Infortelecom

Noticias de delincuencia

25-02-2021 | Fuente: abc.es
Nuevos estallidos de salvajismo violento en los suburbios de París tras la muerte de dos adolescentes
Los miembros de las 70 bandas de jóvenes delincuentes violentos fichados en la 'banlieue', los suburbios de París, sonrieron a carcajadas cuando escucharon la tarde del martes al ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunciar solemnemente la llegada de un centenar de refuerzos policiales en el departamento de Essonne, donde dos adolescentes habían sido asesinados, víctimas de juveniles enfrentamientos armados. El gobierno francés lleva un año anunciando nuevas medidas para combatir el salvajismo creciente y los ataques de violencia suburbana que se suceden en la 'gran corona' de París y algunas otras ciudades, como Marsella, que es, desde hace años, la ciudad más peligrosa de Europa, donde es posible comprar fusiles de asalto de fabricación rusa por dos mil euros. Darmanin anunciará este jueves, en Marsella, nuevas medidas policiales para combatir la delincuencia y el tráfico de drogas, en los barrios del norte de la gran ciudad mediterránea. El mismo ministro del Interior lleva un año oficiando de «bombero» contra los estallidos recurrentes de violencia suburbana. A finales del verano pasado, Darmanin denunció un crecimiento alarmante del salvajismo juvenil, de carácter multicultural, casi siempre. Durante el otoño pasado, el mismo Darmanin multiplicó sus intervenciones anunciando medidas policiales contra grupúsculos islamistas, imanes de lugares de culto musulmán, 'dirigentes' de bandas violentas poco o nada musulmanas. La muerte de dos jóvenes de 13 y 14 años por ataque de arma blanca, la noche del martes pasado, en Boussy-Saint-Antoine, en el departamento de Essonne, al sur de París, tras los enfrentamientos de dos bandas de unos 60 adolescentes, ha vuelto a disparar las alarmas. Y el ministerio del Interior anunció el martes el envío de un centenar de policías y gendarmes: refuerzo quizá significativo, pero que hace sonreír a los miembros de las bandas, en un departamento que tiene 1.300.000 habitantes. Caroline Nisand, fiscal de la República, en Évry (ciudad de la que fue alcalde Manuel Valls), comenta la evolución de la crisis de este modo: «Las cifras son espectaculares. El 2018, la policía detuvo a 347 menores, culpables de muy diversos delitos. El 2020 fueron detenidos 476 jóvenes. Durante los dos primeros meses de este año han sido detenidos 104 jóvenes, en apenas cincuenta días, dos detenciones por día». Catherine (72 años), vecina de Boussy-Saint-Antoine, el pueblecito de la última guerra entre bandas, comenta la evolución del problema con mucha amargura: «Hace mucho tiempo, vivíamos en paz. Hasta que comenzaron los incendios y batallas, el invierno del 2005. Desde entonces, no hay año bueno. Las violencias han aumentado. Son frecuentes los incendios de coches y el vandalismo. Días pasados, uno de los chicos muertos fue asesinado con un cuchillo, con el que le abrieron la barriga».
10-02-2021 | Fuente: abc.es
HRW pide al Gobierno colombiano emplearse a fondo  para acabar con el asesinato de líderes sociales
Hay un refrán muy popular en Colombia, pero especialmente cierto en cuestiones de gobierno, que dice: «Del dicho al hecho hay mucho trecho». Aunque suene muy básico, resumen perfectamente la trágica conclusión que arroja el informe de Human Rights Watch, presentado hoy por el director de dicha organización que defiende los derechos humanos en el mundo, José Manuel Vivianco. En las 136 páginas del documento «Líderes desprotegidos, comunidades indefensas», la organización presenta la cruda realidad sobre estas muertes violentas que desde la firma del Acuerdo de Paz (2016) con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), suman 421 casos comprobados, es decir siete líderes sociales asesinados al mes durante los últimos cinco años. Quedan varios casos por esclarecer, que se calcula podría elevar la cifra a más de 550 homicidios. Así, el impacto y violencia contra el tejido social, especialmente en las regiones más apartadas o que históricamente han vivido cruzadas por las guerras entre guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y delincuencia común, no ha tenido tregua, en buena parte por la falta de efectividad del Estado en hacer presencia, tener el control real del territorio, y estructurar con recursos y sostener los programas propuestos para atacar este flagelo. Ello se traduce en el surgimiento de nuevos grupos armados desgranados de los antiguos grupos paramilitares de extrema derecha, el avance de las disidencias de la antigua guerrilla de las Farc-EP (que cargan con parte de la responsabilidad de esta nueva ola de asesinatos), el fortalecimiento de la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN), además y de facciones del narcotráfico que se disputan rentas y territorios. Algunos asesinatos, además, pero en menor proporción, han sido cometidos por miembros de la fuerza pública. En medio, los líderes sociales que se oponen a todo tipo de violencia, y unas comunidades indefensas. Vivanco reconoció el aporte de información del Gobierno Nacional, la colaboración de las autoridades autónomas de vigilancia y el aporte de la sociedad civil. Esta apertura y disposición es muy relevante, así como también reconoció que el presidente Iván Duque ha sido consistente en condenar los casos que se han dado a lo largo de su mandato. Sin embargo, cuestionó que de las palabras a los hechos hay un vacío, que las buenas ideas para combatir esta crisis humanitaria no se concretan y que, por el contrario, las promesas parecen disolverse con el tiempo, así como las investigaciones a profundidad de estos crímenes. El informe Este documento hace un estudio muy juicioso de los casos. Para su elaboración, entre abril de 2020 y enero de este año, HRW entrevistó a más de 130 personas en 22 de los 32 departamentos del país, «para identificar las dinámicas detrás de los asesinatos de defensores de derechos humanos y para examinar los esfuerzos de las autoridades para prevenir estos asesinatos y llevar a los responsables ante la justicia», explica. Así, HRW reitera y sustenta lo que es conocido ya, pero nunca suficientemente denunciado: las zonas de mayor violencia y riesgo son Norte del Cauca; Catatumbo, en Norte de Santander; Pacífico Sur, en Nariño; Bajo Cauca, en Antioquia; Alto y Bajo Caguán, en Caquetá; y el Piedemonte de Arauca. Además, retomando datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, HRW señala que, en proporción, son los líderes indígenas los más afectados por esta violencia, a la fecha 69 asesinados (16% de los 421 casos estudiados). A ello se suma el incremento en el asesinato de lideresas sociales, con 46 defensoras de derechos humanos asesinadas desde 2016, una cifra que tiende a aumentar cada año.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Los asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia son constantes.<br><br>El gobierno debe hacer mucho más para proteger a los líderes sociales y prevenir estos asesinatos.<br><br>Informe de <a href="https://twitter.com/hrw_espanol?ref_src=twsrc%5Etfw">@hrw_espanol</a>: <a href="https://t.co/z66CQIZ4bM">https://t.co/z66CQIZ4bM</a> <a href="https://t.co/snOIMKRT08">pic.twitter.com/snOIMKRT08</a></p>&mdash; José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) <a href="https://twitter.com/JMVivancoHRW/status/1359533970183094280?ref_src=twsrc%5Etfw">February 10, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Ante semejante desangre, el informe insiste en que el gobierno colombiano cuenta con los mecanismos para reducir estos asesinatos, pues HRW también hizo un análisis de los programas y mecanismos dispuestos para ello. Sin embargo, la atención a veces pareciera más enfocada en diferencias de procedimiento y seguimiento, que en dar protección efectiva a líderes y comunidades, con un enfoque comunitario y no solamente de protección deficiente a individuos, cosa largamente solicitado por las comunidades y poco atendida. A esto se añade la deficiente implementación de proyectos de desarrollo la firma del Acuerdo de Paz que beneficiarían a las comunidades, dándoles alternativas reales para progresar económica y socialmente, con enfoque territorial y aporte estatal. El 51% de los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos se han dado en esto territorios que deberían ser beneficiados. La responsabilidad directa es del Gobierno colombiano. Es posible abordar esta triste realidad. Las políticas pueden lograr resultados si no se dejan abandonadas o en punto muerto», dijo Vivanco De lo dicho a lo hecho hay mucho trecho y mucha sangre derramada. Pero, «esto no es una fatalidad. No estamos ante un desastre natural, algo inevitable o caído del cielo. La responsabilidad directa es del Gobierno colombiano. Es posible abordar esta triste realidad. Las políticas pueden lograr resultados si no se dejan abandonadas o en punto muerto», dijo Vivanco. Por eso HRW insta al gobierno y hace un llamamiento al presidente Duque para implementar reales mecanismos de protección, reforzar los presupuestos y recursos para que las entidades encargadas cumplan con su labor, así como fortalecer las instancias judiciales y que cuenten con el personal y soporte que les permitan esclarecer los hechos y hacer justicia, todo ello con la participación de la sociedad civil, que con demasiada frecuencia encuentra las puertas cerradas para las soluciones y queda al descampado frente a la violencia.
06-02-2021 | Fuente: abc.es
El chavismo acusa a Guaidó de delitos que suman «más de 200 años de cárcel»
La Asamblea Nacional de Venezuela (AN) controlada por el chavismo, que había instado una comisión especial para investigar a la directiva de la anterior legislatura (2015-2019) -encabezada por la oposición-, ha anunciado que tiene previsto presentar un informe en el que se recogen varios delitos supuestamente incurridos por presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Un listado de delitos como «el agavillamiento, delincuencia organizada, traición a la patria, usurpación de funciones, magnicidio, homicidio, intento de golpe de Estado» que «suman más de 200 años de cárcel», según ha asegurado el presidente de la comisión, José Brito. Guaidó ha rechazado estas acusaciones en su cuenta de Twitter, las cuales las ha tildado de «hostigamiento», «amenaza» y «discurso de odio».<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">A plena luz del día, en una plaza pública, con nuestra gente, saben muy bien dónde encontrarnos. Trabajamos para recuperar lo que ustedes se robaron: la democracia.<br><br>Sus amenazas son tomadas en serio, pero hemos asumido la responsabilidad de salir de esta tragedia y así será. <a href="https://t.co/SPsOwnhROC">pic.twitter.com/SPsOwnhROC</a></p>&mdash; Juan Guaidó (@jguaido) <a href="https://twitter.com/jguaido/status/1357822796764749824?ref_src=twsrc%5Etfw">February 5, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Vuelven las protestas Guaidó anunció el pasado miércoles que va a «reactivar» las acciones en las calles para expresar rechazo al Gobierno de Venezuela desde el próximo 12 de febrero. «A plena luz del día, en una plaza pública, con nuestra gente, saben muy bien dónde encontrarnos», ha compartido en un tuit que responde a estas amenazas «que son tomadas en serio». La comisión ha realizado varios ciclos de comparecencias e interpelaciones desde que se anunció su formación el pasado 20 de enero. A raíz de los resultados que arroje la investigación de la comisión, ha explicado la vicepresidenta de la AN, Iris Varela, la justicia podrá determinar las responsabilidades judiciales. El informe anunciado por Brito será presentando el próximo jueves 11 de febrero en la Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el Gobierno de Maduro, mientras que la anterior Asamblea, que controla Guaidó, ha prolongado su mandato al considerar que las elecciones de diciembre no cumplían suficientes garantías democráticas.
27-01-2021 | Fuente: abc.es
La Policía vincula el piso de la enfermera de Chávez con el dueño de Globovisión
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional considera que hay indicios de que el piso de 1,8 millones de euros de la otrora enfermera del presidente venezolano Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz y su marido, Adrián José Velásquez, fue costeado con un soborno procedente del magnate de la comunicación en Venezuela Raúl Gorrín. En un informe al que tuvo acceso ABC y que obra en el sumario del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, donde el matrimonio está imputado en relación al origen de su patrimonio, los investigadores apuntan esta relación que podría suponer un giro en la causa. El asunto está paralizado en espera de que Suiza y Estados Unidos respondan a las comisiones.. Ver Más
27-01-2021 | Fuente: abc.es
La enfermera de Chávez y su exescolta, un matrimonio en medio del escándalo
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional considera que hay indicios de que el piso de 1,8 millones de euros de la otrora enfermera del presidente venezolano Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz y su marido, Adrián José Velásquez, fue costeado con un soborno procedente del magnate de la comunicación en Venezuela Raúl Gorrín. Claudia Díaz, la enfermera de Chávez con una gran fortuna Militar retirada y abogada, a Claudia Patricia Díaz Guillén se le recuerda apenas como la «enfermera de Hugo Chávez». Su nombre comenzó a resonar en los medios de comunicación y en toda Venezuela luego que se publicaron los reportajes de investigación conocidos como los Papeles de Panamá, los documentos que desvelaron la creación de.. Ver Más
25-01-2021 | Fuente: abc.es
Conmoción en Francia tras el vídeo de la brutal agresión a un adolescente de 15 años
Las imágenes son impactantes. Tomadas por una cámara de seguridad, muestran cómo un grupo de chicos, encapuchados y con armas blancas, pegan una paliza a otro joven, que se acurruca en el suelo y recibe los golpes, hasta que su cuerpo queda inerte. El nombre de la víctima es Yuriy, un adolescente de 15 años que sufrió la agresión cerca del Sena, en París, y que luego tuvo que ser ingresado en el hospital, donde intenta recupearse de un traumatismo craneoencefálico y varias fracturas.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">Terrifiante agression d?un jeune Ukrainien dans le 15éme arrondissement de Paris. Yuriy vient d?avoir 15ans, dans le coma depuis plusieurs jours ses parents ne savent pas si l?enfant s?en sortira. <a href="https://t.co/c9j0SERMWI">pic.twitter.com/c9j0SERMWI</a></p>&mdash; Dea?Ifri (@Deaifri) <a href="https://twitter.com/Deaifri/status/1352647264548909057?ref_src=twsrc%5Etfw">January 22, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Después de las imágenes, la investigación abierta «por intento de homicidio voluntario en reunión» examina, entre otras, la pista de que una banda de jóvenes de ciudades al oeste de París fuera la responsable del ataque, intentado establecer el origen de la riña y la relación entre sus protagonistas, según uan fuente cercana al caso. El adolescente, de 15 años, fue golpeado durante la noche del 15 de enero, cuando se econtraba con unos amigos en las proximidades del Sena, en el distrito 15 de París. La prefectura de Policía de París puso en marcha en 2010 una célula para el seguimiento de bandas, que ha registrado alrededor de una quincena en la capital. Desde 2016, este dispositivo va acompañado de un grupo local de trato de la delincuencia, que asocia a la Policía, los ayuntamientos y los servicios educativos. Según las autoridades, estas rivalidades entre bandas costaron la vida a seis jóvenes en 2017 y 2018. Un total de 83 enfrentamientos fueron registrados en 2020 en la capital, frente a los 159 de 2016, y en su mayoría estuvieron protagonizados por hombres, menores en dos tercios de los casos.
23-12-2020 | Fuente: abc.es
Detienen en España a la exenfermera de Chávez y a su marido, reclamados por EE.UU.
La Policía Nacional ha detenido este miércoles a Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera enfermera del ex presidente venezolano Hugo Chávez, y a su marido, Adrián Velásquez, ambos reclamados por Estados Unidos por delitos relacionados con blanqueo de capitales, según informan fuentes policiales a Europa Press. La operación ha sido coordinada por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Fuentes jurídicas informan que ambos detenidos pasan este miércoles a disposición judicial ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz --que se encuentra sustituyendo al hasta ahora titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, tras su marcha al Eurojust--. El magistrado instructor les informará en esta comparecencia de la petición de extradición realizada por las autoridades estadounidenses y de los delitos por los que están reclamados. Asimismo, deberá decidir si les envía a prisión provisional, o por el contrario les deja en libertad, mientras se tramita la extradición. Ambos ya fueron detenidos en abril de 2018 después de que la Embajada de Venezuela emitiera una orden de detención por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito contra la también exdirectora de la Oficina Nacional del Tesoro y su pareja que, según la prensa venezolana, ejerció como jefe de seguridad del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó casi un año después, en febrero de 2019, rechazar sus extradiciones a Venezuela debido a la «posible vulneración de derechos fundamentales» de la que podrían ser víctimas en caso de ser entregados. Se trata de una decisión que adoptaron los magistrados por mayoría, pero no por unanimidad, tras estudiar los recursos que presentaron contra la decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de autorizar su entrega a Venezuela.
18-12-2020 | Fuente: abc.es
Kozak: «Las leyes aprobadas en Nicaragua buscan obstaculizar la participación democrática»
Cuando falta poco más de un mes para que concluya la Administración Trump, esta sigue monitorizando y denunciando los abusos en países duramente golpeados por la represión, y donde se vive una crisis social y política con pocos visos de corregirse a corto plazo. Es el caso de Nicaragua, inmersa en una crisis desde abril de 2018, cuando tuvieron lugar una protestas contra el Gobierno de Ortega y Murillo, que fueron reprimidas por la policía dejando un balance de más de 300 muertos, más de un centenar de presos políticos y un reguero de leyes para acallar cualquier disensión (la primera fue en septiembre de 2018, prohibiendo cualquier manifestación; quien la incumpliera sería acusado de terrorista). El pasado mes de octubre fueron aprobadas otras dos nuevas leyes: una sobre ciberdelincuencia, que permitirá sancionar -con cárcel y multas- las opiniones críticas contra el régimen de Ortega, incluidas las publicaciones en redes sociales. «El lenguaje ambiguo de estas leyes deja al Gobierno todo el espacio para utilizarlo como herramienta de represión», denunció en una llamada este miércoles con periodistas, Michel G. Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU. Esta ley, conocida en Nicaragua como «Ley mordaza», es muy similar al Decreto Ley 370, aprobado por el régimen cubano el año pasado, y que ha empleado de manera sistemática a lo largo de 2020 contra periodistas independientes, para silenciar sus críticas durante la pandemia. La otra ley aprobada en Nicaragua es la que regula a los agentes extranjeros, bautizada como «Ley Putin», y que Kozak calificó como una «falacia».«Si bien pretende dirigirse a agentes extranjeros, de hecho está destinada a la sociedad civil nicaragüense, a los medios de comunicación independientes del país». El motivo de la cita telefónica era denunciar el deterioro progresivo de la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Según el diplomático, las dos leyes mencionadas estarían dirigidas a «obstaculizar la participación democrática en un momento en que la nación se está preparando para las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, y es crucial que estas transcurran de manera exitosa para que pueda superarse la crisis en la que está sumida Nicaragua», apuntó Kozak, que considera que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros tendrá un efecto inhibitorio sobre las actividades de la sociedad civil en el período previo a las elecciones. «Diversos analistas jurídicos han señalado que el lenguaje ambiguo que emplea la ley concede al Gobierno amplia discrecionalidad para usarla como herramienta de represión».<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Las leyes &quot;Agentes Extranjeros? y &quot;Ciberdelitos&quot; restringen la libertad de expresión y amenazan a las organizaciones humanitarias legítimas.<br><br>Para recuperar la confianza, Ortega debe permitir elecciones libres y justas en 2021 y comenzar con las reformas electorales ahora.</p>&mdash; Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) <a href="https://twitter.com/WHAAsstSecty/status/1339358614126022656?ref_src=twsrc%5Etfw">December 16, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> De momento, una de las primera víctimas de la ley ha sido una ONG sueca, We Effect, que el pasado 11 de diciembre anunció que dejaba de operar en el país de manera inmediata. «La decisión es consecuencia de la nueva legislación que obliga a todas las personas y organizaciones que reciben financiamiento de organismos internacionales a registrarse como ?agentes extranjeros?», informaba en su página web la organiazción. «La ley es otro ejemplo de que el espacio democrático se está reduciendo en el mundo. Especialmente durante la pandemia de Covid-19 hemos visto que las libertades y los derechos fundamentales de las personas se reducen», lamenta Anna Tibblin, Secretaria General de We Effect. Esta ley no impedirá, sin embargo, que siga la cooperación de EE.UU. en Nicaragua en el futuro. «Nosotros vamos a seguir adelante. Tenemos amplia experiencia encontrando formas de brindar asistencia pese a este tipo de obstrucciones ilegítimas. Pero es realmente alarmante que estén ejerciendo este grado de presión sobre organizaciones no gubernamentales y humanitarias absolutamente apolíticas -alertó-. Pone muy de manifiesto el temor que tiene el régimen, ya que n o toleran a nadie que sea de algún modo independiente de ellos, incluso si sus actividades son absolutamente benignas y contribuyen al bienestar del pueblo nicaragüense». E insistió en que EE.UU. seguirá adelante con sus esfuerzos, «y nos proponemos ser exitosos en cuanto a dar apoyo al amplio espectro de organizaciones no gubernamentales pacíficas que promueven la democracia y los derechos humanos en Nicaragua». La misma preocupación que por Venezuela y Cuba Durante los últimos cuatro años, la Administración Trump ha endurecido las sanciones y ha aplicado medidas contra varios regímenes en Iberoamérica, especialmente contra Venezuela y Cuba. También lo ha hecho contra el Gobierno de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta, respectivamente del país. Cuestionado por ABC sobre si consideraba que EE.UU. había hecho lo suficiente por ayudar a que el pueblo nicaragüense viva en un país más democrático, Kozak se mostró tajante: «Hemos hecho todo lo posible para, en los tres países, intentar generar respeto por los derechos humanos, respeto por la libertad de expresión, libertad de reunión, un recuento adecuado de los resultados electorales y mucho más. No acepto la premisa de que nos han interesado más los demás países que Nicaragua», zanjó el diplomático . Y señaló que «tanto en el caso de Venezuela como de Nicaragua, algunas de estas medidas empezaron con el Gobierno anterior», en alusión a la Administración de Obama. «El Gobierno de Trump ha incrementado significativamente la presión en los tres países durante los últimos años. Y quisiera señalar que cuando se analiza en particular Nicaragua, algunas de las medidas que se han adoptado ?la Ley NICA, por ejemplo? en nuestro Congreso tuvieron apoyo bipartidista, es decir, tanto de republicanos como de demócratas, y se aprobaron por unanimidad en el Congreso», remarcó Kozak. Incrementar la presión En cuanto a que otras medidas de presión está dispuesto a aplicar Estados Unidos para impulsar la reforma electoral en Nicaragua, de cara a las elecciones del 7 de noviembre de 2021, el diplomático advirtió de que a medida que se aproximan las elecciones presidenciales, «el margen para que el presidente Ortega y sus partidarios aprueben reformas se va reduciendo». El 21 de octubre la Asamblea General de la OEA aprobo una resolución por la que puso a Ortega como límite mayo de 2021 para reformar el sistema electora. El tiempo corre y el plazo acaba. Esta semana ha terminado el periodo legislativo sin reformar la Ley Electoral. Si el Gobierno sandinista no lleva a cabo dicha reforma, Estados Unidos estaría preparado «para incrementar la presión sobre el régimen de Ortega con el fin de propiciar las reformas electorales que merece el pueblo nicaragüense», subrayó Kozak, que recordó que, hasta la fecha, las sanciones estadounidenses «han bloqueado a 24 miembros del régimen corrupto de Ortega» (afectando a algún familiar del presidente), así como a nueve entidades «que ha usado el régimen para reprimir a sus ciudadanos y esconder ganancias de origen espurio». Entre estas entidades, se refirió a la Policía Nacional de Nicaragua, sancionada por el abuso de fuerza durante la represión de las protestas de la primavera de 2018, que causó cientos de muertos. Seguiremos empleando estas y otras herramientas con las que contemos hasta que veamos que se promulgue una reforma electoral genuina para permitir elecciones libres y justas, el fin de la represión y la liberación incondicional de los presos políticos en Nicaragua», concluyó Kozak.
12-12-2020 | Fuente: abc.es
Leopoldo López clama por la libertad de Venezuela en la frontera colombiana
El líder opositor venezolano Leopoldo López fue a conocer de primera mano la condición en la que viven sus compatriotas en la frontera colombiana, a las afueras de Cúcuta, donde buena parte de los migrantes buscan una salida a la crisis que viven en su país. Allí, en las cercanías del río Táchira, López fue testigo de cómo se mueven sus compatriotas para poder comprar comida y medicinas que escasean al otro lado de la frontera. Existe ya una especie de circuito de recorrido por esta zona, en especial el trecho que va desde Cúcuta hasta el Puente Internacional Simón Bolívar, por donde siguen desplazándose cientos de venezolanos cada día y que se espera sea escenario de una nueva ola migratoria a comienzos del próximo año. También es abundante el tránsito en el Puente Internacional de Las Tienditas, que hace casi dos años fue bloqueado por el régimen de Nicolás Maduro al impedir que entraran los camiones con medicinas y víveres, mientras al fondo sonaba un concierto de calibre internacional, convocando la ayuda humanitaria para los venezolanos. Entre uno y otro puente, López visitó la fundación Nueva Ilusión, a la que llegan quienes huyen del régimen bolivariano, y la Casa Venezuela, donde los migrantes desamparados encuentran comida y algo de reposo y sombra del sol agotador de la región y de las lluvias que también han azotado a Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela y epicentro de tránsito en los más de 2.200 kilómetros de frontera compartida. También hubo tiempo para que López y su reducida comitiva se adentraran por algún camino que cientos de venezolanos tratan de cruzar diariamente, desafiando la delincuencia allí atrincherada y la cuota que deben pagarle a la Guardia Nacional venezolana, que aprovecha la situación para cobrarles el paso hacia Colombia. Leopoldo López no solo visitó la frontera para ser testigo de la situación de los migrantes, sino también para movilizar a los venezolanos que trabajan en la región, animándolos a participar en la consulta popular convocada por Guaidó para este sábado 12, consulta por la que el gobierno interino no ha ahorrado esfuerzos para visibilizarla a nivel internacional. Pero el reto es duro y la meta de lograr seis millones de votos no parece tan factible. Precisamente para llamar la atención de la comunidad internacional, ahora agobiada con la pandemia, y de los propios venezolanos, desde el puente de Las Tienditas López afirmó que procurará llevar ayuda humanitaria a su país y mientras tanto buscar la manera de que el mundo se dé cuenta de lo que está pasando en Venezuela y que se pueda dar el mayor nivel de apoyo a los ciudadanos. «La crisis no va a acabar hasta que saquemos al dictador«, refiriéndose a Nicolás Maduro. Ese es el propósito de la consulta popular, que López votará este sábado en la histórica Plaza de Bolívar de Bogotá. Una llamada a la comunidad internacional y a la gran diáspora venezolana, que se calcula ya en seis millones de personas, cuya unidad es necesaria para que Venezuela pueda retornar a la plena democracia.
1
...