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Noticias de carteles mexicanos

26-01-2021 | Fuente: abc.es
Biden puede llevarse peor con López Obrador que Trump
No es que Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador se lo pusieran fácil uno al otro, pero el carácter populista de ambos allanó las relaciones mutuas. La simpatía de Trump hacia líderes de gran afirmación personal o de perfil autoritario ha marcado la actuación diplomática de sus cuatro años de mandato. También el presidente mexicano parece entender bien la lógica mental del mandatario que gobierna a impulsos, poco sujeto a cauces institucionales. Pero Joe Biden es otra cosa, y aunque ya ha empezado a limar las asperezas en las expresiones públicas de la Administración estadounidense hacia México y a cancelar algunas de las decisiones de Trump más cuestionadas desde el vecino país, los conflictos que enfrentan los intereses de las dos naciones son objetivos y la presente crisis mundial los va a agudizar. Sin la curiosa empatía, a pesar de sus visiones políticas opuestas, que existía entre AMLO y Trump, la relación entre Biden y su homólogo mexicano puede verse dañada por la evolución de los problemas. El flujo migratorio seguirá en aumento Los dos presidentes conversaron por teléfono la semana pasada. De acuerdo con la Casa Blanca, Biden expresó su deseo de «reducir la migración afrontando sus causas profundas, incrementando la capacidad de reasentamiento y las vías alternativas de inmigración legal, mejorando el proceso en la frontera para adjudicar peticiones de asilo y revirtiendo las draconianas políticas inmigratorias de la previa Administración». Son palabras de quien, por el contrario, como ha recordado un vídeo que estos días ha circulado por las redes sociales, en 2006 estaba favor de vallar toda la frontera con México, con un muro incluso más alto que el que ha instalado Trump (y cuya construcción Biden ha prometido ahora paralizar). Es fácil hablar de combatir los problemas en origen, pero iniciativas como la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte centroamericano que con ese objetivo puso en marcha en 2015 la Administración Obama, y que como vicepresidente supervisó el propio Biden, no redujo la salida de migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala. Tampoco el Tratado del Libre Comercio entre Canadá, EE.UU. y México, vigente desde 1994 y que progresivamente debía reducir la desigualdad a ambos lados del Río Grande, ha quitado sustancial presión a la frontera. Biden ha anunciado la eliminación de la exigencia de que quienes llegan a la frontera sur estadounidense pidiendo asilo deban esperar en México a la resolución de su caso. Y también se ha mostrado contrario a seguir forzando aplicar a Guatemala, El Salvador y Honduras una consideración próxima a la de «tercer país seguro», que les obliga a impedir el viaje hacia el norte a solicitantes de asilo que pasan por esos países. Una corrección en esas políticas ciertamente puede humanizar el proceso, no obstante Trump había logrado esos compromisos sin gran oposición de los presidentes centroamericanos ni de AMLO, a quien ya le va bien evitar que se queden en México migrantes que llegan desde Centroamérica. Pero el problema no va a ir a menos sino probablemente a más. La crisis económica en la que nos encontramos, cuyas consecuencias aún no vemos del todo por estar más pendientes del aspecto sanitario de la pandemia, va a hacer aumentar la migración. Ya los últimos meses está habiendo mayor presión sobre la frontera sur de EE.UU. que en años precedentes, a pesar de las políticas restrictivas de Trump y de los nuevos segmentos del muro. La necesidad de controlar esos flujos obligará a Biden a adoptar medidas también robustas. El choque por la DEA y Cienfuegos Más allá del acento que Biden quiera poner en la lucha contra el narcotráfico, la crisis de muertes por opiáceos vivida los últimos años en EE.UU. le obliga igualmente a no aflojar en la confrontación de los carteles mexicanos. El trabajo de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, es esencial en esa tarea, así que toda dificultad que esta encuentre para su labor en México será motivo de fricción entre los gobiernos de los dos países. En diciembre el Congreso mexicano aprobó una nueva ley de seguridad que restringe las actividades de la DEA en el país. Como agencia foránea, la DEA ya debía operar con la autorización de las autoridades locales y en coordinación con ellas. No obstante, con frecuencia ha habido recelos mutuos debido a que los agentes de EE.UU. muchas veces han actuado de manera independiente alegando desconfiar de la corrupción policial mexicana. La nueva ley quita la inmunidad judicial a la cincuentena de agentes de la DEA que oficialmente están destinados en México y les obliga a presentar informes mensuales sobre su actividad; a su vez, los agentes mexicanos necesitarán autorización expresa de un panel nacional para cooperar con la DEA y le deberán revelar el contenido de sus conversaciones con esta. Por otro lado, el conflicto de la raíz de la detención del general Salvador Cienfuegos se ha enrarecido. El exministro de Defensa en el anterior sexenio fue detenido en octubre en Los Ángeles acusado de narcotráfico; las presiones de López Obrador sobre la Administración Trump, amenazando la expulsión de la DEA, llevaron a la entrega del general bajo el compromiso de que su causa sería examinada judicialmente en México. Pero una vez en su país, Cienfuegos fue puesto de inmediato en libertad y la Fiscalía mexicana ha decidido no presentar cargos contra él, alegando falta de pruebas. López Obrador hizo publicar la semana pasada la documentación confidencial que le había pasado EE.UU., asegurando que no contenía datos que incriminaran a Cienfuegos y que la DEA había «fabricado» su acusación. Las acusaciones formales en el sistema judicial estadounidense son aprobadas por grandes jurados que deciden a la vista de pruebas. Posiblemente EE.UU. se guardó documentación que no entregó a México, con lo que el señalamiento de Cienfuegos ha aparecido más endeble de lo que seguramente era (EE.UU. ya había precisado que el general solo era periférico en una investigación centrada en el capo de un cartel con el que presuntamente habría colaborado). El episodio muestra que las estructuras de seguridad de los dos países están en curso de choque: AMLO se ha puesto del lado de sus mandos militares, y aunque Biden pueda no alinearse del todo con la DEA o el Pentágono, la seguridad es el único nervio que mueve lo más profundo del gigante estadounidense.
24-01-2021 | Fuente: abc.es
Hallan a 19 personas calcinadas tras un presunto enfrentamiento entre cárteles mexicanos
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, estado mexicano fronterizo con los Estados Unidos, informó de que ha localizado 19 cuerpos calcinados en varios vehículos en el poblado Santa Anita, en el municipio de Camargo. La fiscalía ha abierto una investigación por «el delito de homicidio, derivado del hallazgo de cuerpos y vehículos calcinados», el sábado, precisó un comunicado oficial. Testigos de los hechos consultados por Efe aseguraron que las víctimas son de origen centroamericano, quienes habrían sido sacadas de una casa de seguridad por miembros de un grupo del crimen organizado que opera en la entidad. El texto oficial refiere que «la tarde del 23 de enero autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública fueron alertadas por un reporte ciudadano que, en una brecha del poblado Santa Anita se encontraba un vehículo incendiado». Efectivos de la policía estatal se trasladaron al lugar, en donde localizaron dos vehículos calcinados, así como restos de personas. «En una de las camionetas estaban dos cuerpos en la cabina, otro cuerpo a un costado de la puerta del lado del piloto, uno más al costado de la puerta del copiloto y 15 en la caja del vehículo», precisó el comunicado de la fiscalía estatal. Policías de investigación y peritos forenses acudieron al lugar para recolectar indicios que permitan conocer la forma en que se desarrollaron los hechos, añadió el texto. «De las primeras indagatorias se tiene establecido que la muerte fue provocada por proyectiles de arma de fuego y después se les prendió fuego», detalló. La fiscalía destacó que en las inspecciones realizadas hasta el momento no se han localizado casquillos en la zona, por lo que una de las líneas a seguir es que los hechos pudieron haberse desarrollado en un sitio distinto al del hallazgo. Control territorial Los testimonios recabados por Efe señalan que el viernes por la tarde ingresó un comando de pistoleros del Cartel del Noreste (CDN), los antiguos Zetas, para buscar a un mando del grupo rival, el Cartel del Golfo (CDG), la organización criminal que controla la zona de Tamaulipas. Después de un enfrentamiento los sicarios del CDN localizaron a 19 personas, presuntamente guatemaltecas, a quienes asesinaron en ese lugar y luego los abandonaron en los límites con el estado vecino de Nuevo León. El CDG y el CDN mantienen una disputa por el control de los estados del noreste de México desde marzo del 2010, conflicto que ha provocado desde esa fecha más de 15.000 desaparecidos y miles de muertes.
22-09-2020 | Fuente: abc.es
El narcotráfico mexicano ganó 40.000 millones de euros de 2016 a 2018
Los cárteles mexicanos generaron 1 billón de pesos, casi 40.000 millones de euros, en beneficios por operaciones delictivas en su país entre 2016 y 2018. La cifra fue divulgada el lunes por Santiago Nieto, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, un organismo similar a la UDEF en España, durante la presentación de un informe en el que se detalla su estrategia para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo en el país mesoamericano. La cantidad, 40.000 millones de euros, es aproximadamente un 40% del tamaño del PIB anual de México, situado en torno a un trillón de euros. 1 billón de pesos es también un tercio de todos los impuestos que recaudó la Hacienda mexicana en 2019, cuando los ingresos tributarios fueron de 3,2 billones de pesos, unos datos que sirven para dimensionar el tamaño económico de esta actividad delictiva. México ha identificado a 19 organizaciones delictivas en todo el territorio, entre las que destacan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Pacífico. El CJNG está dirigido por Nemesio Osguera Cervantes, alias «El Mencho», el hombre más buscado por la DEA y el narcotraficante más importante tras la captura por tercera vez de Joaquín «El Chapo» Guzmán en 2016. «Durante la última administración federal vimos desafortunadamente el crecimiento de ocho organizaciones de carácter regional», dijo Nieto en referencia al gobierno de Enrique Peña Nieto, quien gobernó entre 2012 y 2018. En esos seis años, la estrategia de Peña Nieto se centró en descabezar a los líderes de los cárteles y, así, fueron detenidos o eliminados 107 de los 122 objetivos denominados como prioritarios. El resultado ha sido la disgregación de los cárteles en grupos más pequeños que luchan por controlar los territorios, popularmente denominados como «plazas». Ese afán por controlar las «plazas» ha desatado una ola de violencia que se traduce en la muerte de miles de civiles cada año. Sólo en lo que va de año, México ha sufrido al menos de 45 masacres en las que han fallecido un total de 320 personas. De hecho, 2020 va camino de ser el año más sangriento en la historia del México moderno. El gobierno estima que entre enero y diciembre podrían alcanzarse los 40.863 asesinatos, a pesar de la reducción de la movilidad causada por la pandemia, según se lee en el segundo informe de rendición de cuentas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente del país.
25-08-2020 | Fuente: abc.es
«Está vivo..., mátalo»: militares mexicanos ordenan rematar a un civil durante una operación
Un vídeo obtenido por el diario «El Universal» revela que militares mexicanos ordenaron asesinar a un civil que había sobrevivido a una operación realizada el pasado 3 de julio contra el crimen organizado en Nuevo Laredo (Tamaulipas). «Está vivo», se oye decir en la grabación, mientras otro ordena: «Mátalo a la verga». La versión oficial sostenía que ninguno de los doces delincuentes había sobrevivido. Durante la operación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se dispararon centenares de veces contra una camioneta en la que presuntamente iban los criminales. Tras la publicación del vídeo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha ordenado abrir una investigación sobre el caso. «Se denunció en el periódico "El Universal" de un posible delito cometido por un miembro del Ejército al rematar a un herido. Hubo un enfrentamiento y se ordenó que lo remataran», expresó el presidente en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, informa Efe. Por ello, dio «instrucciones al secretario de la Defensa Nacional (Luis Cresencio Sandoval) para que se investigue», aseguró López Obrador, quien remarcó: «No vamos a permitir estas prácticas». López Obrador aseguró este lunes que «antes había la consigna de rematar a los heridos» en enfrentamientos de las Fuerzas Armadas y el crimen organizado, pero su Gobierno no lo permite. Señaló, por ejemplo, que durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012) hubo años en los que «no había heridos y muy pocos detenidos», puesto que se ejecutaba a la mayoría de delincuentes. «No somos iguales», remarcó el presidente, quien dijo que cuenta con el Ejército y la Marina para «enfrentar el grave problema de la inseguridad pública», pero «pendientes de que no haya violación a los derechos humanos». Violaciones de derechos humanos Cuestionado por la prensa, admitió que durante su mandato, iniciado en 2018, «ha habido casos (de violaciones a derechos humanos) pero todos se investigan y se castiga a los responsables». Preguntado por la masacre de 72 migrantes en San Fernando (Tamaulipas) perpetrada hace 10 años presuntamente por los Zetas, dijo que «están abiertas las investigaciones». «Son hechos muy lamentables, una masacre hace 10 años en Tamaulipas de migrantes. Tenemos que seguir la investigación; no se protege a nadie, no hay impunidad», expresó López Obrador. Asimismo, el presidente anunció que enviará al Senado una iniciativa para permitir que la ONU «pueda intervenir sin limitación» en México para investigar violaciones a derechos humanos. Hay al menos una decena de cárteles mexicanos, con redes que se expanden a Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y Europa, y una treintena de cédulas criminales dedicadas al tráfico de drogas, los secuestros y la extorsión. Los enfrentamientos entre estas organizaciones y entre cárteles y militares ha generado una espiral de violencia en la última década en México, que en 2019 rompió su récord con más de 34.000 homicidios. El papel del Ejército en tareas de seguridad pública ha sido criticado en México por organizaciones defensoras de los derechos humanos desde que el presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició la guerra militar contra el narcotráfico, que siguió con Enrique Peña Nieto (2012-2018). López Obrador formalizó el papel de los militares en la calle y creó la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad que legalmente tiene un carácter civil pero está formado por soldados y policías.
23-08-2020 | Fuente: abc.es
El riesgo de «mexicanización» persigue a Colombia
Este viernes la Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó una nueva masacre. Esta vez las cinco víctimas fueron asesinadas en el corregimiento de El Caracol, en el departamento de Arauca, al noreste del país. Ese mismo día, otras seis personas fueron asesinadas en El Tambo, en el Cauca. Y en la mañana de ayer, el gobernador de Nariño denunció que en Tumaco, ciudad sobre el Pacífico y territorio asfixiado por la violencia y la pobreza, hubo otra matanza más, con seis personas asesinadas horas antes de la llegada del presidente Iván Duque para realizar un consejo de seguridad. En 24 horas, tres masacres y 17 muertos. En tres días las cifras de Naciones Unidas quedaron desactualizadas: ahora son 36 matanzas en lo que va de año ?más de una por semana? y otras siete están por confirmar. La ONU registra 97 asesinatos de defensores de derechos humanos, 45 de ellos ya confirmados. El horror no cesa. Paradójicamente, según las cifras de homicidios emitidas mensualmente por Medicina Legal, en mayo de 2020 hubo 3.922, mientras que el mismo mes de 2019 fueron 4.658. Visto con esa lupa, ha habido una reducción en los crímenes, tendencia que no es nueva. Pero con la de la Fiscalía, según datos solicitados por el diario «El Espectador», desde la firma del Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre de 2016, hasta julio de 2020, en Colombia fueron asesinados 349 líderes sociales. El 52% de estos crímenes ocurrieron durante los dos primeros años del gobierno de Iván Duque. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Hay una espiral de violencia, un retroceso? ¿Todo es culpa del narcotráfico? ¿De los acuerdos con paramilitares de derecha y la guerrilla izquierdista? ¿Es por el desgobierno actual, por el anterior? Juan Carlos Garzón, director de Dinámicas de Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), afirma: «Colombia está muy lejos de la violencia que vivimos en procesos anteriores. Hay ciclos claros: uno después del Caguán ?negociación fallida con las FARC (1998-2002)?, con el enfrentamiento entre paramilitares y guerrilla. Desmovilizados los paramilitares (2006), viene otro ciclo de violencia y masacres más fuertes; ahora estamos viendo uno nuevo, después del desarme de las FARC: hay un deterioro de la seguridad que se inicia en el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y se mantiene en el de Duque. 2018 fue muy duro, en 2019 hubo cierta estabilidad y en 2020 estamos entre la pandemia y este ciclo reciente de violencia». Para el senador Roy Barreras, negociador del Acuerdo y duro detractor del Gobierno actual, «lo que sucede es que el Estado estaba obligado a ocupar el territorio que controlaban las FARC. Pero el actual Gobierno no se ha tomado en serio esa tarea y así las zonas tienen hoy diversas organizaciones criminales como denominador común: el narcotráfico. El intento del partido de Gobierno de hacer trizas la paz terminó, paradójicamente, por hacer trizas la seguridad». Por el contrario, Emilio José Archila, consejero presidencial para la estabilización y consolidación, argumenta que «a pesar de las inmensas dificultades que tenemos por la mala planificación que traía el proceso y porque nos dejaron sin la plata, tenemos resultados claros», entre ellos, dice, la reducción del 9% en los cultivos de coca, el secuestro ha caído en un 19% frente al año anterior y fue creado el Plan de Acción Oportuna (PAO) para la protección de líderes sociales. «Además, menos del 1% de las familias de sustitución se ha retirado del programa. Y hay que precisar que, de los 170 municipios priorizados para la implementación del Acuerdo, 120 tienen cultivos de coca», señala. Mucho plan, poca acción Pero no todo lo explica el narcotráfico. «¿Qué ha sucedido con la fuerza pública en ausencia de las FARC? La respuesta ?dice Garzón? es una crisis de identidad donde se perdió el norte estratégico. Antes tenía una amenaza identificada y, en teoría, las capacidades para enfrentar a las FARC iban a servir para el ELN. Pero pasaron por alto que hay varios grupos que se disputan las economías ilegales en el territorio. El Estado colombiano se preparó para enfrentar grandes organizaciones, pero no está preparado para enfrentar la fragmentación», y las fuerzas armadas han perdido legitimidad tras los escándalos de abusos y corrupción. ¿Hay una mexicanización de Colombia? Para María Victoria Llorente, experta en seguridad y cabeza de la FIP, «hay dinámicas similares en términos de fragmentación y violencia muy focalizada. Los cárteles mexicanos tienen influencia, pero no conforman los grupos armados, digamos que garantizan el producto (drogas ilícitas)». Para ella, además, el incremento de la violencia actual también se explica porque, aunque «el Gobierno tiene una política de seguridad nacional con una visión contemporánea para llevar toda la potencia del Estado a las zonas cruzadas por la violencia y las rentas ilegales, el único que finalmente llega es el ejército. Y hoy es evidente que no hay despliegue del Estado; muchas presentaciones de Power Point, pero poca ejecución y un liderazgo civil muy pobre». «La paz se firmó con las FARC, pero la violencia no se reducía a esa guerrilla» Emilio Archila, consejero presidencial para la implementación del Acuerdo de paz entre el Gobierno Santos (2010-2018) y las FARC, advierte de que «la violencia no se reducía a esa guerrilla». «Hay otros factores que afectan ?explica?, como no haber negociado con el ELN. Las violencias paralelas no marcan el fracaso de la implementación del Acuerdo; nada de lo que yo haga logrará que esa guerrilla deje de atacar el oleoducto, el narcotráfico, el secuestro, la violencia». Según Archila, se está «avanzando en el acuerdo con la FARC, de forma ordenada y planificada para garantizar que los excombatientes mantengan su proceso hacia la legalidad. Lo que sigue es acabar las economías ilegales de coca, amapola, marihuana y llegar con el Estado a esos territorios. Pero se olvida, de buena o mala fe, el tiempo que toma, 15 años. La dejación de las armas es solo un paso».
17-06-2020 | Fuente: abc.es
Asesinan a un juez federal y su esposa en Colima, México
Un grupo de hombres armados asesinó el martes al juez federal Uriel Villegas y a su esposa Verónica Barajas cuando se encontraban en su domicilio en el Estado de Colima, al este de México. Villegas era un juez federal que llevaba asuntos penales en Colima, la capital de este Estado que limita con Jalisco y Michoacán. Parte de su trabajo estaba centrado en resolver casos vinculados al narcotráfico y la delincuencia organizada. «Murió por hacer su trabajo», dijo la secretaria de Gobernación (ministra del Interior), Olga Sánchez Cordero, el miércoles durante una rueda de prensa. «Tenía algunos juicios de personajes de la delincuencia organizada y hacía su trabajo», matizó. «Estamos trabajando para castigar a los responsables», dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Según medios locales, los presuntos agresores entraron en el domicilio alrededor del mediodía del martes (noche en España). Las dos hijas del matrimonio, menores de edad, y una trabajadora del hogar se encontraban en casa cuando ocurrió el crimen. Ninguna de las tres fue atacada, de acuerdo con los últimos reportes. Territorio sangriento Villegas nació en Ciudad Juárez (norte) y era juez penal en Colima desde 2017. En 2018 ordenó el traslado a la cárcel de «El Menchito», quien estaba preso en el Estado de Oaxaca (sur) y es hijo de Nemesio Osguera Cervantes, alias «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según publica el diario «Reforma». El CJNG es uno de los cárteles mexicanos más poderosos. «La actividad jurisdiccional seguirá adelante y no nos detendremos con actos intimidatorios, a efecto de cumplir la misión que nos ha encomendado la constitución y la cual hemos jurado para defender los derechos de todas las personas», informó en un comunicado el Consejo de la Judicatura Federal, el órgano de gobierno del poder judicial mexicano. El último juez federal asesinado fue Vicente Bermúdez en octubre de 2016. El pequeño estado de Colima, de apenas 650.000 habitantes, se ha convertido en la última década en uno de los territorios de México más sangrientos debido a la presencia del crimen organizado. En este Estado se encuentra en Manzanillo, uno de los puertos más importantes del país. Este es un un punto estratégico para esconder mercancía ilegal gracias al elevado tráfico de mercancías. En 2019, ocurrieron 660 homicidios dolosos en Colima. El año pasado fue el año más sangriento que registra México tras contabilizar un total de 34.582 homicidios. Uno de los mayores problemas para reducir la violencia es el altísimo índice de impunidad, ya que apenas 1% de los crímenes que se cometen en México son castigados, según un estudio que realiza la Universidad de las Américas Puebla.
23-05-2020 | Fuente: abc.es
La pandemia pone a los narcos mexicanos también en cuarentena
La pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19) no le sienta bien a las actividades del narcotráfico en México. Las medidas de confinamiento para contener la enfermedad han contagiado al comercio mundial de bienes y mercancías, el sistema preferido por el narcotráfico para el contrabando de estupefacientes. Estados Unidos y México comercian al año mercancías por un valor cercano a los 600.000 millones de dólares, un enorme volumen en el que ilegalmente se cuelan toneladas de drogas. Pero para este año se prevé una caída en el tráfico comercial. Debido al encierro, la frontera entre ambos países está cerrada hasta el 22 de junio para viajes no esenciales, una medida impuesta desde el 30 de marzo. Todavía no hay cifras de exportaciones e importaciones de abril, pero se espera una fuerte caída ante un menor consumo provocado por la cuarentena a un lado y otro del Río Bravo, lo que se traduce en desaceleración industrial y reducción del tráfico comercial. La caída del volumen provoca que sea más fácil para las autoridades estadounidenses detectar los cargamentos que son sospechosos de tener drogas escondidas. Así, el número de incautaciones en la frontera subió un 12% en las dos semanas posteriores a las medidas de confinamiento, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. publicados por la oenegé Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés). A lo anterior habría que añadir un probable descenso en la demanda de drogas en Estados Unidos. Varias zonas del país están bajo medidas de distanciamiento social, lo que podría haber provocado que los consumidores enfrenten problemas para acudir a comprarlas. Menos consumo y menor volumen comercial, dos factores perjudiciales para el narcotráfico. La principal ruta de la cocaína a EE.UU. México es uno de los países más importantes del planeta para la producción y tráfico de drogas, mientras que Estados Unidos es el mayor consumidor de estupefacientes. A través de su porosa frontera de 3.200 kilómetros de longitud, cada año los vecinos intercambian millones de dólares de estupefacientes y armas ilegales. Por ejemplo, el 87% de la cocaína consumida en Estados Unidos llega a través de México, de acuerdo con un informe publicado por la Junta Internacional de Fiscalización y Estupefacientes de Naciones Unidas en 2016. En el mercado de la cocaína, los cárteles mexicanos actúan como distribuidores del producto que llega desde Colombia, Bolivia o Perú, los principales productores. También distribuyen en Estados Unidos drogas que importan de China y que están en auge, como las anfetaminas o el fentanilo. Aunque hay laboratorios en México, muchos de los insumos requeridos para cocinar estas drogas proceden de China, lo que dificulta su importación en tiempos en los que se espera un desplome del 27% en el comercio mundial durante el segundo trimestre del año, según la ONU. En producción de drogas, el país latinoamericano sí que alberga importantes cultivos de marihuana y amapola, planta utilizada para producir heroína. Estas plantaciones se ubican sobre todo en el Triángulo de Oro, una región que está a solo unos 300 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Covid-19, oportunidad de relaciones públicas A pesar del momento de incertidumbre que atraviesa el negocio, los cárteles mexicanos han aprovechado la crisis del Covid-19 para poner en marcha una campaña de relaciones públicas con la que tratan de mejorar su imagen entre la población. Muchas organizaciones criminales se han dedicado a repartir cajas de cartón repletas con víveres y productos básicos entre las personas más vulnerables. Cerca de la mitad de los mexicanos viven en pobreza y apenas han recibido apoyos de las instituciones públicas para sobrellevar las consecuencias de la emergencia sanitaria. Esta es la ventana de oportunidad que aprovechan los líderes del narcotráfico para ganar apoyo popular: lo que no hace el Estado, lo hacen los cárteles. En Guadalajara, por ejemplo, se repartieron 480 cajas con alimentos que llevaban estampada la cara de Joaquín «El Chapo» Guzmán. Las cajas con el rostro del delincuente fueron entregadas por empleados de «Chapo 701», marca de ropa propiedad de Alejandrina Guzmán, la hija de «El Chapo» con la que trata de ensalzar la figura de su padre. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, supuestos miembros del Cártel del Golfo también entregaron víveres en cajas que llevaban escrito el mensaje «Cártel del Golfo en apoyo a CD. Victoria». Hasta el momento, el país norteamericano ha registrado 60.000 contagios y 6.500 muertos desde que confirmó su primer caso a finales de febrero. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador extendió la semana pasada la emergencia sanitaria hasta el 30 de mayo, lo que supone la suspensión de las actividades económicas calificadas como no esenciales.
01-04-2020 | Fuente: abc.es
La Armada de EE.UU. se moviliza frente a Venezuela para cortar los envíos de droga
El presidente de Estados Unidos anunció este miércoles la movilización de las fuerzas armadas a aguas internacionales frente a las costas de Venezuela para operaciones en la lucha contra el narcotráfico. «No podemos permitir que los carteles de la droga exploten la pandemia para poner en riesgo vidas estadounidenses», dijo Donald Trump en la Casa Blanca rodeado de la plana mayor de su gobierno. Esta movilización obedece a una operación antidroga en el resto de América, y en ella participan la Armada, la Fuerza Aérea y la Guarda Costera, que colaborarán con los ejércitos de otros 22 países aliados en el continente. El anuncio de esta movilización fue extraordinario, porque a Trump le acompañaron en la Casa Blanca el jefe del Estado Mayor, general Mark Milley; el jefe de Operaciones Navales, almirante Michael Gilday; el comandante de la Guarda Costera, almirante Karl Schultz, y varios ministros. Más cuando el país está en estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, que ya cuenta 200.000 contagiados y 4.600 fallecidos. Esta operación comenzó el mismo miércoles, ya hay buques frente a las costas de Venezuela, además de otros puntos del Atlántico y el Pacífico, y no tiene fecha de fin. Según dijo ayer el propio presidente, en ella participan destructores, buques de combate litoral, cazas, helicópteros y aviones de vigilancia. Nuevas rutas Con las nuevas movilizaciones anunciadas ayer, se ha doblado la presencia de la Armada en el Caribe para operaciones de lucha antidroga. Según dijo el general Milley, «hace tiempo que recibimos información de inteligencia de que los cárteles de la droga iban a aprovechar la crisis del Covid-19 para intentar introducir más droga en nuestro país». El jefe del Pentágono, Mark Esper, dijo que esta operación está diseñada para contener las actividades ilegítimas de Maduro. «El régimen de Maduro depende de los ingresos de la venta de drogas para mantener su represión desde el poder», dijo el secretario de Defensa. «La ciudadanía de Venezuela sufre terriblemente por las prácticas represivas de Maduro», añadió. La semana pasada el ministerio fiscal norteamericano presentó cargos por narcotráfico contra Maduro, 11 colaboradores suyos y dos dirigentes de la guerrilla colombiana de las Farc. El gobierno norteamericano ofrece además hasta 50 millones de dólares (45 millones de euros) por información que permita la captura de cualquiera de los imputados, 15 millones por Maduro y 10 por algunos de los demás, como el ?número dos? Diosdado Cabello. Según la fiscalía, esa trama permite operar a lo que el gobierno estadounidense denomina Cártel de los Soles, un grupo conformado primero por miembros corruptos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en las últimas décadas por elementos del gobierno bolivariano para el tráfico de drogas. Se le llama así por las insignias en forma de sol que llevan en la solapa los altos mandos militares de Venezuela. Desde 1999 ese cártel ha inyectado en el mercado de la droga estadounidense hasta 250 toneladas métricas de cocaína al año, según los fiscales. Relación con México El fiscal general (ministro de Justicia) William Barr relacionó la actividad del régimen de Maduro con los cárteles mexicanos. Según las estimaciones del gobierno de EE.UU. la cocaína y otras sustancias introducidas ilegalmente en el país provocan unas 70.000 muertes anuales por sobredosis. Según Barr, el régimen de Maduro busca rutas alternativas a la del Caribe para llevar la droga a EE.UU. Una de ellas es a través de Centroamérica, por lo que el Pentágono ha movilizado también a la fuerza aérea. El cálculo del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca es que estas medidas «le privarán al régimen de Maduro los fondos ilícitos con los que financia su represión», según dijo ayer su director, el embajador Robert O?Brien. Su predecesor en el cargo, el despedido John Bolton, fue un gran defensor de la movilización de las fuerzas armadas para destituir a Maduro. Fue él quien advirtió en repetidas ocasiones que «todas las opciones están sobre la mesa» contra el régimen. Ayer añadió O?Brien que «Maduro, los narcos y los terroristas deben tener claro que a pesar de que estamos luchando contra la pandemia del coronavirus, cumpliremos las directrices del presidente en la lucha contra el narcotráfico». El anuncio llega un día después de que la diplomacia norteamericana propusiera un plan de transición a la democracia en el que podría participar el grueso del régimen venezolano pero sin Maduro. Según ese plan, Juan Guaidó renunciaría a ser presidente de transición hasta que haya elecciones libres en un plazo de seis a 12 meses. El régimen rechazó inmediatamente el plan por medio de su canciller, Jorge Arreaza, quien dijo en una entrevista radiofónica que en todo caso «las decisiones sobre Venezuela se toman en Venezuela».
18-02-2020 | Fuente: abc.es
Al menos siete muertos en un ataque con explosivos en el suroeste de Colombia
Al menos siete personas murieron y varias resultaron heridas este lunes en un atentado con explosivos cometido en una carretera del convulso departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, confirmaron las autoridades a Efe. <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/EFETV?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#EFETV</a> | Asciende a siete el número de personas muertas por la explosión de un autobús en Colombia<a href="https://t.co/Ov4UmWW82X">https://t.co/Ov4UmWW82X</a> <a href="https://t.co/vy3sA3y5Fw">pic.twitter.com/vy3sA3y5Fw</a></p>&mdash; EFE Noticias (@EFEnoticias) <a href="https://twitter.com/EFEnoticias/status/1229642208804003840?ref_src=twsrc%5Etfw">February 18, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Víctor Mondragón, comandante de Bomberos del municipio de Rosas, donde ocurrió el ataque, dijo a Efe que el saldo preliminar es de cinco muertos y de varias heridos que fueron rescatados. Según explicó la explosión provocó además el incendio de un autobús y de otros tres vehículos. El gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, explicó que el ataque se produjo en un sector conocido como Párraga y que ante lo ocurrido fue activado el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE). «Nos coordinamos con la Fuerza Pública y organismos de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables», afirmó en Twitter Larrahondo, quien anunció que estará al frente del Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender la emergencia. Las autoridades militares y policiales no se han pronunciado aún sobre este ataque, que ocurre en un momento de zozobra en Colombia por el recrudecimiento de las acciones armadas de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Ejército Popular de Liberación (EPL), enfrascadas en una lucha por el control territorial principalmente en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela. La Defensoría del Pueblo manifestó que lo ocurrido fue un «atentado con coche bomba» y calificó el ataque de «acto cruel e indiscriminado que infringe el DIH (Derecho Internacional Humanitario)». «Condenamos su ocurrencia, nos solidarizamos con las víctimas y el pueblo caucano. Esperamos acciones urgentes de las autoridades para investigar, juzgar y sancionar a los responsables», añadió el organismo. El departamento del Cauca está inmerso en una espiral de violencia generada por las disputas territoriales de distintos grupos al margen de la ley, como disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC, el ELN y cárteles mexicanos del narcotráfico. Su rivalidad por el control de tierras para el tráfico de drogas hace de este departamento uno de los que tiene mayor superficie de cultivos ilícitos en Colombia, con 17.177 hectáreas sembradas de coca, según cifras del centro de investigación del crimen organizado InSight Crime. El 22 de noviembre pasado al menos tres policías resultaron muertos y siete heridos en un atentado con explosivos perpetrado contra una comisaría del municipio caucano de Santander de Quilichao.
12-02-2020 | Fuente: abc.es
Bukele acusa a los políticos salvadoreños de proteger al narcotráfico por retrasar su plan de seguridad
Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ha acusado a los políticos que representan la oposición a su gobierno de proteger a los narcotraficantes porque no están permitiendo que el Ejecutivo implemente su plan de seguridad. «Los políticos ahora están protegiendo ya no solo a pandilleros, sino a narcotraficantes», dijo Bukele en un acto público, ya que los diputados todavía no han debatido la posible aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para comprar equipamiento con el que las fuerzas de seguridad podrán fortalecer su lucha contra las pandillas. «Le llamaron juguete al buque, dijeron que para qué íbamos a necesitar eso, que para qué íbamos a combatir al narcotráfico», añadió el presidente, de 38 años, sobre las burlas que han proferido algunos políticos de la oposición sobre los helicópteros y el barco armado que el gobierno pretende adquirir con el préstamo acordado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Precisamente, el Gobierno y la Asamblea Legislativa de El Salvador mantienen un pulso desde hace semanas por la aprobación del préstamo del BCIE, el cual es una pata fundamental para proveer de recursos a la tercera fase del Plan Control Territorial. Según el Gobierno de Bukele, este plan ha logrado que el número de homicidios haya descendido un 58,8% entre enero de 2019 y 2020. Uso del Ejército El Ejecutivo introdujo una medida para aprobar el préstamo en noviembre de 2019, pero la Asamblea todavía no ha puesto este asunto a votación. Por ello, el Consejo de Ministros convocó el domingo pasado una sesión extraordinaria para que se debatiera el préstamo. Fue en esa sesión cuando Bukele entró en el congreso acompañado por militares armados, un gesto que ha sido criticado por la Asamblea y duramente censurado por Estados Unidos y la Unión Europea. En respuesta a ese acto, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución el lunes en la que prohibió al presidente hacer uso del Ejército para cumplir sus objetivos políticos. Bukele es presidente desde junio de 2019 y, antes de entrar en el parlamento con militares, tenía un nivel de aprobación cercano al 90%. Sin embargo, la Asamblea Legislativa está controlada por la oposición conformada por cuatro partidos: Arena, FMLN, PCN y PDC. Así, la oposición suma 72 de los 84 asientos que hay en el parlamento, por lo que supone un fuerte contrapeso al Ejecutivo. Pocos días antes de que Bukele y el Ejército irrumpieran en el congreso el domingo (9 de febrero) un juez salvadoreño ordenó a la justicia del país que investigue a dos expresidentes por supuestos nexos que tuvo el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con la Mara Salvatrucha, una de las pandillas más peligrosas. Así, el juez pidió a la Fiscalía que investigue a Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) porque hay sospechas de que los políticos del FMLN llegaron a ciertos acuerdos con la Mara Salvatrucha. Varias organizaciones internacionales han desvelado los estrechos lazos que mantienen las principales pandillas centroamericanas con los cárteles mexicanos de la droga.