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Noticias de emigrantes

19-01-2020 | Fuente: abc.es
Los parisinos escogerán entre una alcaldesa de origen español o magrebí
Primicia histórica, por partida doble. Los parisinos dudan entre reelegir a una alcaldesa nacida en España, Anne Hidalgo, o elegir a una nueva alcaldesa de familia marroquí, Rachida Dati. Por vez primera en la historia, dos mujeres están a la cabeza de intenciones de voto en las elecciones municipales del 15 y el 22 de marzo próximo. Por vez primera en la historia, así mismo, entre todos los candidatos a la alcaldía de la capital, las dos mujeres con más intenciones de voto son francesas de origen extranjero, español y marroquí. Anne Hidalgo (59 años) nació en San Fernando (Cádiz) y es la única superviviente del hundimiento histórico del Partido Socialista. Hija de un padre electricista y una madre costurera, emigrantes andaluces, toda su carrera política pasa por París, como primera teniente de alcalde de Bertrand Delanoë (el primer alcalde homosexual de la historia de la capital de Francia), el 2001, antes de ser elegida alcaldesa en 2014. Rachida Dati (54 años) nació en Saint-Rémy (Saône-et-Loire), en el centro de Francia, hija de un padre marroquí, albañil, y de una madre argelina, emigrantes, creció en el seno de una familia numerosa (seis hermanas y cuatro hermanos). Su carrera política comenzó como consejera de Nicolas Sarkozy, que la nombró ministra de Estado y Justicia en 2007. Según el último sondeo del semanario independiente «Le Journal du Dimanche» (JDD), Hidalgo tiene un 25% de intenciones de voto en la primera vuelta de las próximas elecciones municipales francesas, el 15 de marzo próximo, seguida de Rachida Dati, que cuenta con el 19% de intenciones de voto. Emmanuel Macron pensaba que la alcaldía de París sería la penúltima «estrella» que faltaba a su «corona» política, tras su elección como presidente (2017) y la victoria de su partido, «La República En Marcha» (LREM) en las eleciones legislativas del mismo año. La división y enfrentamientos personales de los dos candidatos del partido presidencial, Benjamin Griveaux y Cédric Villani, es un hándicap grave para los candidatos gubernamentales, que solo cuentan con el 15 y el 13% de las intenciones de voto en la primera vuelta de las próximas presidenciales. Un candidato ecologista, David Belliard (14% de intenciones de voto), y dos candidatos de extrema derecha y extrema izquierda, Serge Federbusch y Danielle Simonnet (5% intenciones de voto, ambos), tienen pocas o ninguna posibilidad de aspirar a la alcaldía parisina. Hidalgo, la favorita Desde hace meses, Hidalgo figura como favorita. Pero la inesperada presencia de Dati y el retroceso fratricida de los candidatos de Macron ha transformado la campaña electoral de París en un duelo a primera sangre política entre dos francesas de origen español y marroquí, novedad histórica, sin precedentes. No deja de ser llamativo, quizá, así mismo, que la batalla de París comience a disputarse, por vez primera, entre dos mujeres. Sin duda, a dos meses de la primera vuelta, la campaña todavía puede dar muchas sorpresas. Hidalgo puede mejorar posiciones, Griveaux puede recuperarse, Dati puede seguir creciendo o retrocediendo. La primicia histórica, por partida doble. seguirá confirmándose, en cierta medida, ocurra lo que ocurra. Hidalgo puede ganar o perder, pero seguirá viviendo, políticamente, de su «cetro» municipal parisino. Dati puede ganar o perder, pero su campaña municipal, parisina, la reinstala en el corazón de la vida política nacional, con personalidad propia en el seno de «Los Republicanos» (LR), el partido de la derecha tradicional francesa, todavía huérfano de la retirada sin retorno de Nicolas Sarkozy.
19-01-2020 | Fuente: elpais.com
Quién apoya a quién en el tablero libio
El petróleo, el flujo de emigrantes irregulares y la presencia del terrorismo islamista concitan el interés de las potencias extranjeras
19-01-2020 | Fuente: elmundo.es
La Policía marroquí impide el asalto de más de 250 subsaharianos a la valla de Ceuta
El incidente ha dejado 24 heridos entre los emigrantes y las fuerzas del orden 
13-01-2020 | Fuente: abc.es
Edel González: «A muchos altos funcionarios del Gobierno cubano les duele la represión contra la disidencia»
Cuba, a pesar de los últimos cambios ?aprobación de una reforma de la Constitución y el relevo en el Gobierno en 2018 de Raúl Castro por Miguel Díaz-Canel?, sigue mostrándose ante el mundo como uno de los países con mayor represión y que menos respeta los derechos humanos de sus ciudadanos, especialmente si disiente con la doctrina del régimen. Esto se refleja en el número de detenciones y encarcelamientos arbitrarios, sin órdenes judiciales, sin derecho a asistencia legal, con acusaciones por delitos respaldados por pruebas falsas.. La ONG Prisoners Defenders ha presentado hoy en Madrid un informe inédito con los datos actuales sobre el número de carcelado en el país ?90.000 personas?, el tipo de condenas ?con énfasis especial en las predelictivas? y el porcentaje de condenas de culpabilidad de los miles de procesos abiertos ?entre el 93 y 95%?. Estos datos confirman que Cuba es el país con mayor población reclusa del mundo. La presentación la ha completado la participación del jurista cubano Edel González Jiménez, expresidente del Poder Judicial Provincial en Cuba y Reserva Especial para la dirección del Tribunal Supremo de Cuba, que, consciente de los problemas que presenta el sistema penal cubano, aboga por un diálogo nacional entre los distintos estamentos del país que permita «migrar hacia cambios más acordes con las necesidades de derechos humanos en la isla». González Jiménez no duda en afirmar que el obstáculo principal para que esto se produzcan es el «miedo» que durante décadas se ha instaurado en todos los niveles de la sociedad cubana a la hora de reclamar al régimen cualquier pequeño avance en derechos y libertades fundamentales. «El embargo y el bloqueo afectan a la economía en la isla, pero tenemos un autobloqueo interno que es corresponsable de la miseria que sufre el pueblo cubano», reflexiona durante una entrevista con ABC. «El embargo y el bloqueo afectan a la economía en la isla, pero tenemos un autobloqueo interno que es corresponsable de la miseria que sufre el pueblo cubano», asegura Edel González a ABC El jurista cubano, que actualmente está ampliando su formación en Perú y realizando una investigación «sobre la eficacia del sistema judicial en Cuba», ha hablado esta mañana en Madrid sobre los derechos humanos en la isla así como del diálogo como motor de cambio. Durante la conversación con este periódico ha mostrado su preocupación ante la deriva a la que puede llevar el aumento de la presión externa ?por parte de EE.UU? y de la confrontación interna entre el gobierno y las voces disidentes en la isla, lo que puede desembocar en una mayor represión. Comparte con ABC algunas de las medidas que cree contribuirían a mejorar la situación social en su país, así como a aumentar el respeto por los derechos humanos. Muy consciente de que su pronunciamiento público sobre este tema puede tener serias repercusiones para él, a nivel personal y profesional, e incluso suponerle la prohibición de volver a entrar en Cuba, espera que este paso al frente que da sea seguido por otros muchos. También quiere dejar claro que no es un disidente «ni un opositor». «Nunca he tenido ningún tipo de vínculo con esas organizaciones, ni siquiera las conozco». González Jiménez se califica a sí mismo «como una persona que apuesta por el sistema porque está en un proceso muy positivo, aunque es lento», admite. «Tengo la convicción de que la nueva Constitución da pie para que se produzca una serie de normas jurídicas que tiendan a elevar la libertad de los cubanos. Si bien no se refleja en ella de manera expresa que ciertos derechos fundamentales del ser humano puedan ser alcanzados en Cuba, esto es, que tengan un respaldo jurídico, la producción normativa inferior sí puede hacerlo», asevera. Mientras se logra esto, Cuba, con 90.000 presos, es la mayor cárcel del mundo. A usted, como jurista, ¿esto le parece justo? No es justo que ningún país tenga 90.000 presos, pero lo que hay que ver es qué es lo que hay detrás de esta cifra. En casi todos los países sudamericanos tienen menor número de presos, sin embargo, la inseguridad del ciudadano se respira hasta el punto de que tienen miedo de la policía porque hay una alta delicuencia y las estructuras policiales, que deben defender esa garantía de la seguridad del ciudadano, se mezclan mucho con la delincuencia. En esos países hay bajos índices de presos, pero altos índices de corrupción e impunidad. Desde ese punto de vista, esos 90.000 presos en Cuba demuestran que existe una alta seguridad jurídica en la isla. Otra cosa es que dentro de esa cifra se encuentre un número de personas injustamente encarceladas, a las que se les puede aplicar otra tipo de sanciones, o también, inclusive, que el sistema debería despenalizar algunas figuras jurídicas en vistas a otorgar más libertad.. Ahí sí le digo que el sistema jurídico cubano tiene que trabajar y también el sistema carcelario. Durante décadas, el Gobierno cubano ha utilizado como excusa su lucha contra la delicuencia para justificar la detención y encarcelamiento de opositores y disidentes. Tenemos como ejemplo las condenas predelictivas, por las que se detiene a personas que pueden ser peligrosas en un futuro. Esto es una clara vulneración de sus derechos.. Cuba defiende esa figura jurídica. La sociedad debe protegerse ya sea por delitos o por conductas que le sean lesivas y puedan constituir el día de mañana un delito. Los juristas en Cuba hemos tratado, a partir de proyectos de reforma legislativas, de proponer abiertamente que esa figura desaparezca de la ley de procedimiento penal porque realmente es una figura retrógrada. Estamos hablando de algo instituido por un sistema más totalitario. También hemos abogado de que en materia de procedimiento tenga más garantía de derechos el presunto asegurado. Y realmente no se nos ha permitido a los juristas que en el código penal en las propuestas de variantes esa figura desaparezca. Por experiencia personal pude conocer que, cuando entraba a fondo en materia probatoria para determinar la culpabilidad de esa conducta antisocial, en muchas ocasiones se falsificaba o adulteraba la información. Un ejemplo de falsificación de información es el caso del disidente José Daniel Ferrer, detenido el pasado 1 de octubre, y al que se le acusa de un presunto delito de secuestro y lesiones apoyado en pruebas falsas, según testigos y la ONG Prisoners Defenders. Pude acceder a todas las pruebas, y verdaderamente es un reto grande para el tribunal de Cuba si es capaz de mostrarse independiente a la hora de valorar las pruebas que presenta la acusación frente a las que él [Ferer] tiene a su favor. Si lo hace así, Ferrer tiene altas probabilidades de salir absuelto. De momento, Ferrer no cuenta siquiera con un abogado.. No tiene abogado porque no ha querido. Existen bufetes colectivos. Lo que sucede es que la disidencia y los opositores en Cuba creen que el cuerpo de abogados en la isla está subordinado a los intereses del partido Comunista y a los de la Seguridad del Estado, y que cualquier ejercicio de defensa de un abogado lo que va hacer es culpabilizarlo más. Los disidentes deben apartarse de ese pensamiento porque existen muchos abogados profesionales que no están subordinados. Aunque constituye un reto ejercer con toda libertad. ¿Hay justicia independiente en Cuba? Hay una justicia independiente para muchas cosas.., sobre todo en materia de delitos comunes. Ya cuando el caso adquiere una relevancia política, como es el caso de José Daniel Ferrer, no se interfiere tal vez de manera directa sobre la justicia, pero el propio miedo que tienen los miembros de ella ?abogados, fiscales, jueces? a que una decisión sea favorable hacia un disidente o hacia un opositor priva de toda la capacidad de racionalidad y de todo el ejercicio de competencia que puede tener la persona que debe tomar la decisión. ¿Está hablando de autocensura de la propia justicia por miedo a molestar al poder? Sí, lo que actualmente está impactando más en la población en Cuba es la autocensura que los cubanos nos imponemos. Preferimos la comodidad, el no tener ningún tipo de conflicto con los agentes de la Seguridad del Estado o con los agentes del partido, que propiciar la justicia que debe producirse por los cauces normales. Ese es un problema hoy en Cuba que hay que resolver. Hay que hacer un llamamiento a los juristas en Cuba y a todos las personas vinculadas con el derecho de que no se autocensuren, que no tengan temor porque, inclusive, la propia Constitución y las propias leyes orgánicas que reglan esas instituciones les exigen que como primer valor lo que se debe conseguir es la justicia. Pero el miedo está instituido. La Seguridad del Estado tiene mucho peso, de manera que cuando no se favorecen sus intereses en una decisión judicial o administrativa, entonces puede reaccionar de manera negativa contra las personas que han tomado esas decisiones utilizando mecanismos alternativos que pueden provocar que esas personas pierdan credibilidad ante la misma institución, o que les investiguen buscando faltas éticas. Esa información después se hace llegar a la estructura de dirección de esos organismos, y esa persona puede perder su trabajo o ser trasladado. Esas consecuencias colaterales son las que hacen que todavía la sociedad cubana se desprenda de sus compromisos por miedo a la probable represión posterior que puede surgir cuando hace un acto de justicia. Nosotros tenemos que ser capaces de borrar ese miedo del escenario cubano. De esta manera los jueces, los fiscales, los abogados y todas las personas que tienen que defender los derechos en Cuba cometerían menos errores. «Nosotros tenemos que ser capaces de borrar ese miedo del escenario cubano. De esta manera los jueces, los fiscales, los abogados y todas las personas que tienen que defender los derechos en Cuba cometerían menos errores» ¿Y cómo se puede erradicar ese miedo? Primero tendría que partir de una voluntad política, que tiene que reunirse con los jueces, con los fiscales y los abogados para decirles que su misión es conseguir la justicia, bajo cualquier circunstancia. Y, por otro lado, frenar las reacciones libertarias que tienen los oficiales de la Seguridad del Estado. Decirles que cada vez que la justicia toma una decisión ellos no pueden acudir contra las autoridades que estuvieron involucradas en ella. Eso es lo que provoca la violación de derechos. Y es por esto que constantemente la justicia cubana está siendo acusada en organizaciones internacionales de DD.HH. Nosotros, los juristas, debemos gestionar este tema y hablarlo en nuestros congresos sin miedo; transparentárselo a la dirección del país, para que esta sepa lo que esta sucediendo. Una mala decisión de la justicia también coloca a la dirección del Estado en una mala posición a nivel internacional. ¿Realmente le preocupa al régimen cubano su imagen a nivel internacional? Cada acusación que recibe es desmentida, y asegura que no hay presos políticos en Cuba, cuando diversas ONGs reconocen a 126 presos políticos. ¿Usted también cree que no hay presos políticos en su país? Según el gobierno no hay presos políticos. Ciertamente toda aquella persona que es encarcelada, reprimida, perseguida porque tenga un pensamiento político, aunque el delito que se le tipifique no sea propiamente político sino común, como desacato, resistencia, desobediencia, o delito de lesiones, que se pueda establecer como es el caso de José Daniel Ferrer, no podemos ser tontos, evidentemente obedece a unas posiciones políticas de enfrentamiento. No a una posición de delito común. En ese sentido, el número de personas que está siendo detenido o cumple penas de prisión debe ser sometido a un proceso de revisión judicial ante una comisión u órgano judicial al que se le dé toda la confianza para que revise los 126 casos. Una confianza que le permita decir que hay irracionalidad, que ese desacato obedece a que esa persona se manifestó, y en el caso de Ferrer se le dé la libertad. Y que la actuación de la policía estuvo de más, porque manifestarse es un derecho cívico de cualquier persona. Pero los agentes de seguridad y de la policía que hostigan a la oposición con constantes allanamientos y detenciones arbitrarias obedecen órdenes que vienen de mucho más arriba.. Yo diría que hay directrices nacionales en materia de enfrentamiento a la disidencia y a la oposición cubana. Pero también soy del criterio que hay muchas iniciativas locales que desembocan en el enfrentamiento. No solo la culpa está arriba a la hora de trazar directrices para evitar que fructifique alguna organización que abiertamente cuestione el régimen. Hay muchos oficiales de la Seguridad del Estado que a nivel local actúan para recibir un halago. En la rendición de cuentas de los Tribunales en la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el año 2017, tuvimos una reunión previa con el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, que era secretario del presidente de la República en aquella época. Hoy es secretario de la Asamblea Nacional y secretario del Consejo de Estado, los máximos órganos de poderes instituidos por el Estado. Aquel día, Acosta nos dio a todos los jueces del país la orientación, de parte del compañero Raúl Castro, de que no debíamos temer ni ser influenciados por el Ministerio del Interior ni por cualquier agente externo en materia de justicia. Pero el problema es que la autocensura que tenemos los cubanos por ese miedo que gravita por encima de nuestras cabezas, y que se viene arrastrando desde hace años, nos ha impedido que seamos todo lo eficaces y exigentes para que en Cuba haya justicia en materia de ciertos derechos humanos. Yo quiero que se entienda esto, porque se ha hablado mucho sobre las orientaciones que vienen de arriba sobre el sistema judicial, que debemos plegarnos a ellas. Yo viví casos en los que tuve que juzgar a disidentes por delitos de desacato, resistencia e, incluso, de atentado. En aquellos momentos, yo no tenía la vocación de decir que ese arresto tenía como base una ilegalidad, en la que debía haber habido una sentencia absolutoria. Hoy, yo me arrepiento de no haber tenido esa visión y habérsela transmitido a los jueces. Pero no fue por haber recibido una orientación. «Hay directrices nacionales en materia de enfrentamiento a la disidencia y a la oposición cubana. Pero también soy del criterio que hay muchas iniciativas locales que desembocan en el enfrentamiento» Entonces, ¿usted reconoce haber sido injusto en algunos procedimientos? Yo tenía que coordinar la política y la justicia en una provincia, y me hago responsable, junto a algunos jueces, de algunos actos de injusticia contra algunas de esas personas que hoy están en esa lista. Lo tengo que asumir honestamente. Y si pudiera transmitírselo a mis compañeros, como lo estoy haciendo aquí ahora, lo haría con confianza y sin ningún tipo de temor. ¿Ve en el Gobierno cubano disposición para mejorar la situación en materia de DD.HH.? Estamos llamados a eso. Pero la Seguridad del Estado o los órganos de inteligencia de Cuba yo creo que van por un camino, y las estructuras que tienen que ver con el proceso de garantizar esos DD.HH. vamos por otro. Si todos nosotros, los que tenemos en nuestras manos gestionar mejores leyes, mejores procedimientos, mayor justicia para dar calidad de vida a los ciudadanos cubanos, si todos nosotros pudiéramos ponernos de acuerdo en que eso tiene que ser un objetivo a conseguir, yo creo que Cuba está en condiciones de avanzar en materia de DD.HH. Lo que domina Cuba hoy es la cultura del terror.. Hay miedo a tomar cualquier decisión que vaya en contra de los intereses del partido, de la Seguridad del Estado, que son los que respaldan esa voluntad política del partido Comunista. Eso frena todas las capacidad personales, profesionales y humanas para darle al ciudadano más libertades y más derechos. También es cierto que en Cuba hay mucho miedo a transparentar este tipo de temas. Algo que añoramos infinidad de abogados, fiscales y jueces, con los que he compartido labores durante 17 años. Este tipo de cosas se encuentran paralizadas hasta que alguien dé el paso. Mientras tanto seguiremos en el subdesarrollo en materia de DD.HH. Usted está dando un paso adelante exponiendo este problema de manera pública y ante medios internacionales, ¿cuál es su siguiente paso, o su hoja de ruta? Nunca ha sido mi objetivo abandonar el país, tengo muchos intereses en Cuba, es la patria donde nací, donde me hice profesional y un ser humano, donde cometí errores pero también aprendí mucho. Mi intención es volver al sector de la justicia, de ser posible al sector judicial para cumplir con los objetivos que me planteé como profesional. Yo no quiero vivir fuera de Cuba, ni desarrollar ningún tipo de actividad disidente u opositora porque soy de los convencidos de que hoy están creadas las condiciones para que en Cuba se den pasos mucho más acelerados de como se están dando en materia de DD.HH. Tiene que ser además un proceso interno, porque los cubanos nunca vamos a permitir que venga alguien de fuera a imponernos qué es lo que debemos hacer en materia de DD.HH. Nos podrán sugerir, ayudar, colaborar o asesorar.. Cuando hay un grupo disidente que no reconoce el modelo de Estado, que ha reconocido el pueblo durante 61 años, se produce un enfrentamiento que tiene una base ideológica y que provoca que se frene cualquier actitud de cambio dentro del país. «Los cubanos nunca vamos a permitir que venga alguien de fuera a imponernos qué es lo que debemos hacer en materia de DD.HH.» ¿Dentro de Cuba cuenta con gente que apoye estos cambios? Sí, muchísimos profesionales del derecho, políticos, personas dentro del gobierno.. El tema de los DD.HH. es un tema muy debatido entre nosotros los cubanos. Y somos del criterio de que tienen que existir ciertas libertades para que Cuba salga del estado de subdesarrollo en que se encuentra hoy. Incluso para tener más aliados internacionales, y que salga de la presión que el Gobierno de EE.UU. ha establecido sobre Cuba. Todas estas personas están de acuerdo en que se deben dar esos pasos, pero hace falta alguien de la estructura del Estado, del más alto nivel, que les diga vamos a darlo.. ¿Existe esa persona? Yo diría que sí. Al propio presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, por muchas críticas que reciba ?todavía está influenciado por el pasado y se subordina a los intereses del partido?, cuando yo le conocí no le gustaba el tema de la violación de DD.HH. Y era partidario de que en algunos temas había que liberar a los cubanos, como en materia económica, desde el punto de vista de un emprendimiento que permitiera desarrollar la economía familiar, o también la regional e incluso nacional, como un elemento complementario de la empresa estatal. Pero hay normativas internas de carácter restrictivo que impiden que esa voluntad política que viene de arriba se materialice. Y eso tiene como consecuencia que el desarrollo de las libertades económicas y del ciudadano no avancen. Otro problema es que no existe una jurisdicción donde el ciudadano pueda acudir para resolver ese perjuicio. Hoy Cuba, en materia de procedimientos que amparen y escuchen al ciudadano que ve afectados sus derechos fundamentales no existe. Este es otro tema que deben plantearse los juristas. Entonces, ¿quién resuelve esas contradicciones que existen entre los derechos incluidos en la Constitución pero que son violados por alguna norma de rango inferior? No hay un tribunal que garantice que se respeten esos derechos. Creo que el tema de los DD.HH. hay que debatirlo en profundidad, algo que no está previsto, por ejemplo, en el cronograma de nuevas normas legislativas que deben aprobarse en los próximos años. Se han planteado veinte problemáticas que tiene el cubano hoy, pero nada relativo a los DD.HH. También debería convocarse un proceso nacional consultivo para que todo el mundo participe y se llegue a un consenso sobre los derechos fundamentales que recoge la Constitución, y cuáles son las normas inferiores que van a garantizar esos derechos, así como cuáles son las garantías judiciales para que no se violen. Y si se violan, que se abra un proceso de restitución. Este es un tema que nunca se ha abierto en Cuba por el temor a la palabra derechos humanos. Es un tabú del que todo el mundo tiene miedo a hablar en Cuba, especialmente entre los técnicos del gobierno. Y aunque tenemos muchos derechos sociales en la isla ?salud, deporte, educación..?, hay otros muchos que están limitados, como el de la libertad de expresión o el de asociación pacífica, que hay que abrirlos. Dando esos pequeños pasos en una primera etapa, de aquí a dos o tres años podríamos plantearnos saltos más profundos. Raúl Castro, como primer secretario del partido Comunista de Cuba, sigue siendo el hombre fuerte del régimen, ¿qué papel jugaría en todo esto? Él, junto al partido es quien traza los lineamientos generales del país. Los diputados de la Asamblea Nacional tienen la facultad de cuestionar esa voluntad política, aunque el miedo también gravita sobre ellos. Pero vuelvo a insistir en que Raúl Castro ha anunciado e indicado que estos diputados y todos los funcionarios del gobierno no tengan temor. ¿Y no cree que podría ser una hipocresía dicha postura? No puedo asegurar ni lo uno ni lo contrario, porque nosotros no nos atrevemos a utilizar esa libertad que nos está otorgando. ¿ Y la sociedad civil cubana? En Cuba, la sociedad civil no admite ninguna participación de organizaciones opositoras o disidentes. Eso ya es una limitación. Por eso, en este proceso de debate inclusivo jugaría un papel importante la Federación de Mujeres cubanas (reúne a más de 4 millones de mujeres) a la hora de introducirlos. En Cuba, donde hay un gran empoderamiento de la mujer, hay un gran problema que es el éxodo de jóvenes que abandonan sus familias buscando prosperidad. Después muchos de ellos, que expresan alguna opinión contraria al régimen en el exterior, no pueden regresar al país. Este es un tema que debería planteárselo la Federación de Mujeres porque es algo que vulnera el derecho familiar. Algo parecido sucede con los médicos de las misiones que deciden salirse del programa -principalmente por problemas económicos-, pro lo que no pueden volver al país durante varios años. Esa ruptura con el Estado debería tratarse desde el derecho administrativo o laboral, y no suponer implicaciones políticas para esas personas. Al impedírseles regresar provocan que los derechos de sus familiares en la isla, que dependen económicamente de ellos, sean lacerados. El tema de la prohibición de la entrada de los médicos se está debatiendo mucho en Cuba y está causando un gran daño a las mujeres cubanas porque les está afectando en sus derechos familiares, que se confunden con los derechos y las libertades políticas. Esto está deslegitimando al Estado y aumentando su ineficacia, porque está desmoralizando a los ciudadanos cubanos. Quien puede exponer y debatir estos temas de manera pública es la Federación de Mujeres cubanas. Las mujeres son las que sufren los problemas económicos, las que ven cómo detienen y encarcelan a sus hijos por opinar.. Desde dentro, son ellas las que pueden poner en marcha este proceso de concienciación y debate para aunar toda la diversidad de intereses e impulsar la mejora de los derechos humanos en Cuba. Yo pondría mi confianza en ellas, sin dejar fuera, claro está, a la opinión disidente ni a la de los emigrantes, que son ya más de tres millones. ¿Le preocupa cómo puede ser recibido e interpretado su mensaje por el régimen? Tengo mucho miedo. Miedo de que lo malinterprete el sistema político, el de justicia, al que pertenezco, y en el que tengo a compañeros valiosos. Pero creo que lo estoy haciendo de corazón. En este momento no tengo ni un peso, ni garantía de nada. No soy disidente, ni opositor. Estoy haciendo esto porque estoy viendo que la confrontación entre ciudadanos y el Estado está creciendo en Cuba. La gente está perdiendo el temor, se está enfrentado y transparentando fallas del sistema. Y no veo que haya una reacción en Cuba a ser condescendiente para aceptar que existen estos fallos. Eso, cada día que pasa, entra en una zona de riesgo y de una confrontación mayor. Y no me gustaría ver un día en mi país un ejército o una policía especializada tirando gases lacrimógenos y reprimiendo a la población. Estamos a tiempo de llegar a un consenso de cómo Cuba debe funcionar para evitar esa situación. «Tengo miedo, pero hago esto porque no me gustaría ver un día en mi país un ejército o una policía especializada tirando gases lacrimógenos y reprimiendo a la población» ¿Lo ve posible? Tengo mucha fe y esperanza. Conozco inmensidad de cuadros políticos del partido y del gobierno porque he tenido la oportunidad de estar en toda Cuba en los 17 años de mi actividad judicial. Conozco a muchísimos profesionales que desean que haya en materia de derechos humanos un proceso de avance. Que dejemos atrás el miedo y el estancamiento. Cuando este mensaje llegue, espero que esa voluntad se transparente, si la censura no me coarta. Creo que vamos a prosperar. La gente se ha hecho una idea de que todos los funcionarios del partido son extremistas y quieren acabar con la disidencia, y no es así. Hay una parte de la militancia que no está de acuerdo con la manera en que se reprime a la disidencia. Otra cosa es que no lo digan. A una gran cantidad de altos funcionarios del gobierno le duele esta manera de represión. No se atreven a opinar por miedo, pero si se gestiona, por el mismo Estado, para que se dé un paso hacia adelante en estos temas, usted va a ver cómo Cuba se va a abrir y vamos a avanzar inconmesurablemente hacia un estadio superior de derechos humanos. ¿Cuenta con algún apoyo internacional para sacar adelante su propuesta de cambios? Sí, numerosos eurodiputados, políticos y empresarios europeos, la ONG Prisoners Defenders, también Civil Rights Defenders, que es una organización sueca. También estamos en conversaciones con la Fundación Euroamérica, de Ramón Jáuregui, muy interesados en el avance de los derechos humanos y económicos en Cuba.
08-01-2020 | Fuente: abc.es
Asesinan a tiros a un chef español que residía en México
El español Felipe Antonio Díaz Zamora, quien trabajaba de chef en un restaurante en México, fue asesinado el fin de semana en la fronteriza ciudad de Tijuana, según informó en rueda de prensa la Fiscalía General del Estado de Baja California. Su cuerpo fue encontrado el pasado domingo por la tarde en el número 6829 de la avenida Faisán de la urbanización Colina del Sol, ubicada a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Díaz Zamora fue hallado con tres heridas de bala dentro de una camioneta aparcada frente a una vivienda a la que tenía pensado mudarse con su familia, según explicó Enrique Javier Sánchez Serrano, fiscal especial de delitos contra la vida de Baja California, estado norteño mexicano donde ocurrió el crimen. En declaraciones recogidas por el diario «El Universal», Sánchez Serrano descartó que se tratará de una agresión por robo o por la nacionalidad del chef, pero sospecha que el ataque podría estar conectado a sus relaciones personales. «Lamento informarles de la terrible pérdida de nuestro gran chef, actor, cantante, bailador, gran amigo, compañero y sobre todo un buen esposo y gran papá Felipe Díaz, quien nos dejó una gran marca en nuestros corazones», indicó en un mensaje en redes sociales «Vámonos de Tapas», restaurante en Tijuana donde había trabajado el chef español. Originario de Cartagena ?según su perfil de Facebook?, Díaz Zamora vivía en Tijuana desde hace varios años y había destacado como cocinero especializado en tapas y paellas. Durante su carrera también había participado en acciones filantrópicas, entre las que resalta la elaboración de una paella gigante para 3.000 personas que integraban la caravana de emigrantes centroamericanos que atravesó México para tratar de entrar en Estados Unidos a finales de 2018. Con una tasa de 138,26 por cada 100.000 habitantes, Tijuana fue señalada como la ciudad más peligrosa del mundo en 2018, según un estudio publicado por la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. La criminalidad en Tijuana ha crecido en los últimos años debido a la presencia de varios cárteles del narcotráfico que combaten por hacerse por el control de esta ciudad fronteriza con Estados Unidos, el mayor consumidor de estupefacientes del mundo. México ha registrado un total de 34.579 homicidios entre enero y noviembre de 2019. A falta de conocer los resultados de diciembre, la cifra de 2019 supera ya todos los datos anuales recogidos desde 1997, cuando el país empezó a contabilizar estas cifras.
04-01-2020 | Fuente: abc.es
Guaidó se enfrenta a un duelo decisivo con Maduro para liberar a Venezuela
Venezuela debe ser el único país en donde dos presidentes en ejercicio se enfrentan en un duelo por el poder sin haberse convocado elecciones todavía. Y la ratificación de sus cargos se producirá con solo 5 días de diferencia en esta semana. El 5 de enero le toca a Juan Guaidó ser ratificado en su segundo año como presidente de la Asamblea Nacional, cuya directiva será designada por los diputados y presidente encargado de Venezuela; mientras que el 10 de enero le tocará a Nicolás Maduro darle continuidad a sus 7 años en el Ejecutivo y su segundo año como usurpador. Ambos mandatarios han decidido afincarse en sus cargos, estableciendo desafíos con el objetivo de expulsarse mutuamente porque de hecho no pueden cohabitar juntos bajo el mismo techo por más tiempo, como lo han demostrado en el 2019. No ha habido otro caso parecido en la historia del país. Logros y fracasos El reloj ya empezó a contar su tiempo irreversible para el cambio. Todos tienen prisa y a los venezolanos se les agota la paciencia. La lucha entre los dos líderes promete ser dura y decisiva. Detrás de ellos se encuentran las dos potencias EE.UU. y Rusia, que se disputan el favor de Guaidó y Maduro. Las apuestas van y vienen permitiendo el surgimiento de mafias criminales que sustentan a Maduro, lo que ha dificultado la derrota del régimen. El diputado e ingeniero industrial Juan Guaidó, de 36 años, reconocido por casi 60 países, se estrenó en el Parlamento en el 2019 con su hoja de ruta «cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres». Pero no concretó ninguno de esos tres pasos aunque logró una base popular, el proyecto Plan Pais y una proyección formidables para continuar y relanzar su liderazgo para cesar a Maduro. En cambio Maduro, cuyo reelección de 2018 no ha sido reconocida por la comunidad internacional, ahora vuelve a llamar al dialogo pero le toca las puertas a Estados Unidos y se atreve a poner condiciones. No es la primera vez que el usurpador llama al diálogo que nadie cree. Y lo hace para oxigenarse cada vez que el agua le llega al cuello al tiempo que intenta liquidar el parlamento persiguiendo, inhabilitando y metiendo a la cárcel a los opositores. La trampa del diálogo La oposición ha caído en la trampa del diálogo tres veces que han resultado en un fracaso para que Maduro ganara tiempo en su propósito de prolongarse en el poder. Ganar tiempo no ha servido de gran utilidad para que Maduro resuelva la crisis económica y social que asola al país. La hiperinflación de 14.000% en 2019, la caída de la economía de 37% del PIB, el cierre de miles de empresas, la muerte del bolívar (la moneda nacional) y la dolarización han puesto en estado de shock al país sin estar negociando con el FMI. Los servicios públicos se encuentran por el suelo. No hay gasolina ni luz ni agua ni telefonía ni alimentos ni medicinas. Aun así, Maduro pretende continuar gobernando. Ni los rusos ni los chinos ni los cubanos que sostienen el régimen han logrado restituir los servicios públicos ni la calidad de vida de los venezolanos. De ahí que prefieran escapar ?van 4,7 millones de emigrantes y aumentaran a 6 millones en el 2020-. Persecución a la oposición Guaido ha enfrentado la represión y persecución de 27 de sus diputados. El régimen de Maduro ha intentado por todos los medios de aniquilar y disolver el parlamento desde el 2015 cuando la oposición triunfó con 112 de los 167 escaños en las legislativas. Pero desde entonces su mayoría absoluta ha sido escamoteada por Maduro. Pero el líder opositor cuenta con un mínimo de 84 escaños para ratificarse en el cargo. Le sobrarán votos cuando se cuenten este 5 de enero pues 93 diputados aprobaron a mano alzada la reforma del reglamento interno que permite votar a distancia y permitir teleconferencias de las sesiones. «No hacen faltan los votos a distancia para confirmar la reelección. Estamos seguros», declaró Guaidó en una entrvista con ABC. La elección presidencial es prioridad en el 2020 con un nuevo CNE que se discutirá en los próximos 3 meses, comentó Guaidó. Las parlamentarias están en segundo plano el próximo año. Guaidó cuenta con el pueblo, el parlamento y más del 54% de la popularidad. Pero no con toda la oposición que le reclama no haber desalojado al tirano en el 2019 como había prometido. «?Guaidó triplica en popularidad a Maduro»?, asegura Luis Vicente León, director de Datanálisis, cuando lo coloca en el tope de los líderes venezolanos. «El 2020 es el año de la libertad«, ha declarado Guaidó, listo y preparado para enfrentarse con Maduro.
31-12-2019 | Fuente: abc.es
Los venezolanos en el exterior envían remesas por casi 4.000 millones de dólares
Muchos venezolanos logran sobrevivir en medio de la crisis humanitaria que atraviesa su país gracias a las remesas que envían quienes han salido de sus fronteras. Los alrededor de 3,4 millones de venezolanos en el exilio enviaron a Venezuela en 2019 cerca de 4.000 millones de dólares, además de contribuir con importantes aportes en medicinas, comida y ropa. De acentuarse la crisis, las remesas podrían acercarse en 2020 al 6% del PIB, teniendo en cuenta que este puede retroceder otro 35% según la última previsión del FMI. También en Nicaragua, el exilio y la caída económica derivadas de la situación política han llevado a un salto en el peso de las remesas, que en 2018 superaron el 11% del PIB. Un estudio publicado por Diálogo Interamericano, un think tank de Washington, calculaba en 3.470 millones de dólares las remesas recibidas en Venezuela en 2018. El estudio indicaba que el 75% de los emigrantes venezolanos remitieron entre el 20% y el 25% de sus ingresos. De Estados Unidos salieron 1.518 millones de dólares, 614.000 dólares de Perú, 226.482 de Colombia, 252.924 de Chile, 112. 845 de Panamá y 60.075 de Ecuador. Estas cifras no siguen la proporción de venezolanos en cada uno de esos países, pues entran en juego otras variables, como el nivel social de los emigrantes o el nivel económico del país de acogida. Por ejemplo, Colombia se ha nutrido especialmente de una migración que sale a pie, de baja cualificación profesional, por eso el millón de venezolanos que residen allí envían menos dinero que el casi medio millón que se encuentra en Estados Unidos, con acceso a mejores salarios. Debido a la desconfianza hacia lo canales oficiales, por la corrupción y el control político que realiza el régimen, hay venezolanos que envían los fondos no a través de bancos o agencias, sino de mecanismos no formales o cuentas de terceros. Eso es mayoritario en el caso de Chile y Costa Rica, donde el 72-74% de los venezolanos residentes que mandan remesas lo hacen buscando modos alternativos y en ocasiones triangulando con otros países o personas, de acuerdo con Diálogo Interamericano. Esto explica que los datos del Banco Central de Chile, por ejemplo, sitúen en primer lugar las remesas de colombianos y peruanos, cuando los venezolanos se han convertido en la primera comunidad extranjera en el país. El 40% recibe ayudas del extranjero En un parecido volumen de remesas se mueve también la estimación de la consultora venezolana Ecoanalítica, que destaca el fuerte incremento de las sumas remitidas a medida que se disparaba en los últimos años el número de exiliados y empeoraban las condiciones de vida en Venezuela. De los 78.000 millones de dólares en 2016 se pasó a 1.138 millones en 2017 y 2.500 en 2.500, según las encuestas realizadas. Para 2019 se esperaban 3.700 millones de dólares. Otra encuesta, de Consultores 21, registra que el 40% de quienes viven en Venezuela han recibido dinero del exterior, y el 32% lo recibe de modo regular. Los impulsores de una aplicación para la recepción directa de dinero, Cash Remesa, calculan que de agravarse aún más la crisis humanitaria en el país y seguir la hemorragia de población que marcha a otros países, las remesas podrían llegar a ser en 2020 el 6% de un PIB cada vez más achicado por el encogimiento de la economía. Sin credibilidad las cifras oficiales del PIB, que este año el Banco Central de Venezuela volvió a dar tras cuatro de «apagón» de datos, las estimaciones indican que el volumen de la economía venezolana podría rondar los 75.000 millones de dólares Dependencia creciente en Nicaragua Las economías de los países del Triángulo Norte centroamericano ?Guatemala, El Salvador y Honduras?, que cuentan con una gran cantidad de emigrantes en Estados Unidos, dependen aún más de las remesas que envían esos expatriados (hasta un 20% del PIB en el caso hondureño), pero se trata de países más pobres, sin la riqueza petrolera de Venezuela. El fenómeno migratorio de Nicaragua ha sido distinto de sus vecinos del Triángulo Norte. Aunque también ha habido emigración hacia Estados Unidos, el mayor desarrollo de su vecina Costa Rica ha atraído a algo más de la mitad de los casi 700.000 nicaragüenses viviendo en el exterior. La crisis económica provocada por la violenta represión de protestas llevada a cabo por el gobierno de Daniel Ortega ?el PIB de Nicaragua cayó un 3,8% en 2018 y se espera que haya caído otro 5% en 2019? ha acentuado la necesidad de las remesas, a las que contribuye también las personas que han debido salir del país por la presión política. De los países latinoamericanos que más remesas reciben, Venezuela y Nicaragua son los únicos con economías en contracción. Si entre 2014 y 2017 las remesas enviadas por los emigrantes nicaragüenses estaban estabilizada entre el 9,6% y el 10% del PIB, en 2018 subió al 11,2%. Según las cifras del Banco Central de Nicaragua, en la primera mitad de 2019 se había recibido ya la mitad del volumen de remesas del año anterior, que fue de 1.501 millones de dólares.
27-12-2019 | Fuente: abc.es
Las burbujas que moldean la capital de Europa
Bruselas encarna, con sus contrastes y rarezas, la ciudad del futuro. En la capital de Europa, donde a falta de contenedores las bolsas de basura se apilan cada noche a pie de calle y se multa a quien no recicle, conviven gentes de más de 180 países distintos y de todo tipo de clase social. Más de 275.000 residentes de las 19 comunas que conforman la Región de Bruselas Capital son ciudadanos de otro Estado miembro de la Unión Europea, es decir, el 23% de toda la población bruselense. En el barrio de Etterbeek (50.000 habitantes), contiguo a las instituciones de la UE, uno de cada dos vecinos es extranjero, o mejor dicho, expatriado. Expatriado es el que llega a Bruselas con alta cualificación para trabajar -en la mayoría de casos- con buenos salarios. «Vivimos juntos pero no compartimos mucho. Estamos en burbujas. La mayoría no se mentaliza de querer quedarse aquí sino que prefiere volver a sus países por lo que no invierten tiempo en integrarse», describe Jean-François Maljean, funcionario del distrito y principal coordinador de la iniciativa Crisco, proyecto financiado por la UE para mejorar la cohesión social en ciudades multiculturales y en el que han participado medio centenar de vecinos. Cada seis meses -cuenta Maljean- se reúnen para aprender de los ejemplos de las otro ocho ciudades europeas participantes. «En los países bálticos nos mostraban cómo integrar a la comunidad rusa. En Italia, a lidiar con el turismo masivo; y en Albania nos hablaban del retorno de segundas y terceras generaciones de emigrantes que no saben ni el idioma y se sienten como extranjeros», expone. Desde Crisco han organizado cursos de cocina, compartiendo las recetas de sus platos nacionales, y de arte, por medio de la expatriada italiana, Laura Cascone, muy presente en el panorama cultural del distrito. «La mayoría no se siente belga pese a los años, se siente de Bruselas. Pero aquí puedes sentirte muy solo si no buscas integrarte», subraya. A veces, se plantea volver a Italia después de 17 años fuera. Sus hijos, todavía pequeños, van a la escuela europeas (centros educativos donde se imparte las clases en el idioma materno del alumno), no a la belga. Su colega de Crisco cree que parte de la falta de integración empieza por la escolarización de sus hijos: «La escuela es el primer lugar de socialización para conectar con los locales y muchos prefieren enviar a sus hijos a las escuelas europeas». Tierra de acogida A lo largo del siglo XIX, Bélgica se ganó la fama de tierra de acogida gracias especialmente a la constitución de 1831, considerada una de las más liberales de la época en Europa. A mediados de siglo el filósofo hegeliano Karl Marx, después de huir de Prusia y Francia debido a sus ideas excesivamente revolucionarias, comenzó a escribir el 'Manifiesto Comunista' en el centro de la ciudad, quizá motivado por la eterna falta de luz en sus borrascosas calles. Con menos teoría política en los bolsillos, hace medio siglo portugueses, griegos, italianos y españoles emigraron a la meca de las patatas fritas y los gofres (con permiso de Lieja) en busca de un futuro mejor para sus hijos. Sergio Raimundo, portugués aunque nacido en Luxemburgo, lleva varios años en Bruselas como coordinador de la asociación SCI Belgium, que a través de la plataforma Cuerpo Europeo de Solidaridad, gestionada por la UE, recibe y envía voluntarios -de entre 18 y 30 años- para fomentar la integración por toda Europa. «Los portugueses son la mayor comunidad en Luxemburgo, pero como en Bruselas, había distintas clases entre nosotros. Los que nos integramos más, yo seguí la educación luxemburguesa, y los que trabajaban en las instituciones, que nos miraban por encima del hombro», comenta. A su juicio, Bruselas atrae a mucha gente de fuera por las oportunidades que ofrece como capital de Europa, «especialmente para la clase expatriada». Como el 'expresident' catalán y fugado de la justicia Carles Puigdemont, que vive en su mansión de Waterloo pero que aspira a ser uno más en el barrio europeo de Bruselas, diariamente miles de personas van y vienen al centro de la capital para trabajar pero sin tributar allí. Bajo la superficie rica y funcionarial se esconde otra Bruselas: casi uno de cada tres habitantes vive en el umbral de la pobreza, por el 10% de Flandes y el 18%, de Valonia, según el Observatorio Social de Bruselas. A imagen y semejanza de España, Bélgica sufre un permanente bloqueo político debido a la falta de entendimiento entre la socialista y francófona Valonia y el nacionalista flamenco Flandes. «Parece que por este clima político la gente se detesta entre sí. Y para nada. Esta es una ciudad muy abierta», considera Fatiha Lamkadem, coordinadora de la asociación Objectif, dedicada especialmente a ayudar de manera gratuita a los extranjeros y a los apátridas a conseguir la ciudadanía belga para garantizar igualdad de derechos y oportunidades. Los padres de Fatiha vinieron de Marruecos a finales de los sesenta, como tantos otros, gracias a una convención que había con Bélgica para trabajar en la construcción, la fábrica y la mina. Mientras Fatiha atiende a este diario, una profesora está impartiendo francés básico a cuatro inmigrantes. En esta sede también se enseña a leer y a escribir. El analfabetismo afecta a uno de cada diez habitantes de la Región de Bruselas, aproximadamente 300.000 personas, según datos de la asociación por el derecho de alfabetización Lire et Écrire. Danzas asturianas Pese a la multitud de iniciativas para integrar a inmigrantes en la capital, el resto del país se opone a la llegada de refugiados (53%, por un 30% favorable), según una encuesta de la fundación «Esto no es una crisis» del pasado mayo. En cambio, Bruselas es ciudad de acogida, o al menos eso pareció el pasado 18 de diciembre, cuando la casa del pueblo del céntrico distrito de Saint Gilles celebró el día internacional del migrante con una gran fiesta con comida tradicional árabe, conciertos y danzas tradicionales de Asturias y los Balcanes. El promotor de este evento de recogida de fondos es Aws, un joven iraquí de 33 años, refugiado en Bruselas desde 2009 y que recientemente consiguió la nacionalidad belga. En Bagdad tocaba en una banda de heavy metal. «Nuestra música criticaba la religión y la política, algo imposible de concebir allí», comenta en un muy buen español gracias a su trabajo como camarero en la casa asturiana de Bruselas. Como presidente de la ONG Los refugiados no están solos (RANA), Aws al Bayati hace de maestro de ceremonias junto a un belga y a una joven española. Presentan a otro refugiado, Abdulazez Dukhan, oriundo de Homs, símbolo de la destrucción de la guerra en Siria, que expone una serie de fotografías y dibujos de su paso por los campos de refugiados en Grecia durante más de año y medio. «Decidí hacer estas fotografías para que la gente cambiara de idea sobre qué es un refugiado y dejara a un lado los prejuicios. Era muy duro integrarse en Turquía, aquí en Bruselas te ayudan más a que puedas mejorar el idioma», asevera este estudiante de informática en Bruselas. A sus 21 años, Abdulaziz ha vivido cinco años de guerra y tres en campamentos para refugiados, ahora solo desea visitar cada rincón de Europa, tantos como le permite su visado. «Por el Brexit ha subido el número de británicos que quieren la nacionalidad belga» Molenbeek, el tradicional barrio de los marroquíes en Bruselas, ha sido tildado de cuna y refugio de yihadistas en los últimos años. Para contrarrestar el discurso xenófobo de la extrema derecha que buscó capitalizar el terror de los atentados de 2016, Objectif anima a los inmigrantes a formar parte de la vida política de Bruselas. «En 2006 conseguimos el derecho a voto de europeos y no europeos para las elecciones a nivel comunal», recuerda la portavoz de la organización, que en 2018 recibió 7.000 peticiones de ayuda. «Una de cada dos provenía de África del Norte, aunque hemos observado en los últimos años una fuerte subida de europeos, especialmente los británicos, a causa del Brexit», apunta. Objectif formó parte de un proyecto europeo de 2016 con otras tres asociaciones para tratar de integrar a los inmigrantes en la vida política europea. «Quisimos agrupar a europeos y no europeos, pero en la base fue imposible unir a todos. No es fácil integrarse con los expatriados Yo les digo: 'Pero ustedes son también extranjeros, como si fuera peyorativo'. Desafortunadamente está la mentalidad de «después de mí, cierro la puerta». Y no solo europeos, entre los marroquíes de mi generación también está esa mentalidad», describe.
23-12-2019 | Fuente: abc.es
Estado de emergencia en Honduras por los motines carcelarios
Al menos 36 reclusos murieron en Honduras durante dos masacres en dos cárceles diferentes el fin de semana. El viernes, perdieron la vida 18 presos y otros 16 resultaron heridos tras un tiroteo en la prisión del caribeño municipio Puerto de Tela, al noroeste del país centroamericano, de apenas 9 millones de habitantes. Luego, el domingo, murieron otras 18 personas y 10 fueron heridas en la cárcel de El Porvenir, en el céntrico departamento de Francisco Morazán. Los enfrentamientos se producen después de que el gobierno hondureño declarara el martes 17 de diciembre el estado de emergencia en las prisiones del país y pusiera al Ejército al frente del sistema penitenciario. Así, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández suspendió las labores del Instituto Nacional Penitenciario y sustituyó a esos funcionarios por las Fuerzas Armadas. La emergencia fue declarada con el «propósito de acelerar el fortalecimiento y asegurar la mejora de un nuevo sistema de gestión penitenciaria», según la orden ejecutiva publicada en el diario oficial La Gaceta. Una gran crisis Las dos masacres evidencian el gran reto que tiene por delante el Ejército hondureño para tratar de hacerse con el control de las prisiones. Algunos de los 18 presos que murieron el domingo habían sido asesinados con armas de fuego, cuchillos y machetes. Se desconocen las causas de la segunda matanza, pero la prensa local informa de que el incidente se produjo después de que uno de los presos abriera fuego contra otros reos. La reyerta del viernes fue un tiroteo entre miembros de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, dos de los principales grupos criminales que operan en Honduras y que han llevado al país a tener una tasa de 41 homicidios por cada 100.000 personas, una de las más elevadas del mundo, según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y es que Honduras sufre desde hace días una crisis en sus 27 prisiones, en las que hay encerradas más de 21.000 personas. El pasado sábado, 14 de diciembre, también fueron asesinados cinco integrantes de la peligrosa banda Mara Salvatrucha en La Tolva y, por otro lado, el viernes, 13 de diciembre, fue asesinado Pedro Idelfonso Armas, el director de la cárcel El Pozo I. El empleado público había sido suspendido de su puesto para ser investigado por haber presenciado en octubre la muerte de Magdaleno Meza, uno reo que además era socio de Juan Antonio Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández. Huir de la violencia La violencia que generan las pandillas, o maras, es una de las principales razones por las que unos 500.000 centroamericanos abandonan cada año El Triángulo Norte -El Salvador, Guatemala y Honduras- y emigran hacia Estados Unidos. Así, un 50% de los centroamericanos que cruzan México confiesan haber dejado sus países debido a razones relacionadas con la violencia, según un estudio de Médicos Sin Fronteras que fue publicado en 2017. Desde que tomó el poder en 2014, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha centrado sus esfuerzos en intentar combatir la criminalidad, por lo que creó una unidad especial de policía conocida como TIGRES, sus siglas, centrada en combatir al crimen organizado y la delincuencia común. Mediante una política de «mano dura» contra los criminales, el Ejecutivo de Hernández ha conseguido bajar la tasa de homicidios a 41 por cada 100.000 personas de los 75,1 por 100.000 habitantes de 2014. El país, sin embargo, lleva años sumido en una grave crisis social y ha vivido varias protestas a lo largo de este año, incluyendo una huelga de transportistas que dejó varias ciudades desabastecidas, un curioso evento en el que un grupo de TIGRES se declaró en rebeldía y fueron violentamente reprimidos por otros policías. Mientras tanto, Juan Antonio Hernández, el hermano de Juan Orlando Hernández, fue condenando este año por delitos de narcotráfico por una corte en Estados Unidos, una situación que pone en entredicho al gobierno del presidente cuyo mandato terminará el 27 de enero de 2022. Precisamente, la Justicia estadounidense condenó a Juan Antonio Hernández por el contenido de unas libretas de Meza que tenían registros de cargamentos de estupefacientes. Lograr estabilizar Honduras es muy importante para Estados Unidos, puesto que es el lugar del Triángulo Norte desde el que más personas se están marchando. El 67,6% de los emigrantes que cruzan México son hondureños. Con el objetivo de poner freno a la llegada de centroamericanos a sus fronteras, Estados Unidos ha cerrado acuerdos con Guatemala y México para que estos países latinoamericanos mejoren sus controles a la emigración. AFP Violencia en Centroamérica Nicaragua. Cientos de muertos en las protestas contra Ortega Nicaragua lleva año y medio sumido en una grave crisis política y social, con cientos de muertos por la represión de las protestas ciudadanas contra Daniel Ortega. Las cifras varían según el recuento de unas organizaciones u otras, que las sitúan entre 300 y 650, aproximadamente. Este país fue donde más empeoró el nivel de violencia en 2018, según el último Índice de Paz Global del Instituto de Economía y Paz. Guatemala. La inseguridad dispara la emigración a EE.UU. Se trata de uno de los países más violentos de Latinoamérica y la inseguridad, combinada con la falta de oportunidades de empleo y la pobreza, es precisamente una de las principales causas de la emigración hacia Estados Unidos. En 2018 se registraron 4.914 homicidios y en el primer año de 2019 fueron 2.330, lo que supone un ligero descenso del 1,7% con respecto al mismo periodo del año pasado, según cifras oficiales. El Salvador. Uno de los países más peligrosos para las maras El Salvador es uno de los más violentos del mundo, con tasas de entre 103 y 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2018, lo que se atribuye a la acción de las «maras». No obstante, en los últimos años se ha registrado una reducción en el número de asesinatos. Atajar la violencia, cortando la financiación de las pandillas y su comunicación con las cárceles, es una prioridad para el presidente, Nayib Bukele.
08-12-2019 | Fuente: abc.es
La dolarización impulsada por Maduro profundiza la pobreza de los venezolanos
Nicolás Maduro ha liberado el uso legal del dólar, agradeciendo a Dios su existencia porque le permite impulsar una burbuja económica y una «normalidad» aparente que los especialistas catalogan de ficticia porque ha dividido a la población entre pocos ricos y muchos pobres, profundizando la pobreza de los venezolanos. En el sector de los que intentan salir de la pobreza se encuentra Yudelsi García, una chica humilde de 13 años, que se esmera en captar clientes con los símbolos del dólar y el euro para vender galletas de yuca o mandioca, en la carretera de Cúpira que conduce a Barcelona y Puerto La Cruz del estado Anzoátegui, el oriente del país. La madre de Yudelsi dice que el paquete de galletas cuesta cinco dólares, lo que equivale al salario mínimo, y como no tiene cómo dar cambio entonces ofrece la alternativa de hacer el cambio en efectivo en bolívares. Los vendedores de esas galletas intentan estar en la onda de la dolarización decretada por el régimen. Los letreros en dólares y euros escritos a manos compiten con las etiquetas marcadas en divisas en los supermercados y bodegones. Sus ventas se están reanimando ahora después de seis años de recesión con una caída de la actividad económica de 52% del PIB que para el próximo ano proyecta una reducción del 10%, según el economista Asdrúbal Oliveros, directivo de la consultora Ecoanalítica. En Puerto La Cruz, una ciudad turística del oriente venezolano, la fiebre por el dólar contagia a todo el mundo. Desde el fontanero, el mesero, el barman, el cuidador de coches, hasta el profesional y el ejecutivo de las multinacionales petroleras tanto chinas como rusas, han tasado su mano de obra en la divisa norteamericana y menos en euros porque se transa de forma reducida. Asdrúbal Oliveros pronostica: «El bolívar va a convivir como unidad de cuenta del Gobierno nacional junto con el Petro para el año que viene, aunque el principal dinamizador en Venezuela sea el dólar». La dolarización de las transacciones crece, pero con un techo. «El nivel de dolarización de las transacciones está creciendo de forma acelerada», hasta el punto de que en octubre «más de 50% de las transacciones en las principales ciudades se pagaban con divisas». Ese dinamismo ha provocado que otros grupos de población tengan acceso a dólares y gasten en consumo. «Cada vez hay mayor número de venezolanos que realiza transacciones en dólares; no estamos hablando de montos elevados, pero sí de pequeñas cantidades», señala Oliveros. Divisas desde el extranjero Pero no todo es coser y cantar con la dolarización que estuvo criminalizada durante los últimos 20 años del chavismo que encarcelaba a la gente que tuviera billetes verdes. Hoy en día está permitido que el dólar aparezca en facturas y documentos de propiedad inmobiliaria. Sólo el 15% de los venezolanos recibe divisas desde el extranjero de forma lícita bien por los conceptos de las remesas de familiares de emigrantes o la repatriación de capitales, que podrían sumar unos 6.000 millones de dólares anuales según afirma a ABC, Luis Vicente León, director de Datanálisis. En las grandes ciudades como Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, San Cristóbal, Mérida, Valencia, Maracaibo y Caracas, las transacciones en dólares superan el 50% de las actividades comerciales, según sondeos de Datanálisis y Econanalítica, lo que ha dejado rezagada a la moneda nacional. La causa principal de la desaparición es que el régimen ha destruido el 90% de las empresas e industrias, por lo que ha desaparecido la manufactura y la producción nacional, dice la patronal Fedecámaras. No hay respaldo de la producción nacional para que permanezca el bolívar. El PIB de 400 mil millones de dólares hace 10 años ha sucumbido a 75 mil millones de dólares, una caída brutal. El boom del dólar es por el auge de las importaciones que está sincronizado con la inflación. El economista Jesús Cacique señala que la hiperinflación en Venezuela alcanza el 335.945% en los 11 meses transcurridos desde noviembre de 2017: «Los precios se duplican cada 17 días». El banquero Oscar García Mendoza dijo a ABC que «la cínica declaración de Maduro, de que le parece bien que se dolarice la economía venezolana, es porque deben estar procesando cantidades importantes de drogas en el país pues el narcotráfico tiene al régimen bajo sus órdenes y pueden trabajar con gran impunidad».
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