateral activo» entre el 1 y el 30 de abril como «gesto humanitario» por la pandemia del coronavirus, de la que ya hay 702 casos en Colombia. «El cese es activo porque nos reservamos el derecho a defendernos ante los ataques de las fuerzas estatales, integradas por tropas regulares, paramilitares y bandas narcotraficantes en varias regiones del país», señaló la guerrilla en un comunicado cuya autenticidad no ha sido comprobada. El ELN pidió además una reunión de representantes del Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, con sus delegados en los suspendidos diálogos de paz, para buscar un cese el fuego más amplio. «Durante este mes de cese unilateral, convocamos al Gobierno de Duque a reunirse con nuestra delegación de diálogo presente en La Habana para concertar un cese el fuego bilateral y temporal. Para estas gestiones es conveniente contar con la presencia de los países garantes», añade el comunicado. El grupo guerrillero aseguró que uno de los motivos que lo llevó a declarar el cese el fuego unilateral durante todo abril fue el llamamiento que el pasado 23 de marzo hizo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de un alto el fuego mundial que detenga todas las guerras para ayudar a hacer frente al coronavirus. De igual manera valoró la petición del representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, quien pidió esta semana que se declare un «cese el fuego» en el país para unir esfuerzos y «reducir el riesgo de propagación del virus y de afectación, especialmente a las comunidades más vulnerables». El anuncio del ELN también fue hecho horas después de que el Gobierno colombiano anunciara la designación de los exjefes guerrilleros Carlos Arturo Velandia, alias «Felipe Torres», y Gerardo Antonio Bermúdez, alias «Francisco Galán», como «promotores de paz». Exigencias por el Covid-19 En el comunicado, el grupo armado ilegal hace una serie de planteamientos sobre la situación mundial por el Covid-19, tras lo cual presenta sus exigencias, contenidas en 15 puntos, uno de los cuales es la reunión de sus delegados con los del Gobierno en Cuba. Esas exigencias son básicamente de orden económico y social para que los colombianos puedan sobrellevar las restricciones que impone la cuarentena obligatoria de 19 días ordenada por el Gobierno y para contener la pandemia. «Que el Gobierno suministre de forma gratuita el test de confirmación del contagio, el material sanitario y los medicamentos para evitar la expansión del coronavirus», señala uno de los puntos. Diálogos en punto muerto La última vez que el ELN hizo un cese unilateral del fuego fue en la Semana Santa del año pasado, entre el 14 y el 21 de abril. El ELN inició en febrero de 2017 en Quito unas negociaciones de paz con el anterior Gobierno colombiano que en mayo de 2018 fueron trasladadas a La Habana donde la última ronda de diálogos concluyó sin avances a principios de agosto de ese año. El presidente de Colombia, Iván Duque, condicionó la continuidad de los diálogos de paz a que ese grupo deje de secuestrar y libere a las personas que tiene en su poder. Sin embargo, el proceso de paz quedó en punto muerto tras el atentado terrorista cometido por el ELN el 17 de enero de 2019 contra la Escuela de la Policía en Bogotá, que dejó 22 cadetes muertos, entre ellos una ecuatoriana, y 66 heridos.
04-03-2020 | Fuente: abc.es
Polémica en Colombia: «Aquí mueren más personas por robos de móviles que por defender los DD.HH.»
La ministra del Interior de Colombia, Alicia Arango, ha manifestado que muere más gente por el robo de teléfonos móviles que por defender los Derechos Humanos, días después de que se confirmaran nuevos asesinatos de líderes sociales en Antioquía, en el norte del país. Sus palabras han generado discusiones en el país. «Aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de los Derechos Humanos», ha asegurado Olmos durante su presencia en la Mesa por la Protección de la Vida, celebrada en Putumayo, en el suroeste de Colombia, para abordar la situación de inseguridad a la que tienen que hacer frente líderes sociales y sindicales por todo el país. La recién nombrada ministra del Interior ha insistido en «el interés» del Gobierno por proteger, no ya sólo a los líderes sociales, sino también al resto de ciudadanos colombianos. Arango también ha hecho referencia a una de las últimas polémicas surgidas en el país, el informe de Naciones Unidas alertando de los excesos en los que la Policía colombiana podría haber incurrido , así como de la grave inseguridad a la que tienen que hacer frente amplios sectores de población del país. Después de que algunos sectores afines al presidente Iván Duque llegaran incluso a proponer el cierre de la delegación de la ONU en Colombia, Olmos ha explicado que, si bien «no les incomoda la presencia» de Naciones Unidas puesto que «es necesaria», ha de «ser siempre neutral» e «imparcial». « A nosotros no nos incomoda la presencia de la ONU , es necesaria en Colombia, en el mundo, pero tiene que ser siempre neutral, imparcial , tiene que basar los informes en hechos comprobados, con nombres propios», ha declarado, tal y como ha recogido el diario «El Espectador». En caso contrario, ha explicado, el Gobierno de Colombia y Naciones Unidas se mantendrían «en una discusión sobre si es verdad o mentira, en vez de comenzar a solucionar» estos problemas. Según Naciones Unidas, desde la firma del acuerdo de paz con las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, han sido asesinados al menos 303 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos , 86 de ellos sólo en 2019, y 173 exguerrilleros, de los cuales 77 murieron el año pasado. Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha precisado que en lo que va de 2020 al menos 51 líderes sociales y diez exguerrilleros de las FARC han sido asesinados.
13-01-2020 | Fuente: elpais.com
La Policía de Colombia asegura que ha frustrado un atentado contra Timochenko
El partido de las FARC dice que "no existe confirmación de esos hechos" que el Gobierno atribuye a guerrilleros que abandonaron el proceso de paz
23-12-2019 | Fuente: abc.es
Una sublevación de indígenas y militares en Venezuela deja un muerto
Un grupo de indígenas encendió las alarmas en un cuartel militar en Venezuela, este domingo, al tomar el control del Batallón 513 de Infantería Selva Mariano Montilla, ubicado en Luepa, en el estado Bolívar, al sur del país. Doce nativos pemones pertenecientes a la reserva militar, liderados por un oficial desertor del Ejército, sustrajeron 122 fusiles del parque de armas que fueron recuperados posteriormente por los cuerpos de seguridad. En el asalto se apropiaron además de fusiles AK103, seis cajas de municiones para los AK103, 60 granadas 40mm, una ametralladora, seis bazucas y una granada propulsada por cohete o RPG. Al principio se creía que era un conato de levantamiento, pero terminó siendo un incidente menor. Aún así, un soldado falleció y el asaltante del cuartel, un exguardia nacional de nombre Darwin Malaguera Ruiz, resultó herido y detenido durante un enfrentamiento con un punto de control militar comandado por el teniente coronel Renjifo Armas, cuando huían con los fusiles en dos vehículos. Según reseñó el portal La Patilla, Malaguera Ruiz habría sido uno de los oficiales que desertó el 23 de febrero hacia Cúcuta, Colombia, cuando el Gobierno interino de Juan Guaidó intentó hacer pasar la ayuda humanitaria desde ese país. Tras su huida de Venezuela, se habría «separado del grupo principal junto a otros exfuncionarios que decidieron dirigirse a Brasil para encabezar hoy la toma de Luepa junto a pemones armados». El líder pemón, Ricardo Delgado, publicó por su cuenta de Twitter que en la sublevación de oficiales batallón 513 Mariano Montilla «tomaron como rehén al comandante y se dirigen a Santa Elena, y están haciendo un llamamiento a la población civil y a la GNB para que se unan al Ejército libertador y se comience el cese de la usurpación» de Nicolás Maduro y del gobernador de Bolívar, Justo Noguera Pietri. Por su parte, la ONG Provea, que defiende los derechos humanos en el país, pidió protección al pueblo indígena. Aseguró que ellos son los más «perjudicados por el desastre ecológico en el Orinoco». Presencia de rusos El 12 de diciembre, un grupo de indígenas denunciaron la presencia de una comisión integrada por 15 rusos, acompañada de militares venezolanos que estarían instalando radares de última tecnología para presuntamente extraer minerales. De inmediato, la comunidad pemona exigió al régimen de Maduro explicación, una de tantas que han solicitado desde que en 2016 comenzaron las extracciones de minerales ilegalmente pues se trata de un Parque Nacional donde la actividad minera está prohibida. Más de 900 personas de la etnia pemón se han desplazado hacia Brasil huyendo de la violencia y la persecución política que inició el régimen venezolano. El Arco Minero del Orinoco contempla una zona de 111.000 kilómetros cuadrados, el 12% del territorio venezolano, y la explotación de recursos como la bauxita, oro, coltán, hierro, cobre, diamantes y coalín, ha puesto en riesgo a la población conformada por más de 54.000 indígenas. Desde sus inicios, el proyecto ha estado en gran parte controlado por Rusia y China, países que han invertido y participado activamente en la explotación de oro y diamantes en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde se encuentran las reservas más importantes de crudo. El crimen y la corrupción se han apropiado de la zona fronteriza con el estado Roraima. En noviembre un grupo armado perpetró en Ikabarú, una zona minera de esa entidad, y masacró a cinco personas. Este tipo de sucesos han sido recurrentes en el estado Bolívar debido al control militar e incluso a la presencia de guerrilleros pertenecientes al grupo colombiano ELN. Varias denuncias de diputados de la Asamblea Nacional también han involucrado a Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente chavista, en el manejo de la red de corrupción de las minas de oro.
14-12-2019 | Fuente: elpais.com
Colombia investiga si 50 cadáveres hallados en una fosa común son víctimas de ejecuciones extrajudiciales
Las autoridades tratan de averiguar si se trata de un caso de 'falsos positivos', civiles asesinados por el Ejército que después eran presentados como guerrilleros muertos en combate
11-12-2019 | Fuente: abc.es
Hizbolá amplía sus actividades en Venezuela con el contrabando del oro
Diversas organizaciones criminales y terroristas, entre ellas el Hizbolá, también han puesto su mira en el oro de Venezuela al amparo del régimen de Nicolás Maduro, que los tiene como su brazo armado, les financia y facilita pasaportes y documentación oficial de la república bolivariana. Hace poco Vanessa Neumann, la embajadora ante el Reino Unido designada por el presidente interino Juan Guaidó, denunció en un programa de radio en Caracas que el grupo terrorista libanés Hizbolá gana unos 1.000 millones de dólares por sus actividades ilegales, entre otras, la de contrabandear con el oro del denominado Arco Minero en el estado Bolívar. Un poco antes, el diputado en el exilio Américo De Grazia también dijo a ABC que Hizbolá, junto a los grupos guerrilleros colombianos del ELN y las FARC, se encarga de proteger con las armas la explotación del oro y diamantes de «sangre» de «Nicolasito» el hijo de Nicolás Maduro, y los yacimientos auríferos de Cilia Flores, la primera dama. El diputado Américo De Grazia, en representación del gobierno de Juan Guaidó, se encuentra en la Cumbre del Clima en Madrid para denunciar la destrucción y el ecocidio que causan los grupos depredadores y terroristas en la zona de 112.000 kilómetros cuadrados del Arco Minero, situada en plena selva de la amazonia venezolana. El gobierno de Israel tiene información de las actividades de Hizbolá en el país. El comisionado para las Relaciones Exteriores del gobierno interino de Venezuela, Julio Borges, se reunió este lunes con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para denunciar los vínculos del régimen de Nicolás Maduro con el grupo terrorista libanés. «El régimen de Maduro tiene vínculos con organizaciones terroristas como Hizbolá, esto es una grave amenaza para la paz y seguridad de los gobiernos. Debemos encender las alarmas sobre el peligro que está detrás de esto», dijo el diplomático venezolano en una reunión que sostuvo con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien confirmó los lazos entre dictadura de Maduro y el grupo terrorista Hizbolá. El representante de la política exterior del gobierno de Juan Guaidó también destacó que existe una alianza de Maduro y Cuba para acabar con valores como la democracia. «Maduro y el régimen de Cuba quieren acabar con la democracia de la región, están propiciando la desestabilización de los países de la región«, sostuvo. La embajadora Neumann recalcó que Tareck El Aissami, vicepresidente del área económica del régimen venezolano, que aparece en la lista de los más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, «es el principal contacto entre Maduro y Hizbolá». El grupo actúa a sus anchas en Venezuela. Tiene su centro de operaciones en la isla de Margarita y ha extendido sus tentáculos a todo el país. Imparte entrenamiento con armas letales a los grupos paramilitares, organizaciones criminales y francotiradores.
1
...