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Noticias de comunidades autonomas

18-12-2017 | Fuente: elpais.com
Agricultura aplaza su mediación en la 'guerra' del cava
La autorización de nuevas plantaciones enfrenta a varias comunidades autónomas
16-12-2017 | Fuente: elpais.com
El Ayuntamiento de Madrid es la administración que más ha reducido la deuda desde los récords de 2012
Las comunidades autónomas han duplicado sus compromisos financieros en los últimos cinco años
08-12-2017 | Fuente: elpais.com
Una insuficiencia generalizada
El déficit de recursos es mayor en las comunidades autónomas en comparación con el resto de Europa
29-11-2017 | Fuente: elmundo.es
Iceta reclama que el Estado perdone parte de los 52.000 millones que debe Cataluña
El programa electoral del PSC lanza negociar una quita ampliable a otras comunidades autónomas. 
27-11-2017 | Fuente: elmundo.es
Así será este curso la 'reválida light' de 4º de la ESO
La evaluación ni cuenta para la nota ni permitirá comparar de forma homogénea los resultados entre las comunidades autónomas. 
31-10-2017 | Fuente: elpais.com
El déficit público baja al 2,34% del PIB hasta agosto, casi 12.000 millones menos que un año antes
Las comunidades autónomas registran superávit fiscal hasta agosto por la liquidación final de 2015 y las mayores entregas a cuenta del sistema de financiación
28-10-2017 | Fuente: abc.es
Los otros «artículos 155» de las democracias europeas para impedir una secesión
El Gobierno español ha respondido a la declaración unilateral de independencia de Cataluña este viernes cesando al Govern y convocando elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre con las que espera resolver una crisis política sin precedentes en 40 años de democracia. Mientras miles de independentistas celebraban su «República» en varias ciudades catalanas, el Gobierno español anunció, como se esperaba, la puesta de la gestión de Cataluña bajo su tutela. Estas medidas han sido adoptadas en virtud del artículo 155 de la Constitución, suspendiendo de facto la autonomía de Cataluña. Este artículo constitucional estipula que «si una comunidad autónoma no respeta las obligaciones impuestas por la Constitución por otras leyes, o si actúa de manera que afecte gravemente el interés general de España, el gobierno (..) puede adoptar las medidas necesarias para obligarlo a respetar dichas obligaciones o para la protección del interés general». Esta es una medida delicada porque España es un país profundamente descentralizado y sus 17 Comunidades Autónomas mantienen sus amplios poderes, en salud y educación. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha alegado de que la aplicación del artículo 155 servirá para «restaurar el orden constitucional» durante seis meses para hacer frente a las amenazas de secesión proferidas por los independentistas. El artículo 155 no es exclusivo de nuestra Constitución. Otras democracias europeas como la alemana, la austrica, la italiana o la portuguesa cuentan con mecanismos similares para restaurar la legalidad en uno de sus länder. La redacción del 155 tomó como inspiración el 37 de la ley alemana, que recoge que que si uno de sus Estados no cumple con sus obligaciones y la legalidad el Gobierno federal puede adoptar las medidas necesarias para obligar a cumplir el mandato constitucional, previo consentimiento de la Cámara Baja. Así las cosas, si la rica Baviera decidiera seguir la senda marcada por el Govern catalán, según el artículo 37 de La Ley Fundamental de la República Federal Alemana, «si un Land no cumpliere los deberes federales que la Ley Fundamental u otra ley federal le impongan, el Gobierno Federal, con la aprobación del Bundesrat (Cámara Baja), podrá adoptar las medidas necesarias para obligar al Land al cumplimiento de dichos deberes por vía coactiva federal. (2) Para la ejecución de las medidas federales coactivas, el Gobierno Federal o su representante tiene el derecho de impartir instrucciones a todos los Länder y a las autoridades de los mismos». Con profundas desigualdades entre el norte y el sur, la ley italiana también recoge un artículo que protege la unidad del país ante una hipotética tentativa de secesión del Véneto o Lombardía. Según el artículo 126 de la Constitución italiana promulgada en 1947: «Se acordarán por decreto razonado del Presidente de la República la disolución del Consejo Regional y la remoción del Presidente de la Junta que hayan realizado actos contrarios a la Constitución o incurrido en violaciones graves de la ley. Podrán asimismo la disolución y la remoción ser acordadas por razones de seguridad nacional. El decreto se adoptará, oída una Comisión de diputados y senadores constituida para las cuestiones regionales, según las normas establecidas por ley de la República. Podrá el Consejo Regional expresar su desconfianza en el Presidente de la Junta por medio de moción razonada, firmada por la quinta parte, como mínimo, de sus componentes, y aprobada por la mayoría absoluta de los componentes. La moción no podrá ser discutida antes de haber transcurrido tres días de su presentación. Se considerarán dimitida la Junta y disuelto el Consejo por aprobación de la moción de desconfianza en el Presidente de la Junta elegido por sufragio universal y directo, así como por remoción, impedimento permanente, muerte o dimisión voluntaria del mismo. El mismo efecto surtirá en todo caso la dimisión conjunta de la mayoría de los componentes del Consejo». Nuestra vecina Portugal, donde solo las islas Azores y de Madeira cuentan con Estatutos de Autonomía, presenta un artículo similar. Según su art. 234: 1. Las Asambleas Legislativas de las regiones autónomas pueden ser disueltas por el Presidente de la República, oídas por el Consejo de Estado y los partidos en ellas representados. 2. La disolución de la Asamblea Legislativa de la región autónoma conlleva la dimisión del Gobierno Regional, que se limita a la práctica de los actos estrictamente necesarios para asegurar la gestión de asuntos públicos, hasta la toma de posesión del nuevo gobierno tras la celebración de elecciones. 3. La disolución de la Asamblea Legislativa de la región autónoma no perjudica la subsistencia del mandato de los diputados ni de la competencia de la Comisión Permanente hasta la primera reunión de la Asamblea después de las posteriores elecciones. Y por último Austria cuenta con el artículo 100 por el que «todo Parlamento provincial puede, a petición del Parlamento y con el consentimiento del Consejo Federal, ser disuelto por el Presidente federal; dicha disolución, sin embargo, puede decretarse solo una vez. La moción en el Consejo Federal debe llevarse en presencia de la mitad de los miembros y por una mayoría de dos tercios de los votos emitidos».
12-10-2017 | Fuente: elpais.com
El calendario laboral de 2018 permite cuatro puentes
El BOE publica la norma con los días festivos en las diferentes comunidades autónomas
11-10-2017 | Fuente: elpais.com
El calendario laboral de 2018: diez festivos comunes en toda España
El BOE publica la norma con los días festivos en las diferentes comunidades autónomas
08-10-2017 | Fuente: abc.es
No hay región en la UE que tenga el poder de las autonomías españoles
La Unión Europea reconoce la existencia de regiones dentro de los países miembros y de hecho existe una institución comunitaria dedicada a reflejar sus intereses, el Comité de las Regiones. Sin embargo, el artículo 4 de los Tratados establece claramente que la administración territorial es competencia de cada Estado y que cada país es libre de determinar cómo organizarlo. Eso supone que existe una diversidad prácticamente universal entre países extremadamente centralistas como Francia o federalistas como Bélgica o Alemania. Sin embargo, no es fácil encontrar un sistema en el que las regiones tengan tantas atribuciones y competencias propias como las que tienen Cataluña o el País Vasco en España. Seguramente el caso en el que una región goza de mayores atribuciones simbólicas es el de las islas Aland, que en el momento de la independencia de Finlandia en 1917 pudieron elegir si se quedaban en Suecia o se incorporaban al nuevo país. Además del derecho de hablar sueco, tienen hasta la potestad de emitir sellos de correos, un símbolo bastante poco práctico en estos tiempos. Y deben tener una representación en las embajadas y pueden participar en el Consejo Nórdico. Sin embargo, a la hora de la verdad sus competencias son muy limitadas. El de Aland es un caso específico que tiene que ver con la fundación de un país, es decir, las condiciones con las que sus escasos habitantes decidieron sumarse a Finlandia y que es algo que ahora no ponen en duda. En las islas Feroe de la cercana Dinamarca, por ejemplo, el danés es la lengua oficial, por encima del feroés local. Nada que ver con el caso de Bélgica, donde la lengua es la fuente de la división y la extensión constante de las competencias regionales no ha servido para obtener la lealtad de la minoría independentista de Flandes. El Reino de Bélgica fue creado en 1830 como Estado unitario, a pesar de estar formado por comunidades idiomáticamente diversas. En 1966 se dividió el país en regiones lingüísticas y en 1970 se dio el primer paso para convertir al Reino en un Estado Federal, siempre atendiendo a las reclamaciones de los nacionalistas flamencos. Los nacionalistas flamencos miran con interés el desarrollo de los acontecimientos en Cataluña, querrían ser los siguientes en la filaEn estos momentos, la división de competencias ha formado un enjambre de instituciones en un país de menos de 12 millones de habitantes. Entre ayuntamientos, comunidades culturales y divisiones políticas el país cuenta con una miríada de parlamentos y gobiernos que lastran su gasto público hasta límites insostenibles. Los nacionalistas flamencos miran con gran interés el desarrollo de los acontecimientos en Cataluña, porque querrían ser sin duda los siguientes en la fila de las proclamaciones de independencia. Pero seguramente también se alegrarían de contar con alguna de las competencias que tiene esta comunidad autónoma española. Sin embargo, a diferencia de los independentistas catalanes, sus émulos flamencos tienen la capacidad de entender que cuando no pueden dar un paso en la dirección de la destrucción de Bélgica (su grito preferido en las manifestaciones es «Muera Bélgica») también son capaces de pactar con el statu quo. En la actualidad, los independentistas flamencos que pusieron la estelada en la sede de su partido (N-VA) forman parte de la coalición de Gobierno federal y ocupan las carteras más importantes, entre ellas las de Defensa e Interior. El ministro de Defensa, Steven Vandeput, que sueña con una Flandes independiente, es capaz de presidir el desfile ceremonial de la fiesta nacional belga y cuadrarse ante el Rey Felipe antes de dar la orden a las tropas, con toda normalidad. El más parecido El país al que España se parece más es Alemania. La división de los lander también recuerda en cierto modo la de los viejos estados feudales que existieron hasta la fundación del imperio alemán en 1870. El único de esos antiguos reinos que ha prevalecido en sus dimensiones y que ha mantenido su carácter nacionalista es el de Baviera. La principal diferencia con España es que los lander tienen mucho más definidas sus competencias, por la sencilla razón de que todos tienen prácticamente las mismas. Tienen competencias en Interior, lo que implica que hay también una división regional de la Policía, que no es lo mismo que tener cuerpos de policía separados por regiones. En general, en Europa las competencias en materia de educación suelen ser de ejecución local, pero con supervisión del gobierno central. No existe un sistema como el español en el que cada región tenga competencias separadas y mucho menos sobre el contenido de las materias o las lenguas vehiculares. El mayor grado de autonomía lingüística se da en las regiones donde existen minorías nacionales muy marcadas. Por ejemplo en Transilvania (Rumanía) vive una comunidad húngara que en determinadas zonas representa más del 40% de la población. Rumanía les reconoce el derecho de organizar un partido político para defender sus intereses, pero no gozan de ninguna base territorial desde el punto de vista administrativo. El caso de los húngaros repartidos en Rumanía, Eslovaquia, Serbia o Ucrania, sería probablemente uno de los que se despertaría si se admitiese que una región como Cataluña no respete el marco constitucional. En la cercana Austria, convertida en un estado federal en recuerdo de la política de respeto a la diversidad del viejo imperio de los Augsburgo, pero aparte de recaudar impuestos y tener un pequeño parlamento, las regiones austriacas tienen competencias muy limitadas comparadas con las comunidades autónomas españolas. En Italia, un país de formación relativamente reciente, hay una división asimétrica en la que hay algunas regiones reconocidas constitucionalmente, con competencias definidas que no incluyen ni policía, ni televisión: Sicilia, Cerdeña, Valle de Aosta, Friuli-Venezia Giulia y Trentino-Alto Adige. La mayoría son fronterizas, así que admiten el estudio de las lenguas vecinas (francés, esloveno o alemán) a la par que el italiano. En Sicilia y Cerdeña se enseña también el sardo o el dialecto siciliano, pero con preeminencia del italiano. Dos de las regiones no constitucionales, Veneto y Lombardía, han convocado un referéndum para decidir si desean más competencias, que en ningún caso pueden ser como las de las regiones constitucionales que son mucho menores que las de Cataluña. Una de las más ordenadas La experiencia española se ha considerado una de las más ordenadas de Europa. Francia nunca se ha atrevido a dar el paso de ceder autonomía a las regiones y en el último periodo socialista se produjo incluso una reorganización de las regiones, fusionando por decreto varias de ellas, para reducir costes, sin consultar siquiera a los dirigentes locales. La idea de transferir las competencias en educación que ejerce el Estado ha sido ampliamente rechazada por los propios profesionales de la educación. De todos los modelos se puede obtener un buen ejemplo, pero como sucede en los países con grandes tensiones territoriales como Bélgica, la cuestión esencial es la lealtad al proyecto común. Lo que no se había dado todavía en ningún lugar es que las autoridades regionales utilicen sus competencias para atacar la legalidad de la que emana su autonomía.
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