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Noticias de farc

26-05-2020 | Fuente: abc.es
Maduro ordena eliminar el partido de Juan Guaidó y Leopoldo López
El régimen de Nicolás Maduro ha ordenado a través del fiscal general Tareck William Saab declarar como «organización terrorista» al partido Voluntad Popular (VP), fundado por el presidente interino Juan Guaidó y Leopoldo López, para eliminarlo e inhabilitarlo políticamente. El fiscal Saab anunció que introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso para determinar si VP es «una organización terrorista y si es susceptible de sanciones por este motivo». En su presentación mediática, Saab acusó a los dirigentes de VP de hacer un negocio y «agredir al pueblo» con las protestas. También responsabilizó a la formación, fundada hace once años, de «presionar a la empresa norteamericana AT&T para pedir a EE.UU. que impidiera que los buques iraníes llegaran al país para traer gasolina y aditivos». En su exposición de motivos, el fiscal señaló que «cuando hablamos de falta de alimentos ya sabemos quiénes son los responsables, los factores de la extrema derecha que han alentado el bloqueo contra nuestro país (?) a las empresas que nos entregaban aditivos para combustible en negocios lícitos las persiguieron y amenazaron». Maduro pidió al brazo jurídico del régimen chavista «declarar al partido Voluntad Popular como una organización criminal con fines terroristas« y que, como consecuencia, sea disuelta en base a lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones a fin de «garantizar la paz de la República». La presidencia interina de Juan Guaidó, quien se retiró de VP para mantener la autonomía política en su cargo, rechazó la intención de Maduro de inhabilitar al partido. Por su lado Leopoldo López, coordinador nacional de VP y Comisionado Presidencial del Centro de Gobierno de Guaidó, también rechazó la arremetida del régimen. «Hoy quienes están acusados e investigados internacionalmente por narcotraficantes, esos que tienen lazos de amistad con los grupos terroristas FARC, el ELN, Hizbola y con carteles de droga, quienes acercan a nuestro país a regímenes promotores del terrorismo, arremeten de nuevo contra VP«, afirmó López. »Mientras el pueblo venezolano protesta en las calles por la falta de agua, de luz, de gasolina, de gas, por la escasez y porque el dinero no les alcanza; Maduro y su dictadura del hambre, corrupta e ineficiente persigue a nuestro partido«, añadió. En su cuenta de twitter, el líder de VP, que se encuentra refugiado en la Embajada de España desde hace más de un año, dijo que «Voluntad Popular es un sentimiento libertario, es por eso que ese afán asesino de la dictadura no nos ha detenido, al contrario, ha reforzado nuestra convicción de lucha democrática, algo que la dictadura no puede entender ni perdonar. Por eso hoy, quienes están acusados y solicitados internacionalmente por terroristas y narcotraficantes; esos quienes mantienen secuestrados a millones de venezolanos, dan un paso más en la escalada de persecución en contra de nuestro partido». Leopoldo López subrayó que no han podido ni podrán nunca «acabar con el sueño de libertad y con la lucha de todo un pueblo, y por ello, no han podido ni podrán tampoco nunca acabar con nuestro partido. Voluntad Popular no puede ilegalizarse ni disolverse, porque es un sentimiento de libertad, y eso no lo puede acabar ni una ni mil sentencias de un tribunal inconstitucional, arrodillado a la dictadura«.
23-05-2020 | Fuente: abc.es
Venezuela e Irán desafían a EE.UU.: llega al Caribe el primer carguero iraní con gasolina para Maduro
El primer carguero de Irán con gasolina para el régimen de Nicolás Maduro tiene previsto arribar a puerto mañana domingo, y se adentra en estas mismas horas en el Caribe, desafiando las repetidas advertencias del gobierno de Estados Unidos, cuyo presidente estudia una respuesta. El régimen chavista ya ha dicho que su Armada y su Fuerza Aérea escoltarán a los cinco cargueros que irán llegando en los próximos días a las costas venezolanas. Este sábado el carguero Fortune, de bandera iraní, se adentra en el Caribe tras haber cruzado el Atlántico. Le siguen atrás otros cuatro buques cargados con gasolina y también de bandera iraní: Forest, Petunia, Faxon y Clavel. Todos cruzaron recientemente el estrecho de Gibraltar tras entrar en el Mediterráneo por el Canal de Suez. El gobierno de EE.UU. acusa a Maduro de estar pagando esa gasolina ?1,5 millones de barriles? con nueve toneladas de oro de las reservas nacionales de los venezolanos. Según dijo este viernes a ABC la portavoz de la diplomacia estadounidense, Morgan Ortagus, «a cambio de la ayuda de Irán, la organización criminal que dirige Maduro saqueó nueve toneladas de oro y las envió a Teherán. Los venezolanos merecen elecciones presidenciales libres y justas que conduzcan a la democracia y la recuperación económica, no los caros acuerdos de Maduro con otro estado paria». Patrullas de EE.UU. en la zona Esos buques iraníes se acercan a Venezuela justo en un momento en que las fuerzas armadas estadounidenses patrullan el Caribe en su mayor despliegue contra los narcóticos. El propio presidente Trump anunció en abril esa misión militar en la Casa Blanca, rodeado de varios de generales y ministros. Previamente el ministerio fiscal norteamericano había presentado cargos por narcotráfico contra Maduro, once colaboradores suyos y dos dirigentes de la guerrilla colombiana de las FARC. EE.UU. ha sometido tanto a Irán como al régimen de Maduro a duras sanciones, y ha decretado un embargo casi completo del petróleo venezolano. Por su parte, Venezuela ha perdido la capacidad de refinar su propio crudo, y depende ahora de Irán para poder adquirir gasolina y gasóleo, necesarios ambos no sólo para el transporte sino también para los generadores de electricidad de residencias y, sobre todo, hospitales.
14-05-2020 | Fuente: abc.es
EE.UU. incluye a Cuba en la lista de países que no cooperan en materia de terrorismo
El Gobierno de Estados Unidos ha vuelto a incluir a Cuba en su lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos contra el terrorismo, el paso previo para añadirla de nuevo en la lista de estados que promueven plenamente el terrorismo. El régimen castrista salió de esta lista en 2015, durante el proceso de deshielo y restitución de las relaciones diplomáticas con EE.UU. y por decisión de Barack Obama. El Departamento de Estado explica en una comunicación oficial que el regreso de Cuba a la lista se debe a que ha dado amparo a 10 miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y se ha negado a extraditarlos a Colombia para ser juzgados por un atentado con explosivos perpetrado en enero de 2019 en una escuela de cadetes de policía en Bogotá, que mató a 22 personas e hirió a más de 60. Según el Departamento de Estado de EE.UU., este «mantiene una firme alianza de seguridad con Colombia y comparte con ese país el importante objetivo antiterrorista de combatir a organizaciones como el ELN». Por eso, «la negativa de Cuba a trabajar de manera productiva con el gobierno colombiano demuestra que Cuba no está cooperando con el trabajo estadounidense en apoyo a los esfuerzos de Colombia orientados a lograr una paz justa y duradera», añade. Acusa también el Departamento de Estado a Cuba de haber acogido a varios prófugos de la Justicia norteamericana acusados de delitos de sangre en EE.UU. Es el caso, por ejemplo de Joanne Chesimard, que fue condenada por asesinar a un policía del estado de Nueva Jersey en 1973. El Gobierno cubano no sólo se niega a extraditarla, sino que le ofrece, según EE.UU., vivienda, libretas de racionamiento y atención médica. En este listado se encuentran también Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela. Sobre este último país, el departamento de Estado dice que el régimen de Nicolás Maduro «sigue creando un entorno idóneo para que los terroristas mantengan su presencia en la zona. Si bien Maduro no fue el presidente reconocido de Venezuela en este período, su control del país hizo que, en la práctica, no fuera posible la cooperación con EE.UU. en los esfuerzos contra el terrorismo». Entre los grupos terroristas que identifica EE.UU. en Venezuela se hallan el ELN y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que en 2012 firmaron un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano. Recientemente el ministerio fiscal de EE.UU. acusó a Maduro y otros altos mandos del régimen venezolano y de las FARC de cargos por narcotráfico y terrorismo, y ofrece recompensas millonarias por pistas sobre su paradero. Esta lista de países que no cooperan con los esfuerzos contra el terrorismo se actualiza cada año. En la práctica, impide a quienes están en ella comprar armamento a empresas de EE.UU., algo que de todos modos ya tenia prohibido Cuba. En la otra lista, la de países que promueven activamente el terrorismo, que permite la aplicación de embargos y sanciones, se encuentran Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria. Según dijo el senador republicano Marco Rubio, «las dictaduras de Cuba y Venezuela siguen desempeñando un rol desestabilizador. Como muestra este informe, el régimen ilegítimo de Maduro continúa acogiendo a terroristas como el ELN y los disidentes de las FARC dentro de sus fronteras. Estas organizaciones terroristas reconocidas por el Departamento de Estado enriquecen a la narco-dictadura de Maduro y amenazan a nuestros aliados regionales y a los intereses de seguridad nacional de EE.UU. en el hemisferio».
08-05-2020 | Fuente: abc.es
La resistencia al cambio y a la plena subordinación a la autoridad civil del Ejército de Colombia
Jairo Libreros, especialista en temas de seguridad nacional y catedrático, habla para ABC sobre lo que realmente subyace en el escándalo de las escuchas de Colombia, que en realidad evidencian la realidad de un Ejército que no ha evolucionado con el país y se debate entre una visión moderna de seguridad nacional y la cuestionada doctrina de seguridad que hace décadas dejaron atrás los países latinoamericanos pero que muchos en Colombia pretenden mantener para sostener privilegios y una mirada muy limitada de los colombianos de hoy. Visto con perspectiva, los militares de rango alto que han sido cuestionados por escuchas ilegales y crímenes como los «falsos positivos», corresponden a una misma generación que pareciera rechazar el proceso de paz con las Farc y la modernización de las fuerzas armadas. ¿Hay una generación reacia al cambio? No podemos olvidar que las generaciones en un estamento castrense tienen una duración de 30 años. Estos fenómenos muestran que los que no estuvieron dispuestos a apoyar la paz con las FARC fueron formados bajo la doctrina de seguridad nacional, que no se acabó con la Constitución de 1991, mientras casi todos los países de Latinoamérica la dejaron entre las décadas de los 80 y 90. A Colombia le cuesta más tiempo, a pesar de no tener dictaduras en esos años. Cambiar el chip en el mundo de la seguridad es lo más difícil, implica reacomodar roles y comportamientos. Hasta hace muy pocos años los recién graduados de la Escuela de Cadetes no salían pensando, como otros jóvenes de escuelas militares del mundo, en asuntos propios de la seguridad del país, sino en ser troperos y batallar en las zonas más complicadas de Colombia. Esas dos miradas marcan una diferencia. Que altos mandos le apostaran a la paz generó una fractura: muchos de sus pares o de los que venían atrás los miran hoy como traidores, aunque muchos otros los ven como héroes. El uribismo ?se refiere a la línea política que sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundador del partido de gobierno Centro Democrático- de una manera hábil, pero criminal, profundizó la herida y empezó a decantarla llevando a los generales no alineados con la paz al primer plano del poder bajo el presupuesto de que la guerra volvería con las disidencias, el narcotráfico con control territorial y la guerrilla del ELN. Así, mantienen la doctrina del enemigo interno, pues sin ella saben que pierden privilegios, primas de orden público, dinero, capacidad para influir. Y algún sector de los militares colombianos ven con preocupación que, con una política de seguridad nacional moderna, los manden para los cuarteles y reduzcan los recursos fiscales para modernizar la tropa y el armamento. ¿Estos altos mandos del Ejército son ruedas sueltas o tienen unos lineamientos y acciones bastante más coordinadas de lo pensado? La capacidad política de la Presidencia de poner o retirar los mandos militares es clave. Hay sectores políticos del Centro Democrático, de la famosa ala radical, que prefieren las posiciones guerreristas que representan sus ideales y que les permiten responder a unas bases que les son leales contra viento y marea. La variable de la doctrina militar es política y los cambios se hacen por elección del presidente, como los hizo en su momento el expresidente Santos y puso a militares que le caminaran a la paz. Así que alguien políticamente cercano a la Presidencia tiene ese manejo de la doctrina. Seguramente hay rudas sueltas, pero una cosa es serlo y otra que la persona termine negociando su lealtad a la democracia y a la sociedad civil. Quien dio la orden de las escuchas tiene ascendencia política y sobre el estamento militar. Hay sectores externos que manejan la fuerza pública, eso no hay que dudarlo. Hay actores de derecha fuertes con capacidad de influir, con respaldo político real, con capacidad de graduar a periodistas, abogados y políticos de enemigos de la democracia. Este no es el primer escándalo del Ejército. ¿En esta oportunidad la Fiscalía le hará el quite, nuevamente, a investigaciones profundas y acciones contra los responsables? Todas las investigaciones se quedan en la Fiscalía, no hay un apoyo decidido por parte del Ministerio de Defensa. Hay frases que son lavadas de manos, como decir que la Fiscalía debe investigar cuando los insumos probatorios están en los archivos de la inteligencia militar. No le colaboran a la Fiscalía y si separan del servicio a las personas, no va a suceder nada. La solidaridad de cuerpo es difícil de vencer por la justicia. Por eso el tema es político, no militar. Hoy hay militares que representan la vieja guardia, y queda la pregunta por cómo están siendo formadas y entrenadas las nuevas generaciones de militares. Hay que cambiar las misiones, pensar en un ejército que esté garantizando la integralidad del territorio en vez de enfrentar grupos de narcos o terroristas; un ejército dedicado a su misión real, que es la de proteger las fronteras del país. Deberíamos estar en una etapa de transición militar, donde los rangos de Mayor en adelante, hacia arriba, conforman esa vieja generación. Los mayores de hoy son personas con una formación mucho más sólida, con visiones diferentes, conscientes por su formación e intercambio con otros ejércitos del mundo, en parte debido a la modernización que trajo el Plan Colombia a principios del siglo y por eso tienen otra mirada. Los generales eran los Mayores y Capitanes de entonces, del año 2002, formados en doctrina de seguridad nacional. ¿Al Ejército le importa este cuestionamiento y que no pueda decir más la frase manida de que se trata de unas pocas manzanas podridas y esto demande una revisión profunda por parte de la sociedad y los actores políticos nacionales? Sí le importa mucho porque se saben objeto de escrutinio público, son conscientes del desprestigio que corren, cosa que afecta su carrera, su estabilidad personal y familiar. La decisión es tan patente que hoy circulan videos retardatarios, donde descalifican a muchas personas y mantienen la fractura. Este no es el primer escándalo y seguramente vendrán más, varios por temas de corrupción, como también han sonado en estos días, Podríamos decir que en los últimos 15 años se repiten de manera consistente y nada pasa. Aproximadamente cada año hay un escándalo, lo que demuestra la resistencia al cambio y, lo que es más significativo, que no se acepta en toda su extensión la subordinación militar a la autoridad civil.
05-05-2020 | Fuente: abc.es
Colombia exige al Gobierno respuestas y sanciones por el espionaje del Ejército a periodistas
El escándalo por el espionaje del Ejército colombiano a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos ha sacado del letargo de la pandemia del coronavirus al país, que exige explicaciones al Gobierno y sanciones para los responsables. La revelación de la revista Semana sacudió a los colombianos el pasado viernes y desde entonces van en aumento las voces que reclaman castigo para los implicados y que el estamento militar deje de usar la inteligencia y contrainteligencia para espiar a los periodistas y ciudadanos comunes y más bien utilice esos recursos contra criminales y grupos al margen de la ley. «Es una práctica de vieja data y ahí hay un problema que es serio: en todos los países hay servicios de inteligencia, pero en todos hay controles a sus sistemas y el hecho de que esto sea reiterativo en Colombia es una muestra de que esos controles o no funcionan bien o no son suficientes», dijo a Efe Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). En el pasado, la Policía y las Fuerzas Armadas colombianas desarrollaron con la ayuda de Estados Unidos y de otros países potentes servicios de inteligencia para combatir a grupos guerrilleros y de narcotraficantes pero luego cayeron en la tentación de usar esa capacidad para espiar a la oposición. Espionaje con fines políticos El primer gran escándalo de ese tipo fue revelado en 2009 por Semana, que sacó a la luz las «chuzadas», interceptaciones telefónicas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a magistrados, periodistas y opositores en el segundo mandato de Álvaro Uribe (2002-2010). Luego, en 2014, fue el turno de la «Operación Andrómeda» con la cual miembros de inteligencia militar espiaban a los negociadores del Gobierno en los diálogos de paz con las FARC, y otras veces a políticos y a periodistas. El caso que ahora espanta al país ocurrió entre febrero y diciembre de 2019 y había sido revelado también por Semana a comienzos de año, pero la descripción detallada de la forma de operar de los militares, difundida en su última edición, fue la gota que colmó el vaso. Vaca dijo estar sorprendido por el universo de periodistas espiados, pues hay desde corresponsales extranjeros de medios como The New York Times y The Wall Street Journal, hasta colombianos, muchos de ellos jóvenes recién salidos de las universidades, como los miembros de los medios alternativos La Liga Contra el Silencio y Rutas del Conflicto. «Es como algo dirigido, más que obedecer a un objetivo, es como si dijeran (vamos a espiar a) este y este otro, y este otro», agregó el director ejecutivo de la FLIP, quien nada más conocer la denuncia de Semana publicó un duro comunicado exigiendo respuestas al Gobierno. Acciones oficiales insuficientes La nueva trama de espionaje fue tachada de «inadmisible» por el presidente colombiano, Iván Duque, quien prometió castigo para los implicados. Esta fórmula no satisface sin embargo a la prensa, que no quiere respuestas prefabricadas sino acciones concretas, demanda que cuenta con el apoyo de sectores políticos y de la sociedad en general. «Es un tipo de respuesta que hemos escuchado en el pasado. Hay un manifiesto de rechazo pero es insuficiente aún», añadió Vaca. El pasado viernes, horas antes de que Semana hiciera pública la investigación titulada «Las carpetas secretas», el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la retirada del Ejército de once oficiales y la baja voluntaria de un general, lo que lejos de zanjar la polémica la avivó porque dio la sensación de que solo se tomaron medidas por la presión de la denuncia. Críticas de partidos Al respecto, el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, dijo estar preocupado «con la lentitud y la falta de diligencia con la que el Gobierno nacional ha tomado las medidas» contra los militares, pues «de esa manera se está subestimando la gravedad de los hechos, que son gravísimos delitos». Pese a elogiar la actitud de Duque, de respaldo a la decisión del Ministerio de Defensa de hacer una depuración en sus filas, Gaviria cree que el presidente «también tiene una responsabilidad», y es hacer «que esto se corrigiera con más severidad». «Esto no se resuelve con un número: 11 oficiales retirados, se resuelve con una explicación detallada de lo que ocurrió, pero estas reacciones aún no llegan a ese punto; uno agradece que haya un rechazo pero en sí no hay una explicación cuando han transcurrido cuatro meses» desde la denuncia inicial, agregó Vaca a Efe. Hasta ahora no se sabe quién está detrás de esta trama, pero las sospechas apuntan hacia el comandante del Ejército en la época del espionaje, el cuestionado general Nicacio Martínez, quien pidió la baja del servicio en diciembre pasado alegando «motivos familiares». Debate en el Congreso Pese a que celebran sesiones virtuales debido a la cuarentena por el coronavirus, congresistas de diversos partidos no han dejado pasar por alto la gravedad de la denuncia y comienzan a mover fichas para llamar a un debate de control político al ministro de Defensa y a la cúpula militar. La intención es que expliquen quién da las órdenes sobre los objetivos de inteligencia y cuál es el criterio para seleccionarlos. Sin embargo, la cúpula militar parece no tener mucho interés en ayudar al esclarecimiento porque en una entrevista con la directora de noticias de RCN Radio, Yolanda Ruiz, una de las personas mencionadas en las carpetas, los generales Luis Fernando Navarro y Eduardo Zapateiro, comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército, respectivamente, dijeron no saber dónde están esos documentos. «El general Zapateiro dice que cree que las carpetas las puede tener la Corte Suprema después del allanamiento a las instalaciones de inteligencia (del Ejército) en Facatativá. El general Navarro nos precisa que no saben con certeza quién las tiene. Complicado no saber dónde está esa información», comentó Ruiz. La respuesta de los jefes militares dejó «sorprendido» al director ejecutivo de la FLIP, quien considera que «eso preocupa porque ya ha transcurrido un tiempo razonable para que den respuestas más detalladas».
01-04-2020 | Fuente: abc.es
La Armada de EE.UU. se moviliza frente a Venezuela para cortar los envíos de droga
El presidente de Estados Unidos anunció este miércoles la movilización de las fuerzas armadas a aguas internacionales frente a las costas de Venezuela para operaciones en la lucha contra el narcotráfico. «No podemos permitir que los carteles de la droga exploten la pandemia para poner en riesgo vidas estadounidenses», dijo Donald Trump en la Casa Blanca rodeado de la plana mayor de su gobierno. Esta movilización obedece a una operación antidroga en el resto de América, y en ella participan la Armada, la Fuerza Aérea y la Guarda Costera, que colaborarán con los ejércitos de otros 22 países aliados en el continente. El anuncio de esta movilización fue extraordinario, porque a Trump le acompañaron en la Casa Blanca el jefe del Estado Mayor, general Mark Milley; el jefe de Operaciones Navales, almirante Michael Gilday; el comandante de la Guarda Costera, almirante Karl Schultz, y varios ministros. Más cuando el país está en estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, que ya cuenta 200.000 contagiados y 4.600 fallecidos. Esta operación comenzó el mismo miércoles, ya hay buques frente a las costas de Venezuela, además de otros puntos del Atlántico y el Pacífico, y no tiene fecha de fin. Según dijo ayer el propio presidente, en ella participan destructores, buques de combate litoral, cazas, helicópteros y aviones de vigilancia. Nuevas rutas Con las nuevas movilizaciones anunciadas ayer, se ha doblado la presencia de la Armada en el Caribe para operaciones de lucha antidroga. Según dijo el general Milley, «hace tiempo que recibimos información de inteligencia de que los cárteles de la droga iban a aprovechar la crisis del Covid-19 para intentar introducir más droga en nuestro país». El jefe del Pentágono, Mark Esper, dijo que esta operación está diseñada para contener las actividades ilegítimas de Maduro. «El régimen de Maduro depende de los ingresos de la venta de drogas para mantener su represión desde el poder», dijo el secretario de Defensa. «La ciudadanía de Venezuela sufre terriblemente por las prácticas represivas de Maduro», añadió. La semana pasada el ministerio fiscal norteamericano presentó cargos por narcotráfico contra Maduro, 11 colaboradores suyos y dos dirigentes de la guerrilla colombiana de las Farc. El gobierno norteamericano ofrece además hasta 50 millones de dólares (45 millones de euros) por información que permita la captura de cualquiera de los imputados, 15 millones por Maduro y 10 por algunos de los demás, como el ?número dos? Diosdado Cabello. Según la fiscalía, esa trama permite operar a lo que el gobierno estadounidense denomina Cártel de los Soles, un grupo conformado primero por miembros corruptos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en las últimas décadas por elementos del gobierno bolivariano para el tráfico de drogas. Se le llama así por las insignias en forma de sol que llevan en la solapa los altos mandos militares de Venezuela. Desde 1999 ese cártel ha inyectado en el mercado de la droga estadounidense hasta 250 toneladas métricas de cocaína al año, según los fiscales. Relación con México El fiscal general (ministro de Justicia) William Barr relacionó la actividad del régimen de Maduro con los cárteles mexicanos. Según las estimaciones del gobierno de EE.UU. la cocaína y otras sustancias introducidas ilegalmente en el país provocan unas 70.000 muertes anuales por sobredosis. Según Barr, el régimen de Maduro busca rutas alternativas a la del Caribe para llevar la droga a EE.UU. Una de ellas es a través de Centroamérica, por lo que el Pentágono ha movilizado también a la fuerza aérea. El cálculo del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca es que estas medidas «le privarán al régimen de Maduro los fondos ilícitos con los que financia su represión», según dijo ayer su director, el embajador Robert O?Brien. Su predecesor en el cargo, el despedido John Bolton, fue un gran defensor de la movilización de las fuerzas armadas para destituir a Maduro. Fue él quien advirtió en repetidas ocasiones que «todas las opciones están sobre la mesa» contra el régimen. Ayer añadió O?Brien que «Maduro, los narcos y los terroristas deben tener claro que a pesar de que estamos luchando contra la pandemia del coronavirus, cumpliremos las directrices del presidente en la lucha contra el narcotráfico». El anuncio llega un día después de que la diplomacia norteamericana propusiera un plan de transición a la democracia en el que podría participar el grueso del régimen venezolano pero sin Maduro. Según ese plan, Juan Guaidó renunciaría a ser presidente de transición hasta que haya elecciones libres en un plazo de seis a 12 meses. El régimen rechazó inmediatamente el plan por medio de su canciller, Jorge Arreaza, quien dijo en una entrevista radiofónica que en todo caso «las decisiones sobre Venezuela se toman en Venezuela».
30-03-2020 | Fuente: abc.es
Estados Unidos hará lo posible por capturar a Maduro
Donald Trump venía insistiendo en que marzo iba a ser importante en la campaña contra Nicolás Maduro, y así ha ocurrido. Ahora sabemos que hace seis meses se tomó la decisión de presentar cargos contra él y otros máximos responsables del régimen en una macro causa centrada en el narcotráfico, y desde entonces hasta cinco jurisdicciones judiciales federales estadounidenses han trabajado intensamente en la coordinación de sus informaciones. Testigos protegidos que a lo largo de los años ya habían ofrecido sus testimonios a los agentes de las distintas fiscalías volvieron a ser llamados para testificar esta vez ante un gran jurado y poder formalizar así las acusaciones. Por ello, quienes simplistamente han dicho que todo esto se debe al particular momento ?debilidad del régimen chavista a causa de la crisis del coronavirus, o bien debilidad de Trump ante el electorado de Florida? desconocen que procesos judiciales de este tipo requieren de un trabajo previo que no se resuelve en dos días. Escuchas de conversaciones Fuentes que han colaborado en el avance de la causa aseguran que Estados Unidos hará todo lo posible por capturar a Maduro. Se descarta una operación como la que los estadounidenses protagonizaron en 1989 en Panamá para detener a Manuel Noriega (el único caso previo de un mandatario por el que EE.UU. ha ofrecido recompensa), pero caben otras operaciones «quirúrgicas» que pueden llevar al mismo resultado. Además, cualquier movimiento fuera de Venezuela podría ser aprovechado para interceptarle. Lo que está claro es que EE.UU. tiene acceso a escuchas que le aportan una gran información sobre Maduro y su entorno. Eso se ve en el «indictment», donde se incluyen conversaciones mantenidas en el círculo estrecho del poder. Por ejemplo, se describe una conversación de 2009 en la que Cabello consideraba que la salida del poder del aliado chavista Gabriel Zelaya en Honduras les iba a «joder el negocio» y Maduro se comprometía a intentar que ese cambio de gobierno no les fastidiara sus conexiones de narcotráfico. O la bronca que en 2013 Maduro les echó a Cabello y Carvajal por haber usado el aeropuerto de Maiquetía para un gran envío de droga en lugar de vías menos llamativas. Colaboración de Clíver Alcalá Llama la atención que el «indictment» sitúa a Maduro en el centro de la trama desde el comienzo, cuando en realidad el papel central correspondió a Hugo Chávez hasta su muerte. Con ello se quiere indicar que Maduro, aun con responsabilidades que en principio diríanse menos propicias para asuntos relacionados con el narcotráfico, como la de dirigir el Ministerio de Asuntos Exteriores, estuvo igualmente vinculado desde el principio a ese negocio. Luego, al suceder a Chávez en la presidencia también le sucedió como supervisor del Cartel de los Soles. También resulta curioso que en la acusación se haya incluido a Clíver Alcalá. El militar fue decisivo en la puesta en marcha del cartel chavista, pero su vinculación habría terminado poco antes de la muerte de Chávez; nunca fue una persona cercana a Maduro, quien prescindió completamente de él. De hecho, luego estuvo en contacto con las autoridades estadounidenses analizando algún tipo de cooperación, cuestión que nunca se concretó del todo por la desconfianza que sembraba. Su inclusión en la causa buscaba precisamente forzar su entrega, como ha ocurrido: Clíver Alcalá se entregó a la DEA en Colombia el viernes por la tarde e inmediatamente fue conducido a Nueva York. Ahora deberá aportar información que condene a los otros encausados. Hechos probados La causa contra Maduro, Cabello, Carvajal, Alcalá y dos dirigentes de las FARC (alias Iván Márquez y Jesús Santrich) ofrece muchos detalles de hechos delictivos. EE.UU. también ha extendido acusaciones contra el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno; el vicepresidente Tarek el Aissami, y otros individuos. La siguiente relación recoge solamente los hechos probados de la primera de la causas. ?Las FARC cultivaron hoja de coca también en Venezuela, como en la Serranía de Perijá. También procesaron cocaína en el país; precisamente, en 2003 Jesús Santrich recibió 300.000 dólares para establecer un campo de las FARC cerca de Apure con ese fin. ?En 2004, el volumen de cocaína que entraba de Colombia y atravesaba Venezuela era de al menos 250 toneladas anuales. En 2010, se registraron unos 75 vuelos de narco-avionetas, cubriendo la ruta entre Venezuela y Honduras. ?En 2005, Hugo Chávez dio órdenes a miembros destacados de su equipo de apartar de sus cargos a los jueces que no protegieran a las FARC y sus actividades de narcotráfico. En ese mismo año, Venezuela rompió la relación bilateral que había mantenido con la DEA estadounidense. ?En 2006, las FARC pagaron a Maduro 5 millones de dólares obtenidos en el negocio de la droga para proceder a su lavado. Como nuevo ministro de Exteriores, Maduro se ocupó de comprar a Malasia un equipo de extracción de aceite de palma, para su instalación en Apure. ?En 2006, Cabello y Carvajal colaboraron en el envío de un DC-9 cargado con 5,6 toneladas de cocaína, que salió del principal aeropuerto de Venezuela y por una avería tuvo que aterrizar en el estado mexicano de Campeche, con la consiguiente captura de la carga. ?En 2008, Chávez acordó con Iván Márquez usar fondos de la petrolera nacional PDVSA como apoyo a las operaciones de narcotráfico y terrorismo de las FARC. En mismo año, y en otra reunión con las FARC, se acordó entregar dinero y armas a este grupo para que aumentara la producción de cocaína; Maduro se comprometió a hacer lo posible para que la frontera con Colombia estuviera abierta y así facilitar el narcotráfico. ?En 2009, Maduro, Cabello y Carvajal prepararon el envío de cuatro toneladas de cocaína facilitadas por las FARC. ?En 2013, el Cartel de los Soles despachó 1,3 toneladas de cocaína en un avión que viajó de Maiquetía a París, donde la carga fue intervenida. ?En 2014, Maduro ofreció más armas a Iván Márquez a cambio de que las FARC ayudaran a entrenar una milicia armada en Venezuela. ?En 2015, el Cartel de los Soles quitó material al Ejército venezolano para entregárselo a las FARC.
29-03-2020 | Fuente: abc.es
Hablábamos el pasado domingo aquí del valor de la Prensa libre («El comunismo chino tiene miedo» ABC, 22-03-2020), lo que generó las protestas de aquel Gobierno al corresponsal de ABC en Pekín, Pablo M. Díez. Esta semana hemos tenido otra muestra muy relevante del valor de la información libre y veraz frente a las tiranías. El pasado jueves, la Fiscalía de los Estados Unidos -o lo que es lo mismo, el Gobierno, porque el fiscal general es miembro del Gobierno- acusó al presidente de Venezuela de narcotráfico. Es verdaderamente excepcional que se haga una acusación así a un jefe de Estado en ejercicio. La última vez que lo hizo Washington fue en diciembre de 1989 contra Manuel Antonio Noriega, dictador de Panamá, y aquello acabó con la invasión del país y el narcotirano pasando dos décadas en la cárcel en Miami antes pasar por la parisina cárcel de La Santé. Lo que ahora ha confirmado el Gobierno norteamericano es algo que ya se anticipó en las páginas del ABC hace más de cinco años y que desató la furia del Gobierno venezolano. Furia que degeneró en ira cuando unos meses después «The Wall Street Journal» publicó también que Diosdado Cabello estaba siendo investigado por narcotráfico y lavado de dinero. Cabello presentó en 2016 una querella por difamación contra el «Journal» y el caso fue archivado en 2017. La verdad acabará sabiéndose con todo detalle. Pero hay otra parte de la denuncia de la Fiscalía General de los Estados Unidos a la que se ha prestado menor atención. Entre los 14 acusados contra los que se han presentado cargos hay dos colombianos. Y de esos no quieren hablar la mayoría de los medios porque son unos dirigentes del las FARC que hace unos años eran jaleados en casi todos los medios de comunicación occidentales. Uno de ellos es Luciano Marín, alias «Iván Márquez» y el otro Seuxis Paucís Hernández Solarte, alias «Jesús Santrich». Iván Márquez fue el jefe de las FARC que negoció el llamado Acuerdo de Paz que se firmó en Cartagena de Indias el 26 de septiembre de 2016. Santrich fue uno de los delegados de las FARC en las negociaciones de La Habana. Y uno de los beneficiados con un escaño en el Congreso colombiano sin necesidad de competir por él en las urnas. Ambos decidieron volver a la selva después del cambio de Gobierno en Colombia con la victoria de Iván Duque. Estos dos padres de un «acuerdo» que el pueblo colombiano rechazó y Juan Manuel Santos impuso siguen activos en las FARC y colaboran con el narcotráfico del Cartel de los Soles, del que hablamos en ABC por primera vez en enero de 2015. Ya sabemos que rápidamente se atribuyó a Márquez y Santrich la condición de «disidentes» de las FARC. Lo que no dice nada bueno de con quién negoció el Gobierno de Santos. Pero ahora vemos que una buena parte de la querella de la Fiscalía norteamericana se funda sobre la colaboración en la actualidad del Gobierno de Nicolás Maduro y las FARC. Las FARC que ya no existían, las FARC cuya desaparición le valió el Nobel de la Paz a Santos. Pues como en el corrido mexicano, no estaban tan muertas. Fueron muchos los que quisieron creerse la gran mentira del acuerdo de paz de Santos y las FARC. La realidad es otra. Era una forma de dar una salida sin penas efectivas de prisión a muchos criminales sanguinarios, y era una forma de procesar a muchos militares colombianos que sólo intentaron mantener la legalidad. Santos le dio la victoria a las FARC. Y por cierto, el principal asesor jurídico de las FARC en La Habana, Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, se sube estos días a la tribuna del semivacío Congreso de los Diputados de España a dar lecciones de cómo afrontar una crisis. Forma parte de la coalición que hoy gobierna España.
28-03-2020 | Fuente: abc.es
El CNI media para la entrega del exgeneral Hugo Carvajal a EE.UU. tras ser acusado de narcotráfico
Veintricuatro horas después de que la Fiscalía de Estados Unidos haya presentado cargos contra una docena de funcionarios venezolanos, incluido el propio Nicolás Maduro, y dos cabecillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Hugo «El Pollo» Carvajal será entregado a las autoridades estadounidenses. Así lo confirmó la agencia Reuters, en la información que cita a tres fuentes familiarizadas con el caso, quienes aseguran que Carvajal está «discutiendo los términos para su rendición ante las autoridades norteamericanas» tras haber sido acusado por narcotráfico y lavado de dinero. En concreto, el auto de la Fiscalía de Nueva York acusa a Carvajal de ser «uno de los líderes y gerentes del Cartel de los Soles y de conspirar con las FARC para transportar y distribuir grandes cargamentos de cocaína a territorio norteamericano; interferir con las investigaciones de tráfico de drogas y los casos penales pendientes en Venezuela y ayudar a proporcionar a las FARC armas de grado militar, incluidas ametralladoras, municiones, lanzacohetes y equipos explosivos». Consultada por ABC, la letrada de Hugo Carvajal, María Dolores Argüelles, aseguró ayer que no tenía constancia de que fuera a producirse la entrega de su representado. Según explicó, no tenía conocimiento de este asunto más allá de lo publicado en prensa, lo que le llevaba a cuestionar la veracidad de la información, dado que ella forma parte del equipo jurídico que le representa en el proceso de extradición en la Audiencia Nacional y no ha sido informada, informó Isabel Vega. Este diario también intentó contactar con su hijo Hugo Peck, pero no respondió a los mensajes. Carvajal fue solicitado por el Departamento de Justicia el pasado viernes por pertenecer a una red de narcotráfico llamada el Cártel de los Soles -de la que ABC informó de su existencia en 2015-, junto a Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen de Venezuela como Diosdado Cabello, Maikel Moreno, Tareck El Aissami y Clíver Alcalá, quien se entregó voluntariamente esta mañana en Baranquilla, Colombia, a la DEA para someterse a la justicia en una corte en Nueva York. Periodistas venezolanos han informado que el Pollo» Carvajal ha decidido entregarse a las autoridades de Estados Unidos. «La decisión la está procesando a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en España y sería efectiva en pocas horas», dijeron. El Departamento de Justicia ofreció 10 millones de dólares por información que permitieran su captura. Por Nicolás Maduro, en cambio, ofrecieron hasta 15 millones de dólares. La acusación hecha por el Gobierno de EE.UU. también ofrece recompensa por otros jerarcas venezolanos acusados de conspirar con líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir toneladas de cocaína a territorio estadounidense. Fugado en España Carvajal, hombre de confianza del fallecido Hugo Chávez, rompió con Maduro y reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. En abril de 2019, fue arrestado en Madrid y puesto a disposición de la Audiencia Nacional. El 17 de septiembre la Audiencia Nacional desestimó la orden de extradición y dejó al exjefe de la inteligencia militar en libertad con régimen de presentación cada 15 días en el juzgado, pero tres meses después, dictó otro auto en su lugar en el que accedió a la extradición en los términos interesados. Desde noviembre, no se tiene información sobre el paradero de Hugo Carvajal que se encuentra bajo custodia del CNI, según aseguraron a este diario fuentes solventes.
26-03-2020 | Fuente: abc.es
ABC destapó en exclusiva la vinculación del régimen chavista de Venezuela con el narcotráfico
ABC fue el medio que descubrió ante el mundo la vinculación del régimen chavista de Venezuela con el narcotráfico. Cinco años antes de conocerse que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos penales contra Nicolás Maduro , este diario destapó en exclusiva en enero de 2015 que ese país estaba cerrando el cerco en torno a altos cargos venezolanos implicados en el narcotráfico, con una investigación abierta sobre Diosdado Cabello -en la actualidad presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente-, siguiendo acusaciones de testigos que dibujan una situación de narcoestado. Cinco meses después, en mayo, una información de «The Wall Street Journal» ratificó lo publicado por ABC. Ahora, la acción del Departamento de Justicia norteamericano se dirige, además de Maduro, contra otros jerarcas del régimen, como el propio Cabello o el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. A estos tres dirigentes chavistas se les acusa de narcotráfico y tráfico de armas en colaboración con la guerrilla de las FARC, en una trama de venta de cocaína que llegó a EE.UU. Así mismo, se ofrece una recompensa de 15 millones de dólares (13,6 millones de euros) por cualquier pista que ayude a capturar a Maduro. En 2015, ABC informaba de que la droga que salía de Venezuela -el 90% de la producción de Colombia se distribuía desde suelo venezolano; unas cinco toneladas semanales- no solo iba a EE.UU., sino que también llegaba a Europa, con España como punto importante en las rutas que siguen las mafias, entre ellas principalmente el llamado cártel de los Soles, la organización paraestatal del narco venezolano. . Fuentes próximas a la Administración para el Control de Drogas (DEA) indicaban que la cocaína colombiana que iba a Europa salía en su mayoría en barcos pesqueros que zarpan de los puertos venezolanos de Puerto Cabello y Maracaibo. A Europa también llega la droga generada en Perú y Bolivia, aunque sus cargamentos se distribuyen básicamente a través del Cono Sur. ABC también informó en 2016 de la operación en la que fueron capturados dos sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, y por la que Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas serían sentenciados en Nueva York a 18 años de prisión por tráfico de droga. Este mismo año, ABC daba nuevos detalles de la trama de contrabando de oro, gasolina y drogas de la que Cabello es el principal beneficiario, con entregas en mano, en un sobre, por parte de cada uno de los comandantes de los 24 estados venezolanos.
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