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Noticias de genocidio

18-08-2022 | Fuente: abc.es
Las autoridades chinas impusieron trabajos forzados a personas de minorías musulmanas, los denominados uigures, en la región de Xinjiang, indicó un relator especial de Naciones Unidas en un informe, en el que advierte que estos hechos podrían constituir casos de «esclavitud». El Gobierno chino ha sido acusado de detener a más de un millón de uigures y miembros de otras minorías musulmana s en Xinjiang, y también de haber organizado trabajos forzados y la esterilización. Estados Unidos y diputados de otros países occidentales han llegado a acusar a China de cometer un «genocidio» contra esas minorías, unas acusaciones que Pekín rechaza. Noticia Relacionada estandar No EE.UU. reprocha a China que «secuestre la cooperación internacional» David Alandete Blinken, sostiene que las discrepancias entre ambos países por la visita de Pelosi no deben interferir las negociaciones en asuntos de interés mundial El informe, divulgado este martes por Tomoya Obokata, relator especial de la ONU sobre esclavitud moderna , apunta que en China se están registrando «dos sistemas ordenados por el Estado» que implicaron casos de trabajos forzados, citando testimonios de oenegés, gabinetes de ideas y de víctimas. Uno es un centro de formación profesional en el que las minorías están detenidas y obligadas a realizar prácticas, y el otro busca reducir la pobreza a través del desplazamiento de mano de obra, obligando a obreros agrícolas a desempeñarse en labores del «sector secundario o terciario». «Bajo vigilancia y en condiciones abusivas» «Aunque esos programas podrían crear empleos para las minorías e impulsar sus ingresos [..] el relator especial considera que, en muchos casos, el trabajo efectuado por las comunidades afectadas era involuntario» , señala el informe. La naturaleza y el alcance del poder ejercido sobre los trabajadores -incluyendo una vigilancia excesiva y unas condiciones de vida y laborales abusivas- podrían «equivaler a esclavitud como un crimen de la humanidad, algo que requeriría análisis independientes», añadió. El reporte apunta que en Tibet existe un sistema de traslado de mano de obra parecido. Allí, «un programa [..] ha llevado a agricultores, pastores y otros trabajadores del sector rural, principalmente, a puestos de trabajo de baja cualificación y remuneración». Los relatores especiales son expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no hablan en nombre de esa organización. El Gobierno chino dice que protege a las minorías El portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Wang Wenbing, acusó este miércoles a Obokata de «optar por creerse las mentiras y la desinformación fabricada por Estados Unidos [..] y por las fuerzas anti-China«. Insistiendo en que se están protegiendo los derechos de las minorías, Wang culpó al relator especial de la ONU de «manchar viciosamente [el nombre de] China y de actuar como una herramienta política para las fuerzas anti-China«. China arremete contra las acusaciones y afirma que los centros de formación tratan de combatir el extremismo Según el gobierno chino, los centros de formación profesional que dirige en Xinjiang están destinados a combatir el extremismo. En mayo, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó un inusual viaje a China en el que visitó Xinjiang . Estados Unidos y organizaciones de defensa de los derechos humanos criticaron a Bachelet por ese viaje, acusándola de no haber mostrado suficiente firmeza frente a Pekín. Se espera que la responsable publique un informe sobre ese asunto antes de que abandone el cargo, a finales de agosto.
09-07-2022 | Fuente: abc.es
El expresidente mexicano Luis Echeverría Álvarez ha fallecido en la noche del viernes al sábado a los 100 años de edad y sin haber sido juzgado por masacres como la de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 o la de Ciudad de México el 10 de junio de 1971. Personas cercanas a la familia de Echeverría han confirmado la muerte, ocurrida de madrugada en su casa de Cuernavaca, Morelos, según recoge la prensa mexicana. Echeverría ocupó la Presidencia de México de 1970 a 1976, pero ha pasado principalmente a la historia por ser el secretario de gobernación --ministro del Interior-- de México durante la matanza de la plaza de las Tres Culturas del barrio de Tlatelolco, en Ciudad de México, donde murieron entre 300 y 400 asistentes a una concentración estudiantil que fueron atacados por militares y miembros del grupo paramilitar Batallón Olimpia, dependiente según se supo años después del Estado Mayor Presidencial. Echeverría fue investigado y llevado a juicio por genocidio por la matanza de la plaza de las Tres Culturas de 1968 , pero el caso concluyó judicialmente en 2009 con una resolución que lo exoneró y señaló como único responsable de las muertes a su antecesor en la Presidencia, Gustavo Díaz Ordaz. Según la acusación, Echeverría «fue el concebidor y preparador que de manera intencional , pues con conocimiento de causa, en su calidad de secretario de Gobernación durante el gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz». «Fraguó un plan para destruir de manera parcial al grupo nacional opositor al gobierno denominado Consejo Nacional de Huelga (CNH), integrado por estudiantes y simpatizantes del movimiento estudiantil de 1968», según la acusación. Sin embargo, la resolución judicial considera que no «se presentó una sola (prueba) documental que demostrara que Gustavo Díaz Ordaz le hubiera dado instrucciones al indiciado (Luis Echeverría) para exterminar el movimiento estudiantil». Lo que sí está comprobado es que con las pruebas aportadas «se concluye que había la intención del presidente de la República de exterminar al grupo estudiantil». Ordaz declaró que asumía «íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política, histórica, por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado», por 1968. Unos 225 estudiantes fueron masacrados en 1971 Tres años más tarde, el 10 de junio de 1971, unos 225 estudiantes de entre 14 y 22 años fueron masacrados durante una manifestación estudiantil en la avenida San Cosme de Ciudad de México por el grupo paramilitar llamado Los Halcones y dependiente y financiado por el Estado. En 2005 una decisión judicial puso fin a cualquier posibilidad de procesar penalmente a los responsables intelectuales y materiales de la matanza, pero se ha acreditado que fue Echeverría quien ordenó en 1966 la formación de Los Halcones. Desde el Comité del 68, integrado por antiguos dirigentes estudiantiles, han destacado que Echeverría no murió impune, sino imputado por genocidio y que quedó en libertad bajo reservas de ley. Mientras, desde el colectivo H.I.J.O.S. México que aglutina a familiares de personas desaparecidas y antiguos presos políticos, han subrayado que Echeverría «se fue impune». «La justicia lo dejó en casa y a salvo 100 años», han reprochado. Una vida en el PRI Echeverría nació en 1922 y fue abogado. En 1946 entró a formar parte del entonces cuasi partido único, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y fue director general de Cuenta y Administración en la Secretaría de Marina y oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública. Durante su presidencia se descubrió el petróleo que ha marcado la economía mexicana en las décadas posteriores y en política exterior contrastó el apoyo a los exiliados de dictaduras latinoamericanas frente a la represión ejercida contra la izquierda en el interior. Tras dejar la Presidencia, fue miembro del Comité Ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y embajador mexicano itinerante durante 1977 y 1978. El pasado 17 de enero fue homenajeado por amigos y antiguos colaboradores con motivo de su centenario mediante una videoconferencia en la que desearon parabienes, reconocieron sus logros y contaron anécdotas, según recoge el diario 'El Universal'. El diputado priísta Augusto Gómez Villanueva explicó que la idea surgió entre un grupo de integrantes del gabinete del expresidente quienes «consideraron que era muy importante que al cumplir cien años, no solamente le hiciéramos un homenaje en una memoria editorial, (..) pero sobre todo destacar cuáles fueron los aspectos fundamentales de su gobierno, y que tuvo que ver la situación interior con la situación exterior». Tras su muerte, el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha publicado un mensaje en Twitter con tono protocolario. «En nombre del Gobierno de México envío un respetuoso pésame a los familiares y amigos del licenciado Luis Echeverría Álvarez, presidente de México durante el sexenio de 1970 a 1976», ha señalado. También ha habido palabras para Echeverría desde los partidos Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), como las de Fernando Belaunzarán (PRD), quien dijo que Echeverría fue «mentor ideológico» de López Obrador. Para el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, Echeverría fue «arquitecto del populismo mexicano». «Bajo su régimen imperó la represión y significó el desastre económico. Fue un gobierno con múltiples similitudes al actual», ha reprochado.
30-06-2022 | Fuente: abc.es
Biden premia a Erdogan por facilitar el ingreso de los nórdicos a la OTAN
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradeció personalmente ayer a su homólogo turco que finalmente renunciara a su oposición al ingreso de Suecia y Finlandia en la Alianza Atlántica en una reunión bilateral al margen de la cumbre de Madrid. Paralelamente, el Gobierno de Biden aceptó la venta de aviones de combate F-16 a Turquía, tras una solicitud pendiente desde octubre. «Quiero agradecerle especialmente lo que ha hecho», dijo Biden antes de la reunión con Recep Tayyip Erdogan. Según la Casa Blanca, Biden expresó también «los líderes coincidieron en la importancia de seguir manteniendo estrechas consultas». En las declaraciones conjuntas no hubo mención a la venta de los F-16. En octubre, Turquía pidió a EE.UU. una remesa de 40 cazas fabricados por Lockheed Martin y unos 80 equipos de actualización para los que ya tiene. Esa venta debe ser aprobada también por el Capitolio, donde los demócratas son mayoría. Turquía, Suecia y Finlandia firmaron un acuerdo de adhesión en virtud del cual los dos candidatos nórdicos se compromen a no apoyar a los grupos militantes kurdos PKK y YPG, ni a los seguidores del clérigo afincado en EE.UU. Fetulá Gulen, al que Turquía acusa de un fallido intento de golpe de estado en 2016. La bilateral duró una hora. Los dos mandatarios se habían reunido por última vez en persona en octubre de 2021 y hablaron por teléfono a principios de este año. En sus últimos días en el Gobierno, Donald Trump, que tenía buena sintonía personal con Erdogan, aprobó sanciones contra Turquía por la compra por parte de esta de misiles rusos S-400, algo insólito en un socio de la OTAN. Las relaciones entre Biden y Erdogan han sido tensas. En las elecciones presidenciales, Biden se refirió a su homólogo turco como un «autócrata», algo que sentó mal en Ankara. Después, Biden se negó a verse con él durante su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas de 2021. Hace un año, Biden tomó otra decisión sin precedentes: reconoció por primera vez que la masacre de armenios por parte de los otomanos durante la I Guerra Mundial fue un acto de genocidio en toda regla, algo a lo que se había opuesto enérgicamente el régimen turco, heredero de aquel imperio.
14-06-2022 | Fuente: abc.es
Un escollo legal anula la primera deportación de solicitantes de asilo del Reino Unido a Ruanda
A cambio de 120 millones de libras (unos 138 millones de euros), Ruanda aceptó recibir a algunos de los solicitantes de asilo que llegaron al Reino Unido a través del canal de la Mancha, personas de orígenes diversos -sirios, afganos, sudaneses- que hoy iban a empezar a ser deportadas por Londres. En un giro de última hora, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió una orden el martes por la noche para detener la salida de uno de los afectados, un ciudadano iraquí que llegó a suelo británico tras una larga travesía por Turquía y el canal de la Mancha. Según fuentes del Gobierno británico citadas por Reuters, el vuelo ha sido cancelado por completo. A pesar de la insistencia del primer ministro británico, Boris Johnson, por deportar inmigrantes a Ruanda, una medida que ha recibido duras críticas de organizaciones humanitarias, del arzobispo de Canterbury e incluso del Príncipe Carlos, un obstáculo legal ha terminado por interponerse en sus planes. GALERÍA «Ha habido incidentes en que los solicitantes de asilo o los refugiados han sufrido violaciones por parte de las autoridades ruandesas, como el caso de Kiziba en febrero de 2018, cuando murieron once refugiados congoleños. No sabemos qué va a pasar con los solicitantes de asilo que el Reino Unido envía a Ruanda si esas personas se organizan para reclamar sus derechos. No sabemos qué trato que van a recibir de las autoridades ruandesas», denuncia Christian Rumu, activista de Amnistía Internacional. Según detalla a través del teléfono, su organización ha detectado numerosas violaciones de derechos humanos, sobre todo relacionadas con el derecho a la libertad de expresión, con detenciones de periodistas, ?youtubers? o blogueros, y con el derecho a la libertad política, tras la persecución y arresto de líderes opositores críticos con el presidente del país, Paul Kagame. Desarrollo sin derechos Más allá de las consideraciones humanitarias y las dudas sobre la legalidad de las deportaciones, lo cierto es que el plan de Johnson recibe críticas por la elección del país de destino. Situado en la región de los Grandes Lagos y de un tamaño que apenas supera a la Comunidad Valenciana, Ruanda, escenario de uno de los últimos genocidios del siglo XX, cuenta con unos 13 millones de habitantes (2020) y goza de una buena salud económica, aunque amenazada por el impacto de la pandemia. Así lo explica el Banco Mundial en un breve informe, en el que hace hincapié en su estabilidad política desde mediados de los 90 y cita los notables avances sociales conseguidos a partir de entonces, como la reducción de dos tercios de la mortalidad infantil, la matriculación casi universal en la escuela primaria, el aumento significativo de la esperanza de vida (de 29 a 69 años) y la sustancial reducción de la pobreza. Se trata de una lista de logros digna de tener en consideración, pues se llevó a cabo tras el asesinato de cerca de 800.000 personas, en su mayoría tutsis y hutus moderados, y bajo la tutela de Kagame, un personaje hábil con una biografía en la que se suceden las luces y las sombras. «Al principio, Londres quería enviar a los solicitantes de asilo a Ghana, pero Ghana lo rechazó, porque consideraba que la oferta no era legal, ya que los inmigrantes habían solicitado el asilo para estar en el Reino Unido. Luego lo intentaron con Tanzania, que también dijo que no. Ruanda ha aceptado porque hay mucho dinero en juego y también porque su Gobierno se ha visto un poco debilitado a nivel internacional tras las críticas por las violaciones de derechos humanos», explica el historiador Dagauh Komenan. «Ruanda es un país muy complicado, porque, por una parte, es muy querido, y, por otra, a la gente no le gusta demasiado. Disfruta de un gran crecimiento económico, también es uno de los países que más mujeres tiene en su parlamento, pero se reprime a los opositores y a las minorías», añade. «El Gobierno ruandés sabe que tener a su lado al Reino Unido es muy importante». De París a Londres Como recuerda Komenan, la firma el pasado abril del Memorando de Entendimiento que posibilita las deportaciones de solicitantes de asilo se enmarca en un contexto más amplio, el de las nuevas relaciones que Ruanda entabló con el Reino Unido tras el genocidio. Según contó hace un año a ABC el periodista Jean Hatzfeld, uno de los temores del expresidente francés François Mitterrand en los años 90 era que la francofonía retrocediera de la región de los Grandes Lagos si los rebeldes tutsis capitaneados por Kagame lograban derrocar al régimen hutu. Cuando los machetes comenzaron a segar vidas en abril de 1994, el Frente Patriótico Ruandés penetró desde Uganda, empujando a los genocidas a la República Democrática del Congo (RDC) y poniendo fin a las matanzas de inocentes. Entrenado militarmente en Estados Unidos, con el inglés como lengua materna y resentido con Francia, Kagame ascendió al poder y enfrió sus tratos con París, convirtiendo en realidad los miedos de Mitterrand. Como suele suceder, se trató de una ruptura en varios actos. En octubre de 2008, Kagame anunció que el inglés se incorporaba a las lenguas oficiales de Ruanda y se convertía en una prioridad en las escuelas. Un año más tarde, en noviembre de 2009, Ruanda pasó a formar parte de la Commonwealth, pese a no haber sido colonia británica. Solo hay otro caso igual, Mozambique, donde precisamente los ruandeses han colaborado en la lucha antiterrorista. «Ruanda sufre una amenaza de seguridad por las milicias hutus que están en el este de la RDC y que hacen incursiones -recuerda Komenan-. No es un país en guerra, pero tampoco con una paz positiva». Lo que espera a los solicitantes de asilo es una incógnita.
28-05-2022 | Fuente: abc.es
La ONU concluye su viaje a China con «preocupación» sobre Xinjiang
Delante de la bandera celeste de Naciones Unidas y un mural de arte tradicional chino, Michelle Bachelet ha ofrecido esta tarde una rueda de prensa digital para concluir su viaje oficial a China, el primero del Alto Comisionado de Derechos Humanos en diecisiete años; una misión tan histórica como polémica y, en apariencia, estéril. Una «visita», que «no una investigación», motivada por la represión ejecutada por el Partido Comunista Chino en la provincia de Xinjiang contra etnias locales como la uigur, campaña que gobiernos extranjeros y ONGs califican de genocidio. La expresidenta chilena ha remarcado la diferencia al comienzo de su intervención, pues «la visita oficial de un Alto Comisionado es por naturaleza de alto perfil y simplemente no adecuada para el tipo de trabajo detallado, metódico y discreto» que una investigación requiere. Bachelet, por contra, ha descrito su paso por China como «una oportunidad para mantener conversaciones directas con sus principales líderes políticos sobre derechos humanos, para escucharnos unos a otros, presentar preocupaciones y sentar las bases para interacciones más frecuentes y significativas en el futuro». La Alta Comisionada ha dedicado dos de sus seis días de estancia a Urumqi y Kashgar, las dos mayores ciudades de Xinjiang. Allí ha inspeccionado, «entre otros lugares», «la cárcel de Kashgar y la Escuela Experimental de Kashgar, un antiguo Centro de Educación y Adiestramiento Vocacional (VETC, por sus siglas en inglés)». Las autoridades chinas emplean este último término para referirse a los campos de reeducación por los que han pasado más de un millón de personas, según datos de la propia Administración. En un primer momento negaron su existencia, para después caracterizarlos como centros de formación profesional y participación voluntaria, parte de una política antiterrorista contra el extremismo islámico. «En Xinjiang he planteado nuestras dudas y preocupaciones sobre la aplicación generalizada de medidas de contraterrorismo y desradicalización, en particular su impacto en los derechos de uigures y otras minorías predominantemente musulmanas», ha apuntado Bachelet. «Soy incapaz de evaluar su escala total (..). El Gobierno nos ha asegurado que el sistema de VETCs ha sido desmantelado». La Alta Comisionada también ha afirmado haber mencionado casos particulares de «uigures que viven en el extranjero y han perdido contacto con sus seres queridos» en Xinjiang, una «cuestión prioritaria». Entre ellos se cuentan muchas víctimas de los campos, como Qelbinur Sidiq, una mujer uigur exiliada en Holanda tras ser obligada a trabajar en dos de estos centros y sometida después a una esterilización forzosa, que esta semana ha revelado su historia en ABC. Equilibrismos diplomáticos La Alta Comisionada se ha desplazado por China aislada en una «burbuja» a causa de las medidas de seguridad motivadas por la pandemia, circunstancia que ha acrecentado el escepticismo de la comunidad internacional sobre la autenticidad de escenarios e interacciones. Bachelet, no obstante, ha garantizado que todos sus encuentros «han sido organizados por nuestro equipo de manera independiente y llevados a cabo sin supervisión» de las autoridades. Fuentes de la comunidad diplomática en Pekín han revelado a ABC la preocupación generalizada ante la posibilidad de que la visita fuera manipulada por el régimen. Otros han mencionado el precedente de su viaje a Venezuela en 2019 como ejemplo de que la Alta Comisionada podría ser más crítica una vez que hubiera concluido su paso por el país. La respuesta definitiva subyace en el informe que el organismo prepara desde hace años y cuya publicación retiene desde hace meses, aunque Bachelet ha señalado hoy que su estancia no está vinculada con el contenido del documento. Concluye así una misión polémica ante las presiones enfrentadas en la que estaba en juego, por encima de todo, la credibilidad institucional del organismo y la personal de su Alta Comisionada. Buena prueba de ello es la «corrección» que su equipo hizo pública esta semana, después de que medios oficiales chinos le atribuyeran una alabanza de los «logros de China en materia de derechos humanos» durante su reunión digital con el líder Xi Jinping. Hoy, la televisión estatal CCTV ha iniciado el turno de preguntas solicitando una evaluación sobre «la situación de los derechos humanos en Estados Unidos», a la que Bachelet ha concedido una extensa respuesta. Fuentes de la comunidad diplomática en Pekín han revelado a ABC la preocupación generalizada ante la posibilidad de que la visita fuera manipulada por el régimen «La Alta Comisionada ha declarado que no es una investigación, lo que no es del todo cierto. Cualquier visita llega a cabo escasa investigación primaria, su función es diferente, canalizar las perspectivas e informaciones aportadas por otros», explicaba Philip Alston, profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York, durante un encuentro con periodistas. Este académico, que ha realizado varios viajes a China como Relator Especial de Naciones Unidas, considera la estancia de Bachelet una noticia positiva, pues demuestra que «la ONU desempeña un papel en relación con todos los países. También que China reconoce el principio de rendición de cuentas. Al mismo tiempo, pone en el foco la situación en Xinjiang, y eso es muy importante». Una visión optimista que no comparten aquellas ONGs que desde el exilio defienden los derechos de la etnia perseguida, como el Congreso Mundial Uigur, plataforma que agrupa a muchas de ellas y que el Gobierno chino considera una «organización terrorista». «El Partido Comunista va a coreografiar toda la visita, que será empleada como una herramienta de propaganda. Planteada en esos términos, es una mala noticia que puede generar más daño», criticaba su portavoz, Zumretay Arkin, en una entrevista concedida esta semana a ABC. Bachelet ya ha abandonado China pero la comunidad internacional espera que, aunque sea con otro fondo, todavía no haya dicho su última palabra.
26-05-2022 | Fuente: abc.es
Nueve meses en el infierno: habla una víctima de los campos de reeducación chinos
Qelbinur Sidiq conoce el infierno porque ha estado allí. Para un millón de personas como ella, se encuentra en la provincia china de Xinjiang y tiene el aspecto de un campo de reeducación. Implementados por el Partido Comunista, estos centros forman parte de una política de represión contra etnias locales para la que gobiernos extranjeros y organismos internacionales reservan un epíteto en apariencia pretérito. «Genocidio». Qelbinur fue obligada a trabajar en dos de ellos y después, como mujer uigur, sometida a una esterilización forzo sa. A través de una videollamada desde el purgatorio que ha encontrado en Europa revive unos días que, por más que duelan, se niega a dejar en el olvido. Qelbinur nació en Urumqi hace 53 años. Allí.. Ver Más
25-05-2022 | Fuente: abc.es
Viaje vigilado de Bachelet a «Xinjiang Potemkin»
Hacía 17 años que un Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de la ONU no visitaba China. Tras una larga negociación, su actual responsable, Michelle Bachelet, visita la región de Xinjiang para investigar las denuncias sobre la represión y el internamiento en campos de reeducación de hasta un millón de uigures para prevenir el terrorismo islamista. Una misión polémica por las dudas sobre lo que verá Bachelet y con quién podrá hablar. Teniendo en cuenta la opacidad del autoritario régimen de Pekín, y que al parecer se desplazará en una «burbuja anti-Covid» que no podrán cubrir los medios internacionales, todo hace sospechar que será un viaje vigilado a «Xinjiang Potemkin». Es decir, un recorrido por la capital de la región, Urumqi, y su segunda mayor ciudad, Kashgar, orquestado por la propaganda y donde Bachelet no podrá moverse libremente, como tampoco pudieron hacerlo los expertos de la OMS que trataron de averiguar el origen del coronavirus el año pasado en Wuhan. De todas maneras, su visión tampoco cambiaría mucho si pudiera ir por su cuenta, ya que el régimen chino ha montado en Xinjiang un auténtico Estado policial donde los uigures, permanentemente vigilados y amenazados, saben los riesgos de hablar abiertamente con un occidental. Así lo comprobó el año pasado este corresponsal durante un viaje de una semana a Urumqi y Kashgar, en el que fue seguido las 24 horas del día por varios equipos de agentes de paisano. Disimulando muy poco su presencia, su objetivo no era solo vigilar, sino disuadir de cualquier intento de hablar con la gente en la calle o de buscar los campos de reeducación levantados a las afueras de las ciudades. De igual modo, intentan impedir que se tomen fotografías de las mezquitas cerradas o de los numerosos monumentos islámicos y cementerios destruidos, obligando incluso a borrar dichas imágenes. Pero lo que no pueden ocultar es el «Gran Hermano» que vigila Xinjiang, con minicomisarías fortificadas cada 500 metros, patrullas de policías con cascos y escudos desfilando por las plazas y bazares, cámaras de reconocimiento facial para entrar en los edificios, carteles de la propaganda por doquier y barreras para acceder a los monumentos y gasolineras. En la Ciudad Vieja de Kashgar, de las puertas de sus casas de adobe cuelgan códigos QR con la información de las familias que habitan en su interior para que la Policía los tenga controlados. Coincidiendo con la visita de Bachelet, un consorcio de medios internacionales, entre ellos la BBC y 'El País', publicó ayer miles de fotos policiales de detenidos en campos de reeducación y documentos secretos que, al parecer, han sido robados por 'hackers' informáticos de los ordenadores del régimen. Guardando un siniestro parecido con las fichas de los prisioneros de los campos de concentración nazis y del genocidio de los Jemeres Rojos en Camboya, dichas fotos muestran a cerca de 3.000 uigures arrestados en 2017 y 2018 en una sola comarca. Desde la expresión muerta de sus ojos, estos rostros de la represión añaden más preguntas para Pekín y para la ONU en el viaje de Bachelet a Xinjiang.
25-05-2022 | Fuente: abc.es
«La visita coreografiada de Bachelet a Xinjiang será empleada como propaganda por el Gobierno chino»
La Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ya pisa Xinjiang para investigar las acusaciones de «genocidio» en la provincia china. Su histórica visita, sin embargo, no supone una buena noticia para las ONGs que desde el exilio defienden a la etnia uigur perseguida. Más bien al contrario. El Congreso Mundial Uigur representa una plataforma, calificada de «organización terrorista» por el Partido Comunista, que agrupa a la mayoría de ellas. Su portavoz, Zumretay Arkin, expone sus críticas en conversación con ABC. ¿Cuál es la posición de su organización respecto a este viaje? Llevamos pidiendo una visita desde que Michelle Bachelet asumió el cargo, pero esta debería ser independiente, sin cortapisas, para estudiar las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en la región. Sabemos que en este caso no será así, no es eso lo que la Alta Comisionada ha acordado con el Gobierno chino. Este ha afirmado claramente que se trata de una visita amistosa que busca un entendimiento mutuo. El Partido Comunista va a coreografiar toda la visita, que será empleada como una herramienta de propaganda. En estos términos, es una mala noticia que puede generar más daño. ¿Qué condiciones debería cumplir la misión de la ONU para ser creíble? La Alta Comisionada visitará unas pocas localizaciones y lo hará acompañada de representantes gubernamentales. ¿Cómo va a garantizar la seguridad de la gente con la que hable? ¿Podrá entrevistar a las víctimas? ¿Podrá ver las mezquitas y cementerios destruidos? ¿Las fábricas donde los uigures son empleados como mano de obra forzosa? ¿Y los campos de reeducación? Probablemente no, y si lo hace será aquellos que el Gobierno ha remodelado. En anteriores visitas de diplomáticos y prensa extranjera las autoridades prepararon un espectáculo y obligaron a los detenidos a bailar. Eso no sirve para conocer la represión que tiene lugar allí. Un consorcio de medios internacionales ha publicado hoy un material que incluye fotografías e información personal de más de 5.000 víctimas. Este tipo de revelaciones son muy importantes porque suponen una confirmación de una realidad que conocemos y experimentamos desde hace mucho tiempo. También un doloroso recordatorio del sufrimiento de nuestras familias. A causa de la censura no abunda el material disponible para ilustrar el genocidio, algo que por ejemplo en la guerra de Ucrania está siendo muy útil para facilitar las investigaciones. Algunas de las imágenes publicadas hoy muestran a niñas de catorce años, ¿qué crimen pueden haber cometido? Toda esta información contribuye a demostrar que el propio Xi Jinping ha iniciado una campaña sistemática para erradicar la identidad uigur. El Congreso Mundial Uigur organizó hace dos semanas una protesta ante la sede de la ONU en Ginebra. Bachelet nunca les ha concedido una reunión personal. Nos hemos reunido con su equipo, pero no con ella. Debería escuchar a todas las partes, porque desde luego está escuchando al Gobierno chino. Bachelet debe sentarse con la gente que defiende esta causa y tiene testimonios que compartir. Se lo debe a las víctimas. Forma parte de la asunción de responsabilidades, y ella ha fracasado a la hora de hacerlo. FOTO 2 - Protestas de colectivos uigires ant la sede de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, hace dos semanas - Cedidas El Gobierno chino primero aseguró que estos campos no existían, después que eran «centros de formación profesional» de participación voluntaria. Ahora afirman que todos los internos se han «graduado». Las restricciones en vigor imposibilitan visitar Xinjiang. ¿Cómo es la situación en el terreno? La represión es menos evidente, pero otras medidas la han hecho más profunda. En 2017 el Gobierno comenzó a mandar a representantes de las autoridades a vivir con familias uigures para supervisar su vida íntima. En 2019 inició una campaña de esterilizaciones forzosas en el sur de Xinjiang, por eso la natalidad ha experimentado un descenso dramático, algo que según la definición de la ONU constituye un genocidio. También ha creado una base de datos con información biométrica de millones de personas. La región se ha convertido en una cárcel donde todo está monitorizado en todo momento. El Partido Comunista ha justificado lo sucedido como una campaña antiterrorista. Una acusación que también ha empleado contra el Congreso Mundial Uigur. Por supuesto, en la región hubo ataques terroristas, pero muy pocos y aislados. Decir que todo un colectivo de 20 millones de personas son terroristas no representa una respuesta proporcional. El Gobierno chino mantiene su narrativa de luchar contra el terrorismo, pero la comunidad internacional ya sabe que no es verdad, que millones de personas han sido detenidas por prácticas corrientes como viajar al extranjero. Como dice, nos consideran una organización terrorista, pero para el Partido Comunista cualquier oposición es terrorismo, ya sean tibetanos, hongkoneses o defensores de los derechos humanos dentro de China. Nuestras bases establecen claramente que somos una organización pacífica que defiende los derechos humanos del pueblo uigur y se opone a toda forma de violencia y terrorismo. ¿Qué futuro le espera al pueblo uigur y a su causa? El Partido Comunista ha desarrollado una política muy sofisticada para reprimir a todo un grupo étnico, y estas personas viven un infierno. Pero las autoridades ya no pueden esconderse, hay demasiadas pruebas. En el futuro serán responsabilizados por ello.
24-05-2022 | Fuente: abc.es
Una investigación revela los rostros de la represión china en Xinjiang
Afloran más pruebas espeluznantes de la represión china en la región musulmana de Xinjiang. Coincidiendo con la visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, un consorcio de medios internacionales, entre ellos la BBC, publica miles de fotos policiales de detenidos en campos de reeducación y documentos secretos que, al parecer, han sido robados por hackers informáticos de los ordenadores del régimen. Guardando un siniestro parecido con las fichas de los prisioneros de los campos de concentración nazis y del genocidio de los Jemeres Rojos en Camboya, dichas fotos muestran a cerca de 3.000 uigures arrestados en 2017 y 2018. Con los ojos vidriosos intentando contener las lágrimas, una de ellas es Hawagul Tewekkul, una mujer de 50 años detenida para reeducación en octubre de 2017. Además de las expresiones de miedo o desconsuelo en sus caras, algunas imágenes revelan la coerción mostrando tras los detenidos a guardias armados con porras. Tal y como reflejan los miles de archivos filtrados, los uigures y otras minorías musulmanas de Xinjiang son internados en campos de reeducación por delitos como «haber viajado a países sensibles», es decir islámicos, «tener fuertes inclinaciones religiosas» como no beber alcohol ni fumar, dejarse barba o leer el Corán incluso años atrás. Como cómplices, hasta sus familiares pueden ser declarados «culpables por asociación» y sentenciados a penas que van desde los siete hasta los 25 años de cárcel. A tenor de los documentos obtenidos por la BBC, hay 452 hojas de cálculo con datos de un cuarto de millón de uigures que recogen quiénes han sido detenidos y por qué y la institución donde han sido confinados. Entre ellos, la detenida más joven es Rahile Omer, una niña de solo 15 años, y la más mayor Anihan Hamit, de 73. También destacan las fotos de niños con el pelo rapado, lo que sugiere que han sido internados en reformatorios estatales tras ser separados de sus padres después de su condena. Ese parece ser el caso de Ruzigul y Ayshem Turghun, de diez y seis años respectivamente cuando sus progenitores, Tursun Memetimin y Ahisgul Turghun, fueron enviados en 2018 a un campo de reeducación por haber «escuchado grabaciones prohibidas» en el móvil de otra persona seis años atrás. Remontándose a los años 80, cuando estudió el Corán, este delito retroactivo también se aplica a Tursun Kadir, un hombre de 58 años condenado a 16 años y 11 meses, entre otras cosas, por «dejarse barba bajo la influencia del extremismo religioso». En la ficha policial aparece antes y después de que las autoridades le afeitaran la peligrosa barba. Piratas informáticos Según la BBC, todas estas evidencias han sido extraídas de los servidores de la Policía de Xinjiang por «piratas informáticos», que se las han entregado al investigador Adrian Zenz, de la Fundación en Recuerdo de las Víctimas del Comunismo. Desde dicho organismo, Zenz ha denunciado con profusión de documentos la represión del autoritario régimen chino en la remota región de Xinjiang, donde se calcula que un millón de uigures han pasado por sus campos de reeducación solo por el hecho de ser musulmanes. Aunque Pekín negó su existencia al principio, acabó reconociéndola ante la aparición de numerosas fotos e imágenes por satélite de campos de internamiento con altos muros, alambradas y torres de vigilancia. Pero el régimen chino sigue insistiendo en que son escuelas de formación profesional para prevenir el terrorismo islamista, que sacudió en el pasado a la región y otras ciudades de China en forma de revueltas y atentados. A tenor de un 'Libro Blanco' publicado en 2020, 1,3 millones de personas han recibido esta «formación profesional» en Xinjiang entre 2014 y 2019. Los documentos filtrados también incluyen fotos de las clases de adoctrinamiento y de la Policía y el Ejército llevando a los detenidos esposados a las celdas, en lo que parecen ser simulacros de motines. Además, recogen las órdenes y discursos secretos de altos cargos como el ministro de Seguridad Pública, Zhao Kezhi, quien en 2018 apuntó al objetivo de «reeducar» a dos millones de uigures «infectados de pensamientos extremistas». Como no hay documentos posteriores a 2018, todo apunta a que el régimen ha reforzado los sistemas de encriptado del régimen para impedir, precisamente, filtraciones como esta. Desde la expresión muerta de sus ojos, estos rostros de la represión añaden más preguntas para Pekín y para la ONU en el viaje de Bachelet a Xinjiang.
23-05-2022 | Fuente: abc.es
La ONU visita Xinjiang para investigar las acusaciones de «genocidio»
La Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, comienza este lunes una visita oficial a Xinjiang para investigar las violaciones cometidas en la provincia china. El Partido Comunista ha implementado allí campos de reeducación por los que han pasado, según cifras de instituciones internacionales y ONG, más de un millón de personas de etnias locales como la uigur. El Gobierno chino, que en un primer momento negó su existencia, defendió después que se trataba de centros de formación profesional, parte de un esfuerzo por erradicar «los tres males» ?«extremismo, separatismo y terrorismo»? de una región que ha padecido una veintena de atentados en la última década, el más reciente en 2017. Esta campaña se ha traducido en un estado policial que aspira a la asimilación cultural plena en detrimento del islam, religión mayoritaria entre la población autóctona. A esto se añaden, además, otras denuncias como el empleo de mano de obra forzosa en la industria local y esterilizaciones obligatorias, lo que ha provocado que varios países occidentales ?Estados Unidos, Canadá, Holanda, Reino Unido, Lituania, Francia, Nueva Zelanda, Bélgica Chequia? califiquen lo sucedido en Xinjiang de «genocidio» o «crímenes contra la humanidad». El viaje de Bachelet llega tras una larga negociación y envuelto en la polémica ante el férreo control de las autoridades chinas. Se trata de una reedición de la misión en Wuhan de la Organización Mundial de la Salud, cuyos expertos protestaron después por la falta de transparencia que imposibilitó alcanzar hallazgo alguno en relación al origen de la pandemia. Un silencio preocupante La complacencia de la expresidenta chilena con el régimen chino ha provocado la preocupación de ONG como Human Rights Watch, ante la posibilidad de «manipular la visita para convertirla en un acto de relaciones públicas». Una alarma compartida por países como EE.UU. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha recordado que la institución sigue bloqueando un informe pendiente desde hace meses. «El continuado silencio de la Alta Comisionada ante pruebas irrefutables de las atrocidades cometidas en Xinjiang (..) es muy preocupante, sobre todo cuando ella representa la voz mundial en materia de derechos humanos», ha señalado. Contribuye a la opacidad ?y con ella al escepticismo? la política de Covid cero que mantiene al país aislado del resto del mundo y restringe la movilidad por el territorio nacional. Una avanzadilla de cinco personas trabaja sobre el terreno desde hace un mes, organizando la llegada de Bachelet. Se cree que esta viajará a China en una burbuja ?similar a aquella puesta en práctica durante los Juegos Olímpicos de Invierno? por lo que medios de comunicación no podrán acompañarla ni informar de sus desplazamientos. La inspección, la primera al país desde 2005 y «a invitación del Gobierno», durará seis días. La Alta Comisionada pasará por Cantón, Urumqi y Kashgar, donde se reunirá con «políticos regionales y estatales, organizaciones de sociedad civil, empresarios y académicos», según ha adelantado. Su paso por China concluirá con un comunicado y una rueda de prensa, que evaluará no solo la situación en Xinjiang, también la credibilidad del organismo que encabeza.
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